Miguel Adrián de la Cruz Rojas

Expediente 279/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
279/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Miguel Adrián de la Cruz Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se Negó la protección constitucional. El original del incidente de suspensión es depurable de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa por una parte fue negada y por otra fue concedida. El duplicado del incidente de suspensión es destruible con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a su destrucción conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese personalmente al quejoso en el centro preventivo en que se encuentra recluido; mediante lista electrónica a las tercero interesadas la víctima de identidad resguardada de iniciales D. I. V. O., ofendida de identidad resguardada de iniciales M. M. L. O. P., así como por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veinticinco de agosto del año en curso, en la que se negó el Amparo y protección de la Justica Federal solicitado, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho fallo, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Glósense los cuadernos de suspensión respectivos y realícense las anotaciones conducentes. Notifíquese personalmente al quejoso en el centro preventivo en que se encuentra recluido; mediante lista electrónica a las tercero interesadas la víctima de identidad resguardada de iniciales D. I. V. O., ofendida de identidad resguardada de iniciales M. M. L. O. P., así como por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    II. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con dos minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintidós, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 279/2021-II, promovido por Miguel Adrián de la Cruz Rojas, por derecho propio, ante la presencia de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario hace relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente. El Juez de Distrito acuerda: téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta al juez de Distrito con las pruebas documentales que adjuntaron a sus informes justificados el Director del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Ecatepec, y el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, ambos del Estado de México, así como las remitidas por este último y un disco en formato DVD, anexas a su oficio número 3012080P16/11185/2022. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 279/2022-II; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado en el nueve de marzo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado a este Juzgado el diez de marzo siguiente, **********, por derecho propio, ocurrió a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México y otra autoridad. II. Por acuerdo del once de marzo de este año, se admitió a trámite; se registró en el libro de gobierno con el número 279/2022-II; se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento alguno; se ordenó el emplazamiento de las partes tercero interesadas. III. Mediante oficio 12153/2022 del índice de este Juzgado de Distrito, se emplazó a este juicio a la parte tercero interesada Agente del Ministerio Público que ha intervenido en la causa de control 2461/2019. IV. En proveído del nueve de junio del año en curso, se tuvo en este asunto como tercero interesadas a la víctima de identidad resguardada de iniciales D. I. V. O. y ofendida de identidad resguardada de iniciales M. M. L. O. P.; asimismo, en diverso auto del catorce de junio siguiente se les dio vista con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; V. Finalmente, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Federal es competente para resolver en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se promovió un juicio de amparo contra autoridades que residen dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado, analizando en forma integral la demanda de amparo y las constancias que obran en autos, de donde se advierte que el quejoso Miguel Adrián de la Cruz Rojas, reclama lo siguiente: El auto de vinculación a proceso del diecinueve de febrero de dos mil veintidós, emitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en la carpeta administrativa 2461/2019, por el hecho delictuoso de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y haber recaído en un vehículo automotor, en agravio de la víctima de identidad resguardada de iniciales D. I. V. O. y ofendida de identidad resguardada de iniciales M. M. L. O. P. La medida cautelar ahí decretada, consistente en la prisión preventiva oficiosa. TERCERO. Las autoridades señaladas como responsables Director del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Ecatepec, y el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, ambos del Estado de México, al rendir sus informes aceptaron la existencia de los actos reclamados. Lo anterior se corrobora con las documentales y un disco compacto versátil digital certificado, remitidos por la última de las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, relativos a la causa de control 2461/2019, derivada de la carpeta de investigación ECA/FROV/VEC/034/313120/19/II; los