Miguel Ángel Albarrán Hernández

Expediente 1293/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1293/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/01/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Albarrán Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa, Veracruz, nueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 21, inciso d) y penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo origen del juicio de amparo en que se actúa; asimismo, una vez cumplido el plazo de conservación de tres años que se indica en el primer párrafo del artículo en cita, posterior al dictado del acuerdo de archivo, se procederá a su destrucción, esto, con posterioridad al NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS, acorde a lo establecido en dicho numeral. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese como corresponda.

  2. Principal

    Xalapa, Veracruz, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario de este juzgado de notificar el proveído de veintiuno de diciembre del año en curso, al quejoso Manuel Ricardo Manuel Baeza Zarate, debido a que no hay registro de su nombre en la base de datos del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz; por lo tanto, toda vez no obra domicilio diverso donde efectuarle notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena efectuarle la notificación de mérito y las subsecuentes que deriven de este juicio por lista de acuerdos. Notifíquese como corresponda. Xalapa, Veracruz; veintiuno de 11 diciembre de dos mil veintidós. 12 Vista la demanda de amparo promovida 13 por Manuel Ricardo Manuel Baeza Zarate, 14 Miguel Ángel Albarrán Hernández, Oscar 15 Roberto Cárdenas Gaytán, Leonardo 16 Jiménez Hernández, Alejandro Guevara 17 Gil, Jesús Josvan Valdez Espino y Juan 18 Alberto Beristaín Ramón, contra actos del 19 Director General del Centro Federal de 20 Readaptación Social Número 5 Oriente, 21 con sede en Villa Aldama, Veracruz, y 22 otras autoridades; fórmese el expediente, 23 captúrese su ingreso en el Sistema Integral SILVIA CLEMENTINA OCHOA CASTILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.47.b8 27/10/23 12:28:29 1 de Seguimiento de Expedientes y anótese 2 en el Libro de Gobierno con el número de 3 juicio 1293/2022/MV-B, que le corresponde. 4 En este sentido, analizado el escrito 5 inicial de demanda, se considera procedente 6 efectuar el pronunciamiento siguiente: 7 DESECHAMIENTO 8 El artículo 113 de la Ley de Amparo 9 prevé que el Juez de Distrito, ante todo, 10 examinará la demanda de amparo y, en 11 caso de que encuentre un motivo 12 manifiesto e indudable de improcedencia, 13 deberá desecharla de plano. 14 Ahora, del estudio integral de la 15 demanda de amparo se advierte que los 16 promoventes pretenden combatir en esta 17 vía, la falta de atención médica adecuada 18 y especializada, cancelación de visitas 19 familiares e íntimas, así como la omisión 20 de proporcionarles ropa térmica, 21 alimentación nutritiva y balanceada y 22 agua potable caliente. SILVIA CLEMENTINA OCHOA CASTILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.47.b8 27/10/23 12:28:29 ????????????????A???????A????????????????? 1 A lo anterior, resulta aplicable la 2 jurisprudencia XX.1o. J/44, sustentada por 3 el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo 4 Circuito, consultable en la Novena Época 5 del Semanario Judicial de la Federación y 6 su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, 7 página 519, registro digital 197919, de rubro 8 y texto: 9 "DEMANDA DE AMPARO. PARA 10 SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE 11 COMO UN TODO. La demanda de amparo 12 debe ser considerada como un todo, por 13 tanto, la designación de los actos 14 reclamados y la expresión de los conceptos 15 de violación deben buscarse en cualquier 16 parte de la misma, aunque no sea en el 17 capítulo que les debe corresponder, ya que 18 aun cuando es costumbre señalar cada 19 elemento en un lugar propio o destacado, 20 no existe precepto legal alguno que 21 establezca que ello es un requisito formal y 22 solemne que sea indispensable para el SILVIA CLEMENTINA OCHOA CASTILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.47.b8 27/10/23 12:28:29 1 estudio de todas las cuestiones planteadas 2 en la demanda." 