Miguel Alejandro Flores Palizada

Expediente 340/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
340/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
16/05/2018

Partes del expediente

  • Miguel Alejandro Flores Palizada
  • Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de treinta de abril del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmete, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio remitido vía fax por el Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual, en atención al requerimiento que se le formuló en proveído de veintisiete de abril del año en curso, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, informa y acredita que el veinte de febrero de dos mil dieciocho, se notificó personalmente al solicitante del amparo el **********, la determinación de quince de febrero de dos mil dieciocho, emitida dentro del toca 12/2018-O de su índice, en la que modificó la determinación asumida por el Juez de Control de la Tercera Región, con residencia en Cortázar, Guanajuato, en audiencia de vinculación a proceso de dieciséis de enero del año en curso, dentro de la causa penal 1P1016-200. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama la resolución de quince de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato, dentro del toca 12/2018-O de su índice, en la que modificó la determinación asumida por el Juez de Control de la Tercera Región, con residencia en Cortázar, Guanajuato, en audiencia de vinculación a proceso de dieciséis de enero del año en curso, dentro de la causa penal 1P1016-200 de su estadística. De la constancia de notificación que allegó el Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que de la misma se desprende que el veinte de febrero de dos mil dieciocho, el actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios en Materia Penal, se constituyó en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de esta ciudad, a fin de notificar personalmente al aquí quejoso ********** la resolución de quince de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato, dentro del toca 12/2018-O de su índice. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del veintidós de febrero de dos mil dieciocho al catorce de marzo del mismo año, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente el en que, conforme a la ley del acto, se le notificó la resolución reclamada. Esto es, como al quejoso se le notificó personalmente la resolución reclamada, el veinte de febrero del año en curso, y el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 82 y 94 señalan que cuando se trate de notificaciones personales surtirán efectos al día siguiente al día siguiente en que hubieren sido practicadas y que los plazos establecidos en días correrán a partir del día en que surte efectos la notificación, el plazo para presentar la demanda comenzó a transcurrir el veintidós de febrero del año en curso. II. Fueron inhábiles los días veinticuatro y veinticinco de febrero, tres, cuatro, diez y once de marzo del año en curso, por disposición del artículo 19 de la Ley de Amparo, ya que fueron sábados y domingos. Entonces, como el acto que reclama el quejoso no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y el impetrante promovió la demanda que se estudia hasta el veinte de abril de dos mil dieciocho, es inconcuso que lo hizo con marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el peticionario del amparo. No es obstáculo a lo anterior lo manifestado por el quejoso, en su escrito de cuenta, en el sentido de que nunca se le notificó de manera personal la resolución reclamada, ya que en autos existen datos objetivos y fehacientes de que la determinación que reclama se le notificó personalmente el veinte de febrero de dos mil dieciocho, por lo que, dicha notificación debe tenerse por legalmente hecha hasta en tanto no se decrete su ineficacia y, como se dijo, debe servir de punto de partida para hacer el cómputo del plazo para la interposición de la demanda de amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN El INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA Agréguese en autos el oficio remitido vía fax por el Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual, en atención al requerimiento que se le formuló en proveído de veintisiete de abril del año en curso, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, informa y acredita que el veinte de febrero de dos mil dieciocho, se notificó personalmente al solicitante del amparo el **********, la determinación de quince de febrero de dos mil dieciocho, emitida dentro del toca 12/2018-O de su índice, en la que modificó la determinación asumida por el Juez de Control de la Tercera Región, con residencia en Cortázar, Guanajuato, en audiencia de vinculación a proceso de dieciséis de enero del año en curso, dentro de la causa penal 1P1016-200. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama la resolución de quince de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato, dentro del toca 12/2018-O de su índice, en la que modificó la determinación asumida por el Juez de Control de la Tercera Región, con residencia en Cortázar, Guanajuato, en audiencia de vinculación a proceso de dieciséis de enero del año en curso, dentro de la causa penal 1P1016-200 de su estadística. De la constancia de notificación que allegó el Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que de la misma se desprende que el veinte de febrero de dos mil dieciocho, el actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios en Materia Penal, se constituyó en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de esta ciudad, a fin de notificar personalmente al aquí quejoso ********** la resolución de quince de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato, dentro del toca 12/2018-O de su índice. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del veintidós de febrero de dos mil dieciocho al catorce de marzo del mismo año, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente el en que, conforme a la ley del acto, se le notificó la resolución reclamada. Esto es, como al quejoso se le notificó personalmente la resolución reclamada, el veinte de febrero del año en curso, y el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 82 y 94 señalan que cuando se trate de notificaciones personales surtirán efectos al día siguiente al día siguiente en que hubieren sido practicadas y que los plazos establecidos en días correrán a partir del día en que surte efectos la notificación, el plazo para presentar la demanda comenzó a transcurrir el veintidós de febrero del año en curso. II. Fueron inhábiles los días veinticuatro y veinticinco de febrero, tres, cuatro, diez y once de marzo del año en curso, por disposición del artículo 19 de la Ley de Amparo, ya que fueron sábados y domingos. Entonces, como el acto que reclama el quejoso no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y el impetrante promovió la demanda que se estudia hasta el veinte de abril de dos mil dieciocho, es inconcuso que lo hizo con marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el peticionario del amparo. No es obstáculo a lo anterior lo manifestado por el quejoso, en su escrito de cuenta, en el sentido de que nunca se le notificó de manera personal la resolución reclamada, ya que en autos existen datos objetivos y fehacientes de que la determinación que reclama se le notificó personalmente el veinte de febrero de dos mil dieciocho, por lo que, dicha notificación debe tenerse por legalmente hecha hasta en tanto no se decrete su ineficacia y, como se dijo, debe servir de punto de partida para hacer el cómputo del plazo para la interposición de la demanda de amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Encargada de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, Sede Salvatierra, Base Cortázar, mediante el cual, en atención al requerimiento que se formuló al Juez de Control de dicho órgano jurisdiccional el veinticinco de abril pasado, informa que únicamente se integró al expediente electrónico la resolución de quince de febrero del año en curso, emitida por el Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato, dentro del toca 12/2018-O de su índice, sin hacer pronunciamiento alguno. En ese sentido, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, requiérase a este último por la vía fax o electrónica para que en el improrrogable término de veinticuatro horas legalmente computado, informe y acredite por la misma vía cuándo se notificó al imputado ********** o a su defensor, la referida determinación de quince de febrero de dos mil dieciocho, emitida dentro del toca 12/2018-O de su índice, en la que se modificó la determinación asumida por el Juez de Control de la Tercera Región, con residencia en Cortázar, Guanajuato, en audiencia de vinculación a proceso de dieciséis de enero del año en curso, dentro de la causa penal 1P1016-200; apercibido que de no hacerlo se le impondrá como medida de apremio una multa de treinta a trescientas Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, de la legislación en consulta.

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