Miguel Alejandro González Luna
Expediente 113/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 113/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Miguel Alejandro González Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintitrés. Vistos los autos, se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó este juicio constitucional, sin que la parte disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa. I. Por tanto, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional se sobreseyó en sentencia; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1 relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 113/2023, promovido por ********************, quien promueve en favor del directo quejoso Miguel Alejandro González Luna, en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisarán. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar la omisión de resolver en definitiva la solicitud de libertad condicionada sin monitoreo electrónico en el expediente de incidente de duración de la pena SD OAX/000955/2022, lo que solicitó mediante escrito recibido el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, el cuál, hasta la fecha de la presentación de la demanda no se había resuelto; y si con ello se trasgrede el derecho tutelado por los artículos 8º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal tuvo por recibida la solicitud de beneficio de libertad condicionada sin monitoreo electrónico a favor del aquí quejoso, formándose el expediente de incidente de duración de la pena SD OAX/000955/2022. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, el centro de Justicia Penal Federal, tuvo por designado como defensor público al licenciado ********************, y tuvo por recibido el informe rendido por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece CPS-OAXACA, donde se advirtió su buena conducta y el plan de actividades del aquí quejoso. El veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal, tuvo por recibido el ocurso del aquí quejoso donde solicitó se diere seguimiento al beneficio de libertad condicionada y dio vista al defensor para que desahogara la vista. Mediante acuerdo de quince de diciembre dicho Administrador recibió el escrito del defensor con el que solicita resuelva su incidente para no dilatar más el procedimiento al tratarse de una cuestión de libertad; en ese mismo día el citado Administrador le concedió un plazo de diez días hábiles a la Fiscalía para recabar informes y a la fecha de presentación de su demanda no se había turnado el asunto al Juez de Ejecución para que resolviera en definitiva la solicitud de libertad condicionada. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO El siete de febrero de dos mil veintitrés, ********************, quien promueve en favor del directo quejoso Miguel Alejandro González Luna, presentó demanda electrónica, misma que fue turnada a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, por razón de turno, con la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que se precisarán en el apartado correspondiente. En proveído de ocho de febrero, se registró con el número 113/2023 se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, quien promueve en favor del directo quejoso Miguel Alejandro González Luna, contra los actos atribuidos a la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal y el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal, ambas autoridades con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y como acto reclamado, la omisión de resolver en definitiva la solicitud de libertad condicionada sin monitoreo electrónico en el expediente de incidente de duración de la pena SD OAX/000955/2022, lo que solicitó mediante escrito recibido el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, el cuál, hasta la fecha de la presentación de la demanda no se había resuelto; asimismo, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1º, 8º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y las autoridades responsables tienen su residencia en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda, se aprecia que el quejoso reclama lo siguiente: "i) de la autoridad responsable señalada en el inciso a) se reclama la omisión de resolver en definitiva la solicitud de libertad condicionada sin monitoreo electrónico en el expediente de incidente de duración de la pena SD OAX/000955/2022 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca. ii) de la autoridad responsable señalada en el inciso b) se reclama la omisión de remitir los autos al Juez de ejecución para que resuelva en definitiva la solicitud de libertad condicionada sin monitoreo electrónico en el expediente de incidente de duración de la pena SD OAX/000955/2022 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca." De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los citados actos reclamados, en relación con las autoridades responsables. V. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir sus respectivos informes justificados, la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Ejecución y el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, negaron el acto reclamado, agregado la juez que la petición del justiciable y su defensa se encontraba aún en trámite, a la víspera de que la representación social recabara la información que indispensable para emitir un pronunciamiento en torno a la solicitud de referencia, y así resolverse de fondo; y el Administrador refirió que fue hasta el dos de marzo que se turnó el asunto a la Juez de Ejecución. Sin embargo, deben tenerse por ciertos en su totalidad los acto reclamados a las autoridades responsables, no obstante que lo hayan negado, pues enseguida realizaron manifestaciones tendentes a justificar la constitucionalidad de tal motivo de disenso, aunado a que de las constancias que remitieron como anexo a sus respectivo informes se aprecia que a la fecha de la presentación de la demanda el acto reclamado era existente. En respaldo de la determinación adoptada se cita la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que expone: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Además, la certeza de esa actuación se patentiza con las constancias que con firma electrónica remitió el Administrador al momento de rendir su informe justificado, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2º. VII. PROCEDENCIA A consideración de este juzgador, el juicio de amparo es improcedente, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables. El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, como se especificó, la parte quejosa reclamó la omisión de resolver en definitiva la solicitud de libertad condicionada sin monitoreo electrónico en el expediente de incidente de duración de la pena SD OAX/000955/2022, lo que solicitó mediante escrito recibido el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, el cuál, hasta la fecha de la presentación de la demanda no se le había dado respuesta. Bajo esa tesitura, de autos se aprecia que el Administrador turnó la petición, y en esa misma fecha, esto es (dos de marzo de dos mil veintitrés), la Juez de Ejecución, resolvió conceder el beneficio de libertad condicionada sin monitoreo electrónico a Miguel Alejandro González de Luna y/o Miguel Alejandro González Luna, es decir, dio respuesta al escrito de la parte quejosa, mismo que fue recibido por la responsable el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, como se corrobora con los informes justificados. Por lo anterior, si en esta instancia se reclama la omisión de resolver en definitiva la solicitud de libertad condicionada sin monitoreo electrónico en el expediente de incidente de duración de la pena SD OAX/000955/2022, derivada de una falta de respuesta a una solicitud, el cuál, hasta la fecha de la presentación de la demanda no se le había dado, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que al haberle contestado su escrito y haberse dictado la resolución correspondiente, se destruyeron los efectos de lo reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si la negativa ficta aducida no hubiera existido, pues ya no existe silencio por parte de la autoridad, sino que está ya se pronunció sobre la solicitud de la parte quejosa, lo que ya no se estima que invade la esfera jurídica del particular. Por tanto, lo pretendido por la parte afectada al promover el juicio de amparo, era que cesara el silencio de la responsable en relación a su petición de que se resolviera en definitiva la solicitud de libertad condicionada sin monitoreo electrónico en el expediente de incidente de duración de la pena SD OAX/000955/2022, lo cual, se satisfizo, al dictarse la resolución de dos de marzo de dos mil veintitrés. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente" VIII. DECISIÓN En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, este juzgador determina que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el diverso 63 fracción V de la Ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, quien promueve en favor del directo quejoso ********************en contra de los actos atribuidos a las autoridades responsables, en términos de los considerandos V y VI de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio y anexo señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual, la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Ejecución, informa y acredita ante este órgano jurisdiccional que mediante resolución de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictó la resolución correspondiente y concedió el beneficio de la libertad condicionada sin monitoreo electrónico al aquí quejoso Miguel Alejandro González de Luna y/o Miguel Alejandro González Luna, ordenando su inmediata libertad; en consecuencia, se toma nota de lo anterior y dése vista a la parte quejosa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense los informes justificados descritos en la cuenta, y dése vista a las partes. Para dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido de los informes justificados agregados en esta propia fecha, la audiencia constitucional señalada para este día se reprograma para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.
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