3 No se inadvierte, que en el 4 apartado del acto reclamado señalan como 5 tal tortura física y tratos crueles inhumanos; 6 sin embargo, tanto de los antecedentes del 7 acto reclamado como del capítulo relativo a 8 la suspensión de plano, se advierte que ello 9 lo hacen derivar de la falta de atención 10 médica, así como de la omisión de 11 proporcionarles ropa térmica, agua potable 12 caliente y una alimentación nutritiva y 13 balanceada, de ahí que únicamente se 14 tenga como acto reclamado el precisado en 15 párrafos que anteceden. 16 En ese orden de ideas, la demanda 17 de amparo es notoriamente 18 improcedente, lo que conduce a 19 desecharla de plano, de conformidad con 20 lo previsto en el artículo 113 de la Ley de 21 Amparo, que a letra dispone: 22 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional SILVIA CLEMENTINA OCHOA CASTILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.47.b8 27/10/23 12:28:29 ????????????????A???????A????????????????? 1 que conozca del juicio de amparo indirecto 2 examinará el escrito de demanda y si 3 existiera causa manifiesta e indudable de 4 improcedencia la desechará de plano". 5 El dispositivo transcrito establece que 6 el juez de amparo tiene la obligación de 7 estudiar la demanda de garantías y de 8 encontrar un motivo manifiesto e 9 indudable de improcedencia, debe 10 desecharla de plano. 11 Ello, tomando como base que lo 12 manifiesto se da cuando el motivo de 13 improcedencia se advierte en forma patente 14 y absolutamente clara de la lectura del 15 ocurso. 16 Por su parte, lo indudable resulta de 17 la certidumbre y plena convicción que se 18 tenga de que la causa de improcedencia en 19 estudio es operante en el caso concreto, de 20 tal modo que aun cuando se admitiera la 21 demanda y se substanciara el 22 procedimiento, no resultara factible formarse SILVIA CLEMENTINA OCHOA CASTILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.47.b8 27/10/23 12:28:29 1 una convicción diversa, independientemente 2 de los elementos que eventualmente 3 pudieran allegar las partes. 4 Tal consideración se encuentra 5 sustentada por la Tesis I.1o.A. J/4 emitida 6 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 7 Administrativa del Primer Circuito, 8 consultable a página ochocientos noventa, 9 tomo VII, del Semanario Judicial de la 10 Federación y su Gaceta, mayo de mil 11 novecientos noventa y ocho, Novena Época, 12 cuyo rubro es el siguiente: 13 "DESECHAMIENTO DE LA 14 DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE 15 IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E 16 INDUDABLE." 17 Así, este Juzgado de Distrito estima 18 que se actualiza, de manera indudable y 19 manifiesta, la causa de improcedencia 20 prevista por el artículo 61, fracción XX, de 21 la Ley de Amparo, que establece: SILVIA CLEMENTINA OCHOA CASTILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.47.b8 27/10/23 12:28:29 ????????????????A???????A????????????????? 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es 2 improcedente: 3 (.) 4 XX. Contra actos de autoridades 5 distintas de los tribunales judiciales, 6 administrativos o del trabajo, que deban ser 7 revisados de oficio, conforme a las leyes 8 que los rijan, o proceda contra ellos algún 9 juicio, recurso o medio de defensa legal por 10 virtud del cual puedan ser modificados, 11 revocados o nulificados, siempre que 12 conforme a las mismas leyes se suspendan 13 los efectos de dichos actos de oficio o 14 mediante la interposición del juicio, recurso 15 o medio de defensa legal que haga valer el 16 quejoso, con los mismos alcances que los 17 que prevé esta Ley y sin exigir mayores 18 requisitos que los que la misma consigna 19 para conceder la suspensión definitiva, ni 20 plazo mayor que el que establece para el 21 otorgamiento de la suspensión provisional, 22 independientemente de que el acto en sí SILVIA CLEMENTINA OCHOA CASTILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.47.b8 27/10/23 12:28:29 1 mismo considerado sea o no susceptible de 2 ser suspendido de acuerdo con esta Ley. 3 No existe obligación de agotar tales 4 recursos o medios de defensa, si el acto 5 reclamado carece de fundamentación, 6 cuando sólo se aleguen violaciones directas 7 a la Constitución o cuando el recurso o 8 medio de defensa se encuentre previsto en 9 un reglamento sin que la ley aplicable 10 contemple su existencia. 11 Si en el informe justificado la 12 autoridad responsable señala la 13 fundamentación y motivación del acto 14 reclamado, operará la excepción al principio 15 de definitividad contenida en el párrafo 16 anterior; 17 (.)". 