Miguel Ángel Amaro Flores
Expediente 1046/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1046/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- MIGUEL ÁNGEL AMARO FLORES y Otros.
- Miguel Ángel Amaro Flores
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, seis de diciembre de dos mil veintiuno. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) así como en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Del estado procesal del expediente y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado al fallo protector; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) En sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil veinte foja 46 a 51), se concedió la protección constitucional a ********, para el efecto que el Director General del Instituto de Pensiones del Estado, con sede en esta ciudad, de inmediato, diera una contestación congruente, fundada y motivada, a los escritos formulados por la quejosa, el veintiocho de enero y veintiocho de febrero de dos mil veinte, el primero presentado en la oficialía de partes del Instituto de Pensiones del Estado, con sede en esta ciudad, el diecisiete de febrero de ese año y el segundo presentado en la misma fecha de su elaboración; a través de los cuales solicitó su pensión por incapacidad, así como el estado en que se encuentra dicha solicitud; debiendo además hacerlo de su conocimiento mediante notificación: II) Inconforme con la sentencia de amparo, la apoderada legal de la Directora General del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, órgano que mediante resolución de siete de mayo de dos mil veintiuno, emitida en la revisión principal ********, determinó revocar la sentencia dictada en este asunto y reponer el procedimiento en los términos indicados en la propia ejecutoria (fojas 97 a 108). III) Posteriormente, el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno fojas 114 a 119), se emitió sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo solicitado a ********, para el efecto que el Director General del Instituto de Pensiones del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: a) Diera una contestación congruente, fundada y motivada, a los escritos formulados por la quejosa el veintiocho de enero y veintiocho de febrero de dos mil veinte, el primero presentado en la oficialía de partes del Instituto de Pensiones del Estado, con sede en esta ciudad, el diecisiete de febrero de ese mismo año y el segundo presentado en la misma fecha de su elaboración; a través de los cuales solicitó su pensión por incapacidad, así como el estado en que se encuentra dicha solicitud; debiendo además hacerlo de su conocimiento mediante notificación. IV) Mediante auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (foja 133). V) Por oficio recibido el doce de agosto de dos mil veintiuno, el apoderado legal de la Directora General del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, informó las medidas adoptadas para dar cumplimiento al fallo protector y al efecto remitió diversas constancias fojas 142 a 151). VI) Luego, por acuerdo dictado el trece de agosto de dos mil veintiuno (foja 152), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que manifestara lo que a su interés conviniera, lo que así hizo (fojas 155 a 160). VII) Consecuentemente, mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se declaró que la sentencia se encontraba en vías de cumplimiento y se requirió a la autoridad responsable en los términos ahí precisados (fojas 166 a 169). VIII) Por oficio recibido el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, el apoderado legal de la Directora General del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, informó las medidas adoptadas para dar cumplimiento al fallo protector y al efecto remitió diversas constancias (fojas 178 a 190). IX) Por acuerdo dictado el uno de septiembre de dos mil veintiuno (foja 191), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, de nueva cuenta se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que manifestara lo que a su interés conviniera, realizando diversas manifestaciones por conducto de su autorizado (fojas 194 a 198). X) Mediante auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno fojas 204 a 208) nuevamente se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que emitiera una nueva respuesta en la que de manera fundada y motivada expresara las razones por las que consideraba que el documento consistente en "reporte o acta administrativa de accidente de trabajo o acta de Ministerio Público", requisito establecido en el artículo 60, inciso h) del Reglamento de Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, era un requisito esencial, fundamental e insubsanable para la procedencia de la pensión por incapacidad solicitada; asimismo, especificara cuál de los tres documentos que contempla dicho artículo omitió exhibir la quejosa para negarle su solicitud, esto es, el 1) reporte; 2) acta administrativa de accidente de trabajo; o 3) acta del Ministerio Público, o los tres; igualmente, para que especificara cuál era la finalidad de lo que se pretendía acreditar por cada uno de los documentos, ya que en su caso, debió expresar