Miguel Ángel Álvarez Campos
Expediente 205/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 45 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 205/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 19/10/2022
Partes del expediente
- Miguel Ángel Álvarez Campos
- Juez de Control del Primer Distrito Judicial de la Primera Región Judicial del estado. Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 45.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 205/2020-I promovido por Miguel Ángel Álvarez Campos, contra actos del Juez de Control del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, y de otras autoridades; y, R e s u l t a n d o: Primero. Mediante escrito recibido el catorce de febrero de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, Miguel Ángel Álvarez Campos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables y acto reclamado que a continuación se señalan: Autoridades responsables: Ordenadora: 1. Juez de Control del Primer Circuito Judicial de la Primera Región Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria. Ejecutoras: 2. Comandante de la Policía Ministerial del estado de Tamaulipas, con sede en esta localidad. 3. Comisario de la Policía Investigadora del Estado. 4. Titular de la Policía Ministerial del Estado. 5. Titular de la Coordinación de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Todas con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Acto reclamado: 1. De la autoridad señalada como responsable ordenadora, reclamo la ilegal orden de aprehensión librada en contra del suscrito quejoso en fecha diecisiete de enero del año dos mil veinte, dentro de la carpeta procesal CP/0139/2018, por el delito de secuestro previsto y sancionado por los numerales 9 fracción I, inciso c), y 10 fracción I inciso a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, cometido en agravio de Cecilio Rodríguez Castañeda; sin haber perpetrado el suscrito dicho delito; y de las autoridades señaladas como responsables ejecutoras, reclamo el cumplimiento que pretenden dar a dicho mandato. Segundo. Mediante proveído de catorce de febrero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito registró la demanda con el número 205/2020-I; la admitió a trámite; dio la intervención legal al Fiscal de la Federación adscrito; solicitó los informes justificados a las autoridades responsables; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, el cual se llevó a cabo según las constancias conducentes; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece, toda vez que la ejecución de la orden de captura reclamada podrá desarrollarse en la jurisdicción territorial de este órgano. Segundo. Fijación del acto reclamado. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, relativo al mes de abril del dos mil, Novena Época, que dice: DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, se tiene que el acto que Miguel Ángel Álvarez Campos, reclama consiste en: La orden de aprehensión de diecisiete de enero de dos mil veintidós, librada en su contra en la carpeta procesal 139/2018 del Juzgado de Control del Primer Distrito de la Primera Región Judicial del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y su ejecución. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama, por lo que así se le tiene para todos los efectos legales conducentes. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió con su informe justificado, y que por tratarse de documentos públicos, conforme al artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los diversos numerales 197 y 202 del invocado ordenamiento adjetivo, ya que fueron expedidas por funcionarios públicos en el ámbito de su ejercicio. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. El encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial del estado de Tamaulipas, con sede en esta localidad; el encargado de la Comisaría General de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (denominación correcta de aquella que el quejoso señaló como: Comisario de la Policía Investigadora del Estado); el Agente de la Policía Ministerial del Estado, en ausencia del Director de dicha corporación policiaca (denominación correcta de aquella que el agraviado precisó como: Coordinador de Mandamientos Judiciales del Estado), todos con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia del acto que les fue reclamado; empero, su negativa carece de eficacia debido a que tienen el carácter de ejecutoras, y a quien se atribuye el diverso de ordenador (Juez de Control del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región del Supremo Tribunal de Justicia del Estado) aceptó haber emitido la resolución a ejecutar; luego, es factible que la negativa de mérito se debe a que las mencionadas autoridades no habían recibido dicho fallo al momento de rendir su informe justificado, pero, por razón de jerarquía, tienen obligación de darle cumplimiento, de ahí que se tiene como cierto el acto de ellos reclamado. Aplica al respecto la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 56, Tomo II, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor es: ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA, DEBE TENERSE POR CIENTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado, pero aquéllas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado. Lo mismo debe decirse respecto del acto reclamado del Titular de la Policía Ministerial del estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, pues independientemente de que la misma omitió rendir su informe justificado, no obstante de haber quedado debidamente notificado, y ante ello, se actualiza la presunción de certeza establecida por el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el presente caso, la referida responsable fue llamada en su carácter de ejecutora; de ahí que, como ya se dijo, la misma no pueda eludir un mandato de aquella autoridad ordenadora que aceptó la existencia de la orden de captura reclamada. Cuarto. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, es de destacarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, ni de oficio se advierte la actualización de alguna de esta naturaleza. Quinto. Análisis de los conceptos de violación. Se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." De igual forma, apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 687, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 462, del Apéndice de 1995, Tomo VI, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AUSENCIA DE FORMALIDADES EN LA EXPRESIÓN DE LOS. La Ley de Amparo no exige, en sus artículos 116 y 166, que la expresión de los conceptos de violación se haga con determinadas formalidades solemnes e indispensables. Por otra parte, la demanda de amparo es un todo que debe considerarse en su conjunto, de lo que se sigue que, aun cuando la costumbre ha llevado a los litigantes a expresar los conceptos de violación en un capítulo destacado, en busca de claridad, deben tomarse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo. Basta que en alguna parte de la demanda se exprese un argumento que tienda a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, para que deba ser estudiado en la sentencia como concepto de violación, ya que es evidente que la sentencia debe ocuparse de todos los que la parte quejosa exprese. Por lo demás, para que existan conceptos de violación en una demanda de amparo administrativo, que es de estricto derecho, es suficiente que se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa la resolución impugnada, y los motivos que originan tal agravio." Sin embargo, por exhaustividad se precisa que el quejoso Miguel Ángel Álvarez Campos, en esencia se duele respeto a la orden de aprehensión: I. El no haber sido oído con las debidas garantías y un plazo razonable, previo al dictado del fallo combatido. II. Que dicho mandato de captura orden es contraria a la constitución, porque transgrede los derechos de exacta aplicación de la ley, de legalidad, libertad, presunción de inocencia y seguridad jurídica. Son ineficaces los motivos de disenso, sin que exista deficiencia alguna que suplir en términos del inciso a), de la fracción III, y penúltimo párrafo, del artículo 79 de la Ley de Amparo. Así se califican porque el quejoso aduce que se transgredió en su perjuicio el derecho de audiencia, pues en su opinión, el juez de control responsable omitió citarlo previamente a la emisión de la orden de aprehensión reprochada; y contrario a ello, el acto reclamado no vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho de audiencia tutelada en el artículo 14 constitucional. Ello es así, ya que si no ha sido citado legalmente por alguna autoridad a fin de conocer si existe algún procedimiento en su contra, válidamente el Juez de Control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia, lo que en la especie aconteció por las razones que más adelante serán detalladas. Por otra parte, el resto de los conceptos de violación se analizan de manera conjunta por su estrecha vinculación; así, en el caso particular se estiman ineficaces, pues este Juzgado de Distrito advierte que la orden de aprehensión emitida el diecisiete de enero de dos mil veinte, en la carpeta procesal 139/2018 del índice del Juzgado de Control del Primer Distrito de la Primera Región Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, contrario a lo que refiere el quejoso Miguel Ángel Álvarez Campos, no le transgrede derechos fundamentales. Lo precedente se sostiene de esa manera, en virtud de que el mandamiento reclamado sí cumplió con los requisitos constitucionales contemplados en el precepto 16 del Pacto Federal, así como en el diverso 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Previamente a justificar tal conclusión, es pertinente precisar que por Decreto de reforma y adición publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el Constituyente Permanente determinó reformar, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir el sistema procesal penal acusatorio, mismo que se rige bajo los principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Tales postulados conforman el eje axial del nuevo proceso penal mexicano, mismo que se cristalizaron en el primer párrafo del precepto 20 de la Norma Fundamental que dice: "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. ." Dichos principios tienen una función primordial para el correcto desarrollo del enjuiciamiento de referencia, pues tiene como propósito que con la aplicación de los mismos, se cumpla con los objetivos del sistema penal acusatorio que son: determinar la verdad real, histórica o procesal; fijar la existencia de un hecho típico; identificar a su autor; resolver el conflicto suscitado entre las partes; y procurar efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido. En ese mismo sentido, es ineludible traer a contexto el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en ese orden dicen: "Artículo. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." (.) Artículo 141. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: (.) III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. [.]. Como se observa, del primer dispositivo transcrito, de orden constitucional, fluye que no podrá librarse orden de aprehensión, sino es que aquel mandamiento: a) Se dicte por autoridad judicial competente. b) Le preceda una denuncia o querella respecto de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad. c) "Obren" datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La exigencia probatoria en comento fue puntualizada por el legislador federal, en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al establecer, en lo que importa, que el Ministerio Público podrá solicitar que se libre mandamiento de captura, cuando: I. Se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. II. Dicha fiscalía anuncie que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. III. Exista la necesidad de cautela. De todo lo anterior, se deriva que, para el dictado de una orden de aprehensión, conforme al marco constitucional y legal es necesario que: 1. Sea dictada por autoridad judicial competente. 2. Le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad. 3. El Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. 4. La justificación de que existe necesidad de cautela. Requisitos que, desde luego, ponen de relieve que, conforme a lo dispuesto por el tercer párrafo del citado artículo 16 constitucional, basta que el órgano de acusación anuncie al juzgador que dentro de la carpeta de investigación "obran datos" que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en el mismo, sea como autor o como partícipe; ello siempre y cuando exista una denuncia o querella anterior; el hecho delictivo del que se dé noticia traiga aparejada una pena privativa de libertad; y se justifique, sobre todo, la necesidad de cautela. Es importante hacer notar que el Código Nacional de Procedimientos Penales detalla que es suficiente que el Ministerio Público anuncie que obren datos de prueba que establezcan la realización un hecho delictivo contemplada en la ley, así como la probable intervención del imputado en el mismo; lo cual es acorde con lo dispuesto en la Norma Fundamental, pues resulta palmario que, en esta fase, no es necesario que la fiscalía establezca la presencia de esos elementos, pues tal extremo es materia de la determinación que debe emitir el juez de control al emitir o no el auto de vinculación a proceso en términos del artículo 19 de la Constitución General de la República. Y es que de aceptar lo opuesto, se avalaría que los aspectos sustanciales de la vinculación a proceso se dilucidarían sin antes haberse formulado la respectiva imputación, así como dotarle al imputado de la oportunidad de contestar el cargo y aportar los datos probatorios correspondientes; aunado a que el simple anuncio es representativo de la fase concreta en que se solicita el mandamiento de captura, esto es, la etapa de investigación desformalizada, que tiene como eje central la carencia de pruebas formalizadas, lo cual posibilita que se alcance el fin de fortalecer la relevancia del proceso penal y particularmente el juicio, a diferencia del sistema añejo que tenía como parte fundamental del procedimiento, la correspondiente a la averiguación previa. En cuanto a este nuevo estándar probatorio, es importante mencionar, dada su innovación, que la condicionante relativa a la necesidad de cautela se entiende a la concurrencia del peligro de que el señalado como autor o partícipe del hecho delictivo no comparezca de manera libre y voluntaria y que, por ende, sea difícil conducirlo al proceso. Tal requisito tiene su génesis en que, ante la existencia de otros medios de conducción al proceso menos lesivos, la orden de aprehensión debe tener una justificación adicional, lo cual es acorde con la perspectiva de que la afectación de libertad deambulatoria es de naturaleza excepcional. Esto es, solamente en el escenario de que concurran datos objetivos de los que se derive que si el probable interviniente fuera citado en libertad, no se presentaría de forma voluntaria, podrá obsequiarse, la aludida orden de aprehensión, esto es, debe existir una justificación amplia de que ni el citatorio ni la orden de comparecencia son suficientes para conducir a la persona al proceso y que, por tanto, la orden de aprehensión es el medio idóneo para evitar la evasión de la acción de la justicia; requisito que puede emanar de las circunstancias personales del imputado, como su relación con la víctima, entre otros aspectos que lleven a la convicción de que aquel no se presentara ante el juez de manera volitiva. Expuesto lo anterior, este Tribunal Federal advierte que el mandamiento de captura reclamado no es contrario a derecho, en concreto, al cumplir con las directrices