que adquieren valor probatorio pleno, al haber sido certificados por la referida autoridad responsable, quien actuaron en cumplimiento a sus funciones, pues de la reproducción del disco compacto con copia del registro de los archivos ópticos y acústicos de las audiencias relacionadas con el acto reclamado, se colige que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta. Además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde que se generó por primera vez, y en virtud de la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa; luego, se le confiere el valor probatorio referido, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Resultan aplicables las jurisprudencias 226, 1a./J. 43/2013 (10a.) y 1a./J. 26/2019 (10a.), con rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." "VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES COMO PRUEBA EN EL AMPARO INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO." CUARTO. De conformidad con lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, por ser de orden público, previo al estudio de fondo deben analizarse las causas de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo: VI, Parte TCC, Página: 553, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora bien, del análisis de autos, no se advierte la actualización de alguno de los supuestos que obligan a sobreseer el juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 63 de la ley de la materia, ni de alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la propia legislación; por lo que se procede al estudio del asunto. QUINTO. Se estima innecesario transcribir los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que ello implique que se transgreda alguna disposición de la Ley de Amparo; además, esta circunstancia no lo deja en estado de indefensión, pues el hecho de que no se realice la transcripción de los mismos no significa que el juez de amparo esté impedido para el estudio integral de ellos. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, mayo de 2010, a página 830, con el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". El impetrante Miguel Adrián de la Cruz Rojas indicó que el auto de vinculación a proceso reclamado es contrario al contenido del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a título de conceptos de violación, expresaron lo siguiente: 1. Que el auto de vinculación no se encuentra fundado y motivado. 2. Que el reconocimiento que efectuó la víctima de identidad resguardada de iniciales D. I. V. O., resulta ilegal porque no reunió los requisitos que al efecto prevé el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales; ya que las personas que participaron en la diligencia aludida no presentaban características similares a la del imputado. 3. Aduce que, el auto de vinculación a proceso no cumple con los requisitos previstos en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 316, fracción III, y 317, fracciones II y III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la responsable no valoró la totalidad de los medios y datos de prueba existentes en la carpeta de investigación y justifica su intervención en el delito de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia y haber recaído en un vehículo automotor, con el reconocimiento de persona desahogado en sede ministerial, mismo que no cumple con lo establecido por el artículo 277 del Código Nacional de Procedimiento Penales. En ese entendido, este órgano jurisdiccional considera que los conceptos de violación referidos resultan infundados; en atención a las siguientes consideraciones: En principio, es oportuno destacar que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el proceso penal es acusatorio y oral; es decir, en dichos procesos ya no se juzga con documentales, sino de manera directa los juzgadores tienen contacto con las partes del proceso y los elementos del juicio en el acto de la audiencia. De ahí el impedimento para considerar la carpeta de investigación al momento de emitir el auto de vinculación a proceso por parte del Juez de Control responsable, como si se tratara de un expediente, por ser este propio del sistema inquisitivo, lo anterior, conforme al artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De acuerdo con lo establecido en el artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe apreciar el acto reclamado tal como aparece probado ante la autoridad responsable, sin tomar en consideración pruebas que no se hubieran rendido ante ella para comprobar los hechos objeto de la resolución reclamada. Entre los derechos fundamentales que la Constitución Federal consagra a favor de los gobernados, destaca el de legalidad jurídica que debe entenderse como la necesidad de que en la emisión de todo acto de autoridad de carácter privativo se observen las formalidades esenciales del procedimiento, lo que se traduce en una obligación por parte de las autoridades, de otorgar al gobernado la oportunidad de defensa, principio que encuentra su máxima extensión conforme a lo previsto en el artículo 14, párrafo segundo, constitucional. Asimismo, es oportuno citar el artículo 16 constitucional, que en la parte que interesa dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Este