18 De acuerdo con la disposición 19 transcrita, el promovente antes de acudir al 20 juicio de amparo contra actos de 21 autoridades distintas de los tribunales 22 judiciales, administrativos o del trabajo, SILVIA CLEMENTINA OCHOA CASTILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.47.b8 27/10/23 12:28:29 ????????????????A???????A????????????????? 1 debe agotar previamente algún recurso o 2 medio de defensa legal por virtud del 3 cual pueda ser modificado, revocado o 4 nulificado el acto reclamado. 5 Lo anterior, siempre que conforme 6 con las mismas leyes se suspenda el efecto 7 de dicho acto de oficio o mediante la 8 interposición del juicio, recurso o medio de 9 defensa legal que haga valer el promovente, 10 con los mismos alcances que los que prevé 11 la Ley de Amparo y sin exigir mayores 12 requisitos que los que la misma 13 consigna para conceder la suspensión 14 definitiva, ni plazo mayor que el que 15 establece para el otorgamiento de la 16 suspensión provisional, independientemente 17 de que el acto en sí mismo sea 18 considerado, o no, susceptible de ser 19 suspendido de acuerdo con esa ley. 20 Por otra parte, debe decirse que los 21 artículos 1, 2, 9, 30, 74 a 78, 107 a 116 y 22 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución SILVIA CLEMENTINA OCHOA CASTILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.47.b8 27/10/23 12:28:29 1 Penal, cuyo ámbito de aplicación es para 2 todas las personas privadas de la 3 libertad, sin importar el estado en que se 4 encuentre su proceso penal, prevén un 5 mecanismo de control que incide 6 respecto de las condiciones de 7 internamiento de las personas en 8 reclusión. 9 El cual, otorga la posibilidad de 10 formular peticiones administrativas y que 11 cumple con todas las características de un 12 medio de defensa sencillo, rápido y eficaz; 13 por lo que, los internos se encuentran 14 facultados para reclamar sin mayores 15 formalismos, ante la autoridad penitenciaria 16 o el juez respectivo, las omisiones 17 inherentes a sus condiciones de 18 internamiento. 19 Condiciones relacionadas con su 20 salud, lugar de reclusión, cambio de 21 módulos, estancias, dormitorios, 22 alimentación, entrega de vestimenta y SILVIA CLEMENTINA OCHOA CASTILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.47.b8 27/10/23 12:28:29 ????????????????A???????A????????????????? 1 artículos personales y, en general, con 2 todos los actos que afecten sus 3 condiciones de vida digna y segura en 4 reclusión. 5 Además, el citado instrumento ofrece 6 una asistencia continua y personalizada al 7 recluso, pues en ciertos supuestos, podrán 8 acudir de manera directa a la autoridad 9 penitenciaria a explicarle su petición, la 10 razón de ésta y a ofrecer las pruebas que 11 estime conducentes para apoyarla. 12 De igual manera, la autoridad 13 penitenciaria, con la finalidad de proteger 14 los derechos de los internos, deberán 15 allegarse oficiosamente de las pruebas 16 necesarias para responder de manera 17 óptima la petición. 18 También, ofrece la posibilidad que la 19 violación reclamada sea reparada por la 20 autoridad penitenciaria y que la persona 21 privada de su libertad impugne ante el juez 22 de ejecución o control, según SILVIA CLEMENTINA OCHOA CASTILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.47.b8 27/10/23 12:28:29 1 corresponda, la respuesta de la citada 2 autoridad si estima que es contraria a sus 3 intereses; o bien, la omisión de dar 4 contestación a la petición relativa. 5 Pues dispone que si la petición no 6 fuera resuelta dentro del plazo legal, el 7 peticionario del amparo estaría en 8 posibilidad de agotar el procedimiento 9 y los medios de impugnación 10 específicamente determinados por la Ley 11 Nacional de Ejecución Penal, ante el Juez 12 de Ejecución. 13 Quien tiene la facultad de conocer 14 de controversias relacionadas, entre otras 15 cosas, con las condiciones de 16 internamiento y cuestiones relacionadas 17 con las mismas. 18 Asimismo, establece la posibilidad de 19 apelar la determinación del juez en caso 20 de considerar que ésta es contraria a sus 21 derechos. SILVIA CLEMENTINA OCHOA CASTILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.47.b8 27/10/23 12:28:29 ????????????????A???????A????????????????? 1 Del mismo modo, el mecanismo de 2 control establece que cuando el acto 3 omisivo constituya un caso urgente, el 4 interno tendrá la posibilidad de acudir 5 directamente ante el juez correspondiente, 6 quien previamente a resolver en definitiva, 7 suspenderá de oficio y de inmediato el 8 acto de ser positivo, o bien, si es un acto 9 omisivo, ordenará a la autoridad 10 penitenciaria, también de oficio y de 11 inmediato, que realice las acciones 12 positivas correspondientes. 