Miguel Alonso Tzec Sima
Expediente 312/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 312/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/10/2021
Partes del expediente
- Miguel Alonso Tzec Sima
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido en representación de la autoridad responsable Presidente de la República; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado respecto de a la ampliación de demanda, por lo que se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la citada autoridad a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. En otro orden, como lo solicita, con apoyo en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura y Declaratoria de cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebrado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, publicado este último el siete de julio de dos mil veintiuno, se autoriza las notificaciones y consulta del presente expediente vía interconexión. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ciudad de México, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 355/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, háganse las anotaciones correspondientes y dese de baja el exhorto de mérito. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En razón de lo anterior, y vistas las constancias que remite el juzgado exhortado, se tiene debidamente notificada la autoridad responsable Legislatura del Estado de Guerrero, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ciudad de México, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio número 6918/2021, firmado por el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, el que contiene inserto el acuerdo de Presidencia de doce de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el amparo en revisión 539/2017, con el que informa la nueva integración de dicho Cuerpo Colegiado por los magistrados Moisés Muñoz Padilla (presidente), Claudia Mavel Curiel López y Leonel Medina Rubio, de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que hubiere lugar. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ciudad de México, quince de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado actual de los autos, se advierte que en proveído de dieciséis de junio pasado, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, manifestara a su interés legal convenía señalar como autoridad responsable al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y atribuirle como acto reclamado la promulgación (implícita) del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Lo anterior, debido a que tal circunstancia incide en la integración de este juicio de amparo, ya que el Presidente de la República sí tuvo participación en el proceso legislativo, en concreto, en su promulgación, por lo que es necesario que la parte quejosa lo señale como acto reclamado destacado y como autoridad responsable, ya que es un requisito de procedencia previsto en el artículo 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, es importante precisar que de las constancias que integran el juicio de amparo 1293/2019 del índice de este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, se advierte que el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante resolución dictada el tres de junio de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 3051/2019 de su índice, determinó en la parte que aquí interesa lo siguiente: "C O N S I D E R A N D O: (.) CUARTO. De la regularidad del procedimiento. (.) En el caso particular, es cierto que en la demanda de amparo la parte quejosa no señaló como acto reclamado la promulgación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, atribuible al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, los jueces que en principio conocieron de la demanda de amparo no le previnieron en ese sentido. No obstante, el Juez de Distrito Auxiliar que actualmente conoce del asunto al advertir su participación, mediante acuerdo de seis de agosto de dos mil diecinueve regularizó el procedimiento y requirió a la parte quejosa para que precisara si a su interés legal convenía atribuirle también al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos como acto reclamado la promulgación del Decreto tildado de inconstitucional, con el apercibimientos de no hacerlo así, sólo se tendrían como actos reclamados los señalados en el escrito inicial de la demanda, para lo cual le otorgó únicamente un plazo de cinco días, en términos del artículo 114, fracción I, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Luego, por acuerdo del veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, ante el incumplimiento de la parte quejosa al requerimiento formulado, se le hizo efectivo el apercibimiento con el cual se le conminó. En este orden de ideas, se considera que el apercibimiento formulado a la parte quejosa, así como el plazo concedido para su desahogo de conformidad con los preceptos antes mencionados fue incorrecto, pues a efecto de que tuviese claridad en las consecuencias de su proceder u omisión, debió apercibírsele en el sentido de que de no señalar como acto reclamado la promulgación del Decreto reclamado, atribuible al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se actualizaría la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5°, fracción II, y 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados en sentido contrario, y no en los términos en que incorrectamente se le apercibió. Ello es así, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en los juicios de amparo en los que se impugne el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, debe señalarse como autoridad responsable al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de la interpretación del artículo 72, apartados A y B, de la Constitución Federal, deriva que se entenderá aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción. Lo cual implica la participación de dicha autoridad en la promulgación implícita de las normas generales que en el caso