Miguel Andrés Torres Montoya
Expediente 623/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 623/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Andrés Torres Montoya
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto dictado el catorce de junio de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por el quejoso ********************, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, prevéngase a la quejosa para que dentro del plazo de noventa días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió en original; apercíbasele que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por ***********, contra actos del Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad y otras autoridades; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 623/2017. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este Juzgador considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." El suscrito estima que las notificaciones que se reclaman, no encuadran en ninguno de los supuestos que establece el artículo 107 de la Ley de Amparo, al no ser un acto de imposible reparación que haga procedente la tramitación del juicio de amparo indirecto. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que: ******************** (quejoso), es demandado en el juicio F-1150/2017 del índice del Juzgado Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, en el que se ordenó la diligencia de emplazamiento, en la ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato. La autoridad responsable mencionada en el párrafo que antecede, el veinticinco de mayo pasado y siete de los corrientes, giró exhortos número 65/2017 y 70/2017, respectivamente, al Juez Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, quien por conducto del actuario de su adscripción emplazó en dos ocasiones al promovente, en cumplimiento de lo ordenando por el Juez responsable. (Éste es el acto reclamado) A juicio del suscrito este acto no puede considerarse como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sólo produce efectos formales dentro del procedimiento, ya que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos que protegen las normas constitucionales. En efecto, los emplazamientos que le fueron practicados en cumplimiento de lo ordenado por el Juez responsable, dentro de los exhortos mencionadas en los antecedentes, sólo produce una afectación a los derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues la consecuencia de ello se verá reflejada en la obligación del quejoso de acogerse a alguno de los dos, en el entendido de que la mayor repercusión sería que el juzgador no diera cauce a su contestación de demanda, lo que no implica afectación a algún derecho sustantivo que no pudiera verse reparado si obtiene sentencia favorable. Dicho de otra manera, el derecho afectado materialmente reviste la categoría "adjetivo", expresión antagónica a lo sustantivo, cuya afectación no puede considerarse actual o patente desde que surge el acto -a diferencia de los sustantivos descritos en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Esas reflexiones dieron origen a la tesis jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª.), consultado en la página 39 del Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Sin perjuicio de lo anterior, el suscrito estima que también se actualiza de forma manifiesta e indudable la hipótesis prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". Lo anterior es así, en razón de que las notificaciones practicadas al quejoso, pueden ser combatidas a través del incidente de nulidad de notificaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, que menciona: Art. 328.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse sin haber pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. Luego, al establecerse de manera expresa que el acto de autoridad tildado de inconstitucional admita en su contra el incidente de nulidad de notificaciones, en términos del artículo 328 del Cuerpo de Ley en cita, se concluye que al no haberse agotado dicho medio de impugnación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del citado artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional, se encuentra el de definitividad, y el acto tildado de inconstitucional, carece de ella. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6º.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, bajo el tenor literal siguiente: AMPARO, PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Sirve como criterio orientador, la tesis Iv.3o.C.47 C emitida por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 2380, tomo XXXIII, marzo de dos mil once, de rubro y texto: NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. SI LA QUEJOSA COMPARECE AL PROCEDIMIENTO ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA Y NO AGOTA EL INCIDENTE RELATIVO, EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, POR NO HABER PREPARADO ESTA VIOLACIÓN PROCESAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY DE LA MATERIA". De la interpretación del artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable en forma supletoria al Código de Comercio, se advierten, entre otras cosas, que cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en la ley, la parte agraviada tendrá el incidente de nulidad de notificaciones para impugnarla, por lo que si la quejosa comparece al procedimiento antes del dictado de la sentencia y no agota dicho medio de impugnación, respecto del emplazamiento que alegue que se le practicó de manera irregular, todo lo que exponga en relación con él, resultará inoperante y, por tanto, el amparo promovido en su contra es improcedente, precisamente por no haberse preparado esa violación procesal en los términos que requiere el artículo 161 de la Ley de Amparo. En esa medida, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en la fracción XVIII y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del artículo 107, de dicho Ordenamiento Legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA que dio origen a este juicio, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, presentada por ********************. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la calle Paseo el Bajío número 112, colonia Jardines de Celaya de esta ciudad, y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la ley de Amparo, a ******************** por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que el autorizado cuente con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral.
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