Miguel Ángel Alvarez Castillo
Expediente 1309/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1309/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Miguel Ángel Alvarez Castillo
- Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia
Actuaciones
- Principal
AGRÉGUESE LOS PRESENTES AUTOS EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR.... MEDIANTE EL CUAL EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO.... REMITE COPIAS CERTIFICADAS DE DIVERSAS CONSTANCIAS...... EN ESAS CONDICIONES PARA DETERMINAR LO PROCEDENTE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICE..... DESE VISTA A L LA PARTE QUEJOSA PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS SIGUIENTES AL QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN QUE DEL PRESENTE PROVEÍDO SE HAGA MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA.......
- Principal
Villahermosa, Tabasco; cuatro de agosto de dos mil dieciséis. Del trámite la demanda. Visto lo de cuenta, se provee; se tiene por recibida la demanda de garantías promovida por ... contra actos de los Magistrados de la Tercera Sala Penal en el Estado, con residencia en esta ciudad. Registro del expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1309/2016-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Conforme al Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, en relación a su artículo 5, dése inicio al seguimiento por la vía electrónica del presente juicio, en los términos que precisa el referido acuerdo, a efecto de que las partes, las que en su caso cumplan con los requisitos previamente establecidos, puedan consultar el aludido expediente y notificarse a través del medio citado, previa solicitud de ello. De la procedencia de la demanda. Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión de la demanda, cabe establecer que la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, impone a los Jueces de Distrito el estudio integral de la demanda de amparo; en ese sentido, se aprecia que la parte quejosa reclama la siguiente: ".La violación al articulo 17 constitucional, relativo a resolución dictada por la Cuarta Sala Penal de fecha 29 de junio de 2016, en el toca Penal 162/2016-IV SIC (resolucion por la cual la responsable confirma la sentencia dictada el seis de mayo de dos mil dieciséis, en la causa penal 19/2013, dictada por la Juez Penal de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial de Teapa, Tabasco)." De lo anterior, se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de seis de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal 162/2016-IV, del Índice de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, fomado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso en contra de la sentencia definitiva condenatoria de seis de mayo de dos mil diecisies, dictada por la Juez Penal de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial de Teapa, Tabasco, en la causa penal 19/2013, instruida al aquí quejoso, por el delito de lesiones culposas, previsto y sancionado en los artículos 116, fracción V, párrafo tercero, 61 y 62 del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio ... en la que el Pleno de la citada Sala Penal, confirmo dicha sentencia condenatoria. Determinado lo anterior, corresponde ahora dilucidar a través de cuál de las vías del juicio de amparo procede reclamarse la resolución dictada en el expediente de revisión generador del acto reclamado. Así, los preceptos legales 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. El juicio de amparo directo procede: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado." ".V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. LEY DE AMPARO: ".Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." ".Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; De los preceptos transcritos, se obtiene que cuando se reclaman actos de tribunales judiciales, entre otros, el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados, cuando se reclamen sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, según lo disponen los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso a) de la Constitución Federal, en relación con el 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, de acuerdo con el propio artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la ley de la materia, se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En ese orden de ideas, el acto que reclama la parte quejosa, se trata de la resolución dictada por el Pleno de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, de seis de mayo de dos mil dieciséis, emitida en el tocca penal 162/2016-IV, por la cual la responsable confirma la sentencia definitiva condenatoria dictada el seis de mayo de dos mil dieciséis, en la causa penal 19/2013, por la Juez Penal de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial de Teapa, Tabasco. Por tanto, la resolución pronunciada por la responsable constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el juicio amparo directo, máxime que el propio quejoso en su demanda de garantías refiere que el Juez de Primera Instancia, siguió un proceso en su contra que culminó con la sentencia de seis de mayo de la presente anualidad y que posteriormente fue confimada en segunda instancia. En tal virtud, de acuerdo con los artículos antes trascritos, la materia del juicio que se promueve, es de amparo directo y la autoridad competente para conocer de éste, es un Tribunal Colegiado de Circuito. Es aplicable, la tesis 2ª CCXI/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 41 del Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO. Del análisis relacionado de lo dispuesto en los artículos 47, 49 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que el último de éstos no contiene una prohibición en el sentido de que el Juez de Distrito declare su incompetencia si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, dado que el numeral 49 citado permite tal hipótesis, cuando del examen de la demanda de garantías el Juez de Distrito advierta que se trata de un caso en el que el acto reclamado lo constituye alguno de los que señala el artículo 44 de la ley citada, sino que el impedimento a que alude el señalado numeral 55 se refiere al caso en que el superior del Juez Federal, con apoyo en el artículo 47 indicado, ya haya determinado que es -incompetente para conocer del asunto y que corresponde conocer de él al juzgador, ya que si éste no la aceptara y devolviera los autos, estaría planteando a su superior una cuestión contenciosa de competencia, aspecto que sí prohíbe el referido artículo 55." Determinación. En atención de lo anterior, este Juzgado de Distrito declara carece de competencia legal para conocer del asunto, y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se estima que quien debe conocer de la demanda, es el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por lo que deberán remitirse los originales y copias del escrito de demanda para los efectos legales a que haya lugar, para lo que tenga a bien determinar lo procedente, solicitándose respetuosamente el acuse de recibo correspondiente. Habilitación de días y horas. En ese tenor, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la nueva Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental. Del domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su libelo constitucional, por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a... únicamente para oír y recibir notificaciones a los demás que menciona en su escrito de demanda, por no encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Transparencia y acceso a la información. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; por ello, en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.Notifíquese personalmente.
- Principal
VISTO EL ESTADO DE AUTOS, SE ADVIERTE QUE EN EL CUADERNO PRINCIPAL DEL CUAL DERIVA ESTE INCIDENTE SE ORDENÓ EL ARCHIVO DE AQUEL; Y AL ENCONTRARSE EL PROCEDIMIENTO INCIDENTAL TOTALMENTE CONCLUIDO, DE IGUAL MANERA, ARCHÍVENSE LOS CUADERNOS INCIDENTALES,...NOTIFÍQUESE.
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