precepto constitucional impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar sus determinaciones, entendiéndose por fundamentación la expresión precisa del o de los preceptos legales aplicables al caso y por motivación el señalamiento de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas consideradas en el dictado de las sentencias. Apoya lo anterior la jurisprudencia 204, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, séptima época, tomo VI, común, página 166, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En ese sentido, las autoridades están obligadas a fundar y motivar todo acto de molestia; esto es, además de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan tenido en consideración para su emisión, deben plasmarlo por escrito. En el presente asunto, resulta necesario establecer cuál es la base constitucional del auto de vinculación a proceso, la cual se contempla en el artículo 19 constitucional que dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.- - - El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.- - - La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso.- - - El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.- - - Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.- - - Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.- - - Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades." Por su parte, el auto de vinculación a proceso se encuentra previsto en los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. - - - El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; - - - II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; - - - III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y - - - IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. - - - El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. - - - El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. - - - El auto de vinculación a proceso deberá contener: - - - I. Los datos personales del imputado; - - - II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y - - - III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." De lo anterior se obtiene que para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales el juez no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realizan el Agente del Ministerio Público al hacer la imputación o la defensa, en uso del derecho de réplica. Asimismo, de los numerales transcritos se observa que, para el dictado del auto de vinculación a proceso se deben reunir los siguientes requisitos de forma: a) Que sea emitido por una autoridad judicial competente; b) Que se realice la imputación, esto es, que exista un comunicado por el ministerio público en presencia del juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos delictuosos; con lo que se da cumplimiento a los principios acusatorio y de inmediación, que rigen el procedimiento; c) Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo, y habiéndose asegurado que el procesado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso; situación que reviste de especial importancia debido a que, por medio de ésta, se atiende al principio de contradicción; d) Que se pronuncie dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado bajo petición del implicado o su defensa o, bien, el imputado puede renunciar a dichos plazos y pedir que se resuelva su situación jurídica en la audiencia respectiva con los datos que obren en la carpeta administrativa del representante social, atendiendo a los principios de inmediación y publicidad, el cual es un requisito de orden constitucional; e) Que de la exposición del Agente del Ministerio Público se exprese el delito que se reprocha al imputado; y, f) El lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Por cuanto a los requisitos de fondo, se requiere que los antecedentes de la investigación expuestos por el agente del Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan: a) La comisión de un hecho que la ley señala como delito; y, b) La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. c) Además, deberá indicar que si se actualiza o no una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Del contenido del artículo 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que en el dictado del auto de vinculación a proceso no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, en tanto indica que sólo debe justificarse la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. De ahí que en el auto de vinculación a proceso no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; y para ello, el Juez de control debe examinar: I. El grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos. II. Tome en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas). III. La ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa). IV. La proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes). Orienta lo anterior la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro V, febrero de 2012, Tomo 3, página 1942, cuyo rubro dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)" Ahora, en el caso, se advierte que una vez que la representación social solicitó la vinculación a proceso, peticionando el implicado que su situación jurídica fuera resuelta