qué documento de los ya mencionados, era idóneo para acreditar la enfermedad de "tumor benigno de la hipofaringe" derivada de su trabajo o por accidente laboral. En ese orden, en el referido acuerdo se le significó a la responsable que debía dejar sin efecto las respuestas emitidas con anterioridad y emitir unas diversas en las que atendiera las observaciones precisadas en líneas anteriores, debiendo notificar personalmente a la parte quejosa dichas respuestas, sin que ello significara que debía emitir necesariamente una resolución en sentido favorable, sino atender los planteamientos expresados. XI) Por oficio recibido en este órgano jurisdiccional el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, el apoderado legal de la Directora General del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, informó las medidas adoptadas para dar cumplimiento al fallo protector y al efecto remitió diversas constancias (fojas 221 a 227). XII) Por acuerdo veinte de octubre de dos mil veintiuno (foja 228), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que manifestara lo que a su interés conviniera, realizando diversas manifestaciones por conducto de su autorizado fojas 232 a 239). XIII) Mediante auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno fojas 244 a 249) nuevamente se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que emitiera una nueva respuesta en la que de manera motivada explicara pormenorizadamente como es que el artículo 60 inciso "h" del Reglamento de Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz resulta aplicable a la pensión por incapacidad por enfermedad, aun y cuando la quejosa sustento su petición con el dictamen médico en donde se le informó "de manera irrebatible que la quejosa se encuentra NO APTA para laborar de manera DEFINITIVA a partir del 14 de diciembre de 2019", o sea una enfermedad, y no por algún accidente de trabajo, dato que se considera resulta indispensable a fin que la quejosa tenga conocimiento de las razones por las que, a pesar que las autoridades médicas determinaron su incapacidad para laborar, requiere adicionalmente un reporte o acta administrativa expedida por su centro de trabajo en la que se concluya que ello derivó de sus ocupaciones, así como, el numeral que lo exige, ya que como se precisó, el dispositivo que invoca se encuentra referido a accidentes de trabajo, además que debía dejar sin efecto las respuestas emitidas con anterioridad y emitir una subsanando las deficiencias apuntadas en autos de veinticuatro de agosto, trece de septiembre y tres de noviembre, todos del año en curso, lo cual es indispensable para que la solicitante conozca detalladamente el motivo toral y completo de la respuesta, y de estar inconforme, esté en aptitud de impugnar dicha negativa en las instancias correspondientes; o bien, subsanar tales requisitos y volver a solicitar dicha pensión. XIV) Así, de nueva cuenta por oficios recibidos en este órgano jurisdiccional el once y veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el apoderado legal de la Directora General del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, informó las medidas adoptadas para dar cumplimiento al fallo protector y al efecto remitió diversas constancias (fojas 257 a 266 y 272 a 275). XV) Por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno (foja 276), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que manifestara lo que a su interés conviniera, realizando diversas manifestaciones por conducto de su autorizado (fojas 280 a 285). Previo análisis de las constancias de autos, se concluye que la ejecutoria de amparo NO SE ENCUENTRA CABALMENTE CUMPLIDA. Previamente, debe establecerse que, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8° Constitucional, no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 2015181 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: XVI.1o.A. J/38 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, página 1738 Tipo: Jurisprudencia DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado. En ese tenor, mediante oficios números SJ/DCT/533/2021 y SJ/DCT/544/2021 (fojas 257 a 261 y 272), la autoridad responsable Directora General del Instituto de Pensiones del Estado, con sede en esta ciudad, exhibió copias certificadas de las constancias siguientes: oficio SPI/361/2021, así como factura de correspondencia; sin embargo, analizadas en su conjunto, se concluye que no son suficientes para tener por cumplida la sentencia de amparo. Lo anterior es así, toda vez que, por acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintiuno se precisó que la autoridad responsable debía realizar lo siguiente: a) De manera fundada y motivada explicara pormenorizadamente cómo es que el artículo 60 inciso "h" del Reglamento de Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz resultaba aplicable a la pensión por incapacidad por enfermedad, aun y cuando la quejosa sustento su petición con el dictamen médico en donde se le informó de manera irrebatible que la quejosa se encuentra NO APTA para laborar de manera DEFINITIVA a partir del catorce de diciembre de dos mil nueve, esto es, una enfermedad, y no por algún accidente de trabajo, dato