Miguel Alberto Zamudio Prieto
Expediente 314/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 314/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/06/2022
Partes del expediente
- Miguel Alberto Zamudio Prieto
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98 párrafo primero de la Ley de Amparo, para que Miguel Alberto Zamudio Prieto, interpusiera recurso de queja contra el auto de siete de junio de dos mil veintidós, que tuvo por no presentada la demanda de amparo, transcurrió del diez al dieciséis de junio de dos mil veintidós, con exclusión de los días once y doce de junio del año en curso, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de siete de junio de dos mil veintidós, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 inciso b) y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, siete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa, para que cumpliera con el requerimiento formulado en auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, transcurrió del veintiséis de mayo al uno de junio de dos mil veintidós, con exclusión de los días veintiocho y veintinueve de mayo del año en curso, por ser inhábiles (sábado y domingo), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro del mencionado plazo cumpliera con el requerimiento ordenado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, por ende, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintitrés de mayo dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Alberto Zamudio Prieto, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, radíquese con el número de expediente 314/2022-II, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. PREVENCIÓN. El artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional examinará el escrito de demanda y si advirtiere deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, mandará prevenir al promovente para que dentro del plazo de cinco días subsane las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda. Por otra parte, del artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, deriva la obligación del quejoso de señalar con precisión el acto que de cada autoridad se reclame, con la finalidad de fijar debidamente la litis constitucional, para que de esta forma las autoridades responsables estén en condiciones de rendir con claridad el informe justificado que se les solicite. Ahora bien, la lectura integral de la demanda de amparo revela que la parte quejosa no señala con precisión el acto reclamado, pues si bien es el apartado relativo al "ACTO RECLAMADO", señala como tal, la denegación de justicia, toda vez que desde el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, fue puesto a disposición de la autoridad responsable, en razón de la orden de aprehensión que se ejecutó en su contra, por lo que, desde esa fecha ha permanecido privado de su libertad en el reclusorio de esta entidad, sin que se haya dictado sentencia en la causa penal 194/08/2009/IP-II. Empero, en el "concepto de violación" se duele de omisión de la responsable de practicar la diligencia de inspección judicial con el carácter de reconstrucción de hechos. Ahora bien, esa falta de precisión se traduce en una irregularidad de la demanda de amparo que debe ser aclarada por el promovente, pues del artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, deriva la obligación del quejoso de señalar con precisión el acto reclamado, con la finalidad de fijar debidamente la litis constitucional, para que de esta forma las autoridades responsables estén en condiciones de rendir con claridad el informe justificado que se les solicite. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que dentro del plazo de cinco días, cumpla con lo siguiente: 1. Señale con precisión el acto que le reclama a la Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. 2. Escrito aclaratorio que al ser parte integrante de la demanda de amparo, deberá acompañarse con las copias suficientes, esto es, deberá exhibir tres (3) copias, ya que uno (1) es para la autoridad responsable, una (1) para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y una (1) para el tercero interesado. Se apercibe al quejoso que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita el quejoso, se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho Isaac Elías Solís Angulo e Isis Sofía Ruz Acosta, pues de la certificación de cuenta, se advierte que se realizó consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, de la que se desprende que los autorizados de la parte quejosa cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, de la voz: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, que establece que las notificaciones en los juicios de amparo se harán de manera personal al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones; así como las resoluciones que desechen la demanda. En consecuencia, toda vez que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario de Ciudad del Carmen, Campeche, las notificaciones personales que le correspondan se le efectuarán en el lugar de su reclusión. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales" con los autorizados, el correo electrónico sofii.31@hotmail.com., y los números telefónicos 9999 3298167 y 9992357193. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022 y 7/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido.
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