en ciento cuarenta y cuatro horas; por lo que la defensa dio contestación a los argumentos vertidos por la Fiscalía; y, una vez cerrado el debate, se emitió la resolución reclamada, en la que el juez responsable consideró que los datos de prueba incorporados por el Ministerio Público con motivo de la formulación de imputación son idóneos, bastantes y suficientes para establecer la existencia del hecho tipificado como delito de robo con las modificativas agravantes por haberse cometido con violencia y haber recaído en un vehículo automotor, dado que: El día cinco de noviembre del año dos mil diecinueve, la víctima de identidad resguardada de iniciales D. I. V. O. se encontraba llegando a su domicilio ubicado en Bosques de Olmos, manzana sesenta y seis, lote ocho, casa cuatro, de la Colonia Héroes Tecámac, con código postal 55763 del Municipio de Tecámac, Estado de México, esto a bordo del vehículo de la marca Volkswagen, tipo golf, modelo dos mil dieciocho, color plata, con número de serie 9BWAB45U7JP034758, con el número de motor CFZS554756, con placas de circulación NEZ3615 del Estado de México, cuando desciende del vehículo para abrir la puerta, cuando en ese momento se percatan que Miguel Adrián de la Cruz Rojas en presencia de un sujeto de identidad desconocida hasta este momento, se acercan hacia ella y portaban ambos armas de fuego de color negro tipo escuadra, es así que Miguel Adrián de la Cruz Rojas se acerca hacia ella, le apunta a su estómago y le dice "ya valió madre dame las llaves", motivo por el cual la víctima se queda inmóvil, en ese momento tira su celular y usted le arrebata las llaves de encendido del vehículo y sube abordo como o conductor, mientras que el sujeto de identidad desconocida levanta el teléfono, le quita sus pertenencias y sube como copiloto, emprendiendo la huida. Por tanto, se estima que el juez responsable actuó correctamente al decretar el auto de vinculación a proceso, ya que los datos de prueba relatados son hasta este momento idóneos, pertinentes y, en su conjunto, suficientes para establecer la existencia del delito de robo con las modificativas agravantes por haberse cometido con violencia y haber recaído en un vehículo automotor, pues probablemente el cinco de noviembre del año dos mil diecinueve, el quejoso probablemente desapoderó a la víctima de su vehículo automotor. De esta manera, en el caso basta con que los datos de prueba relatados sean idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para establecer la existencia del hecho delictuoso en estudio. Resulta ilustrativa, por su contenido, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/2 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XXVI, noviembre de 2013, tomo 1, página 757, cuyo rubro dispone: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)". Por cuanto a la probable participación del sujeto activo en el hecho ilícito que se le imputa, se estima que fue correcta la apreciación del juez responsable, pues de los datos de prueba, los antecedentes, los argumentos vertidos por la fiscalía y la defensa, se concluye que el quejoso probablemente participó en la comisión del hecho que se le atribuye, lo cual se acreditó con los siguientes elementos de prueba: 1. Entrevista de la víctima de identidad resguardada de iniciales D. I. V. O. 2. Copia simple de identificación de la víctima. 3. Oficio de la puesta y búsqueda de la Policía de Investigación de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve. 4. Informe de Policía de Investigación de fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve. 5. Entrevista de la ofendida de identidad resguardada de iniciales M. M. L. O. P. 6. Primer avance de investigación de fecha cinco de diciembre del año dos mil diecinueve. 7. Constancia de llamada telefónica de fecha cinco de diciembre del año dos mil diecinueve. 8. Constancia de lectura de derechos al investigado Miguel Adrián de la Cruz Rojas. 9. Constancia de reconocimiento de persona de fecha seis de diciembre del año dos mil diecinueve. 10. Diligencia de reconocimiento de persona de fecha seis de diciembre del año dos mil diecinueve. 11. Copia simple de gafete del Defensor Público Oscar Alberto Leyva Carmona. 12. Cadena de Custodia. 13. Amplificación de la entrevista de la víctima de identidad resguardada de iniciales D. I. V. O. 14. Copias certificadas de la Carpeta de Investigación. Datos de prueba con los cuales el juez responsable estimó que probablemente el quejoso participó en el hecho delictivo que se le imputa y en su conjunto suficientes para establecerlo, en términos de lo dispuesto en el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que se estima acertado, toda vez que los datos de prueba relatados son hasta este momento pertinentes y en su conjunto suficientes para establecer que probablemente el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, la víctima de identidad resguardada de iniciales D. I. V. O. se encontraba llegando a su domicilio ubicado en Bosques de Olmos, manzana sesenta y seis, lote ocho, casa cuatro, de la Colonia Héroes Tecámac, con código postal 55763 del Municipio de Tecámac, Estado de México, esto a bordo del vehículo de la marca Volkswagen, tipo golf, modelo dos