desarrolladas en párrafos precedentes. Pues, en el caso se advierte que se cumplió con el requisito número uno, ya que el Juez de Control del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, es legalmente competente para librar la orden de aprehensión reclamada, puesto que los hechos que le dieron origen iniciaron en el municipio de Güemez, Tamaulipas, localidad que está comprendida en la región donde ejerce jurisdicción el mencionado juzgador; ello conforme a lo establecido en los artículos 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 10 y 10 Quáter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Tamaulipas, que a la letra dicen: "Artículo 20. Reglas de competencia Para determinar la competencia territorial de los Órganos jurisdiccionales federales o locales, según corresponda, se observarán las siguientes reglas: I. Los Óranos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica, o en su defecto, conforme a los acuerdos expedidos por el Consejo; . "Artículo 10. El territorio del Estado de Tamaulipas, con excepción de la justicia para adolescentes y el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se divide en quince Distritos, los cuales son: PRIMER DISTRITO JUDICIAL: Cabecera en Victoria, y comprende los Municipios de Victoria, Güemez y Casas. ." "Artículo 10 Quáter. El territorio del Estado de Tamaulipas, únicamente para el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se organizará en seis Regiones Judiciales, que se integran de la siguiente manera: PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: Cabecera en Ciudad Victoria, comprende los Distritos Judiciales I, IX, X y XII. . De igual manera, se aprecia que el segundo de los requisitos relativo a que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de prisión se satisface, en tanto que el juez de control aludió a que, el fiscal de origen dio noticia de que el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se recibió denuncia por parte de la víctima C.R.C., en la que relató los hechos y circunstancias respecto a la probable comisión de la conducta delictiva cometida en su perjuicio acontecida en el municipio de Güemez, Tamaulipas. Al igual, indicó que el nombrado hecho era atribuido, entre otras personas al aquí quejoso Miguel Ángel Álvarez Campos, quienes el día dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, cuando C.R.C. circulaba en una camioneta Ford Explorer, modelo 1992, con placas de circulación XDD7751, por el Ejido San José de Santa Engracia, por la calle Democracia, se dirigía al Ejido Benito Juárez, y pasando la curva por el kilometro 37, le cerraron el paso en una camioneta de color negro Chevrolet S-10, de modelo aproximadamente 2005, sin placas de circulación, que venía de frente, el agraviado en conjunto con sus coimputados descendieron de dicho vehículo con armas largas apuntándole, y con gritos y violencia lo privaron de su libertad y lo subieron a dicha camioneta, y después se dirigieron hacia la carretera Victoria - Padilla, y tomaron la carretera 83, llegando a la Joroba" se dirigieron rumbo a Güemez, trayecto en el que lo amenazaron con hacerle daño a él y a su hija si no retiraba una denuncia que puso en contra de éstos. Suceso que podría dar lugar a establecer la existencia del delito de secuestro, previsto y sancionado por los artículos 9°, fracción I, inciso c y 10°, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que contemplan una pena de prisión de cincuenta a noventa años de prisión, pues disponen: Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: . c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; o." Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario; b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; c) Que se realice con violencia; . Asimismo, se salda la tercera de las condicionantes para librar la orden de aprehensión, en particular, la atinente a que el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. En principio, debe decirse que se observa que el Juez de Control del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, precisó que acorde con los hechos que el Ministerio Público hizo alusión en su solicitud de orden de captura contenida en el escrito de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, la materia de la investigación versaba en torno al suceso relativo a que supuestamente la víctima del delito apuntado, fue privado de su libertad por los imputados, entre ellos el aquí quejoso Miguel Ángel Álvarez Campos, el día dieciséis de mayo del año próximo pasado. En particular, el juzgador señaló que para justificar esos hechos, el fiscal solicitante refirió en su solicitud que obraban los datos de prueba siguientes: a) Denuncia formulada por comparecencia por la víctima C.R.C., el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, en las que se narraron los hechos de referencia. b) Dictamen pericial en materia de Psicología emitido el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, por el perito adscrito a la Unidad de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, practicado a la víctima. c) Informe rendido por el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral Especializado en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, adscrito a la Unidad 1 de