Miguel Amgel Santos Herrera

Expediente 315/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
315/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
16/03/2021

Partes del expediente

  • Miguel Amgel Santos Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98, en relación con 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, así como que carece de documentos originales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el Acuerdo antes citado. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica por ****, por conducto de *** quien se ostenta su apoderado, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; al respecto, se acuerda: Fórmese el expediente correspondiente y regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 315/2021-VI. Ahora bien, en relación a la demanda de amparo que nos atañe, esta Juzgadora Federal estima que, en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5°, ambos de la Ley de Amparo, así como el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de los numerales prevé una causa genérica de improcedencia del juicio de amparo, que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5° de la Ley de Amparo prevé que el amparo únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese ordenamiento y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, dice que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esa Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De esos preceptos se desprende que uno de los principios que rige el juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, que consiste en que el procedimiento constitucional se seguirá únicamente a petición de la parte a quien le perjudique o le cause agravio el acto o ley que reclame y puede seguirse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier otra persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, para cumplir el citado principio y como una de las formalidades indispensables para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la demanda de amparo contenga la firma autógrafa o electrónica de quien promueve o en su caso de la persona que promueva a nombre de una diversa persona, siempre que ésta tenga la legitimación procesal para promover en nombre del directo quejoso, esto es, tenga la representación legal y lo acredite. En efecto, es necesario que la demanda cuente con la firma autógrafa o electrónica, ya que constituye el signo gráfico o criptográfico con el que externa la voluntad de instar la vía del amparo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de la materia, en relación con los ordinales 3°, fracción I , y 45, del ACUERDO General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el presente asunto, del análisis de la demanda de amparo que nos ocupa, se desprende que la misma fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, pero no fue firmada electrónicamente mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por el quejoso Miguel Ángel Santos Herrera, ni por su apoderado, por consiguiente, tal situación se considera como la ausencia de manifestación de voluntad de instar el juicio constitucional, lo que hace improcedente el mismo. Además, el acto reclamado en el presente juicio, no se encuentra en alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en cuyo caso si sería innecesaria la firma autógrafa o electrónica. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 26 de abril de 2019, Décima Época, Registro: 2019715, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, ambos de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sin que lo anterior implique una negativa de acceso a la justicia para la quejosa, en términos del artículo 17 Constitucional, puesto que el desechamiento de la demanda obedece a la ausencia de un requisito de procedibilidad, como lo es la expresión de la voluntad de la promovente, la cual puede subsanarse en cualquier momento mediante la presentación de una nueva demanda de amparo subsanando esa irregularidad. Como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda y como sus autorizados, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los mencionados en el escrito de cuenta, pero con las limitaciones establecidas en dicho numeral, ello por no encontrarse registrados ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. De igual forma, téngase por señalada la dirección de correo electrónico licgas07la@hotmail.com y el número telefónico 9991512743. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les autoriza para que puedan hacer uso de medios electrónicos, al momento de la consulta del presente asunto. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica por ****, por conducto de *** quien se ostenta su apoderado, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; al respecto, se acuerda: Fórmese el expediente correspondiente y regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 315/2021-VI. Ahora bien, en relación a la demanda de amparo que nos atañe, esta Juzgadora Federal estima que, en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5°, ambos de la Ley de Amparo, así como el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de los numerales prevé una causa genérica de improcedencia del juicio de amparo, que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5° de la Ley de Amparo prevé que el amparo únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese ordenamiento y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, dice que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esa Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De esos preceptos se desprende que uno de los principios que rige el juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, que consiste en que el procedimiento constitucional se seguirá únicamente a petición de la parte a quien le perjudique o le cause agravio el acto o ley que reclame y puede seguirse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier otra persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, para cumplir el citado principio y como una de las formalidades indispensables para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la demanda de amparo contenga la firma autógrafa o electrónica de quien promueve o en su caso de la persona que promueva a nombre de una diversa persona, siempre que ésta tenga la legitimación procesal para promover en nombre del directo quejoso, esto es, tenga la representación legal y lo acredite. En efecto, es necesario que la demanda cuente con la firma autógrafa o electrónica, ya que constituye el signo gráfico o criptográfico con el que externa la voluntad de instar la vía del amparo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de la materia, en relación con los ordinales 3°, fracción I , y 45, del ACUERDO General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el presente asunto, del análisis de la demanda de amparo que nos ocupa, se desprende que la misma fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, pero no fue firmada electrónicamente mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por el quejoso Miguel Ángel Santos Herrera, ni por su apoderado, por consiguiente, tal situación se considera como la ausencia de manifestación de voluntad de instar el juicio constitucional, lo que hace improcedente el mismo. Además, el acto reclamado en el presente juicio, no se encuentra en alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en cuyo caso si sería innecesaria la firma autógrafa o electrónica. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 26 de abril de 2019, Décima Época, Registro: 2019715, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, ambos de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sin que lo anterior implique una negativa de acceso a la justicia para la quejosa, en términos del artículo 17 Constitucional, puesto que el desechamiento de la demanda obedece a la ausencia de un requisito de procedibilidad, como lo es la expresión de la voluntad de la promovente, la cual puede subsanarse en cualquier momento mediante la presentación de una nueva demanda de amparo subsanando esa irregularidad. Como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda y como sus autorizados, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los mencionados en el escrito de cuenta, pero con las limitaciones establecidas en dicho numeral, ello por no encontrarse registrados ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. De igual forma, téngase por señalada la dirección de correo electrónico licgas07la@hotmail.com y el número telefónico 9991512743. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les autoriza para que puedan hacer uso de medios electrónicos, al momento de la consulta del presente asunto. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.

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