Miguel Ángel Alcalá
Expediente 227/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 227/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Miguel Ángel Alcalá
Actuaciones
- Principal
. De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito signado por la parte quejosa por el cual cumple con la prevención realizada por auto de radicación. Análisis de la demanda y escrito aclaratorio. Del análisis integral del escrito de demanda, así como del escrito aclaratorio, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La resolución de dos de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se calificó y no aprobó el convenio planteado dentro de los autos del expediente ****, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 de esta ciudad. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Una vez que se precisó el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". De la interpretación armónica de los citados artículos, debe precisarse que el primero refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En efecto, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la Justicia Federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Lo anterior, tiene sustento en las consideraciones vertidas en la ejecutoria que da origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I., Materia Común, Décima Época, registro digital 2006589, página 39, del rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En el caso, se reclama la resolución emitida el dos de septiembre de dos mil veintiuno, por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 en esta ciudad, dentro del expediente 658/2018, promovido por Miguel Ángel Alcalá, también conocido como Miguel Ángel Alcalá Díaz, contra la Comunidad Indígena de San Miguel Aquila, municipio de Aquila, Michoacán y la empresa "Las Encinas", sociedad anónima de capital variable; en la que en la que se calificó y no aprobó el convenio celebrado entre las partes del citado expediente, lo que no produce una afectación material a derechos sustantivos de la parte quejosa, en tanto que constituye una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, ya que su consecuencia es que el tribunal agrario prosiga en el conocimiento y, en su momento, dicte la resolución correspondiente. De ese modo, se obtiene que las consecuencias de la resolución combatida únicamente afectan un derecho de naturaleza adjetiva o procesal y no sustantivo en el que sí sería procedente el presente juicio de amparo indirecto. Sin embargo, al no estar en presencia de dichos casos, los efectos de la resolución reclamada son meramente procesales y, por ende, no generan a la parte quejosa un acto de imposible reparación, es decir, violación a los derechos sustantivos del gobernado consagrados en la constitución, como lo podría ser el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera, según se ha definido por diversos criterios jurisprudenciales, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, la resolución reclamada solo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, pues se insiste, no afecta sus derechos de audiencia, seguridad jurídica y acceso a la justicia como aduce, ya que en caso de obtener una sentencia que no sea favorable a sus intereses, la parte quejosa estará en aptitud de promover amparo directo donde podrá reclamar no solo las violaciones cometidas al dictar la sentencia, sino también las violaciones suscitadas en la secuela procesal, siempre y cuando trascienda al resultado del fallo, mas no puede impugnarlo de forma independiente y autónoma, como lo pretende. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 24/92, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, agosto de 1992, página 11; del siguiente rubro y texto: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis XLVIII/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015; Tomo I; página 1070, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen". De igual forma, robustece lo anterior la jurisprudencia con número de registro digital 363440, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, de la Quinta Época, Materia Civil, Tomo XXXIII, página 1666, que a la letra dice: "CONVENIOS JUDICIALES. Un convenio judicial tiene el carácter de sentencia ejecutoriada, y para su cumplimiento, debe estarse en todo y por todo, a las disposiciones legales que existen para la ejecución de sentencias. Es incuestionable que el procedimiento posterior al auto de aprobación de un remate, verificado en ejecución de un convenio judicial, es parte integrante del procedimiento de ejecución, y por lo mismo, no es exacto que por tratarse de una primera notificación, ya que el convenio pone fin al juicio, debe hacerse aquella, necesariamente, en forma personal, pues como ya se dijo, las diligencias sobre cumplimiento del convenio, son anexas al procedimiento principal, y si cabe hacer la notificación personalmente, se cumple haciéndola en los términos que se haya estipulado en el convenio; y si en éste, se establece expresamente que las notificaciones aun las personales, se harán en determinada forma, cumpliéndose con esta forma, queda bien hecha la notificación. Así como de manera orientadora, interpretada a contrario sensu, la diversa tesis aislada, V.1o.76 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de la Octava Época, Materia Administrativa, de rubro y texto siguientes: "CONVENIO AGRARIO, SUSCRITO POR LAS PARTES Y APROBADO POR EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. TIENE EL CARACTER DE SENTENCIA. Si el acto reclamado lo constituye la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario, con estricto acatamiento a lo establecido en la fracción VI, del artículo 185, de la Ley Agraria vigente, la cual precisa, el que en cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el Tribunal exhortará a las partes a una composición amigable y si ésta se da, deberá considerarse terminado el juicio suscribiéndose el convenio respectivo, el que una vez calificado y en su caso aprobado por el Tribunal tendrá el carácter de sentencia. En tal virtud, el acto reclamado por el quejoso, no es de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de sus derechos fundamentales tutelados por la Constitución o por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sino que únicamente tienen efectos intraprocesales. Por lo tanto, el promovente debe esperar a que se dicte la sentencia