que se dijo resultar indispensable a fin que la quejosa tuviera conocimiento de las razones por las que, a pesar que las autoridades médicas determinaron su incapacidad para laborar, requiere adicionalmente un reporte o acta administrativa expedida por su centro de trabajo en la que se concluya que ello derivó de sus ocupaciones, así como, el numeral que lo exige, ya que como se precisó, el dispositivo invocado se encuentra referido a accidentes de trabajo, b) Además, debía dejar sin efecto las respuestas emitidas con anterioridad y emitir una subsanando las deficiencias apuntadas en autos de veinticuatro de agosto y trece de septiembre y tres de noviembre, todos del año en curso, lo cual es indispensable para que la solicitante conozca detalladamente el motivo toral y completo de la respuesta, y de estar inconforme, esté en aptitud de impugnar dicha negativa en las instancias correspondientes; o bien, subsanar tales requisitos y volver a solicitar dicha pensión. Ahora bien, resulta necesario plasmar el contenido del primer documento mencionado que es de la literalidad siguiente: Mediante Oficio SPI/361/2021 de fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno, signado por el Mtro. ********Subdirector de Prestaciones Institucionales, comunica diversos puntos con relación a la solicitud de Pensión por Incapacidad a la parte quejosa. De tal forma que, en el oficio de mérito se hace la aclaración respecto a que la Pensión por Incapacidad de acuerdo con lo señalado en el artículo 40 la Ley número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz, así como con fundamento en el artículo 59 del Reglamento de Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se infiere que es aquella derivada de una inhabilitación (física o mental) a causa directa del trabajo, o de un accidente laboral; en contra parte, la Pensión por Invalidez con fundamento en el artículo 43 de la Ley número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz será aquella derivada de una inhabilitación física o mental) por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo. LEY NÚMERO 287 DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ Artículo 40. La pensión por incapacidad se otorgará a los trabajadores que se inhabiliten física o mentalmente como consecuencia directa del servicio, sea cual fuere el tiempo que hayan estado en funciones, conforme al reglamento aplicable y la tabla de enfermedades profesionales que en él se contiene. Artículo 43. Se otorgará pensión por invalidez a los trabajadores que se inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo..." REGLAMENTO DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. Artículo 59. El instituto otorgará la pensión por incapacidad al trabajador que se inhabilite física o mentalmente, por enfermedad adquirida a causa directa del servicio o por accidente laboral, sea cual fuere el tiempo que haya estado en funciones." En tal tesitura, se le indicó a la impetrante que si bien es cierto tiene una enfermedad, la cual fue sustentada con un dictamen médico con el cual determinaron que no era apta para seguir laborando, de lo anterior, debía señalarse que no estaba en duda su afectación, sin embargo, lo que debía dilucidarse es únicamente si dicho padecimiento es derivado de las funciones de su trabajo o no, pues ello, traería como consecuencia el otorgamiento de una Pensión por Incapacidad o por Invalidez. Acorde a lo anterior, se debe tomar en cuenta que en el presente asunto la parte quejosa pretende hacer efectiva la prestación de Pensión por Incapacidad derivado de su enfermedad, por lo cual, al hacer un análisis de las circunstancias particulares de su caso, debe ponderarse que para su otorgamiento se debe cumplir con dos requisitos esenciales, dentro de los que se encuentran: 1.- Que el trabajador se inhabilite física o mentalmente; y 2.- Que dicha inhabilitación sea consecuencia directa de su trabajo. En ese orden de ideas, se le comunicó a la parte quejosa que al exhibir el dictamen médico con el cual determinaron que no era apta para seguir laborando, cumplía con el primero de los requisitos, es decir, la inhabilitación física del trabajador. Así mismo, se le indicó que respecto al punto dos, la inhabilitación debía ser consecuencia directa de las funciones del puesto de trabajo, por lo cual conforme al artículo 40 de la citada Ley número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz, así como con fundamento en el artículo 59 del Reglamento de Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, debe interpretarse que pudieran existir dos supuestos, uno en el cual el derechohabiente pretendiera la Pensión por Incapacidad derivada de un accidente de trabajo, y otro en el cual pudiera solicitar la Pensión por Incapacidad derivado de una enfermedad. En ese tenor, acorde a las particularidades de su asunto quedaba claro que la parte quejosa pretendía que se le otorgara la Pensión por Incapacidad derivado de una enfermedad, sin embargo, toda vez que la legislación local no especificaba la distinción entre cuando un padecimiento debe ser tomado para la pensión por Incapacidad y cuando para la Pensión por Invalidez, es que se debía tomar