Miguel Andres Cruz Vivia

Expediente 1106/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1106/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/08/2023

Partes del expediente

  • Miguel Andres Cruz Vivia

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja, contemplado en el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento, en contra del auto de cuatro de agosto del presente año, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida por **********. A lo anterior se acuerda. CAUSA ESTADO. Se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. En atención al presente proveído, así como con lo establecido en el artículo 6, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este Órgano Jurisdiccional procede a realizar la valoración del presente asunto, en los términos siguientes: En razón de que se desechó la demanda de amparo en el juicio en que se actúa, conforme lo señalado por los artículos 14, fracción III, y 20, fracción I, del citado Acuerdo General, se considera que este asunto es destruible. RESGUARDO DE EXPEDIENTE Y DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por tanto, una vez transcurridos tres años posteriores a la emisión de este acuerdo, se ordena la transferencia del expediente íntegro a la Dirección General de Archivo y Documentación que corresponda, para lo cual todas las constancias y documentos del expediente físico deberá encontrarse digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, de conformidad con el artículo 22, párrafo sexto, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En razón de ello, instrúyase a los Oficiales Judiciales, Actuarios y Secretarios adscritos a este Juzgado, a efecto de que en atención a las actividades que tienen encomendadas, se realice la integración completa del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. FIRMA ELECTRÓNICA.- Notifíquese.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE ESCRITO. Por recibida la demanda de amparo promovida por Miguel Andrés Cruz Vivia, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público, con sede en Dolores Hidalgo, Guanajuato, lo que considera violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Se ordena formar el expediente respectivo y hacer las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1106/2023. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso reclama, esencialmente lo siguiente: El acuerdo de uno de agosto de dos mil veintidós, realizado por parte del Fiscal del Ministerio Público de Dolores Hidalgo, dictado dentro de la carpeta de investigación 139835/2021, por el que se niega la solicitud para el apoyo en el recaudo de datos de prueba. A lo anterior, se acuerda: DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción IV, párrafo primero, interpretado en sentido contrario, 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Así es, en el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De lo transcrito se colige que el Juez de Distrito debe desechar de plano una demanda de garantías, cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo que por "manifiesto", debe entenderse lo que se denota en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que lo "indudable", es cuando se tiene la plena convicción de la existencia de una determinada situación que no puede ponerse en duda por lo seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos que se anexan a cualquiera de esas dos promociones. Además de que se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera el escrito de demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable causa de improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y en su caso, a los anexos que se acompañen o a su ampliación, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que están acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindieran las autoridades responsables, las pruebas, y los alegatos que las demás partes ofrezcan y hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar la causa de improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda o de sus anexos, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Ahora bien, resulta procedente analizar la causa de improcedencia por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página 95, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Ahora bien, a efecto de determinar la causa de improcedencia aplicable al caso en concreto, debe determinarse la etapa en que se sitúa el acto reclamado, para ello debe tenerse en cuenta lo siguiente. De acuerdo con lo establecido por el arábigo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal está compuesto de las etapas siguientes: Primera. La fase de investigación, que abarca los estadios siguientes: a) la investigación inicial que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; y, b) la investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Segunda. La etapa intermedia o de preparación del juicio, que abarca desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Tercera. La fase de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. De lo anterior se advierte que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que interesa, la fase de investigación inicial comienza cuando existe una denuncia o querella sobre hechos posiblemente constitutivos de delitos. Durante esta fase, el Ministerio Público, debe llevar a cabo todas las diligencias y actos de investigación tendientes a reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos, así como los datos de prueba necesarios para ejercer acción penal y posteriormente sustentar la acusación formulada contra el imputado y garantizar la reparación del daño Dicha fase concluye cuando el Ministerio Público presenta la carpeta de investigación a un Juez de Control, ya sea que ponga a disposición a un detenido dentro del plazo de cuarenta y ocho horas -caso en el cual, el Juez de Control debe convocar a audiencia para verificar la legalidad de la detención- o, bien, en caso de no mediar detenido, bastará que solicite la celebración de la audiencia para la formulación de la imputación, en la que se hará se le hará saber al indiciado que se desarrolla una investigación en su contra. Si