Miguel Alejandro Estrada Delgado
Expediente 1927/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1927/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Miguel Alejandro Estrada Delgado
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Ténganse por recibidas las demandas firmadas por ********************, contra actos de la Magistrada de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; registradas en este Juzgado de Distrito como juicios de amparo 1927/2023-I, y sus acumulados 1928/2023-II, 1935/2023-II y 1936/2023-III, este Juzgado provee Se tienen por recibidas las demandas de amparo promovidas por ********************, por derecho propio, en contra de actos de la Magistrada de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. REGISTRO. Fórmese el expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrense bajo los números 1927/2023-I, y sus acumulados 1928/2023-II, 1935/2023-II y 1936/2023-III. ACTOS RECLAMADOS. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama: El acuerdo de treinta y uno de octubre del año en curso, emitido por la Magistrada de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el juicio fiscal ********************, por medio del cual se hace efectivo el apercibimiento de veintitrés de octubre del año en curso y se impone una multa a los quejosos. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indico. ACUMULACIÓN. Así las cosas, teniendo en consideración que los juicios referidos, se encuentran relacionados entre sí, dado que en ellos se señala el mismo acto reclamado, atribuido a la propia autoridad; en consecuencia, este Juzgado de Distrito, de oficio determina que en el caso concreto es procedente la acumulación de los citados juicios, de conformidad con lo que establecen los artículos 66 de la Ley de Amparo en relación con los diversos 71, 72, 74, 75 y 76 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Se expone tal aserto, pues la acumulación de que se trata, tiene por objeto, tanto la economía del procedimiento, como evitar la contradicción de resoluciones que se dicten en negocios que impliquen el mismo problema jurídico, si los actos reclamados son sustancialmente los mismos; por ende, a efecto de lograr que la impartición de justicia sea pronta y expedita, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones; con apoyo en el precepto 66 de la Ley de Amparo, corresponde acumular los juicios más recientes, esto es, los juicios de amparo 1928/2023-II, 1935/2023-II y 1936/2023-III, al más antiguo, a saber, al diverso 1927/2023-I, para su tramitación en forma conjunta, por adecuarse los supuestos establecidos en los artículos 71, 72, 74, 75 y 76 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo ADMISIÓN. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Acorde con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dese la intervención correspondiente. Motivo por el cual, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio, dejando a su disposición en este Juzgado de Distrito, copia simple de la demanda y auto admisorio INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en lo establecido por los numerales 125 y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, de trece de octubre del año dos mil veintidós, fórmese por separado y tramítese el incidente de suspensión en original y electrónicamente. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las once horas con cincuenta minutos del ocho de enero de dos mil veinticuatro, para la celebración de la audiencia constitucional. Ello, de conformidad con el Acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, en el que se aprobó el calendario de vacaciones de los Juzgados de Distrito, correspondiente al segundo semestre de 2023 mediante sesión de veinticinco de septiembre de la presente anualidad, en términos del artículo 16 sexies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INFORME JUSTIFICADO. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. En el entendido que de no existir inconveniente legal alguno, rinda el informe solicitado, vía correo electrónico institucional 6jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículo 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este juzgado. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, en los términos indicados, se le impondrá multa de treinta a trecientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 237 fracción I y 251 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Ahora bien, dada la naturaleza del acto reclamado se estima que en el presente asunto no existe tercero interesado. DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Ahora bien, de autos se advierte que el quejoso señaló como domicilios el ubicado en ********************, y los usuarios "******************** Por ende, atendiendo a que no es factible que existan dos clases de notificación y por ende dos cómputos de la misma parte procesal, con la finalidad de privilegiar la utilización de los medios tecnológicos, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales, como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con los usuarios "********************"; asimismo, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, practíquense todas las notificaciones que deban ser personales a través del citado usuario electrónico. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizados a ********************, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, asimismo, se tiene por autorizadas en términos restringidos a las restantes personas que menciona, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones, imponerse de autos, y recoger documentos, que se dicten en el presente juicio de amparo, por no contar con registro en el referido sistema y por no contar con registro en el referido sistema. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que la autoridad responsable se negare a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se hará acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, con número de registro 2002576, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito. En el entendido que, para el caso de las autoridades deberán recabarse los datos del servidor público que confirme la recepción del oficio o auto respectivo, para valorar si se logró la notificación. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre del año en curso, se exhorta a las partes, para que continúen la tramitación del asunto, a través del portal de "Juicio en línea", para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Incidental
Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado en auto de esta fecha dictado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo 1927/2023-I y sus acumulados 1928/2023-II, 1935/2023-II y 1936/2023-III, promovido por **, contra actos de la Magistrada de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; se integra el presente incidente, de conformidad con los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo de trece de octubre del año dos mil veintidós. SOLICITUD DE INFORME PREVIO. Con apoyo en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto una copia simple de la demanda de amparo; en él se concretará a expresar si son ciertos los hechos que le atribuye la parte quejosa y que determinan la existencia del acto reclamado, pudiendo agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Se apercibe a la responsable que, de ser omisa en rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado, para el sólo efecto de la suspensión, además, de conformidad con los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se hará acreedora a una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental, de conformidad con la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, en el caso se reclama: * El acuerdo emitido el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, dentro del juicio fiscal *, a través del cual la Magistrada de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, impone a **, una multa de doscientas veces de la unidad de medida y actualización vigente, de acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que asciende a la cantidad de $ 20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), y