mil dieciocho, color plata, con número de serie 9BWAB45U7JP034758, con el número de motor CFZS554756, con placas de circulación NEZ3615 del Estado de México, cuando desciende del vehículo para abrir la puerta, cuando en ese momento se percatan que Miguel Adrián de la Cruz Rojas en presencia de un sujeto de identidad desconocida hasta este momento, se acercan hacia ella y portaban ambos armas de fuego de color negro tipo escuadra, es así que Miguel Adrián de la Cruz Rojas se acerca hacia ella, le apunta a su estómago y le dice "ya valió madre dame las llaves", motivo por el cual la víctima se queda inmóvil, en ese momento tira su celular y usted le arrebata las llaves de encendido del vehículo y sube abordo como o conductor, mientras que el sujeto de identidad desconocida levanta el teléfono, le quita sus pertenencias y sube como copiloto, emprendiendo la huida. De ahí que se comparta lo considerado respecto de la acreditación de la probable intervención del quejoso en la comisión del hecho delictuoso que se le imputa, ya que como se analizó, los datos de prueba relatados son idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes, para establecer su existencia y la probable participación del imputado en su comisión. Aunado a lo anterior, no se advierte en el acto reclamado que se encuentre justificado su proceder con alguna causa de licitud o exclusión del delito, por lo que al ser contrario a la ley, resulta correcta la determinación de la responsable, ya que tampoco se relató dato de prueba alguno que permita evidenciar que al momento de su ejecución haya tenido alguna incapacidad psicológica que le impidiera saber de lo ilegal de su conducta; menos aun que la hubieran realizado bajo error de tipo o de prohibición invencible o que estuvieran constreñido a su autodeterminación de manera tal que le impidiera adecuar su conducta a otra diversa. Por tanto, se comparte el análisis que en la resolución reclamada se realizó respecto de la probable intervención del quejoso en la comisión del hecho delictuoso de Robo con modificativa (agravantes de haberse cometido con violencia y haber recaído en un vehículo automotor), ilícito previsto y sancionado por los artículos 287, 289 fracción I, 290 fracción I, inciso b), y fracción V, en relación a los numerales 6, 7, 8 fracciones I y III y 11 fracción I inciso d), del Código Penal del Estado de México, en agravio de la víctima de identidad resguardada de iniciales D. I. V. O. y ofendida de identidad resguardada de iniciales M. M. L. O. P.. En ese contexto, como lo expuso la autoridad responsable, los datos de prueba aportados resultan suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y existen indicios razonables que así permitan suponerlo y en esta etapa procesal hagan probable su responsabilidad, lo que verificó la autoridad responsable en la resolución reclamada, con los antecedentes narrados por el órgano investigador; además, estableció los razonamientos lógicos jurídicos, así como los fundamentos legales en los cuales se apoyó para su emisión y realizó un análisis en cuanto a la acreditación del dolo en la conducta que se le atribuye al quejoso, lo cual se estima correcto, pues como se destacó, con los datos de prueba incorporados por la fiscalía y que la responsable tomó en consideración, se acredita de manera probable que el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, el impetrante desapoderó a la víctima de su vehículo automotor de la marca Volkswagen, tipo Golf, color plata, modelo 2018, placas de circulación NEZ3615 del Estado de México. Por lo anterior, se estima correcta la resolución reclamada mediante la cual se vinculó a proceso a los quejosos sin que hasta ese momento fuera necesario que la responsable analizara los elementos objetivos, normativos y subjetivos del delito, sino sólo el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado lo hubiera cometido o participado en su comisión, para lo cual debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad, la ponderación, la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario, como se determinó en la resolución reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro cuarenta y cinco, agosto de dos mil diecisiete, tomo I, materia penal, página trescientos sesenta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". Por lo anterior, no asiste razón al justiciable porque los datos de prueba que tomó en cuenta la responsable son suficientes para estimar que cometió o participó en la comisión del delito que se le atribuye, sin que hasta este momento procesal fuera necesario analizar cualquier otra cuestión. Con mayor razón si se considera que para dictar un auto de vinculación a proceso no se necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado como se estilaba en el sistema tradicional, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En ese sentido, en el auto de vinculación a proceso se determina por parte de la autoridad judicial si la investigación hasta ese momento realizada por el Ministerio Público arroja datos de prueba suficientes para establecer la existencia del hecho delictuoso y la probable intervención del imputado para someterlo a un proceso, ya que a través de esa resolución