como criterio orientador lo señalado en las distintas Leyes Federales, así como en lo sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de Seguridad Social, por lo cual en acatamiento a dichos preceptos es que el padecimiento de la trabajadora tenía que ser una enfermedad de trabajo (enfermedad profesional) (.), así mismo, dicho padecimiento tenía que estar contemplado dentro de la tabla de enfermedades señaladas en el artículo 513 de la citada Ley Laboral, enfatizando que en dicho contexto, le corresponde en este caso a la parte quejosa acreditar que la enfermedad adquirida es consecuencia de la acción continua de una causa que tenga su origen o en el trabajo, o en el medio en el que el derechohabiente prestó sus servicios, por lo que, le correspondía demostrar sus actividades y medio ambiente al estuvo expuesto. De tal forma que, se hizo del conocimiento de la impetrante que en ningún momento se desconoció su padecimiento, sin embargo, de una interpretación armónica de la norma, se deduce que se tiene que demostrar que el padecimiento es consecuencia directa de las funciones de su trabajo, por lo cual, debía exhibir ante el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz las constancias que demostraran que las actividades y medio ambiente al que estuvo expuesta le ocasionaron la enfermedad de las que se adolece. Del oficio transcrito se advierte esencialmente que la autoridad responsable manifestó que por diverso ******** el Subdirector de Prestaciones Institucionales de dicho organismo hizo diversas precisiones en relación a la solicitud por incapacidad de la parte quejosa y que le hizo del conocimiento que de conformidad con el artículo 40 de la Ley número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz se deriva la prestación de pensión por incapacidad, ya que se infiere que es debido a una inhabilitación (física o mental) a causa directa del trabajo o de un accidente laboral; asimismo, que para el otorgamiento de la pensión por incapacidad se deben cumplir con dos requisitos dentro de los cuales se encuentran 1.- Que el trabajador se inhabilite física o mentalmente; y 2.- Que dicha inhabilitación sea consecuencia directa de su trabajo, y al exhibir el dictamen médico con el cual determinaron que no era apta para seguir laborando, cumple con el primero de los requisitos, Igualmente, que quedaba claro que lo que pretende la parte quejosa es que se le otorgue la pensión por incapacidad derivado de una enfermedad, razón por la cual tomando como criterio orientador lo señalado en las distintas Leyes Federales, así como en lo sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de Seguridad Social, el padecimiento que tiene debe ser considerado como una enfermedad de trabajo (enfermedad profesional); asimismo, dicho padecimiento debe estar contemplado dentro de la tabla de enfermedades señaladas en el artículo 513 de la Ley Laboral, enfatizando que dicho contexto, le corresponde acreditar que la enfermedad adquirida es consecuencia de la acción continua de una causa que tenga su origen o en el trabajo, o en el medio en el que el derechohabiente prestó sus servicios, por lo que, le correspondía demostrar sus actividades y medio ambiente al que estuvo expuesta. Así, en las relatadas circunstancias, a criterio de este órgano jurisdiccional las respuestas emitidas mediante oficios números SJ/DCT/533/2021 y SPI/361/2021 carecen de la suficiente fundamentación y motivación, ya que la autoridad responsable de manera genérica expresa que existe una falta de demostración por parte de la quejosa para acreditar que el padecimiento que le fue diagnosticado (un tumor benigno de la hipofaringe), es una consecuencia directa de su trabajo. Sin embargo, no expresa el fundamento legal en el que apoye su respuesta en el sentido de requerirle exhiba las constancias a efectos de demostrar que las actividades y medio ambiente al que estuvo expuesta le ocasionaron el padecimiento que adolece. Lo anterior, ya que en los citados oficios la responsable únicamente fundamenta su contestación en razón que "debía tomar como criterio orientador lo señalado en las distintas Leyes Federales, así como en lo sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de Seguridad Social," sin que cite los artículos o criterios que alude. Aunado a ello, hace de su conocimiento que de conformidad con el artículo 475 de la Ley Federal del Trabajo se entiende como enfermedad de trabajo todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en las labores o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios y que dicho padecimiento, debe estar contemplado en la tabla de enfermedades que contiene el diverso 513 de la referida legislación laboral. No obstante, de acuerdo a lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si se trata de una enfermedad cuya profesionalidad se presume, o sea, de aquellas enumeradas en la tabla a que se refiere el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, el dictamen médico que concluya sobre la existencia del padecimiento y el grado de la incapacidad, es suficiente para determinar dicho origen. En ese orden, es de considerarse que para que se dé la presunción a que se refiere el artículo 476 de la Ley Federal del Trabajo, deben existir los siguientes elementos: 1. Que se acredite la existencia de tal padecimiento; 2. Que ese padecimiento sea alguno de los enumerados por el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo; 3. Que se acredite una calidad de trabajador determinada; y 4. Que tal padecimiento corresponda a la categoría o la actividad en la rama industrial que señala el propio artículo 513 en mención. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia y tesis siguiente: Registro digital: 196231 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 29/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Mayo de 1998, página 401 Tipo: Jurisprudencia ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA RELACIÓN CAUSAL ENTRE ÉSTA Y EL MEDIO EN EL CUAL EL TRABAJADOR PRESTE O HAYA PRESTADO SUS SERVICIOS, NO REQUIERE NECESARIAMENTE DE LA PRESENCIA DEL PERITO MÉDICO EN EL LUGAR, EMPRESA O ESTABLECIMIENTO. Conforme a la jurisprudencia sustentada por este Alto Tribunal, la prueba pericial médica es la idónea para determinar, tanto si el origen de una enfermedad es de carácter profesional, como el grado de incapacidad que le provoque al trabajador. Sin embargo, establecer una regla general, aplicable a la universalidad de los casos, para tener por acreditado el señalado vínculo causal, involucraría cargas procesales adicionales innecesarias y sin soporte legal, o bien, un desequilibrio entre las partes contendientes, al extremo de provocar laudos condenatorios basados en la simple afirmación del actor sustentada nada más que en el desahogo de una pericial médica que no arroje la convicción necesaria para tal fin. En atención a ello, si se trata de una enfermedad cuya profesionalidad se presume, o sea, de aquellas enumeradas en la tabla a que se refiere el artículo 513, de la Ley Federal del Trabajo, el dictamen médico que concluya sobre la existencia del padecimiento y el grado de la incapacidad, es suficiente para determinar dicho origen, sin perjuicio de que el demandado rinda pruebas que desvirtúen esta presunción, conforme al numeral 476 de la misma ley; fuera de este supuesto, es decir, tratándose de enfermedades no contempladas en la tabla de referencia, el peritaje debe establecer además, si existe o no una relación causal entre el padecimiento y el trabajo (relación directa) o el medio ambiente laboral relación indirecta), así como especificar cuál es esa relación y los medios de que se valió el perito para su determinación y, para que el dictamen del experto alcance valor probatorio pleno, deberá encontrarse robustecido con el resultado de la visita que haga al lugar o centro de trabajo, para constatar cuáles eran o son las condiciones ambientales en que se vino desarrollando la actividad o profesión, si esto puede obtenerlo por sí mismo, o bien, auxiliado por un técnico o científico que se encargue de perfeccionar, esclarecer o ampliar las conclusiones del dictamen primigenio, salvo que en autos existan constancias de las que se desprendan los datos en cuestión, incluso otros dictámenes periciales relacionados con esas condiciones. Lo anterior, sin demérito de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje actúen, en los términos previstos en el artículo 782, de la ley de la materia, en el sentido de ordenar con citación de las partes, el examen de lugares o reconocimiento por peritos, a fin de practicar las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad. Registro digital: 191180 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: VI.T.27 L Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Septiembre de 2000, página 744 Tipo: Aislada ENFERMEDADES PROFESIONALES, PRESUNCIÓN DE. ELEMENTOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR. En los términos de la jurisprudencia número 29/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la contradicción de tesis 33/97, consultable a fojas 401, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA RELACIÓN CAUSAL ENTRE ÉSTA Y EL MEDIO EN EL CUAL EL TRABAJADOR PRESTE O HAYA PRESTADO SUS SERVICIOS, NO REQUIERE NECESARIAMENTE DE LA PRESENCIA DEL PERITO MÉDICO EN EL LUGAR, EMPRESA O ESTABLECIMIENTO.", es de considerarse que para que se dé la presunción a que se refiere el artículo 476 de la Ley Federal del Trabajo, deben existir los siguientes elementos: 1. Que se acredite la existencia de tal padecimiento; 2. Que ese padecimiento sea alguno de los enumerados por el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo; 3. Que se acredite una calidad de trabajador determinada; y 4. Que tal padecimiento corresponda a la categoría o la actividad en la rama industrial que señala el propio artículo 513 en mención, pues de lo contrario no puede operar la presunción de que el padecimiento respectivo tiene una relación causa-efecto con el medio ambiente laboral y por consiguiente, corresponde al trabajador acreditar dicha relación de manera fehaciente. De ahí que, la contestación emitida por la responsable carezca de suficiente fundamentación y motivación, ya que por un lado no expone cuáles son las leyes federales y criterios orientadores emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que