Miguel Ángel Alfaro Córdova
Expediente 109/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/04/2021
Partes del expediente
- Miguel Ángel Alfaro Córdova
Actuaciones
- Principal
Solicita devolución de documento Agréguese el escrito de cuenta, signado por el quejoso..., por el cual solicita la devolución de la copia certificada de la resolución de pensión de cesantía en edad avanzada que acompañó a su escrito inicial de demanda, y autoriza para recibirla a la persona que indica en el escrito de cuenta; al respecto, se provee: Estarse a lo acordado Deberá estar a lo acordado en auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en el cual, se puso a su disposición el documento que solicita. Entréguese el mismo a la persona que designa previa razón que por su recibo se deje en autos para constancia. Para lo cual de conformidad con el artículo 6 fracción II del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la parte interesada previamente deberá agendar cita a través del sistema "Agenta OJ" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para poder ingresar a las instalaciones de este juzgado federal y obtener la copia que solicita. En el entendido que además de presentar el código "QR", se solicita el uso obligatorio de cubre bocas durante toda su estancia dentro de las instalaciones del edificio sede del Poder Judicial de la Federación, sin síntomas de enfermedad respiratoria (tos, dolor muscular, flujo nasal y/o dificultad para respirar); para lo cual deberá pasar el filtro sanitario que opera en el edificio; no tener temperatura mayor a los treinta y siete grados centígrados, usar gel antibacterial y procurar la sana distancia de cuando menos un metro y medio. Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de la autorizada de la parte quejosa. Parte quejosa proporciona datos para transferencia. Téngasele dando cumplimiento al requerimiento de dieciocho de febrero del año en curso y proporcionando los datos que le fueron solicitados a fin de que el Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Huejotzingo, Puebla realice la transferencia de las cantidades que pagó por concepto de derecho de alumbrado público; mismos que se ordena hacer del conocimiento del Tesorero responsable, a fin de que se encuentre en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se requiere a Tesorero responsable realice transferencia. Asimismo, se requiere al Tesorero responsable para que en el término de tres días legalmente computado, realice la transferencia correspondiente al pago que realizó la parte quejosa por el concepto de derecho de alumbrado público y remita copia certificada de las constancias conducentes. En el entendido que subsiste el apercibimiento de multa decretado en autos. Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con la demanda y anexos de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Vista la demanda de amparo promovida por..., por propio derecho, contra actos del Titular de la Delegación Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, consistentes en la omisión de pagarle su pensión jubilatoria correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de dos mil veinte y enero de dos mil veintiuno. Ahora bien, mediante circular SECNO/8/2021 de treinta de enero del año en curso, en atención a la sesión celebrada ese día por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal se ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en varios Circuitos Judiciales -siendo uno de ellos el estado de Puebla- del uno al nueve de febrero de dos mil veintiuno, salvo atención de casos urgentes, con las salvedades de aquellos autorizados en el esquema de trabajo del acuerdo general 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; luego, tomando en consideración el acto aquí reclamado, se le califica como urgente; y al respecto se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA: En principio, debe decirse que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben ser analizadas de oficio por el órgano jurisdiccional. En el caso, opera la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. El artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo establece que es parte en el juicio de amparo la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Señala además que para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Conforme a los artículos 1, 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en esa Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el carácter de autoridad responsable lo tienen aquellos entes que por disposición legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En consecuencia, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente contra actos que emanen de autoridades que no reúnan las notas distintivas establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, legalmente tiene reconocido un doble carácter: 1. Como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación. 