el indiciado no asiste o se trata de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión para asegurar su comparecencia. En la audiencia antes referida, el Juez de control, tiene la obligación ineludible de asegurarse que el imputado conozca sus derechos, concederá el uso de la voz al Representante Social para exponer verbalmente el hecho delictivo imputado; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su comisión; la forma de intervención que se atribuye; y el nombre de su acusador. Posteriormente, el Juez se cerciorará de que el imputado comprendió la acusación y le otorgará la oportunidad de contestar, si es su deseo. De igual manera y conforme lo señalado por el artículo 19 Constitucional en la audiencia de mérito, el Juez de Control podrá imponer las medidas cautelares que considere pertinentes y resolver sobre la vinculación a proceso dentro de la misma audiencia inicial o en su continuación. La resolución relativa a la vinculación a proceso, debe emitirse en la continuación de la audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas a partir de que el imputado fue puesto a su disposición, el cual podrá duplicarse a petición de este último (144 horas), caso en el cual la defensa y el imputado se encuentra en aptitud de incorporar los datos de prueba que estime pertinentes para su defensa. Ahora bien, de los antecedentes expresados bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa manifestó que el veintidós de mayo del año en curso fue citado para la audiencia de imputación a verificarse el siete de agosto siguiente, dentro de la causa penal 1P1323 del índice del Juzgado de Oralidad Penal de Dolores Hidalgo; y que, con posterioridad a ello, el treinta y uno de julio siguiente la defensa de la parte quejosa presentó una promoción solicitando el auxilio para recabar unas ampliaciones de declaración, lo que se negó en el auto de uno de agosto siguiente por parte de la autoridad responsable. De ello deriva que el procedimiento penal radicado en contra del imputado -aquí quejoso- se encuentra en la fase de investigación inicial ya concluida, pero antes del inicio de la fase de investigación complementaria, toda vez que los antecedentes del acto reclamado revelan que, primeramente, se judicializó la investigación y se citó al quejoso para la audiencia de formulación de la imputación ante el Juez de Control y, después de esto último, fue que emerge tanto la petición del quejoso al fiscal como el auto de éste en el que negó la pretensión; lo que significa que el acto reclamado surge con posterioridad a la judicialización de la carpeta de investigación, como en párrafos precedentes se asentó, toda vez que la investigación inicial concluye, entre otra hipótesis legal, cuando el ministerio público judicializa la carpeta de investigación ante el juez de control, esto es, en el entendido que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado la judicialización de la carpeta en la forma siguiente: "75. Ahora bien, la "judicialización de la carpeta de investigación" que lleva a cabo la fiscalía, no es otra cosa que poner en conocimiento del Juez de Control, que derivado de la presentación de la denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, inició una investigación de la que obtuvo datos de prueba relativos a que se ha cometido ese hecho y existe la probabilidad de que el investigado participó en su comisión". 76. Ello, con el objeto de que el Juez de Control lleve a cabo una audiencia inicial para que el investigado comparezca ante él y se le informen sus derechos constitucionales y legales; se realice el control de legalidad de la detención si correspondiere; y posteriormente se dé oportunidad al fiscal de formular la imputación respectiva y la solicitud de vinculación a proceso. Lo anterior, conforme lo dispone el título VI del libro segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales". Acorde tanto a los antecedentes antes relatados como a las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se colige en una primigenia conclusión, a saber: que el acto que aquí se reclama emerge en una etapa fuera de juicio penal, en términos de lo establecido por el artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es decir, que se trata de un acto emitido fuera de juicio. Ello, en el entendido que el procedimiento relativo a investigación inicial no constituye un procedimiento autónomo, seguido en forma de juicio, acorde a la Jurisprudencia I.4o.P. J/2 P (11a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo V, página 4845, Undécima Época, Materias Común, Penal, de rubro y texto siguientes: "ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. NO ES UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la determinación del Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación iniciada en su contra, de acordar favorablemente la solicitud de la víctima de llevar a cabo actos de investigación. El Juez de Distrito consideró que el acto reclamado fue emitido en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y que no era de imposible reparación; en consecuencia, desechó de plano la demanda, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones III, inciso b) y V, ambos de la Ley de Amparo. Inconforme con la decisión, el quejoso interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la etapa de investigación inicial en el sistema penal acusatorio, en que se generó el acto reclamado, no tiene la naturaleza jurídica de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Justificación: Lo anterior, porque el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio se caracteriza por la necesidad de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento; mientras que la investigación inicial en el sistema procesal oral acusatorio es previa al enjuiciamiento penal de un imputado; de modo que no constituye un procedimiento autónomo seguido en forma de juicio que culmine por sí, con el dictado de una determinación que le ponga fin a la pretensión de la parte interesada, para asignarle o no un derecho, sino que integra parte de un todo que es el procedimiento penal; de manera que en esa fase el Ministerio Público no emite una resolución en la