alude y por otra, por qué a pesar de la presunción establecida en el artículo 476 en relación con el 513, ambos de la Ley Federal del Trabajo, a la promovente del amparo le corresponde acreditar que la enfermedad adquirida es consecuencia de la acción continua de una causa que tenga su origen o en el trabajo, lo cual, resulta indispensable a fin que la quejosa tenga conocimiento de las razones por las que a pesar que - a su juicio- el padecimiento que presenta se encuentra considerado dentro de la tabla de enfermedades de trabajo y que las autoridades médicas determinaron su incapacidad para laborar requiere adicionalmente de diversas constancias a efecto de demostrar que sus actividades y medio ambiente al que estuvo expuesta le ocasionaron el padecimiento del que se adolece. Asimismo, mediante los oficios en cita, únicamente se da una respuesta en alcance a los requerimientos efectuados en autos; sin embargo, expresamente se le instruyó que debía dejar sin efecto las respuestas emitidas con anterioridad y emitir una subsanando las deficiencias apuntadas en autos de veinticuatro de agosto, trece de septiembre y tres de noviembre del año en curso, lo cual es indispensable para que la solicitante conozca detalladamente el motivo toral y completo de la respuesta, y de estar inconforme, esté en aptitud de impugnar dicha negativa en las instancias correspondientes; o bien, subsanar tales requisitos y volver a solicitar dicha pensión. Por otra parte, cabe destacar que en términos del artículo 25 de la Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz, es facultad del Consejo Directivo resolver la solicitud de pensión o jubilación solicitadas, razón por la cual hágase del conocimiento de la autoridad responsable que la respuesta que al efecto recaiga a la solicitud de pensión por incapacidad solicitada por la parte quejosa deberá ser sometida a consideración de dicho Consejo o bien exponga fundada y motivadamente la razón por la que la misma es emitida por diversa autoridad. Finalmente, al considerarse que la autoridad responsable Director General del Instituto de Pensiones del Estado, con sede en esta ciudad, no dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérasele para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al que se encuentre notificada del presente proveído, justifique haber dado cumplimiento al fallo protector o, en su defecto, comunique las medidas que se adopte con tal finalidad o bien el impedimento legal que tenga para hacerlo; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los párrafos segundo y tercero del artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, y se dará trámite al procedimiento establecido en el primero de los artículos mencionados. Significándole nuevamente a la autoridad responsable que deberá dejar sin efecto las respuestas emitidas con anterioridad y emitir una diversa en la que atienda las observaciones precisadas en líneas precedentes, debiendo notificar personalmente a la parte quejosa dicha respuesta, sin que ello signifique que deba emitir necesariamente una resolución en sentido favorable, sino atender los planteamientos expresados con antelación. MANIFESTACIONES DE LA PARTE QUEJOSA Por otra, respecto a las manifestaciones formuladas por el autorizado de la parte quejosa, en el sentido que se declare no cumplida la ejecutoria de amparo por los motivos que expone, dígasele que deberá estarse a lo acordado en líneas precedentes. FIRMAS ELECTRÓNICAS En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, proveniente del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, a través del cual las autoridades responsables en cumplimiento al requerimiento contenido en auto de diecinueve de noviembre actual, informan las medidas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y al efecto refieren que si bien, en algún momento se consideró que el quejoso fuera atendido por la especialidad de nefrología en la modalidad de teleorientación con el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, lo cierto es que dado su cuadro clínico fue excarcelado de manera urgente para su atención médica en el periodo comprendido del nueve de octubre al doce de noviembre del año en curso, por lo que actualmente cuenta con tratamiento médico establecido y será revalorado por urología en la última semana del mes que transcurre; por tanto, estese en espera que informen el cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, para acordar lo conducente. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en términos de los artículos 3, fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese en formato impreso. En atención a su contenido téngase al Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, en representación del Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado en Xalapa-Norte, informando las medidas adoptadas a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, estese a la espera que informe el cabal cumplimiento dado a la sentencia protectora, para estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda. En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.
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