definitiva, para que en su caso, en el amparo directo que promueva contra aquella, haga valer como violación procesal lo que ahora reclama, siempre y cuando trascienda al resultado del fallo, mas no puede impugnarlo de forma independiente y autónoma, como lo pretende. Es así, pues las consecuencias de la resolución combatida únicamente afectan un derecho de naturaleza adjetiva o procesal y no sustantivo en el que sí sería procedente el presente juicio de amparo indirecto. Sin embargo, al no estar en presencia de dichos casos, los efectos de la resolución reclamada son meramente procesales y, por ende, no generan a la parte quejosa un acto de imposible reparación, es decir, violación a los derechos sustantivos del gobernado consagrados en la constitución, como lo podría ser el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera, según se ha definido por diversos criterios jurisprudenciales, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En virtud de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente, este último interpretado a contrario sensu, al no ser de imposible reparación el acto reclamado, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **** quien se ostenta apoderada de Miguel Ángel Alcalá también conocido como *****, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, con sede en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 227/2022-VIII. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: ".VI.- ACTO QUE SE RECLAMA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- Los actos reclamados emanan de expediente número 658/2018, del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38 de Colima, Colima. La ilegal sentencia interlocutoria para la calificación y en su caso, aprobación del convenio que suscribieron las partes en el juicio agrario 658/2018, promovido por Miguel Ángel Alcalá también conocido como Miguel Ángel Alcalá Díaz en contra de la Comunidad Indígena de "****, municipio de ****, Michoacán y la empresa "*****" sociedad anónima de capital variable;. De lo anterior, es evidente que el acto que reclama el quejoso es la interlocutoria dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós en el juicio agrario 658/2018, en la cual no es factible que sea violado el artículo 22 constitucional, en todo caso puede ser violatorio del artículo 16 del ordenamiento legal invocado, por lo que dicho acto no se encuentra dentro de los supuestos previstos para la concesión de la suspensión de oficio y de plano, pues dicha resolución interlocutoria no puede ordenar o autorizar, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Luego, es evidente que de los hechos que reclama el promovente, ninguno encuadra en las hipótesis señaladas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en consecuencia, la demanda debe ser presentada por el quejoso, su representante legal, o si es materia penal, su defensor, como lo señala el ordinal 6 de la citada ley. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se aprecia que la promovente **** se ostenta apoderada de Miguel Ángel Alcalá también conocido como *****, sin embargo, el documento que anexa a la demanda y con el cual pretende acreditar la representación del directo quejoso, carece de validez probatoria, porque se trata de una resolución interlocutoria certificada de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, de la que no se advierte que la autoridad agraria le haya reconocido a ****, el carácter de apoderada de ***** también conocido como ******, para representarlo en el juicio agrario de origen en el que tiene el carácter de parte actora. Prevención Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, fracción I, así como 114 fracciones II y III, en relación con el 110, de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con copias suficientes del escrito aclaratorio y del documento que acredite su personalidad para correr traslado a las partes, dé cumplimiento a lo siguiente: Exhiba el documento idóneo con el que se acredite la personalidad para promover el presente juicio de amparo en representación del directo quejoso de **** también conocido como ****. Apercibimiento. Se apercibe al promovente que, en caso de incumplir con lo requerido o que lo haga de manera extemporánea, de conformidad con el artículo 114 de la Ley, se tendrá por no presentada la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de Jurisprudencia P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 48, Tomo IV, Julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que reza: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cabe señalar que con la anterior determinación no se desatiente la jurisprudencia 1a./J. 25/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Tomo I, página 827, cuyo rubro y contenido dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar cuyo objetivo no sólo es preservar su materia mientras se resuelve el asunto -al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación-, sino también evitar que se causen al quejoso daños de difícil reparación. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión se otorgará cuando la naturaleza del acto impugnado lo permita y bajo las condiciones que determine la respectiva ley reglamentaria. Por su parte, el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la suspensión se concederá de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Ahora bien, si no se admite la demanda y se previene al quejoso para que subsane alguna irregularidad, el órgano de control constitucional debe otorgar dicha medida cautelar en el propio auto en el que formula ese requerimiento, ya que de lo contrario, se permitiría la posible ejecución de los actos prohibidos por el artículo 22 aludido". Lo anterior, en virtud de que como se dijo en párrafos que anteceden, de la demanda no se aprecia que el quejoso con relación a las responsables haya sufrido intimidación, coacción, amenazas, tortura, pues como ya se señaló los no puede violarse los derechos humanos previstos en el artículo 22 Constitucional, pues el acto reclamado consiste en una interlocutoria en la que no se aprobó un convenio por el Tribunal Unitario Agrario número 38, con residencia en esta ciudad, en el juicio agrario 658/2018. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, toda vez que señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
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