2. Como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero, al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento del contrato de trabajo o bien de un convenio celebrado con el propio instituto. En cuanto al carácter de ente asegurador -que es lo que aquí interesa-, si bien la relación jurídica que existe entre el instituto y los asegurados no constituye, en todos los casos, una consecuencia directa de la existencia de un vínculo laboral, debe tomarse en cuenta que las prestaciones de seguridad social que derivan de esa relación se prevén en el artículo 123, apartado A, fracciones XX y XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales se regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del gobierno; XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderán seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares." De dicho precepto constitucional se coligen dos extremos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con finalidades diversas, pero ambas ligadas. Una, encaminada hacia los patrones y demás sujetos obligados como una institución fiscal autónoma, que cuenta con el poder de hacer efectivas las obligaciones consignadas en la Ley del Seguro Social. Otra, enfocada hacia los asegurados y sus beneficiarios como institución pública descentralizada, con el fin de brindar una prestación de seguridad social. De esta segunda característica, se colige que no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no constituyen actos de autoridad para efectos del amparo. Lo cual se corrobora en lo conducente, con el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 114/2001 al resolver la contradicción de tesis 35/2000, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito, consultable en la página 7, Tomo XIV, Septiembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 188737, que indica: SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 295 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE A CARGO DE LOS ASEGURADOS Y SUS BENEFICIARIOS LA OBLIGACIÓN DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, ANTES DE ACUDIR A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE A RECLAMAR ALGUNA DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PROPIO ORDENAMIENTO, TRANSGREDE EL DERECHO AL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA GARANTIZADO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. Conforme a lo dispuesto en el citado artículo 295, las controversias entre los asegurados y sus beneficiarios, por una parte, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, por la otra, relacionadas con las prestaciones que prevé el propio ordenamiento podrán plantearse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, siempre y cuando se agote previamente el recurso de inconformidad. Ante tal condición o presupuesto procesal, tomando en cuenta que las prestaciones contempladas en la Ley del Seguro Social tienen su origen en una relación jurídica en la que tanto los asegurados y sus beneficiarios, como el mencionado instituto, acuden desprovistos de imperio, pues aquélla deriva por lo general de una relación laboral o de la celebración de un convenio, y que a través de las diversas disposiciones aplicables el legislador ha reconocido, por su origen constitucional, la naturaleza laboral del derecho de acción que tienen aquéllos para acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a solicitar el cumplimiento de las respectivas prestaciones de seguridad social, esta Suprema Corte arriba a la conclusión de que la referida obligación condiciona en forma injustificada el derecho de acceso efectivo a la justicia que garantiza el artículo 17 de la Constitución General de la República, ya que tratándose de la tutela de prerrogativas derivadas de una relación entablada entre sujetos de derecho que acuden a ella en un mismo plano, desprovistos de imperio, no existe en la propia Norma Fundamental motivo alguno que justifique obligar a alguna de las partes a agotar una instancia administrativa antes de solicitar el reconocimiento de aquellos derechos ante un tribunal, máxime que en el caso en estudio la instancia cuyo agotamiento se exige debe sustanciarse y resolverse por una de las partes que acudió a la relación jurídica de origen; destacando, incluso, que tratándose de controversias de las que corresponde conocer a una Junta de Conciliación y Arbitraje, en el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la propia Constitución, no se sujetó el acceso efectivo de los gobernados a requisitos de esa naturaleza. Debe considerarse, además, que la regulación del referido recurso administrativo, prevista en el reglamento respectivo, desconoce los requisitos y prerrogativas que para hacer valer la mencionada acción laboral prevé la Ley Federal del Trabajo, generando un grave menoscabo a los derechos cuya tutela jurisdiccional puede solicitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por ende, como en el caso ocurre, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza actos positivos, negativos u omisivos que tengan su origen en una relación jurídica con sus asegurados, está desprovisto de su carácter de autoridad, ya que se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano y cuyas controversias deben dilucidarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, Apartado A, constitucional y en el numeral 604 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el 295 de la Ley del Seguro Social. Además, como en este último precepto legal se establece que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto, sobre las prestaciones que la referida ley les otorga, deben tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es evidente que se le da el carácter de particular al mencionado instituto, ya que puede ser demandado como tal ante la autoridad del trabajo y, por ello, es obvio que no podría sujetársele al juicio de amparo, al reclamarle actos que podrían ser enjuiciados ante otra instancia. Conforme a lo anterior, resulta evidente que el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el caso que nos ocupa, se encuentra en un plano de coordinación, pues el acto reclamado consiste en la suspensión del pago de la pensión por cesantía en edad avanzada; ello, pues de conformidad con lo señalado por el quejoso en el punto 6 del capítulo de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, se le inició un proceso judicial por supuestas inconsistencias en su edad en el acta de nacimiento que presentó cuando realizó su solicitud de pensión y que fue iniciada por la oficina de Juicios