Investigación, de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en el que comunicó que en esa dependencia se encuentra registrada la carpeta de investigación NUC 76/2018, iniciada el dieciocho de marzo del año próximo pasado, donde la víctima C.R.C., presentó denuncia o querella en contra de quien resulte responsable por el delito de privación ilegal de la libertad y otras garantías, cometido en agravio de su esposa C.P.O.. d) Inspecciones de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en calle Democracia, entre Río Guayalejo y Río Panuco, antes de la curva rumbo a estación Santa Engracia, del Ejido San José de Santa Engracia; y Carretera Victoria - Matamoros, en Subestación de Comisión Federal de Electricidad de Güemez, Tamaulipas. Debe puntualizarse que si bien el juez de control, a partir de los nombrados datos, que fueron narrados en la solicitud escrita del fiscal, determinó que creaban convicción para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito de secuestro, previsto y sancionado por los artículos 9°, fracción I, inciso c y 10°, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la intervención del quejoso en su comisión, lo cual técnicamente es materia de la vinculación a proceso; ese examen no torna inválido el acto reclamado, en la medida en que el Ministerio Público cumplió con la obligación de anunciar los datos de prueba que obraban en la carpeta de origen. Además, es importante destacar que en el nuevo sistema de justicia penal, el dictado de una orden de aprehensión sólo exige contar con datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en el hecho por el cual se formulará la imputación. Al respecto se cita la tesis aislada 1a.XXIX/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019618, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 65, correspondiente al mes de abril de dos mil diecinueve, Tomo I, Materia Penal, Décima Época, en su página 790, cuyo epígrafe y texto dicen: ORDEN DE APREHENSIÓN. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER LA CONSTANCIA EMITIDA POR EL JUEZ DE CONTROL PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN. La orden de aprehensión para su emisión, conforme al nuevo sistema de justicia penal, requiere de datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, ya que el objetivo es poner al detenido a disposición del juez de control para que el Ministerio Público formule imputación y exprese los datos de prueba correspondientes, a fin de que se dicte el auto de vinculación a proceso y se formalice la investigación. Así, para que se pueda llevar a cabo la ejecución de la orden de detención, es necesario que el juez de control proporcione a los elementos aprehensores una constancia que contenga los puntos resolutivos de la determinación que emitió de manera oral, así como copia del audio y video de la audiencia relativa, que les permita identificar plenamente al gobernado y que éste pueda imponerse adecuadamente de la decisión que afecta su derecho a la libertad personal, por tanto, los requisitos mínimos que debe contener la aludida constancia son los siguientes: a) el nombre y apellidos de la persona que se pretende detener; b) la causa penal instruida por su probable participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito, previsto y sancionado en el ordenamiento sustantivo aplicable; c) el juez de control que la pronunció y d) la fecha en que se expidió. Con tales elementos se otorgará certeza y seguridad jurídica al particular, y se asegurará la prerrogativa de defensa contra una detención que no cumpla con la exigencia constitucional. Así, el artículo 16 constitucional, no requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del imputado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Esto, porque en el nuevo sistema de justicia penal debe considerarse a la etapa de investigación como un periodo preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio, por ello, al solicitarse orden de aprehensión para poder formular la imputación, lo que se pretende es judicializar la investigación, de ahí que se requiere de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Así, para dictar una orden de aprehensión y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Entonces, si en autos se encuentra la denuncia de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, formulada por la víctima C.R.C.; el Ministerio Público anunció que en la carpeta procesal 139/2018 existen datos que establecen la comisión del delito de secuestro, previsto y sancionado por los artículos 9°, fracción I, inciso c y 10°, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso Miguel Ángel Álvarez Campos, participó en su comisión; es evidente que se reúnen los requisitos para el dictado de una orden de aprehensión como lo señalan los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte, en cuanto a la necesidad de cautela que exige el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, como bien lo determinó el Juez de Control, se encuentra plenamente justificada. En efecto, el delito corresponde a secuestro, previsto y sancionado por los artículos 9°, fracción I, inciso c y 10°, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, se está en presencia de un ilícito catalogado como de aquellos que requieren