13 Igualmente, dicho mecanismo de 14 control otorga la facultad a la parte 15 legitimada para que sea ella quien decida 16 optar por la petición administrativa no 17 urgente, o bien, la petición administrativa 18 por caso urgente, así como la posibilidad 19 real y efectiva de que el acto omisivo, de 20 ser procedente, sea suspendido e incluso 21 que las autoridades administrativas realicen 22 las acciones positivas necesarias a fin de SILVIA CLEMENTINA OCHOA CASTILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.47.b8 27/10/23 12:28:29 1 que la omisión reclamada cese de inmediato 2 o deje de existir. 3 Atento a lo expuesto, quien se duele 4 de la afectación de un derecho, primero 5 debe ejercer su acción en la instancia 6 jurisdiccional, ante quien solo basta la 7 simple petición de la suspensión del acto 8 reclamado y, solo en el caso que agotado 9 el trámite la decisión final no le satisfaga, 10 puede acudir a la instancia 11 constitucional. 12 Además, en relación con lo anterior, el 13 Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, 14 en la jurisprudencia PC.III.P. J/18 P (10a.), 15 determinó que entre los actos que 16 conforman las condiciones de 17 internamiento, se encuentran la falta o 18 negativa de atención médica adecuada, 19 sea o no urgente. 20 Bajo estas premisas, en el caso, se 21 observa que los quejosos hacen consistir el 22 acto reclamado en la falta de atención 1 médica adecuada y especializada, 2 cancelación de visitas familiares e 3 íntimas, así como la omisión de 4 proporcionarles ropa térmica, 5 alimentación nutritiva y balanceada y 6 agua potable caliente. 7 Actos que inciden directamente en las 8 condiciones de internamiento de los 9 quejosos; por lo tanto, se deduce que contra 10 aquél puede interponer a su favor, sin 11 mayores formalidades y auxiliado por la 12 propia autoridad carcelaria, petición 13 administrativa. 14 Y, en caso de que ésta resultara en 15 sentido contrario a sus intereses, se 16 emitiera fuera del término legal, o bien, no 17 se diera contestación a la misma; los 18 peticionarios del amparo estarían en 19 posibilidad de agotar el procedimiento y 20 los medios de impugnación 21 específicamente determinados por la Ley 27/10/23 12:28:29 1 Nacional de Ejecución Penal, ante el Juez 2 de Ejecución. 3 Es aplicable al caso, la jurisprudencia 4 PC.III.P. J/18 P (10a.), emitida por el Pleno 5 en Materia Penal del Tercer Circuito, visible 6 en la página 1701, Libro 58, Septiembre de 7 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario 8 Judicial de la Federación, identificada con 9 número de registro 2017822 y rubro: 10 "PERSONAS PRIVADAS DE SU 11 LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS 12 RELACIONADOS CON LAS 13 CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, 14 COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE 15 ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA 16 URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL 17 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 18 PETICIONES Y LOS MEDIOS DE 19 IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY 20 NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, 21 PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO 22 DE AMPARO." 1 Ahora bien, toda vez que del estudio 2 integral de la demanda de amparo y de los 3 antecedentes de la misma, se advierte que 4 los quejosos no agotaron el 5 procedimiento previamente referido, esto 6 es, no formularon la petición administrativa 7 correspondiente ni acudieron ante el Juez 8 de Ejecución a hacer valer los medios de 9 defensa que la Ley de Ejecución le 10 concede, se deduce que se actualiza la 11 causa de improcedencia invocada. 12 Lo anterior es así, ya que por virtud de 13 la condición de los internos en un centro de 14 reclusión, le son aplicables los 15 procedimientos y mecanismos de protección 16 previstos en la Ley Nacional de Ejecución 17 Penal, de ahí que resultaría innecesario 18 esperar al resultado de la tramitación del 19 juicio, si de cualquier forma la evaluación 20 posterior del acto, en ese mismo escenario, 21 no conduciría a una conclusión distinta. 