a R*, una multa de cien veces de la unidad de medida y actualización vigente, de acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que asciende a la cantidad de $ 10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). MARCO JURÍDICO DE LA MEDIDA CAUTELAR. En principio, es de puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128 y 129 de la Ley de Amparo, de los cuales se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, además, debe atender a la naturaleza de la violación alegada. En ese contexto legal, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza de la violación alegada no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, a valorar si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de los quejosos, o más bien, incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio no se le había conferido legalmente. Ante tal exigencia constitucional, a fin de pronunciarse respecto a la procedencia de la suspensión del acto reclamado y previo al análisis de si el otorgamiento de la suspensión causaría perjuicio al interés social o contravendría disposiciones de orden público, debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esa medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el estudio de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica de los peticionarios de garantías, pues de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, es procedente decretar a favor de los quejosos la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no se continúe con el procedimiento coactivo de ejecución respecto de la multa que le fue impuesta por auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio fiscal 9* de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, hasta en tanto se resuelva lo procedente respecto a la suspensión definitiva. En el entendido que, la presente medida cautelar no implica la suspensión del procedimiento en el juicio natural conforme a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Amparo. Asimismo, si a la fecha, ya se ha ejecutado la multa impuesta a los quejosos en el procedimiento de origen, ésta suspensión no tendrá efectos restitutorios, porque no se advierte la existencia de la apariencia de buen derecho. Medida cautelar que, de conformidad con lo que establece el artículo 135 de la Ley de Amparo, surtirá sus efectos de inmediato, sin embargo si los impetrantes del amparo no acreditan dentro del término de cinco días computados legalmente, haber constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; ello, como garantía para asegurar el interés fiscal, dicha medida cautelar dejará de surtir efectos, quedando expedida la jurisdicción de la autoridad responsable para continuar el procedimiento de ejecución. Lo anterior, al atender que la sanción que les fue impuesta constituye el cobro de una sanción de naturaleza administrativa, la cual debe ser condicionada para que surta efectos la suspensión concedida, en términos del citado artículo 135 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 18/2021 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital 2023918, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE SOLICITA CONTRA ACTOS QUE INVOLUCREN CONTRIBUCIONES O CRÉDITOS FISCALES, SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU CONTINUACIÓN ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS PREVISTAS LEGALMENTE QUE LE SEÑALE EL JUEZ DE DISTRITO. Hechos: El Pleno de un Circuito y un Tribunal Colegiado de diverso Circuito discreparon sobre si cuando en el juicio de amparo se concede la suspensión (provisional o definitiva) contra el cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, la medida surte efectos de inmediato o su efectividad queda sujeta a que se haya constituido o se constituya garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que en ese caso la suspensión surte sus efectos de inmediato pero su efectividad está condicionada a que se garantice el interés fiscal por cualquiera de los medios legalmente establecidos que le señale el Juez de amparo. Justificación: La interpretación armónica y sistemática de los artículos 135 y 136 de la Ley de Amparo vigente, lleva a concluir que cuando se solicita la suspensión -provisional o definitiva- en contra de los actos de determinación, liquidación, ejecución y cobro de contribuciones o créditos fiscales, surte efectos de inmediato, esto es, desde el momento en que se concede en el acuerdo relativo, aunque se recurra, pero su continuación está condicionada a que en el plazo de 5 días el quejoso exhiba la garantía del interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables en los términos que considere el Juez de amparo, incluso, para reducir su monto o a dispensar su otorgamiento en determinados supuestos. En caso contrario, es decir, de no exhibir en el plazo indicado la garantía, dejará de surtir efectos la suspensión, aunque si no se ejecuta el acto reclamado después de dicho lapso y se ofrece garantía, volverá a surtir efectos. Lo expuesto es así, porque no es factible realizar una interpretación literal y aislada de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo en vigor, cuando establece que la suspensión surtirá efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios previstos legalmente; pues ello implicaría que previamente a conceder la suspensión, indefectiblemente y en todos los casos, el interés fiscal ya estuviera garantizado o se tendría que garantizar, con lo que, por una razón práctica, carecería de sentido solicitar la medida cautelar respecto de actos que involucren contribuciones o créditos fiscales ante el Juez de Distrito, dado que sería la propia autoridad fiscal -señalada como responsable en el juicio de amparo- la que calificó o no la pertinencia de la garantía, haciendo nugatorio el ámbito protector del juicio de derechos fundamentales, ya que la medida cautelar es lo que permite conservar o preservar su materia, siendo el Juez de amparo el que podrá concederla discrecionalmente y atendiendo a las circunstancias de cada caso. Además, el numeral 136 de la Ley de Amparo vigente es explícito al señalar que la suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento que se conceda en el acuerdo relativo. De ahí que si la ley no distingue, no debe hacerlo el juzgador, por lo cual, la medida cautelar surte sus efectos de inmediato contra actos que involucren contribuciones o créditos fiscales, pero está condicionada a que el peticionario de amparo exhiba la garantía que le fije el Juez de amparo en el plazo de 5 días, o con posterioridad si no se ha ejecutado el acto reclamado." EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), toda vez que se encontró registro de los usuarios "moreno8802; Leon060490; oscarflar; Edgar2212; CRU20junio92; DanielaAponte y alexestrada810". DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones, el domicilio indicado en el proemio de la demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Oscar Armando Flores Arias; Edgar Javier Hernández González y a Cristian Rubí Urbina, y únicamente para los efectos de oír y recibir notificaciones y documentos a Alejandro Peña Ortiz; Cristian León Velázquez; Edgar Sánchez Rojas; Lilian Daniela Aponte Lavín y a Kathya Alejandra Hernández Salazar, porque no cuentan con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente asunto únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales, y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado de Distrito. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente expediente, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, continúen la tramitación del asunto a través del portal de "juicio en línea", para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, a efecto de que obtengan su firma electrónica. Motivo por el cual, se instruye al Secretario encargado de la mesa para que, en caso de que se presenten promociones de manera física, verifique que las mismas sean coincidentes con el contenido del expediente electrónico, de igual forma, se instruye al actuario judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este expediente. Notifíquese.
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