Miguel Ángel Aguirre Navarro
Expediente 988/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 988/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Ángel Aguirre Navarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta, se observa que feneció el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión en contra del acuerdo de dieciocho de octubre del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. Con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Finalmente, toda vez que en autos obran documentos exhibidos por la quejosa, requiérasele para que en el término de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicha documental, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, correrán la misma suerte del juicio en que se actúa.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta, se observa que feneció el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión en contra del acuerdo de dieciocho de octubre del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. Con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Finalmente, toda vez que en autos obran documentos exhibidos por la quejosa, requiérasele para que en el término de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicha documental, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, correrán la misma suerte del juicio en que se actúa..."
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el término de tres días otorgado al quejoso en proveído de cuatro de octubre del año en curso, para que manifestara lo que a su interés convenga en torno a la vista ahí dada, sin que lo hiciera; por tanto, se provee: Del análisis de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, recibidas en la oficialía de partes de este juzgado el tres de octubre de dos mil veintitrés, se advierte que en el caso sobrevino la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: ... Dicho precepto dispone que será improcedente el juicio de amparo que se intente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Para que se actualice tal causa de improcedencia es necesario que se destruyan todos los efectos del acto en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o si la irrumpió, la cesación no deje ninguna huella. Lo anterior, porque la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia referida está orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación (cuando el acto reclamado sea de carácter positivo) u obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate (cuando el acto reclamado sea negativo) y a cumplir lo que la garantía exija. En el caso, del análisis íntegro de las actuaciones que obran en el presente asunto, se advierte que el quejoso reclama la omisión de aplicar la multa correspondiente al Instituto Mexicano de Seguro Social con la finalidad de que dé contestación al oficio 2428/2021 relativo a la prueba de informe ofrecida por el demandado en el juicio laboral 246/2020/L1/CF/IND del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. El justiciable -actor en el juicio laboral natural- aduce que aquel oficio fue girado el trece de abril de dos mil veintiuno; empero, desde esa fecha, su destinatario no ha dado contestación a lo ahí requerido, no obstante que se libraron los oficios recordatorios 7490/2021, 527/2022, 4897/2022 y 51/2023, por lo que considera que ha transcurrido un término excesivo para que dé respuesta, lo que ha retrasado la continuación del trámite del procedimiento de origen. Si bien al momento de iniciarse el presente juicio de amparo persistía esa omisión, dicha pasividad cesó, toda vez que en las constancias que la autoridad oficiante adjuntó a su informe justificado, se observa que mediante oficio ******************** de tres de octubre de dos mil veintitrés, el apoderado del Instituto Mexicano de Seguro Social atendió el requerimiento formulado mediante oficio 2428/2021 (fojas 19 a 23) Lo anterior se traduce en la destrucción de los efectos de la omisión reclamada en la demanda de amparo, lo que restituye al quejoso en el goce de su derecho de petición, dado que los efectos de la sentencia constitucional que, en su caso, se hubiese dictado, ordenaría la realización de un acto positivo con la finalidad de que el Instituto Mexicano de Seguro Social rindiera la prueba de informe requerida en el sumario de origen, lo cual ya atendió mediante comunicado ******************** de tres de octubre de dos mil veintitrés. De lo que se obtiene, que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. ... Por ello, al actualizarse el motivo de improcedencia previsto en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. ... Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba programada para las diez horas con treinta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes.-
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: Visto el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el término de tres días otorgado al quejoso en proveído de cuatro de octubre del año en curso, para que manifestara lo que a su interés convenga en torno a la vista ahí dada, sin que lo hiciera; por tanto, se provee: Del análisis de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, recibidas en la oficialía de partes de este juzgado el tres de octubre de dos mil veintitrés, se advierte que en el caso sobrevino la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: ... Dicho precepto dispone que será improcedente el juicio de amparo que se intente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Para que se actualice tal causa de improcedencia es necesario que se destruyan todos los efectos del acto en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o si la irrumpió, la cesación no deje ninguna huella. Lo anterior, porque la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia referida está orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación (cuando el acto reclamado sea de carácter positivo) u obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate (cuando el acto reclamado sea negativo) y a cumplir lo que la garantía exija. En el caso, del análisis íntegro de las actuaciones que obran en el presente asunto, se advierte que el quejoso reclama la omisión de aplicar la multa correspondiente al Instituto Mexicano de Seguro Social con la finalidad de que dé contestación al oficio 2428/2021 relativo a la prueba de informe ofrecida por el demandado en el juicio laboral 246/2020/L1/CF/IND del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. El justiciable -actor en el juicio laboral natural- aduce que aquel oficio fue girado el trece de abril de dos mil veintiuno; empero, desde esa fecha, su destinatario no ha dado contestación a lo ahí requerido, no obstante que se libraron los oficios recordatorios 7490/2021, 527/2022, 4897/2022 y 51/2023, por lo que considera que ha transcurrido un término excesivo para que dé respuesta, lo que ha retrasado la continuación del trámite del procedimiento de origen. Si bien al momento de iniciarse el presente juicio de amparo persistía esa omisión, dicha pasividad cesó, toda vez que en las constancias que la autoridad oficiante adjuntó a su informe justificado, se observa que mediante oficio ******************** de tres de octubre de dos mil veintitrés, el apoderado del Instituto Mexicano de Seguro Social atendió el requerimiento formulado mediante oficio 2428/2021 (fojas 19 a 23) Lo anterior se traduce en la destrucción de los efectos de la omisión reclamada en la demanda de amparo, lo que restituye al quejoso en el goce de su derecho de petición, dado que los efectos de la sentencia constitucional que, en su caso, se hubiese dictado, ordenaría la realización de un acto positivo con la finalidad de que el Instituto Mexicano de Seguro Social rindiera la prueba de informe requerida en el sumario de origen, lo cual ya atendió mediante comunicado ******************** de tres de octubre de dos mil veintitrés. De lo que se obtiene, que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. ... Por ello, al actualizarse el motivo de improcedencia previsto en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. ... Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba programada para las diez horas con treinta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes.-
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