se e sujeta formalmente a un juicio. Además de lo expuesto, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requieren de pruebas fehacientes ni evidentemente claras para su emisión, aunado a que los medios de convicción que fueron considerados por la responsable se estiman suficientes para ello, es decir, sólo se requiere que en la resolución de plazo constitucional se exprese el delito que se imputa al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; esto es, el constituyente reformador estableció que para el dictado de auto de vinculación a proceso ya no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la responsabilidad en forma probable. De igual manera, tampoco asiste razón al promovente en relación con que el auto de vinculación reclamado fue emitido con base en pruebas obtenidas de manera ilícita (reconocimiento de persona). Sobre el concepto de prueba ilícita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que se ha asignado a aquellos elementos de convicción que eventualmente serán aportados en algún procedimiento jurisdiccional y que han sido generados u obtenidos de manera irregular; esto es, al margen o en franca contradicción con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en las normas de la materia de fuente internacional; por ello, las pruebas que hayan sido obtenidas, directa o indirectamente, a partir de la violación a derechos humanos no deben tener efecto alguno al momento de resolver la situación jurídica del sujeto imputado. Además, la invalidez no sólo afecta aquellas pruebas obtenidas directamente con motivo de un acto que provocó la violación a los derechos humanos, sino también a todas aquellas pruebas que tengan un vínculo directo con dicha violación; asimismo, las pruebas obtenidas como resultado de una prueba ilícita son, igualmente, inválidas, aunque para su consecución se hayan cumplido todos los requisitos legales y constitucionales, al derivar de la violación de algún derecho humano, ya sea de forma directa o indirecta, por lo que de conformidad con la regla de exclusión, no deben ser empleadas para sustentar la decisión de vincular a proceso al presunto responsable de la comisión de un delito. Apoya lo anterior la tesis 1a. CLXII/2011, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXXIV, del mes de Agosto de 2011, Materia Constitucional, página 226, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO". De ahí que la regla de exclusión de las pruebas ilícitas es un derecho humano que le asiste a todo inculpado, cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales; de tal forma que dicha regla se traduce en una posición preferente de los derechos humanos en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolabilidad. Adquiere sustento la jurisprudencia 1a./J. 139/2011 (9a.), Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro III, del mes de Diciembre de 2011, Tomo 3, Materia Constitucional, página 2057, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DEPRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y (iii) el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro orden constitucional. Asimismo, el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales establece, a contrario sensu, que ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser admitida. Esto deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables." En ese contexto, de conformidad con los artículos 263 y 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la licitud probatoria implica que los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en términos de que dispone el Código de mérito; de igual forma, la prueba ilícita es cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo cual será motivo de exclusión o nulidad. Los referidos preceptos legales a letra expresan: "Artículo 263. Licitud probatoria. - - - Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece este Código." "Artículo 264. Nulidad de la prueba. - - - Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad.--- Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o Tribunal deberá pronunciarse al respecto." Sobre esa base, en el caso concreto se advierte que el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México -autoridad responsable en el presente juicio constitucional- determinó que el reconocimiento de persona a que hizo referencia el representante social es idóneo para acreditar la presunta responsabilidad. Lo anterior es así, dado que del acto reclamado se advierte lo siguiente: "(.)se le pregunta a la víctima si antes del hecho conoce a las personas que le habían robado refiere que no, se le pregunta y después al hecho los conocía refiere que no, o si los había vuelto a ver, refiriendo que no, dice que sí persiste en su entrevista de fecha 5 de noviembre del año 2019; asimismo los participantes con la papeleta número 1 es José Damián Contreras González, con el número 2 Elías Hurtado Villarreal, con el número 3 Arturo Pascal Rojas, con el número 4 Miguel Adrián de la Cruz Rojas; todos y cada uno de los intervinientes firman al calce y ponen su huella dactilar siendo el número 1 José Damián Contreras González un sujeto masculino de edad aproximada 28 años, estatura de 1.75, complexión