que dirima, en equilibrio procesal, la pretensión de las partes (denunciante, víctima u ofendido e imputado), ya que esencialmente dicta una determinación en ejercicio de sus facultades investigadoras, en la que ejerce la acción penal o pone fin a la investigación. En consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos emitidos en esa fase no puede tener como sustento el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo; no obstante, la improcedencia del juicio puede provenir de diversa causal. Una vez establecido lo anterior, quien resuelve considera que en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV (a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." De la interpretación de las citadas disposiciones legales, debe precisarse que el primero de los artículos, refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; y que, en atención a lo dispuesto por el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, se requerirá que tales actos sean de ejecución de imposible reparación, entendiéndose por éstos, aquellos que afecten directa y materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, el acto reclamado en esta instancia constitucional es el acuerdo de uno de agosto de dos mil veintidós, realizado por parte del Fiscal del Ministerio Público de Dolores Hidalgo, dictado dentro de la carpeta de investigación 139835/2021, por el que se niega la solicitud para el apoyo en el recaudo de datos de prueba, el cual fue emitido por la autoridad responsable una vez que judicializó la carpeta de investigación y antes de que se celebrara la audiencia inicial por el Juez del Control, de lo cual se deduce que el acto reclamado fue emitido en una fase fuera de procedimiento, conforme las consideraciones señalados en párrafos precedentes. De lo que se sigue, que el presente juicio de amparo resulta improcedente, pues no resulta ser un acto de imposible reparación, en tanto que puede ser reparada en la audiencia inicial que se lleve a cabo ante el Juez de Control, en la que podrá realizar la solicitud, en la etapa procesal oportuna, la solicitud del auxilio del Agente del Ministerio Público para la incorporación de los datos de prueba que estime pertinentes. Relacionado con lo anterior, cabe precisar que la determinación conceptual de un acto de imposible reparación para efectos del juicio amparo ya ha sido delimitada por el Alto Tribunal Federal del país, en el sentido de que tienen esa característica aquellos actos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Federal, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el procedimiento, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho sustantivo de que se trate; de ahí que se justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto contra dicho acto, sin esperar a que su estudio se verifique hasta que se llegue a promover el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución dictada. Bajo esta óptica, la irreparabilidad del acto reclamado es trascendente para la procedencia del juicio de amparo, precisamente, porque tiene la consecuencia de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales tutelados por la Constitución Federal o los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, posesiones, entre otros, en el entendido de que esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución favorable a sus pretensiones en el juicio. Esto es, la irreparabilidad del acto dispensa al peticionario de esperar al dictado de una resolución, ante la premura de que se estudie la constitucionalidad del acto dictado en el procedimiento que le genera la afectación a un derecho sustantivo. Por ello, cuando en el juicio de amparo en la vía indirecta se reclaman actos dictados en el procedimiento, resulta indispensable que los daños causados sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, según lo dispone el precepto antes mencionado, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y no simplemente los adjetivos o procesales. Por los primeros se entienden, los que lesionan los derechos fundamentales del quejoso, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto Constitucional y en los Tratados Internacionales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el procedimiento y, por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden en el procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Además, cabe precisar que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que entre los derechos sustantivos se encuentran -entre otros- la inviolabilidad del domicilio, la libertad, la secrecía y la confidencialidad de la contabilidad, la integridad física, la intimidad y, en algunos casos, la privación de la totalidad de los bienes de una persona que ponga en peligro su subsistencia, los cuales resultan conculcatorios de derechos sustantivos, toda vez que, de consumarse o ejecutarse, harían imposible su reparación. A propósito de lo anterior, cabe destacar que al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno del máximo Tribunal analizó lo relativo a la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra actos dentro del procedimiento, a partir de lo instituido en el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Al respecto, determinó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción III, ofrecía precisión para comprender el alcance de lo que debía entenderse por actos en el procedimiento que fueren de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entiende "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Indicó que con lo dispuesto en el artículo 107 de la referida Ley de Amparo se podía afirmar que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos en el procedimiento que fueren de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado de la resolución. Además, el Pleno del máximo Tribunal Federal expuso que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De igual forma, expresó que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el procedimiento de imposible reparación, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente revistieran la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos estos últimos en los que la