se reclaman; por lo que en atención a las cargas procesales que se establecen en el juicio constitucional, debe observarse lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que ordena que en las demandas en las que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar, como autoridades responsables, a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, independientemente de que hayan ejercido o no dicha facultad. En consecuencia, si en el caso no se señaló como acto reclamado la promulgación del Decreto controvertido atribuible al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es obvio que el Juez de Amparo debió apercibir a la parte quejosa que en el caso de no señalar como acto reclamado y autoridad responsable a los antes mencionados, se actualizaría la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5°, fracción II, y 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados en sentido contrario; ello, al no encontrarse debidamente integrada la problemática a resolver en el juicio de amparo. Las anteriores consideraciones, encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 11/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL. EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE IMPUGNE, DEBE SEÑALARSE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. En los juicios de amparo en los que se impugne el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, debe señalarse como autoridad responsable al Presidente de la República, ya que de la interpretación del artículo 72, apartados A y B, de la Constitución Federal, deriva que se entenderá aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción, por lo que vencido este plazo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto; y que transcurrido el segundo de los plazos, sin que el Ejecutivo ejerza sus facultades, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará, dentro de los diez días naturales siguientes, su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ahora bien, en el caso de las constancias que integran el procedimiento legislativo de la ley aludida se tiene que el Ejecutivo Federal no ejerció ninguna de esas facultades; sin embargo, de la interpretación del artículo 72 constitucional se entiende que intervino en el procedimiento legislativo, y si bien no ordenó su publicación, su promulgación operó por disposición constitucional, de ahí que considerando sus cargas procesales en el juicio de amparo, debe observarse lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley que lo regula, que ordena que en las demandas en las que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, independientemente de que hayan ejercido o no dicha facultad." De ahí que, los términos en que se formuló el apercibimiento a la parte quejosa, en el sentido que de no desahogar la prevención formulada se tendrían como actos reclamados únicamente aquellos que fueron señalados en la demanda, resultan incorrectos. Además, del examen al acuerdo de seis de agosto de dos mil diecinueve se advierte que el juzgador fundó la prevención en el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, no obstante que, por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecinueve ya había admitido parcialmente a trámite la demanda de amparo. Por lo que si la existencia de la promulgación como nuevo acto de autoridad se advirtió del examen de las constancias que integraban el juicio y no propiamente al proveer sobre la admisión de la demanda, la prevención a la parte quejosa debió formularse en el sentido de que ampliara su demanda y otorgársele los plazos que prevé el artículo 111, fracción II, y segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que remite al diverso artículo 17 del citado ordenamiento, esto es, el plazo de quince días. De ahí que también por cuanto al plazo concedido por el Juez de Distrito a la parte quejosa, resultó incorrecto el apercibimiento contenido en el acuerdo de seis de agosto de dos mil diecinueve. Consecuentemente, es evidente que, en el caso, se infringieron las normas esenciales que regulan el procedimiento del juicio de amparo indirecto, en perjuicio de la parte quejosa, lo que trascendió al resultado de la sentencia recurrida, en la medida de que en ésta, el juzgador federal procedió al estudio del Decreto combatido sin estar debidamente integrada la litis constitucional y sobreseyó al actualizar diversas causas de improcedencia, entre ellas, precisamente, la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo; sin que el apercibimiento formulado al impetrante se encontrara debidamente realizado y sin concederle además el plazo correspondiente en términos del artículo 111, fracción II, de la ley en cita." Información que constituye un hecho notorio para este juzgador de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, y la que se toma en consideración para proveer en este juicio de amparo en los términos que enseguida se precisan. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia XIX.1o. P.T. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 2023, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS. Los hechos notorios se encuentran previstos en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes. Por otro lado, considerando el contenido y los alcances de la jurisprudencia 2a./J. 27/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 117, de rubro: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.", resulta inconcuso que, en aplicación de este criterio, los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden invocar como notorios en los términos descritos, tanto las ejecutorias que emitieron como los diferentes datos e información contenidos en dichas resoluciones y en los asuntos que se sigan ante los propios órganos y, en esa virtud, se trata de aspectos que pueden valorarse de forma oficiosa e incluso sin su invocación por las partes, con independencia de los beneficios procesales o los sustantivos que su valoración pudiera reportar en el acto en que