Civiles, Asuntos Especiales y Penales del Instituto Mexicano del Seguro Social De modo que los actos reclamados no son de autoridad para los efectos del juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; pues la controversia debe someterse a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en las fracciones XX y XXIX del artículo 123, apartado A, constitucional, 604 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el diverso numeral 295 de la Ley del Seguro Social. Las consideraciones aquí expuestas, se robustecen con aquellas sostenidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 129/2011, resuelta en sesión de once de julio de dos mil once, bajo la ponencia del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que a continuación se refieren: Como puede apreciarse, la naturaleza de organismo fiscal autónomo con que se encuentra investido el Instituto Mexicano del Seguro Social, está relacionada con las facultades que la ley le otorga en materia de recaudación, administración, determinación y liquidación de las contribuciones que conforme, al artículo 2, fracción II y penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, tienen la naturaleza de aportaciones de seguridad social." "Entonces, si el artículo 15, fracción III, de la Ley del Seguro Social, impone a los patrones la obligación de determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al Instituto Mexicano del Seguro Social; resulta que éste se erige como órgano fiscal autónomo siempre que, en ejercicio de sus facultades, despliegue su potestad jurídica para exigir el cumplimiento a los patrones y demás sujetos obligados de sus obligaciones en materia de seguridad social. En cuanto al carácter que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social como organismo fiscal autónomo, resultan ilustrativas las siguientes tesis de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubros y textos, a continuación se reproducen: Número de Registro IUS: 200,146. Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, abril de 1996 Tesis: P. LII/96 Página: 121. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. TIENE CARÁCTER DE ORGANISMO FISCAL AUTÓNOMO CON TODAS LAS FACULTADES INHERENTES. (no se transcribe el texto) Número de Registro IUS: 371,138 Quinta Época Instancia: Cuarta Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XCIII Página: 1580 SEGURO SOCIAL, INSTITUTO MEXICANO DEL, CUANDO ACTÚA COMO AUTORIDAD Y CUANDO NO TIENE ESE CARÁCTER. (no se transcribe el texto) En cambio, la relación jurídica que une al Instituto Mexicano del Seguro Social con los asegurados y sus beneficiarios no es la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad. Lo anterior se dice así, debido al contenido de los artículos 2, 4, 5 A, fracciones IX, XI, XII, XIII y XIV, 6, 7, 8, 10, 11 y 12, fracción I, de la Ley del Seguro Social, que disponen: (los transcribe) De los artículos en cita, considerando incluso el numeral 5 de la misma ley, previamente transcrito, se puede afirmar que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el organismo público descentralizado encargado de administrar el seguro social, como instrumento básico de la seguridad social, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. La seguridad social prevista en la Ley del Seguro Social, y que se encuentra a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra dirigida, en un primer nivel, a la protección de los trabajadores, y en un nivel ulterior a sus beneficiarios, quienes para ser acreedores a las prestaciones de seguridad social deberán satisfacer los requisitos previstos por la misma ley y sus reglamentos. Por tanto, cuando un asegurado o su beneficiario solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social cualquier prestación de seguridad social prevista en la ley, dicho Instituto se encuentra en la relación jurídica como ente asegurador, porque al resolver cualquier petición sobre ese particular, no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de cualquier pensión que será garantizada por el Estado, de forma que está sometido al imperio de la ley, a favor del asegurado." "Todo lo expuesto, pone de manifiesto que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter, como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados, y como órgano asegurados frente a los asegurados y sus beneficiarios. Como consecuencia de lo expuesto, puede afirmarse que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social resuelve un recurso de inconformidad que interpone un patrón o sujeto obligado, lo hace en su carácter de organismo fiscal autónomo en cuyo caso, se erige en autoridad con plena potestad de decisión." "En cambio, cuando el recurso de inconformidad es planteado por un asegurado o beneficiario, aun cuando sea optativo interponerlo, respecto de las prestaciones en especie o dinero de seguridad social que otorga la Ley del Seguro Social, si bien el citado Instituto cuenta con atribuciones para decidir sobre la procedencia de la prestación mediante la resolución del recurso de inconformidad, no se encuentra investido de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación. Incluso, debe decirse que el artículo 295 de la citada Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que la propia Ley otorga, serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esto significa que las resoluciones que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto por los asegurados o beneficiarios respecto de las prestaciones que otorga la ley, no tienen el carácter de acto de autoridad, porque la propia norma jurídica determina, categóricamente, que las controversias de esa índole serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que, evidentemente, el Instituto no puede acudir como