mediana, tez morena clara, frente amplia, ceja semipobladas, ojos chicos y boca chica, con el número 2 Elías Hurtado Villarreal un sujeto de sexo masculino de aproximadamente 28 años, estatura 1.76 metros, complexión media, tez morena, frente chica, cejas semipobladas, ojos medianos, con el número 3 Arturo Pascal Rojas un sujeto de aproximadamente 27 años, de sexo masculino, estatura aproximada 1.73 metros, complexión robusta, tez morena cara, frente amplia, ceja chicas y ojos redondos con el número 4 el hoy investigado Miguel Adrián de la Cruz Rojas sujeto de sexo masculino de aproximadamente 30 años estatura de 1.80, complexión robusta, tez morena, frente amplia, ceja poblada, ojos medianos, misma diligencia que se encuentra firmada por todos y cada uno de los intervinientes por la víctima y licenciado Óscar Alberto Leyva Carmona y Arturo Michel Mendoza López como agente del ministerio público. Siendo importante destacar que se incorporó copia simple del gafete del defensor público Óscar Alberto Leyva Carmona, con el número IDP 621; así como la cadena de custodia del seis de diciembre del año dos mil diecinueve, está, realizada por el perito en criminalística Juan López Vilchis. Diligencia que a consideración de este Unitario, resulta idónea y pertinente al ser practicada acorde a lo preceptuado en el artículo 277 Código Nacional de Procedimientos Penales porque el imputado fue presentado con tres personas y de quienes se asentó su nombre en las respectivas diligencias; y, el procedimiento fue realizado por Agente del Ministerio Público distinto al encargado de la investigación, aunado que estuvo asistido de su Defensor Público Óscar Alberto Leyva Carmona; por lo que de ninguna manera este Órgano de Control advierte que se haya verificado esta diligencia de manera ilegal. Converge en determinar que, el reconocimiento es un acto formal, en virtud del cual se intenta conocer la identidad de una persona, mediante la intervención de otra, quien al verla afirma o niega conocerla o haberla visto en determinadas circunstancias; es decir, se trata de un dato de prueba cuyo resultado puede ser una referencia positiva o negativa, según se logre o no la identificación, que constituirá la aportación de un elemento de convicción, siempre y cuando se cumplan con las formalidades mínimas para garantizar los principios de debido proceso legal y obtención de la prueba lícita. En esa tesitura, al ponderar los datos de prueba expuestos por la Autoridad Investigadora inherentes a la diligencia de reconocimiento, se tiene que de la simple lectura dada por la Fiscalía respecto de esa referencia, ésta cumple con los requisitos legales establecidos en el artículo 277 del Código Procesal Penal en consulta, pues de su mera lectura no se aprecia transgresión alguna. Ante esas circunstancias se recibió la ampliación de entrevista de fecha seis de diciembre del dos mil veintiuno, a cargo de la víctima, mediante la cual refiere que una vez que ha participado en un reconocimiento de persona puede señalar plena y legalmente sin temor a equivocarse a la persona que portaba la papeleta número "4", como el mismo sujeto que el día cinco de noviembre del año dos mil diecinueve, siendo aproximadamente las 01 horas llegando a su domicilio, bajara del vehículo y la apuntara con un arma de fuego tipo escuadra, color negro, a la altura de su estómago diciéndole "ya valió madre, dame las llaves". De ahí que, la diligencia de reconocimiento practicada en el caso en concreto, fortalece la entrevista de la víctima, pues esta de manera categórica hace un señalamiento firme y directo en contra del activo como la persona que la despoja del vehículo de motor que conducía el día del evento delictivo, al indicar básicamente que lo reconoce como la misma persona que la abordara toda vez que la misma descendía de su vehículo, diciéndole "ya valió madres, dame las llaves", apuntándola con un arma de fuego a la altura de su estómago, aunado que se trata del sujeto que se posicionó en el asiento del conductor y se dio a la fuga. Este unitario no pasa inadvertido que el defensor privado considera que la diligencia de reconocimiento de persona no satisface el contenido del artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque a su consideración el MP que se encargó de realizar la diligencia debió haber recabado la entrevista de la víctima en donde hace el señalamiento firme y directo en contra del ahora imputado; sin embargo, este Unitario no comparte su argumento porque partiendo de la sistemática establecida en el artículo 277 del CNPP no se requiere que precisamente se recabe una entrevista, mucho menos que la misma se recabe por el mismo Ministerio Público encargado de realizar la diligencia de reconocimiento; máxime que incluso en la propia diligencia de reconocimiento se cuestiona a quien trata de reconocer si identifica a uno de los sujetos interviniente y en ese mismo registro queda asentado si logra reconocer o no a algunos de los confrontados, tal como aconteció en el asunto particular, porque la víctima pudo reconocer a uno de sus agresores y que lo era el imputado; por ende no se comparte el argumento de la Defensa, porque precisamente la Legislación Procesal no indica