se invoquen." También sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XXII. J/12, que aparece publicada en la página 295 del Tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, que en su contenido refiere: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Así como, la jurisprudencia P./J. 74/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Junio de 2006, Novena Época, visible a página 963, que indica lo siguiente: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO, Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Lo precisado pone de manifiesto que el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante resolución dictada el tres de junio de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 3051/2019 de su índice -la cual se emitió con posterioridad a la diversa ejecutoria del citado Tribunal de Alzada pronunciada en el amparo en revisión 2290/2019 de su índice, que se formó con motivo del recurso de revisión interpuesto en autos-, determinó que tratándose de la omisión de la quejosa de señalar como acto reclamado la promulgación del Decreto controvertido atribuible al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Juez de Amparo debe formular la prevención a la parte quejosa en el sentido de que amplié su demanda y otorgarle los plazos que prevé el artículo 111, fracción II, y segundo párrafo de la Ley de Amparo, que remite al diverso artículo 17 del citado ordenamiento, esto es, el plazo de quince días, consideraciones y criterio que se estima resultan aplicables al caso que nos ocupa. Atento a lo anterior, y con el propósito de realizar una debida integración del juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, párrafo segundo, se regulariza el procedimiento para el único efecto de dejar insubsistente el acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, únicamente en la parte relativa al plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para que indicara si era su deseo señalar como acto reclamado destacado la promulgación del Decreto reclamado, y atribuirlo al Presidente de la República, así como el proveído de dos de julio del presente año, únicamente en la parte en que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de dieciséis de junio pasado, debido a que feneció el término de cinco días otorgado a la parte quejosa sin que haya desahogado tal requerimiento. No obstante lo anterior, agréguese el oficio enviado por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, adjunto al cual remite el escrito signado por la quejosa en este asunto, por medio del cual en cumplimiento a la prevención formulada en proveído de dieciséis de junio pasado, manifiesta que es de interés legal señalar como autoridad responsable al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y atribuirle como acto reclamado la promulgación (implícita) del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, por lo tanto. Sin que pase inadvertido el hecho de que el escrito aclaratorio haya sido dirigido a un órgano jurisdiccional distinto, pues se trata de un error mecanográfico, el cual el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al consultar el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo corrigió atendiendo a los demás datos aportados en el mismo. Así las cosas, atento a los sellos de recepción que contiene dicho escrito, se aprecia que fue presentado en tiempo y forma por lo que en obvio de dilaiones procesales, se tiene por desahogada la prevención en comento y con fundamento los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda y del escrito aclaratorio, se requiere a la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos su informe justificado, la cual deberá hacerlo dentro del plazo de quince días contado a partir del momento en que quede notificada del presente proveído; señalando las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo y la constitucionalidad y/o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias respectivas. De igual manera, se solicita a las autoridad responsable que, en caso de que el acto reclamado derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, en su informe justificado señale el último período vacacional del que gozó, así como los días inhábiles o aquéllos en los que suspendió sus labores, desde la emisión del acto reclamado hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 260, fracción II, del citado ordenamiento legal, se apercibe a la autoridad que en caso de que omita rendir su informe justificado, o bien, no remita las constancias correspondientes, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. ACTUALIZACIÓN DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Asimismo, conforme al artículo 64 de la Ley de Amparo se requiere a las partes para que, en el supuesto de que tengan conocimiento de la actualización de alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas que para el caso de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN AL FISCAL EJECUTIVO ASISTENTE Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito. Al respecto, siendo que en el presente asunto se reclaman normas generales, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquense vía oficio las determinaciones de este expediente a la representación social. Para dar tiempo a lo anterior y no violar las reglas que rigen el procedimiento se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fina las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Por otra parte, agréguese el oficio remitido por el apoderado legal del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, autoridad responsable; atento a su contenido, téngase por desahogado el requerimiento formulado en proveído de dieciséis de junio pasado, por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte las documentales anexan al oficio que se provee, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la etapa correspondiente. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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