Miguel Alberto Kú Moreno
Expediente 1092/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1092/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Miguel Alberto Kú Moreno
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, once de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el escrito de cuenta signado por el quejoso Miguel Alberto Ku Moreno, con el que en cumplimiento al requerimiento que se hizo mediante proveído de veintitrés de agosto en curso, exhibe la copia faltante de su escrito aclaratorio, en consecuencia, téngase por cumplido el referido requerimiento. Ahora bien, vista la demanda de amparo, se tiene a Miguel Alberto Ku Moreno, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en: "La falta de inserción en el acuerdo inicial de la fijación de la garantía por parte del acreedor tal y como lo refiere el artículo 463 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues en ningún momento se me emplazó de manera adecuada conforme a la ley, por lo que solicito se reponga el procedimiento y se me emplace de manera adecuada, y con ello no se vulneren en mi persona mis derechos civiles." Al respecto SE ACUERDA: en el presente asunto procede desechar de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A consideración de quien esto resuelve, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Para el análisis de dicha causa de improcedencia, es necesario transcribir los artículos citados: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De una interpretación armónica de los dispositivos legales anteriormente transcritos, se desprende que el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado narrados bajo protesta de decir verdad, se desprende que el quejoso señaló que tuvo conocimiento del acto del que se duele, el diecinueve de junio del año en curso. Por tanto, tomando en consideración que lo declarado por el propio quejoso en aquella demanda fue en forma expresa y bajo la formal "protesta de decir verdad", y que por disposición del artículo 95, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los hechos manifestados por el promovente en esa demanda constituyen una confesión expresa. Por tanto, aplicando la primera regla establecida por el artículo 18 de la Ley de Amparo, resulta que el término de quince días para el ejercicio del juicio de amparo, empezó a contarse a partir del día hábil siguiente al en que tuvo conocimiento del acto, es decir, el veinte de junio de dos mil diecinueve, feneciendo el diez de julio siguiente; previo descuento de los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de junio, y seis y siete de julio, todos de dos mil diecinueve, por tratarse de sábados y domingos, los cuales resultan inhábiles para la promoción del juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo que al haber sido presentada la demanda de amparo hasta el catorce de agosto del presente año, es inconcuso que ha transcurrido en exceso el término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; por ende, se ha consentido tácitamente la resolución que se reclama, por no haberse promovido el amparo dentro del término de ley. Lo anterior es así, toda vez que en el presente asunto no nos encontramos en alguno de los casos de excepción previstos por el artículo 20 de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de actos que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, ni de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en cuyo caso la demanda puedo promoverse en cualquier tiempo. Por tanto, si la demanda de amparo en estudio fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el catorce de agosto del año en curso, según se desprende del sello de recibido, válidamente se concluye que la presentación de la misma resulta extemporánea al haber fenecido el plazo que la ley le concedía para tal efecto, y como consecuencia de ello, el acto reclamado se considera como tácitamente consentido para los efectos del juicio constitucional, lo que por sí solo, hace que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia número VI.2o. J/21, consultable en la página número 291, Tomo II, Agosto de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia analizada, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por a Miguel Alberto Ku Moreno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el escrito de cuenta signado por el quejoso Miguel Alberto Ku Moreno, con el que en cumplimiento al requerimiento que se hizo mediante proveído de dieciséis de agosto en curso, manifiesta que los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación, que relata en su demanda son bajo protesta de decir verdad. Sin embargo, el ocursante únicamente exhibió dos copias de su escrito aclaratorio, siendo que en la especie, resultan necesarias tres, en virtud de que una es para la autoridad responsable, otra para la tercero interesada y la restante para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Por tanto, no dio cabal cumplimiento a la prevención efectuada y subsiste la misma, para que la parte quejosa exhiba la copia faltante del escrito que se provee, tal y como se le requirió. Haciéndole saber que el plazo otorgado en el auto de prevención, se interrumpió con la presentación del ocurso que se acuerda, mismo que se reanudará tan pronto surta efectos la notificación que de este proveído se le realice. Asimismo permanece el apercibimiento contenido en el aludido acuerdo de prevención en caso de incumplir. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, del Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 182,896, del rubro siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por **************, contra el acto del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, consistente en: "La falta de inserción en el acuerdo inicial de la fijación de la garantía por parte del acreedor tal y como lo refiere el artículo 463 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues en ningún momento se me emplazó de manera adecuada conforme a la ley, por lo que solicito se reponga el procedimiento y se me emplace de manera adecuada, y con ello no se vulneren en mi persona mis derechos civiles" Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1092/2019-I-A, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, a fin de estar en aptitud de acordar lo que legalmente corresponda en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente, para que dentro del improrrogable término de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, aclare su demanda en los siguientes términos: Manifieste si los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación que relata en su demanda, son bajo protesta de decir verdad. En virtud de que omitió este requisito formal, el cual está previsto en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo. Ya que únicamente se aprecia la expresión final del ocurso constitucional, cuando el quejoso reseña la fecha en que suscribió el documento de mérito, que hizo la manifestación "Protesto mis respetos...", sin que de ninguna manera se cumpla suficientemente con el requisito previsto por la fracción V del artículo 108 de la invocada ley. Es aplicable, la tesis jurisprudencial número P./J.127/99, sustentada por el Tribunal Pleno, en sesión privada celebrada el veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve, visible en las páginas 32 y 33 del Tomo X del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, bajo el rubro: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESION FINAL PROTESTO LO NECESARIO Y CUYA OMISION PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA." De igual manera, hágase saber a la parte quejosa, que deberá adjuntar las copias suficientes de su escrito aclaratorio de demanda para cada una de las partes en este asunto, en razón de que será parte integrante de la misma. Siendo que en el presente caso resultan necesarias tres, en virtud de que una es para la autoridad responsable, otra para la tercero interesada y la restante para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo y con apoyo en la Tesis Jurisprudencial 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma que no se contrapone a las nuevas disposiciones de la actual legislación de la materia, cuyo rubro es del tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento hecho con anterioridad dentro del plazo otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 114, de la Ley de Amparo. Como solicita la parte quejosa hágansele las notificaciones relativas a este juicio de amparo, incluso las de carácter personal, POR MEDIO DE LISTA que se fije en los estrados de este Juzgado. Téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Antonio Cortés Gutiérrez. De igual forma a las diversas personas que menciona, pero con las limitaciones que establece el referido numeral, hasta que acrediten estar debidamente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese por lista de estrados y cúmplase.
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