Miguel Ángel Alva Marín
Expediente 308/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/04/2019
Partes del expediente
- Miguel Ángel Alva Marín
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término de cinco días, previsto en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para impugnar el auto de nueve de abril del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, transcurrió sin que la parte quejosa haya hecho valer recurso alguno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la invocada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su numeral 2°, se declara que aquél HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto totalmente concluido. Por otra parte, respecto al destino de este expediente, es susceptible de destrucción.
- Principal
(CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE NUEVE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA: "Vista la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 308/2019. El presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente por las siguientes consideraciones: A) Con relación al acto reclamado por la parte quejosa consistente en: "[.] La omisión del Ministerio Público de citar a comparecer a la entrevista al *, dentro de la Carpeta de Investigación * iniciada en su contra. Dicha omisión trasciende en la esfera del justiciable, pues se le impide de manera formal y material el ejercer su derecho de Defensa y el de promover actos de investigación respecto del hecho probablemente delictivo que se integra en la investigación inicial contenida en la Carpeta de Investigación referida, a tal grado que el día 4 de abril de 2019 ya se inició el procedimiento judicial llevándose a cabo la audiencia inicial en la unidad de gestión 6 en Iztapalapa, en donde de nueva cuenta se me impide ejercer mi derecho de defensa violentando mis derechos fundamentales consagrados en la constitución política de los estados unidos mexicanos. El suscrito juzgador advierte que respecto al citado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En tal virtud, por ser el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Máximo Tribunal Constitucional del país ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Así, en el caso, aun cuando subsista la omisión reclamada al representante social, ya no puede surtir efectos legales o materiales, dado que cabe destacar que de la lectura de la demanda se aprecia que la carpeta de investigación CI-*, ya no se encuentra a disposición de la autoridad ministerial que el quejoso señaló como responsable, al haber sido remitida a la Unidad de Gestión Judicial Seis del Sistema Procesal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México quedando registrada con el número de carpeta judicial *, y en la cual se fijaron las once horas del cuatro de los actuales para la audiencia inicial, circunstancia que denota que a la fecha de presentación de la demanda (ocho de abril del año en curso) la omisión de la que se duele la parte quejosa en el presente asunto, quedó superada al haber sido judicializada la carpeta de investigación de la cual derivan la omisión reclamada. De tal modo, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la impetrante en el goce de las garantías que estima violadas, pues al haberse judicializado la carpeta de investigación * y solicitar la audiencia inicial, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamara al representante social, pues la carpeta de investigación ya se encuentra en una etapa procesal diferente y a disposición de la autoridad jurisdiccional. Por otra parte, respecto al diverso acto señalado por la parte quejosa consistente en: "[.] También señalo como acto reclamado el auto de fecha 20 de marzo del 2019, dictado por el C. Licenciado Alfredo Pérez Piedras, Director de la Unidad de Gestión número Seis, donde cita supuestamente al suscrito a comparecer el día 4 de abril del 2019 a las 11:00 horas, cosa tal que vulnera y viola flagrantemente todas y cada una de mis garantías Constitucionales ya que el suscrito jamás he sido oído ni vencido a juicio y mucho menos que el documento que encontré en mi casa estaba tirado en el piso dirigido a tercera persona, misma que el suscrito desconoce. [.] Resulta evidente la existencia de la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 5, fracción I, del referido ordenamiento. Así, en el caso, respecto al acto reclamado consistente en el auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, dictado por el C. Licenciado Alfredo Pérez Piedras, Director de la Unidad de Gestión número Seis, donde cita al quejoso a comparecer a la audiencia inicial éste no es susceptible de ser analizado por esta vía, con motivo de la citada hipótesis de inejercitablilidad. Lo anterior, dado que la facultad que ejerce el Juez de Control al citar al inconforme para llevar a cabo la audiencia inicial, no involucra el análisis de los hechos delictuosos o la probable participación del imputado en su comisión, sino que es sólo en un aviso de que el probable responsable debe comparecer ante dicha autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el ministerio público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial, por lo que dicha citación no irroga perjuicio a la esfera jurídica del quejoso, ya que solo es una etapa previa a juicio, pues considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular al de la sociedad, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal, aunado a que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado Máxime, que en todo caso será hasta que la autoridad judicial determine librar la correspondiente orden de aprehensión a petición del ministerio público, el momento en el cual real y efectivamente se afectará la esfera jurídica del peticionario. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracciones XII y XXII, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO el escrito de demanda.
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