1 Sirve de apoyo a lo anterior la 2 jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), 3 sustentada por la Primera Sala de la 4 Suprema Cortes de Justicia de la Nación, 5 consultable en la página 230, Libro 61, 6 Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta 7 del Semanario Judicial de la Federación, de 8 rubro: 9 "OMISIONES INHERENTES A LAS 10 CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. 11 PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA 12 PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE 13 AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL 14 PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE 15 EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR 16 AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." 17 Pues opinar lo contrario, daría lugar a 18 una situación permanente de inseguridad 19 jurídica en relación con todos los actos de 20 autoridad, al dejarse al arbitrio de los 21 gobernados interponer o no los recursos 22 previstos en la ley ordinaria contra los actos 1 que se señalan como reclamados, lo que 2 resulta ajeno y contrario a los fines que 3 persigue el juicio de amparo y la propia 4 Constitución Federal. 5 Luego, si bien la causa de 6 improcedencia prevista en el artículo 61, 7 fracción XX de la Ley de Amparo, prevé una 8 hipótesis de excepción, lo cierto es que este 9 juzgado estima que la misma no se 10 actualiza, por las consideraciones 11 siguientes. 12 En principio, cabe destacar que la Ley 13 Nacional de Ejecución Penal, entró en 14 vigor desde el diecisiete de junio de dos 15 mil dieciséis, esto es, con posterioridad a 16 la entrada en vigor de la Ley de Amparo 17 vigente, publicada en el Diario Oficial de la 18 Federación el dos de abril de dos mil 19 trece. 20 Ahora bien, de la lectura integral de 21 dicha Ley Nacional, se advierte que la 22 intención del legislador, fue la de crear un 1 órgano (Juez de Ejecución) encargado de 2 garantizar que las personas privadas de la 3 libertad, gocen durante el tiempo que deba 4 durar la medida de internamiento decretada, 5 de los derechos y garantías fundamentales 6 que le reconoce la Constitución, los 7 Tratados Internacionales, demás 8 disposiciones legales y esa ley, ello de 9 conformidad con lo dispuesto en los 10 artículos 25, fracción I del citado cuerpo de 11 leyes. 12 Dicha autoridad que además, tiene la 13 obligación de promover, respetar, proteger y 14 garantizar dichos derechos humanos, 15 conforme a lo previsto por el numeral 73 de 16 la citada ley. 17 Por otra parte, no debe perderse de 18 vista que, aun cuando el juicio de amparo es 19 un medio extraordinario de defensa que 20 garantiza la protección de los derechos 21 humanos, lo cierto es que, solamente está 22 para cuando no existe alguna autoridad 1 con facultades constitucionales para 2 remediar dichas violaciones a esos 3 derechos humanos, como en el caso, que 4 el legislador mexicano decidió otorgar la 5 facultad de garante como Juez Natural de 6 esos derechos fundamentales previstos en 7 la Constitución y los Tratados 8 Internacionales de Derechos Humanos, al 9 Juez de Ejecución. 10 Además, la herramienta prevista en la 11 citada Ley Nacional, favorece en gran 12 medida a los internos y partes legitimadas 13 para promoverla, debido a que su 14 tramitación es mucho más breve que la de 15 un juicio de amparo indirecto. 16 Máxime que, el legislador en la Ley 17 Nacional de Ejecución Penal, previó una 18 mayor protección de derechos humanos que 19 la propia Ley de Amparo, en virtud de que, 20 en el amparo únicamente la protección 21 es relativa, esto es, solo para quien 22 promueve el juicio de amparo. 1 Sin embargo, el legislador en el 2 artículo 128 de dicha Ley Nacional, le otorgó 3 al Juez de Ejecución, la herramienta de 4 protección erga homnnes a través de 5 realizar una declaratoria de un estado de 6 cosas inconstitucional, es decir, con 7 efectos no solo para el quejoso o quien 8 promueve la petición administrativa o el 9 recurso, sino también para otros que no 10 promovieron el medio de defensa. 11 En tal sentido, como ya se precisó, los 12 impetrantes de amparo deben de acudir 13 ante el Juez de Ejecución, quien tiene la 14 obligación de promover, respetar, proteger y 15 garantizar los derechos humanos 16 consagrados en la Constitución y los 17 Tratados Internacionales de los que el 18 Estado mexicano sea parte, por lo que por 19 reserva de ley, no se actualiza el caso de 20 excepción previsto por el segundo 21 párrafo de la fracción XX del numeral 22 citado. 1 Aunado a que, conforme a lo 2 ordenado en el artículo 1° Constitucional, 3 de privilegiarse el mayor beneficio de la 4 persona, que se consigue aplicando, en 5 este caso específico, la Ley Nacional de 6 Ejecución Penal. 