prisión preventiva oficiosa por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y dicho dispositivo, en su párrafo tercero dispone que el Juez de Control en el ámbito de su competencia dictará prisión preventiva oficiosa en tratándose, entre otros, del delito de secuestro, circunstancia que por sí, podría sostener la necesidad de cautela. Aunado a ello, en la resolución reclamada se determinó que la sanción de prisión preventiva es la más alta que se puede imponer; argumento que se considera acertado, pues encuadra en la hipótesis del artículo 168, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la actualización de la necesidad de cautela. Tampoco hay que perder de vista, que el Juez de Control argumentó que el quejoso amenazó a la víctima, lo cual es otro motivo que justifica la necesidad de cautela. De esa manera, la necesidad de cautela, como bien lo sostuvo el juez de origen, encuentra sustento en: I. El hecho delictivo de secuestro, es de aquellos que requieren prisión preventiva oficiosa. II. La sanción de prisión preventiva es la más alta que se puede imponer. III. El activo amenazó a su víctima durante la comisión de ilícito. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis I.6o.P.86 P (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que este tribunal comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, página 1943, materia Penal, registro 2015204, que establece: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia." En las relatadas condiciones, dado que la orden de aprehensión reclamada cumple con los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional y 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y al no advertirse queja deficiente que suplir que le reditúe en algún beneficio al impetrante, se niega a Miguel Ángel Álvarez Campos el amparo solicitado por lo que hace a dicho mandato de captura. Negativa de amparo que se hace extensiva a la ejecución atribuida a las autoridades ejecutoras denominadas Comandante de la Policía Ministerial del estado de Tamaulipas, con sede en esta localidad; Comisario de la Policía Investigadora del Estado; Titular de la Policía Ministerial del Estado; y, Titular de la Coordinación de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, ya que no se reclama por vicios propios, sino que su constitucionalidad se hace depender de la orden de aprehensión reclamada de diecisiete de enero de dos mil veinte. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 207616, visible en la página 357, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de mil novecientos noventa y ocho, Materia Común, que a la letra dice: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 63, fracción IV, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R e su e l v e: Único. La Justicia de la Unión no Ampara ni protege a Miguel Ángel Álvarez Campos, respecto de las actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, en virtud de los motivos señalados en último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, tres de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 28275/2022 signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, a través del cual, en cumplimiento a la solicitud de veintiuno de septiembre del año actual, comunica que devolvió a este órgano jurisdiccional el exhorto 431/2022 (orden 564/2022); con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Ahora bien, del estado actual que guardan los autos del presente juicio, se advierte que, efectivamente, en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, este Tribunal Federal tuvo por recibido el oficio 25470/2022, mediante el cual se devolvió debidamente diligenciado nuestro exhorto 431/2022 (orden 564/2022). En tal razón, comuníquese tal circunstancia la autoridad oficiante, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 25470/2022 signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a través del cual devuelve diligenciado nuestro exhorto 431/2022 (orden 564/2022), pues llevó a cabo el emplazamiento del tercero interesado Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación Uno Especializada en el Combate al Secuestro, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda; dése de baja de la estadística de este Juzgado de Distrito la comunicación oficial que se recibe, Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se desprende que el treinta de agosto de dos mil veintidós, se recibió en este Juzgado de Distrito el oficio 25030/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, que contiene inserto el auto de veintinueve de agosto del año en curso, mediante el que acusó recibo de nuestra comunicación 431/2022 (orden 564/2022), la cual registró en ese recinto judicial bajo el número de exhorto 158/2022 (166/2022); en consecuencia, solicítese al citado tribunal, para que dentro del término de tres días, comunique cuál es el estado actual que guarda el exhorto en comento, el cual fue remitido para efecto de llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, adscrito a la Unidad General de Investigación 1 Especializada en el Combate al Secuestro, con asiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con treinta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
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