Miguel Alexander Alvarado Alvarado
Expediente 304/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 304/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 14/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Miguel Alexander Alvarado Alvarado
- Miguel Alexander Alvarado Alvarado y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a catorce de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la resolución de diecisiete de junio de dos mil veintidós, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse concedido la suspensión de plano, es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 7.4 relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de destrucción. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 304/2022-V. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El dieciocho de abril de dos mil veintidós, se recibió la demanda promovida por **********, a favor de **********, en la que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: El C. REPRESENTANTE LOCAL NORESTE ADSCRITO A LA OFICINA DE REPRESENTACION EN CHIHUAHUA El C. SUB REPRESENTANTE LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION ADSCRITO A LA OFICINA DE REPRESENTACION EN CHIHUAHUA Y ACTUAL ENCARGADO DE LA ESTANCIA PROVISIONAL JUAREZ El C. TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACION EN CHIHUAHUA DEL INM EL C. JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION La inconstitucional privación de la libertad del quejoso, en calidad de alojado, asegurado, detenido o retenido, en contra de su voluntad, a través de orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento, emitida en forma verbal o escrita. La ilegal e inconstitucional condición en que tienen al quejoso, esto es, incomunicado, lo que se traduce en una evidente privación de su libertad personal, en franca violación a la libertad de tránsito por territorio nacional mexicano. El acta de rechazo emitida por autoridades del Instituto Nacional de Migración, mediante la cual decretan la inadmisibilidad del quejoso al territorio nacional mexicano. La violación a las Leyes de Migración y Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, al negarle al quejoso su petición de que se le conceda visa humanitaria o su solicitud de registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dado que a pesar de que dicha persona busca regularizar su estancia en territorio mexicano, las responsables le impiden iniciar el trámite legal que le permitiría ser considerado como refugiado dentro de territorio mexicano, no obstante que huyó de su país de origen porque miembros del crimen organizado lo amenazaron de muerte al negarse a integrarse a grupos delictivos. El estado de hacinamiento insalubre en que tienen al quejoso, dado que en la estación migratoria en que se encuentra ilegalmente detenido y alojado no existen las condiciones mínimas que le permitan sobrevivir dignamente, razón por la cual se encuentra en riesgo su salud física y emocional, habida cuenta que aún no ha sido erradicado el virus conocido como COVID-19 que actualmente azota a toda la humanidad y que, por eso, ha sido calificado como pandémico por la Organización Mundial de la Salud, por lo es muy riesgoso que el quejoso y otro gran número de migrantes detenidos convivan en los mismos espacios físicos, ya que en esas circunstancias insalubres siempre está latente la posibilidad de que eventualmente se contagie en caso de que alguna de las restantes personas con las que convive porte tal virus, pues las condiciones de hacinamiento en que todos se encuentran no permiten atender puntualmente las disposiciones oficiales expedidas con el propósito de fomentar el distanciamiento social con el fin de evitar la propagación del virus citado. De manera que las dimensiones reducidas del lugar donde se encuentran alojados el quejoso y diversos migrantes, la inadecuada ventilación e .iluminación del sitio, la escasa higiene del establecimiento y la suciedad de los recipientes en los que se les suministran alimentos, se traducen en actos de tortura que menoscababan su integridad personal, ya que le provocan degradación, envilecimiento y cosificación, y atentan contra su dignidad humana. El impedir al quejoso tener comunicación, a través de cualquier medio, con un representante legal y la negativa de reconocer a la suscrita como su representante legal, lo que me impide actuar en su representación en el expediente administrativo que se inició con su ilegal detención y alojamiento en una estación migratoria, por lo que el quejoso desconoce la situación legal en que se encuentra en nuestro país, de manera que en su agravio se viola el contenido de los artículos 70, 107, fracción VIII y 102 de la Ley de Migración, pues se le impide nombrar un representante legal y eventualmente recobrar su libertad colmando las condiciones que establece el último precepto invocado. La orden de deportación del quejoso, emitida en forma verbal o escrita, así como su ejecución, pues al estar incomunicado y privado de su libertad personal, en calidad de alojado, asegurado, detenido o retenido injustificadamente y en contra de su voluntad, es inminente su expulsión del país, pues de otra manera no se explica que se le niegue concederle visa humanitaria, se le impida registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se le niegue su petición de ser liberado pese a que no ha cometido delito alguno y se prepare su inmediato traslado a una estación migratoria ubicada en la frontera sur de nuestro país. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 11, 14, 16, 21, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El dieciocho de abril de dos mil veintidós, se radicó la demanda con el consecutivo 304/2022-V, se concedió la suspensión de plano a efecto de que no se llevara a cabo la deportación del quejoso a su país de origen o diversa estación migratoria dentro o fuera del Estado de Chihuahua, para que se le dejara en inmediata libertad y cesara la incomunicación y el estado de hacinamiento; en el entendido, que por lo que hace a la libertad, debería de observar las medidas de seguridad decretadas por esta Juzgadora. Luego, el veintiuno de abril de dos mil veintidós, al haber ratificado el escrito de demanda **********, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama del (1) Representante Local Noreste adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, (2) Sub representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y actual encargado de la Estancia Provisional Juárez, (3) Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración y (4) Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, todos residentes en esta ciudad: La privación de la libertad en calidad de alojado, asegurado, detenido o retenido, a través de la orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento, incomunicación, restricción del libre tránsito, alojamiento con fines de deportación a su país de origen en El Salvador; el estado de hacinamiento; la negativa de su registro ante la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados y a otorgarles visa humanitaria y el acta de rechazo mediante la cual se decreta la inadmisibilidad Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. I. El Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua y el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, ambos del Instituto Nacional de Migración, residentes en esta ciudad, , al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente los actos que les atribuye el accionante del amparo. Por su parte, el Representante Local Noreste adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, sin que haya lugar a tener por ciertos los actos que se le endilgan, en términos del numeral 115, en relación con el 117 de la Ley de la Materia; pues de las constancias que conforman el sumario se advierte que el justiciable se encontraba a disposición del Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad; lo que de suyo lleva a concluir la inexistencia de los actos que se le reclaman. II. Por lo que hace a la incomunicación, restricción del libre tránsito, alojamiento con fines de deportación a su país de origen en El Salvador; el estado de hacinamiento; la negativa de su registro ante la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados y a otorgarles visa humanitaria y el acta de rechazo mediante la cual se decreta la inadmisibilidad, de los informes sobre la suspensión de plano y justificado que rindió el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad, se desprende su inexistencia. Se dice lo anterior, pues remitió el certificado médico de ingreso de ocho de abril de dos mil veintidós, en el que se concluyó que se encuentra sano y la prueba rápida de covid-19, arrojó un resultado negativo; registro de llamadas telefónicas realizadas el nueve y dieciséis de abril del mismo año; así como solicitud de retorno asistido bajo el expediente 1368/2022 de ocho del citado mes y año, en el que consta su manifestación expresa de no ser su deseo de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida, ni regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración. Además, se toma en consideración la constancia realizada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, por el Actuario Judicial de la adscripción, en la que asentó, que una vez que se entrevistó con **********, a simple vista observó que se encontraba en buen estado físico, además de comunicarle o haber recibido tortura física o moral, ni malos tratos. Asimismo, que el veinticinco de abril del año que transcurre, se acordó un escrito en el que el quejoso manifestó su voluntad de no dar inicio al trámite para que se le otorgue la condición de refugiado; mismo que ratificó el veintiséis de los mismos ante la presencia judicial, expresando que no era su intención permanecer en este país. Razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto de las autoridades y acto reclamados que quedaron precisados en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad, manifestó que es cierto el acto que se le endilga, a saber, la privación de la libertad en calidad de alojado en esa estancia provisional, con motivo de su solicitud de retorno asistido a su país de origen. Por tanto, se tienen por ciertos los actos que se endilgan a la autoridad responsable, siendo aplicable al caso la tesis con registro digital 21100, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época, Materias