7 En consecuencia al actualizarse la 8 causa de improcedencia anunciada, con 9 fundamento en el artículo 61, fracción XX, 10 en relación con el diverso 113, ambos de 11 la Ley de Amparo, SE DESECHA DE 12 PLANO LA DEMANDA, origen de este 13 juicio. 14 Lo anterior guarda congruencia al 15 considerar que admitir y dar trámite al juicio 16 a nada jurídicamente práctico llevaría, razón 17 por la cual es mejor que los quejosos 18 tengan conocimiento desde el inicio del 19 resultado del análisis preliminar de la 20 demanda de garantías y, a su vez, se evite 21 la práctica de un trámite innecesario en 22 atención a lo establecido por la garantía de 1 prontitud en la impartición de justicia 2 prevista en el artículo 17 Constitucional, lo 3 que incluso permite que el promovente 4 interponga oportunamente los medios 5 ordinarios para defender sus derechos. 6 Sirve de apoyo a lo anterior la 7 Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena 8 Época, con número de registro 174737, 9 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado 10 en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible 11 en el Semanario Judicial de la Federación y 12 su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, 13 Materia Común, página 921 de rubro y texto 14 siguiente: 15 "DESECHAMIENTO O 16 SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE 17 AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE 18 JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD 19 JURÍDICA." 20 DOMICILIO Y AUTORIZADOS 21 Como lo solicita la parte quejosa, 22 téngase como su domicilio para oír y 1 recibir notificaciones el lugar de su 2 reclusión, esto es, el Centro Federal de 3 Readaptación Social Número Cinco 4 "Oriente", con residencia en Cerro de León, 5 municipio de Villa Aldama, Veracruz, lo 6 anterior de conformidad con lo que dispone 7 el artículo 26, fracción I, inciso a), de la 8 Ley de Amparo. 9 LEY FEDERAL DE 10 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 11 INFORMACIÓN PÚBLICA. 12 Suprímase en la versión pública 13 que se realice, la información considerada 14 como reservada o confidencial, así como 15 los datos sensibles que pudieran contener 16 las sentencias, resoluciones y demás 17 constancias que obren en el expediente, 18 con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, 19 fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 20 68, este último en relación con los diversos 21 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de 1 Transparencia y Acceso a la Información 2 Pública. 3 DIGITALIZACIÓN 4 Conforme con lo establecido en los 5 artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, 6 ambos de la Ley de Amparo en vigor, así 7 como en capítulo tercero, del Acuerdo 8 General Conjunto 1/2014, de la Suprema 9 Corte de Justicia de la Nación y del Consejo 10 de la Judicatura Federal, por el que se 11 regula la integración de los expedientes 12 impreso y electrónico, y el acceso a éste, 13 así como las notificaciones por vía 14 electrónica, mediante el uso de la FIREL, a 15 través del Sistema Electrónico del Poder 16 Judicial de la Federación previsto en el 17 artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase 18 a la digitalización del expediente. 19 HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS 20 Finalmente, con fundamento en el 21 artículo 282 del Código de Federal de 22 Procedimientos Civiles, de aplicación ???????????????? 1 supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan 2 días y horas inhábiles para que los 3 Actuarios Judiciales de la adscripción 4 puedan efectuar las actuaciones y 5 diligencias que deriven de este juicio de 6 amparo, incluso, fuera del horario que para 7 tal efecto dispone la Ley de Amparo. 8 Notifíquese como corresponda. 9 Así lo proveyó y firma 10 electrónicamente José Ezequiel Santos 11 Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en 12 el Estado de Veracruz, ante Silvia 13 Clementina Ochoa Castillo, Secretaria 14 que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Xalapa, Veracruz; veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Manuel Ricardo Manuel Baeza Zarate, Miguel Ángel Albarrán Hernández, Oscar Roberto Cárdenas Gaytán, Leonardo Jiménez Hernández, Alejandro Guevara Gil, Jesús Josvan Valdez Espino y Juan Alberto Beristaín Ramón, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, y otras autoridades; fórmese el expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1293/2022/MV-B, que le corresponde. En este sentido, analizado el escrito inicial de demanda, se considera procedente efectuar el pronunciamiento siguiente: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que los promoventes pretenden combatir en esta vía, la falta de atención médica adecuada y especializada, cancelación de visitas familiares e íntimas, así como la omisión de proporcionarles ropa térmica, alimentación nutritiva y balanceada y agua potable caliente. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia XX.1o. J/44, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, página 519, registro digital 197919, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO. La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, por tanto, la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre señalar cada elemento en un lugar propio o destacado, no existe precepto legal alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda." No se inadvierte, que en el apartado del acto reclamado señalan como tal tortura física y tratos crueles inhumanos; sin embargo, tanto de los antecedentes del acto reclamado como del capítulo relativo a la suspensión de plano, se advierte que ello lo hacen derivar de la falta de atención médica, así como de la omisión de proporcionarles ropa térmica, agua potable caliente y una alimentación nutritiva y balanceada, de ahí que únicamente se tenga como acto reclamado el precisado en párrafos que anteceden. En ese orden de ideas, la demanda de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Ello, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Por su parte, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración se encuentra sustentada por la Tesis I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página ochocientos noventa, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Así, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza, de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". De acuerdo con la disposición transcrita, el promovente antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe agotar previamente algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. Lo anterior, siempre que conforme con las mismas leyes se suspenda el efecto de dicho acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el promovente, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo sea considerado, o no, susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Por otra parte, debe decirse que los artículos 1, 2, 9, 30, 74 a 78, 107 a 116 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyo ámbito de aplicación es para todas las personas privadas de la libertad, sin importar el estado en que se encuentre su proceso penal, prevén un mecanismo de control que incide respecto de las condiciones de internamiento de las personas en reclusión. El cual, otorga la posibilidad de formular peticiones administrativas y que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz; por lo que, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Condiciones relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y artículos personales y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión. Además, el citado instrumento ofrece una asistencia continua y personalizada al recluso, pues en ciertos supuestos, podrán acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle su petición, la razón de ésta y a ofrecer las pruebas que estime conducentes para apoyarla. De igual manera, la autoridad penitenciaria, con la finalidad de proteger los derechos de los internos, deberán allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. También, ofrece la posibilidad que la violación reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y que la persona privada de su libertad impugne ante el juez de ejecución o control, según corresponda, la respuesta de la citada autoridad si estima que es contraria a sus intereses; o bien, la omisión de dar contestación a la petición relativa. Pues dispone que si la petición no fuera resuelta dentro del plazo legal, el peticionario del amparo estaría en posibilidad de agotar el procedimiento y los medios de impugnación específicamente determinados por la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante el Juez de Ejecución. Quien tiene la facultad de conocer de controversias relacionadas, entre otras cosas, con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas.

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