afectación no era actual -a diferencia de los sustantivos- sino que dependía de que llegara o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas podían consumarse en forma efectiva. Contradicción de tesis 377/2013, de la cual derivó la Jurisprudencia P./J. 37/2014, del Pleno del Alto Tribunal Federal del país, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, con número de registro: 2006589, página 39, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Como se advierte de la ejecutoria y jurisprudencia transcrita, el Alto Tribunal Federal del país determinó que si bien la jurisprudencia P./J.4/2001 cuya interpretación provocaba la contradicción de tesis, fue aplicada por Tribunales Colegiados de Circuito especializados en materia laboral; lo cierto era que, dicho criterio estaba redactado para ser obligatorio en todas las restantes disciplinas, por lo que -aseveró- lo resuelto en dicha contradicción de tesis era vinculante para todos los órganos jurisdiccionales con independencia de la competencia material que ejercieran. Estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrecía, en la fracción III, clara precisión para comprender el alcance de la expresión de los actos en el procedimiento que fuesen de imposible reparación, al estar dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en la que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto, contra actos de imposible reparación. Que mediante una definición legal, el legislador estableció que debía entenderse que esos actos para ser calificados como de imposible reparación, necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que -precisó- debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se tratara, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento administrativo que esos "derechos" afectados materialmente revistieran la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no era actual -a diferencia de los sustantivos- sino que dependía de que llegaran o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas podían consumarse en forma efectiva. Asimismo, que dada la connotación que el legislador aportó a la nueva Ley de Amparo respecto de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación" no podía seguir siendo aplicable el criterio anterior relativo a que el juicio de amparo indirecto resultaba procedente, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, al existir una afectación a las partes en grado predominante o superior, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontecía, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debía prescindirse de tal criterio. Ahora bien, el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en el acuerdo de uno de agosto de dos mil veintidós, realizado por parte del Fiscal del Ministerio Público de Dolores Hidalgo, dictado dentro de la carpeta de investigación 139835/2021, por el que se niega la solicitud para el apoyo en el recaudo de datos de prueba, constituye un acto dictado en un procedimiento penal fuera de juicio, que no reúnen la característica para ser considerado de imposible reparación, habida cuenta que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Ello es así, pues de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró la parte quejosa en la demanda de amparo, se advierte que el Agente del Ministerio Público señalado como autoridad responsable, ejerció acción penal en la carpeta de investigación de origen, turnándola al Juez de Control correspondiente, quien señaló para llevar a cabo la audiencia inicial el siete de agosto del presente año. De lo anterior deriva que será en la audiencia inicial en la que la parte quejosa tendrá la oportunidad de incorporar datos de prueba en el plazo constitucional o, en su ampliación, conforme lo establecido en el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, e incluso solicitar en caso de imposibilidad para aportar dichos datos, apoyo del Ministerio Público actuante. En ese sentido, la negativa de la Fiscalía de apoyar para la aportación de los datos de prueba que pretende incorporal el peticionario del amparo, no constituye un acto imposible reparación, ya que los efectos que pudiera causar sobre los derechos del imputado, podrán ser reparados si éste o su defensa reiteran, ante el Juez de Control y en la etapa procesal oportuna, la petición de diligencias de investigación que negó realizar el Ministerio Público y con ello, existe la posibilidad de que el asunto se resuelva a favor de sus intereses. Es así, pues debe señalarse que el acto que se reclama en esta vía Constitucional, no afecta derechos sustantivos del peticionario del amparo, pues no rebasan lo puramente procesal; ello es así, ya que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se sitúa en la etapa de investigación inicial, en la que fue citado para la audiencia inicial ante el Juez de Control, de lo cual deriva que no se encuentre privado de su libertad o que se encuentre sujeto a alguna medida cautelar de prisión preventiva. Tampoco se veda su derecho de defensa, pues éste se encuentra garantizado una vez que se ocurra ante el Juez de Control en el que se harán saber al imputado los derechos y prerrogativas que le asisten conforme a lo establecido por el artículo 20 Constitucional. Ello, pues el acto reclamado no genera, por sí mismo, una afectación material a derechos sustantivos, ya que sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal, pues se definen cuestiones meramente procesal, que involucran derechos de naturaleza adjetiva, lo que pueden o no trascender al sentido de la resolución definitiva que en su momento llegue a pronunciarse, habida cuenta que existe la posibilidad de que en la audiencia inicial solicite al Juez de Control el apoyo para recabar las pruebas que estime conducentes para acreditar su teoría del caso; o bien, en la etapa intermedia o de preparación del juicio, por ser dicha etapa la que tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Corolario de lo anterior, el juicio de amparo indirecto se torna improcedente en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo y, por tanto, la demanda debe desecharse de plano, conforme lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo primero aplicado en sentido contrario, ambos de la ley de la materia. AUTORIZADOS. En términos de la primera parte del segundo párrafo del ordinal 1216 de la Ley de Amparo, se tiene como sus autorizados en términos amplios a Iván Mendoza Flores y Mónica Estefanía Camarena Robles, puesto que cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho registradas en el Registro Nacional de Profesiones; y, en términos restringidos a René Rojas Hernández por no contar con cédula de licenciado en derecho en el registro referido, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesiones del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito; y en los propios términos restringidos a Iván Andrés Camarena Robles, Erick Mendoza Lomelí y Luis Alberto Sanabría Arreguín, por así haberlo solicitado de manera expresa. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción lI, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el ubicado en el número 17 de la Calle Carlos María de Bustamante del fraccionamiento de Independencia, de esta ciudad; por tanto todas las notificaciones personales que se realicen habrán de llevarse en dicho lugar. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de este juicio. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LAS COPIAS CERTIFICADAS. Ahora bien, para la obtención de las copias certificadas, al no contar este órgano jurisdiccional con centro de fotocopiado para que puedan ser obtenidas de manera física por las partes, deberá ajustarse a las eventualidades siguientes: 1. De contar el solicitante de las copias con usuario para el acceso al expediente electrónico por medio de usuario, las resoluciones y constancias emitidas y agregadas, respectivamente, en el asunto en que se actúa se encuentran a su disposición y podrá descargarlas e imprimir todas o algunas de las actuaciones y constancias que desee, las cuales cuentan con las evidencias criptográficas correspondientes, por lo que es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos de lo establecido por el artículo 3º de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; de tal manera que, las constancias signadas electrónicamente son consideradas como copias certificadas electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Lo anterior además, pues en el artículo 41 bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece que todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlos en su versión electrónica; por tanto, de contar con autorización de acceso a un usuario electrónico, la forma de obtención de las copias deberá ser a través de la descarga del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Y para el supuesto que requiera la certificación física de las copias, deberá imprimirlas y presentarlas ante este Juzgado, a efecto de que de acuerdo a la voluminosidad de éstas, que se realice la certificación correspondiente y sean entregadas en un lapso no mayor a cuatro días naturales a partir de la fecha de su presentación. 2. De no contar el solicitante de las copias con clave de usuario para el acceso al expediente electrónico: a. Queda a su disposición el expediente en que se actúa, para efectos de que reproduzca a través de los medios digitales de su elección (escáner o fotográfico) las constancias y determinaciones judiciales que le resulten necesarias, previa razón de comparecencia que se deje en autos para debida constancia; una vez hecho lo anterior, deberá imprimirlas y presentarlas ante el órgano jurisdiccional a fin de que, de acuerdo a su voluminosidad, sean certificadas y entregadas en un lapso no mayor a cuatro días naturales a partir de la fecha de su presentación; o, bien, b. Deberá acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional y, hecho lo anterior, se le proporcionará el acceso al expediente electrónico, a efecto de que el solicitante descargue las actuaciones y constancias que así requiera, previa razón que de su comparecencia se asiente en autos, debiendo de acompañar un dispositivo de almacenamiento USB para tal efecto; en el entendido de que, como se indicó, al contar con las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna; o bien, de necesitar la certificación física de las mismas, deberá imprimirlas y, luego, entregarlas para que sea asentada la certificación correspondiente en el plazo referido en supralíneas. SE AUTORIZA LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, se autoriza el uso de los medios electrónicos en términos de lo dispuesto por la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto tiene aplicación la tesis 23 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo II, abril de 2015, foja 1830, registro 2008986, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Por otra parte, se exhorta a las partes, en términos del artículo 2º, del Acuerdo General 8/2020, que a continuación se transcribe: "Artículo 2. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". En caso de que un asunto calificado como urgente sea promovido físicamente, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho, exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE. De conformidad con lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase saber a las partes, que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este Juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de la Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos, conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. FIRMA ELECTRÓNICA. Conforme lo señalado en el oficio CJF/CAP/DGGJ/STG/4230/2022, signado por la Encargada del despacho de los asuntos de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de conformidad con lo establecido en su artículo 52, fracción IV, este acuerdo se firma de manera electrónica; por lo que se ordena glosar la evidencia criptográfica respectiva, sin que sea necesario realizar certificación alguna o nueva firma para su incorporación al expediente físico, toda vez que tiene el mismo valor que la firma autógrafa. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, asistido de la secretaria Minerva Mendoza Pérez, que firma y da fe. Doy fe.

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