Común, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, de julio de 1994, página 391, que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Así, Esta Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] El numeral es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, toda vez que del sumario se desprenden los siguientes datos relevantes: 1. El dieciocho de abril de dos mil veintidós, se radicó la demanda presentada por **********, a favor de **********, se concedió la suspensión de plano a efecto de que obtuviera su libertad, fijando las medidas de seguridad que debía observar, a saber: Establecer domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecería. No podría ausentarse sin previa autorización de este Juzgado Federal, del domicilio que señalado para su resguardo. En términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, debería comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces fuera requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. 2. El veintisiete de abril de dos mil veintidós, se tuvo al justiciable cumpliendo a cabalidad con el punto señalado en el primer apartado; y se ordenó girar oficio a la autoridad migratoria a efecto de que otorgara la libertad al promovente. 3. El veintinueve de abril de dos mil veintidós, se tuvo al Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, remitiendo el "acuerdo de salida de estancia provisional por mandato judicial" realizado a las doce horas con treinta minutos del veintiocho de los mismos, del cual se advierte que el quejoso ********** fue puesto en inmediata libertad. De este modo, se le hizo saber que en caso de que requiriera autorización para ausentarse del inmueble designado para permanecer, podía acudir a través de sus autorizados o personalmente ante este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua o comunicarse vía telefónica. Además, y toda vez que la autoridad migratoria le indicó que debía comparecer en sus oficinas los días martes y jueves de cada semana, en un horario de las nueve a las trece horas; se le requirió para que cumpliera con dicha obligación, en los términos indicados; del mismo modo, se solicita a la autoridad que en caso de incumplimiento lo informara a este Juzgado a efecto de proveer lo conducente. 4. El once y diecisiete de mayo pasado, se tuvo a la autoridad en comento, informando que el justiciable incumplió con la obligación de presentarse en esas oficinas el cinco y diez del citado mes; y el doce siguiente, el Actuario Judicial hizo constar que no fue posible su localización en el domicilio que designó, mientras que su autorizado, informó que el directamente agraviado abandono el inmueble sin que le hubiere comunicado sus razones o el lugar a donde se dirigía. De lo que se tiene, que el justiciable se encuentra gozando de su libertad, de ahí que la autoridad esté impedida para dar cumplimiento a la solicitud del quejoso sobre el retorno asistido a su país de origen. En efecto, y toda vez que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, de febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, de junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho Ordenamiento Legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos materia de estudio en este considerando. Así, toda vez que el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 304/2022-V, promovido por **********. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que no ha transcurrido el término de ocho días que debe mediar entre la notificación a las partes de la rendición de los informes justificados y la fecha de celebración de la audiencia constitucional, dado que el dieciséis de mayo de los corrientes, se tuvieron por recibidos los informes justificados del Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, por sí y en suplencia del titular de la citada oficina. Por ello, se difiere la citada audiencia y se señalan las diez horas con cuarenta minutos del diecisiete de junio del dos mil veintidós para su desahogo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 590, Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. IMPONE QUE SE DIFIERA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA OTORGAR ÍNTEGRAMENTE A LAS PARTES, EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. IRS
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos, el oficio que remite el Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional, en esta ciudad, mediante el cual, informa que el quejoso**********, incumplió por segunda ocasión, con la obligación de presentarse en esas oficinas el diez del actual, tal y como quedó establecido en proveído de veintinueve de abril del año que transcurre. Por otra parte, con el escrito signado por el licenciado **********, autorizado de la parte quejosa, se le tiene informando, que el directamente agraviado abandonó dicho inmueble sin que haya comunicado sus razones o el lugar a donde se dirigía, de ahí que se encuentra tratando de localizarlo. En este sentido, debe decirse que se encuentra transcurriendo el plazo concedido en proveído de once del actual, por lo que una vez que fenezca se acordará lo conducente. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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