Miguel Ángel Alonso Espinel
Expediente 421/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 421/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Miguel Ángel Alonso Espinel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el nueve de junio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Miguel Ángel Alonso Espinel; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
Visto; para resolver los autos del juicio de amparo 421/2022-10, promovido por Miguel Ángel Alonso Espinel, contra actos del Titular o Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlo violatorios de los artículos 1°, 11, 14, 16, 21, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4 de 14 R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA E INCOMPETENCIA. Por escrito recibido el veintiuno de marzo de dos mil veintidós, por el Secretario de Guardia del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Nogales, Miguel Ángel Alonso Espinel, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS La orden de deportación emitida en su contra y su ejecución. AUTORIDADES RESPONSABLES Titular o Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. Titular o Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco. Al respecto, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Nogales, mediante auto de veintiuno de marzo de dos mil veintidós, radicó la demanda de amparo bajo el expediente 76/2022-VI, de su índice, decretó de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados en favor del impetrante; luego determinó que era legalmente incompetente para conocer y resolver la demanda, en razón de territorio, por lo que mediante oficio 209-V, ordenó remitir los autos del citado juicio de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede 5 de 14 en Villahermosa, en turno; mismo que fue recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional el veintinueve de marzo de la presente anualidad. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. Mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se registró la demanda con el expediente 421/2022-10, se aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del mismo, se admitió la demanda de que se trata, se solicitaron informes con justificación a las autoridades señaladas como responsables, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del 6 de 14 número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 741 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia2 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados: ? La orden de deportación y su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, residente en esta ciudad, en representación del Titular de la citada dependencia y de la Sub Representante Local Encargada de la Subdirección de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco (en su denominación correcta), al rendir informe justificado admiten parcialmente los 8 de 14 actos reclamados en cuanto a que el quejoso el catorce de marzo de dos mil veintidós fue presentado ante esa estación migratoria por encontrarse sujeto a un procedimiento administrativo migratorio por encontrarse de manera irregular en este país; no obstante lo anterior, niegan la existencia de la orden de deportación en su contra y su ejecución. Para corroborar lo anterior, remitieron copia certificada de diversas constancias relativas al acto reclamado, las cuales obran glosadas en autos, a las que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". En efecto, resulta inexistente los actos reclamados consistente en la orden de deportación del quejoso y su ejecución; toda vez que de las constancias que las autoridades responsables anexaron a su referido informe, se advierte que el catorce de marzo de dos mil veintidós al ahora quejoso le fue iniciado el procedimiento administrativo migratorio por encontrarse en forma irregular en el país, mismo que fue radicado bajo el expediente INM/ORTAB/EMV/PAM/2467/2022, del índice de las autoridades responsables. 9 de 14 En acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós la autoridad responsable acordó informar al quejoso que podía solicitar su salida provisional de la Estación Migratoria, una vez satisfechos los requisitos establecido en el artículo 102 de la Ley de Migración. Posteriormente, el treinta de abril de dos mil veintidós la autoridad responsable emitió resolución de salida del quejoso de la estación migratoria para que abandonara el territorio nacional por sus propios medios ordenando dejar sin efecto el acuerdo de presentación emitido por esa autoridad migratoria. Finalmente, en esa misma fecha, le fue expedido al quejoso un oficio de salida del país a su nombre en el cual se le reitera que de conformidad con lo establecido en el artículo 137, fracción III, de la Ley de Migración, cuenta con un plazo no mayor de veinte días naturales, para que abandone el territorio nacional por sus propios medios. Sin que se advierta la existencia de alguna orden de deportación que el quejoso reclama en su demanda de amparo. De lo que se le dio vista oportuna al quejoso en proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós, en términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que desvirtuara lo anterior, lo cual era indispensable a efecto de que esta juzgadora estuviera en aptitud legal de analizar la constitucionalidad de los actos reclamados. 10 de 14 Sobre el particular, es de tomar en cuenta lo expuesto en la tesis VI.2o.A.4 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 903, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante los informes rendidos por las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dichos actos son inconstitucionales, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan los mencionados informes. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que literalmente reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Bajo ese panorama, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de los citados actos reclamados. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquéllas. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Alonso Espinel, contra actos de las autoridades señaladas como responsables, en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, en representación de las autoridades señaladas como responsables y anexo que acompaña, consistente en copia certificada de diversas constancias inherentes al acto reclamado; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la cuenta que antecede, de autos se advierte que mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se ordenó la solicitud de los informes justificados a las autoridades responsables Titular o Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco y Titular o Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, a través de los oficios 11745/2022 y 11746/2022, mismos que fueron recibidos el veintinueve de marzo del presente año; por lo que los quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que obre constancia de los referidos informes. En consecuencia, con apoyo en el artículo 75 párrafo tercero de la ley de la materia, requiérase a dichas autoridades para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que queden notificadas del presente acuerdo, remitan a este órgano jurisdiccional copias certificadas de todas y cada una de las actuaciones que se encuentren relacionadas con el acto reclamado por la parte quejosa consistente en: "La indebida e inminente ORDEN DE DEPORTACIÓN que está a punto de suceder en cuestión de horas, y que viola sus derechos humanos y garantías individuales, derechos consagrados en la Carta Magna en sus numerales 1, 11, 33 y demás relativos y aplicables, privándome de mi derecho a la libertad personal y, también el derecho a buscar la forma ordenada, pacífica y legal la calidad de refugiados humanitarios en este país ante el Instituto Nacional de Migración y/o Secretaría de Gobernación". Las cuales deberán ser legibles, foliadas, entreselladas y costuradas, en virtud de que resultan necesarias para resolver el presente asunto. Con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento realizado dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 6, visible en la página 728, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "PRUEBAS. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. REFORMAS AL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO". En consecuencia, a fin de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, difiérase la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fija de nueva cuenta para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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