autoridad. En conclusión se afirma que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y b) De órgano asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero que otorga la Ley del Seguro Social. En tal virtud, la resolución emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social que otorga la ley, no tiene el carácter de acto de autoridad; por una parte, porque si bien cuenta con facultades para determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, no se encuentra investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que, evidentemente, el Instituto no puede acudir como autoridad. De las consideraciones transcritas, derivó la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, visible en la página 1511 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro electrónico 160995, del rubro y texto siguiente: SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. Orienta también por compartirla, la tesis aislada I.6o.T.175 L del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1132 del Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 183805, que dice: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA REDUCCIÓN QUE EFECTÚE A UNA PENSIÓN OTORGADA CONFORME A LA LEY QUE LO RIGE, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Si en el juicio de amparo se impugna como acto reclamado la reducción de una pensión otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a la ley que lo rige, debe considerarse que el mismo no fue dictado en ejercicio de una potestad pública, pues se trata de un acto emanado de la relación entre trabajador y órgano asegurador y no de autoridad alguna para los efectos del juicio constitucional pues, en la especie, el citado Instituto Mexicano del Seguro Social no está investido con facultades o poderes de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa; y por ello, no puede hacer cumplir sus determinaciones en forma coercitiva ya que, en el caso, se trata de una decisión particular como organismo asegurador, es decir, en tal hipótesis el Instituto Mexicano del Seguro Social actúa como órgano asegurador y tanto es así, que el artículo 275 de la anterior Ley del Seguro Social vigente al 30 de junio de 1997 establece que este tipo de controversias podrán dirimirse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sin que sea necesario agotar previamente el recurso de inconformidad ante el consejo técnico. De lo anterior resulta que la parte quejosa, en su carácter de trabajador y titular de los derechos de seguridad social, se duele de que la pensión por cesantía en edad avanzada que le fue otorgada, fue suspendida en virtud de encontrarse abierto un proceso judicial por supuestas inconsistencias en su edad en el acta de nacimiento que presentó cuando realizó su solicitud de pensión. Ahora bien, dado que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha suspendido la pensión de cesantía en edad avanzada previamente otorgada a la parte quejosa, a virtud de que se encuentra abierto un proceso judicial, resulta claro que se le atribuye el carácter de ente asegurador, a cuyo cargo tiene el brindar servicios de seguridad social, cuyos fines se contemplan en la Ley del Seguro Social, y en tales condiciones evidencian que se trata de un conflicto entre partes: asegurado y asegurador, que se traduce en una relación de coordinación donde el seguro social actúa como subrogatario del patrón. Tal situación se ubica en el contenido del artículo 295 de la Ley del Seguro Social, que concede acción a los asegurados para acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por la existencia de controversias con el organismo asegurador; donde podrá ser oída y vencida en juicio, y en uso de su derecho de audiencia, podrá plantear las condiciones atinentes a su aseguramiento y afiliación ante el seguro social, ofrecer pruebas, continuar el procedimiento respectivo, y que se le administre justicia. Los alcances del acto reclamado, que dan la posibilidad a la parte quejosa para acudir al juicio laboral a demandar al Seguro Social, conducen a establecer que el juicio de garantías es improcedente, pues como ya se dijo, en el caso se concreta la causal de improcedencia prevista la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de dicha ley. En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de amparo por su notable improcedencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase por autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a los profesionistas que señala en el ocurso de demanda. CONTACTO DE LA PARTE QUEJOSA. Por otro lado, téngase a la citada parte señalando como datos únicamente de contacto el correo electrónico... y el número telefónico..., lo anterior con fundamento en la fracción II, del artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; sin que ello implique que a través del correo electrónico que proporciona se le pueda practicar notificaciones, toda vez que dicho medio no se encuentra contemplado, ni regulado en la Ley de Amparo. SE EXHORTA A LAS PARTES HAGAN USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. Asimismo, se exhorta a las partes acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 22, primer párrafo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Con fundamento en el artículo 27 fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado a fin de que practiquen las notificaciones que correspondan al presente juicio en la zona conurbada del lugar de residencia de este Juzgado, cuando así se requiera. DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y el capítulo cuarto denominado Del expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de los expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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