que posterior a la diligencia de reconocimiento deba recabarse una entrevista y menos aún que ésta deba ser realizada por el MP que se encargó de la diligencia. Por ende, este Unitario considera que la diligencia de reconocimiento fue practicada en términos legales. Manifestaciones a las que se concede valor eficiente, al no encontrarse desvirtuadas con diversa probanza, aunado a que se desprende un señalamiento firme y directo en contra de Miguel Adrián de la Cruz Rojas, al indicar la manera en cómo exteriorizó su voluntad de apoderarse ilícitamente del vehículo de motor que ya ha sido descrito; lo cual debe tenerse por cierto hasta este momento, pues no se constató que tales acontecimientos sean producto de invención del declarante, ni tampoco que tuviera un fin malintencionado para incriminar al justiciable, además esa versión se encuentra fortificada con los restantes datos de prueba que se incorporaron a la carpeta de investigación; denotándose que, a manera de probabilidad, el implicado de referencia fue uno de los sujetos que ejecutó el injusto penal sometido a consideración de este Unitario; por lo que conforme a la narrativa de la víctima, se advierte la intervención del encausado en la realización del evento denunciado. Consecuentemente, se tiene la certeza, hasta este momento, que es uno de los individuos que ejecutó el delito que nos ocupa, ya que es natural y humano que la víctima señale al activo probablemente responsable y no a persona extraña; además, no se advierte que el declarante haya imputado artificialmente en contra de Miguel Adrián de la Cruz Rojas. Sustenta este argumento, el siguiente criterio jurisprudencial: "OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACIÓN DEL. El dicho de cualquier ofendido merece entero crédito en cuanto al señalamiento del responsable, por ser natural y humano el deseo de la víctima o de sus familiares de que la sanción recaiga sobre quien verdaderamente lo merece y no sobre personas ajenas al atentado". Semanario Judicial de la federación, Tomo CXXIX, Primera Sala Quinta Época, página 3391". Ahora bien, como se expuso con antelación, el reconocimiento de persona se llevó a cabo atendiendo el contenido del artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en la diligencia se encontraba asistido el justiciable por el Defensor Público (licenciado Óscar Alberto Leyva Carmona), sin que exista dato de prueba que demuestre lo contrario, aunado que el reconocimiento fue practicado por Arturo Michel Mendoza López un Agente del Ministerio Público diverso a quien participó en la integración de la carpeta de origen. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que el auto de vinculación a proceso reclamado se sustentó con datos de prueba que generan la presunción de que el sujeto activo tuvo intervención en los hechos delictivos denunciados por la víctima. Sin que en el caso exista motivo para suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, pues en el presente asunto no se generará algún beneficio a la parte quejosa con su aplicación; aunado que, como se dijo en párrafos precedentes, no existe violación a los derechos humanos del quejoso que faculte a este juzgado Federal a suplir la queja deficiente. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), publicada el siete de julio de dos mil diecisiete en el Semanario Judicial de la Federación, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se niega a **********, el amparo solicitado contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México y del Director del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Ecatepec, Estado de México en términos de lo precisado en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente al quejoso en el centro preventivo en que se encuentra recluido; mediante lista electrónica a las tercero interesadas la víctima de identidad resguardada de iniciales D. I. V. O., ofendida de identidad resguardada de iniciales M. M. L. O. P., así como por oficio a la Representante Social tercero interesada y a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien da fe. Doy fe.

  4. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en proveído de veintisiete de julio de dos mil veintidós, se ordenó notificar de manera personal al quejoso en el centro preventivo en que se encuentra interno, entre otros, el acuerdo de veinticinco de marzo del año en curso, en el cual se tuvo al Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, rindiendo su informe con justificación y toda vez que a la fecha no han transcurrido al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo de la Ley de Amparo en vigor, a fin de que la parte quejosa este en aptitud de proporcionar las pruebas que, en su caso, desvirtúe dicho informe justificado, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional programada para esta fecha, por lo que se difiere la misma y se fijan nuevamente para su verificativo las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, en que lo permiten las labores del juzgado. Notifíquese, personalmente, al quejoso en el centro preventivo en que se encuentra interno. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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