Miguel Anderson Cisneros Rodriguez

Expediente 2603/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2603/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/12/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Antonio Artiga Flores y Otros.
  • Miguel Anderson Cisneros Rodriguez
  • Miguel Anderson Cisneros Rodriguez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, trece de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que el presente juicio de amparo no se encuentra debidamente integrado, toda vez que en esta propia fecha se requerirán constancias necesarias para resolver el presente juicio. Atento a lo anterior y toda vez que el catorce de noviembre de dos mil veintidós, se informó a la autoridad responsable Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, los efectos en que había sido concedida la suspensión de plano en favor del quejoso Víctor Erick Beltrán Rivera, por el cual, contaba con total facultad para continuar con el procedimiento migratorio de dicho quejoso; sin embargo, a la fecha la responsable no ha informado lo relativo a dicho procedimiento, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, para que, en el plazo de tres días, computado legalmente, realice lo siguiente: 1. Informe si existe alguna orden de detención seguida en contra del quejoso, por parte de la autoridad mexicana, o en su caso de autoridades extranjeras, que obligue a esa autoridad, de acuerdo a sus atribuciones legales, a que el quejoso sea deportado a su país de origen. 2. En caso contrario a lo indicado en el numeral que antecede, se requiere a la responsable a fin de que explique puntualmente los motivos por los cuales existe demora en la permanencia del quejoso dentro de las instalaciones de dicha estación migratoria, dado que la autoridad cuenta con la facultad para continuar con el procedimiento migratorio instaurado al quejoso, incluyendo todas sus facetas. Es así, pues con independencia de lo determinado por este órgano jurisdiccional en auto de dieciséis de octubre de dos mil veintidós, en el que se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, a fin de que quedara en libertad, se destaca que en el apartado de "efectividad de la suspensión", la misma dejaría de surtir efectos si la parte quejosa no iniciaba con el trámite para regularizar su estancia en este país; lo que hasta el momento y de acuerdo a las constancias que obran en autos, así como a las manifestaciones del propio impetrante, se desconoce, pues no se sabe con exactitud en qué etapa se encuentra tal procedimiento migratorio. En la inteligencia que la autoridad responsable deberá informar a su vez lo resuelto en el propio procedimiento migratorio; debiendo remitir copia certificada de las constancias que demuestren su dicho, la cual resulta necesaria para resolver el juicio de amparo que nos ocupa. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término legal concedido, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós.****************************************Visto lo de cuenta, mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se informó a la autoridad responsable Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, los efectos en que había sido concedida la suspensión de plano en favor del quejoso Víctor Erick Beltrán Rivera, por el cual, contaba con total facultad para continuar con el procedimiento migratorio de dicho quejoso; sin embargo, a la fecha la responsable no ha informado lo relativo a dicho procedimiento.****************************************Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada responsable, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, remita copia certificada del expediente administrativo del directo quejoso Víctor Erick Beltrán Rivera, toda vez que resulta necesario para resolver el presente juicio. ****************************************Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo legal concedido, o de no informar el motivo que se lo impida, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. ****************************************Notifíquese. ****************************************Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Nora Hilda Luna Lugo, Secretaria quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio INM/ORTAM/ORLREY/DAJ/2513/2022, signado por la responsable Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en autos, hace del conocimiento que el directo quejoso Víctor Erick Beltrán Rivera, cuenta con una restricción migratoria por parte de la Estación Migratoria de la Ciudad de México, con motivo de una anterior deportación; asimismo, solicita se informe si con motivo de la suspensión de plano concedida en autos, debe proceder a dejar en libertad al referido quejoso o si puede continuar conforme al procedimiento migratorio respectivo. Al efecto, hágase del conocimiento de la responsable, que en auto de dieciséis de octubre del año en curso, por medio del cual se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, específicamente en el apartado de "efectividad de la suspensión", se advierte que la suspensión dejaría de surtir efectos si la parte quejosa no iniciaba con el trámite para regularizar su estancia migratoria en este país; sin embargo, del oficio de cuenta se advierte que el quejoso de referencia ya había sido deportado con anterioridad, por lo que es evidente que el mismo no tiene interés en regularizar su situación migratoria; en consecuencia, dígasele a la autoridad responsable que cuenta con facultad para continuar con el procedimiento migratorio relativo al directo quejoso Víctor Erick Beltrán Rivera, en la inteligencia que deberá continuar informando lo resuelto en el mismo. Con lo anterior, dese vista a la parte promovente, a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, téngase por recibido el oficio INM/ORTAM/ORLREY/DAJ/2301/2022, signado por la responsable Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento lo requerido en autos, remite copia certificada del oficio de salida de la estación migratoria otorgado al aquí quejoso Gerardo Antonio Artiga Beltrán Rivera; misma que, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida como prueba documental. Ahora bien, de la constancia que remite la autoridad responsable, este órgano de control constitucional estima que con la misma, en la especie, por cuanto hace al quejoso antes nombrado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia; por tanto, en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa, por actualizarse la causal en comento Asimismo, la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el artículo y fracción en cita, textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Sentado lo anterior, tenemos que la parte quejosa reclama primordialmente la detención que como persona extranjera ejecuta en su contra la responsable y como consecuencia, diversos actos relacionados con dicha detención. Dentro de ese contexto, tenemos que la responsable anexó a su oficio de cuenta, copia certificada del oficio de salida de la estación migratoria otorgado al aquí quejoso Gerardo Antonio Artiga Flores, a la cual se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, el Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración de Reynosa, Tamaulipas, dio salida de la estación migratoria al referido quejoso. De lo antes expuesto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraba la parte quejosa hasta antes de la presentación de la demanda ha desaparecido, ya que como se dijo, quedó en libertad y, por ende, la detención que reclama en este juicio como acto primordial, ha cesado, habida cuenta que ello ocurrió con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo [dieciséis de octubre de dos mil veintidós], que lo fue el diecisiete del propio octubre. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por cuanto hace a dicho quejoso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado como principal (detención). Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, registro 193758, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto la razón que justifica la procedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, registro 184572 que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior y en cumplimento a lo ordenado en el auto inicial, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la firmeza del presente proveído. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Nora Hilda Luna Lugo, Secretaria quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la diligencia practicada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado de Distrito, el once de octubre del año en curso, se advierte que el directo quejoso Vladimir Alexis López Ayala, no ratificó la demanda promovida a su favor por Cynthia Gabriela Gutiérrez Peña. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 15, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda; en mérito de lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas a favor del citado quejoso. Ahora, la determinación de tener por no presentada la demanda de amparo deriva de la propia voluntad de la parte directamente quejosa. Por lo anterior, en términos del artículo 356 fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se estima que tal determinación es consentida expresamente por dicha parte y por tanto, ante el desinterés procesal manifiesto de continuar con el trámite del presente asunto, se declara la firmeza del presente proveído. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, de conformidad con el punto 7.4, del capítulo 7, del Manual relativo al Acuerdo indicado en el párrafo anterior, el presente asunto es susceptible de depuración, dado que se concedió la suspensión de oficio y de plano; asimismo carece de información reservada, ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente; este órgano jurisdiccional deberá depurar los expedientes conservando las constancias y actuaciones más relevantes. Terminando el proceso de depuración, solicítese la transferencia correspondiente. Asimismo, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato.

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