Miguel Adan Lopez Avalos

Expediente 397/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
397/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
20/07/2021

Partes del expediente

  • Miguel Adan Lopez Avalos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Directora de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala y, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que indica. Ahora, visto el informe y anexo de mérito, se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, en razón de lo siguiente. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de María Luisa Albores González, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Comisión Nacional de Áreas Nacionales protegidas (CONANP), la omisión de dar contestación al oficio que con motivo de la consulta pública anunciada en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve de enero de dos mil veintiuno realizada por correo electrónico en los términos establecidos en la misma convocatoria. Por su parte, la Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien actúa en representación de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su informe justificado, negó los actos que se le atribuyen, sin que exista en autos prueba que desvirtúe esta negativa; por tanto, al no acreditarse la existencia de los actos reclamados a esa autoridad responsable, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la Jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y seis, del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias que la Directora de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, remitió como justificación a su informe de ley, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que la citada autoridad responsable, el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio PNG/135/2021, dio respuesta a lo solicitado por la parte quejosa. De lo anterior se colige que si bien a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado sí existía; empero, igual verídico es que dicho acto ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable acreditó que mediante oficio PNG/135/2021, dio respuesta a lo solicitado por la parte quejosa; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, al haber sido subsanado por la responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Por tal motivo, queda sin efectos la audiencia referida, la cual estaba señalada para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Directora de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala y, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que indica. Ahora, visto el informe y anexo de mérito, se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, en razón de lo siguiente. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de María Luisa Albores González, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Comisión Nacional de Áreas Nacionales protegidas (CONANP), la omisión de dar contestación al oficio que con motivo de la consulta pública anunciada en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve de enero de dos mil veintiuno realizada por correo electrónico en los términos establecidos en la misma convocatoria. Por su parte, la Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien actúa en representación de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su informe justificado, negó los actos que se le atribuyen, sin que exista en autos prueba que desvirtúe esta negativa; por tanto, al no acreditarse la existencia de los actos reclamados a esa autoridad responsable, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la Jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y seis, del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias que la Directora de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, remitió como justificación a su informe de ley, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que la citada autoridad responsable, el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio PNG/135/2021, dio respuesta a lo solicitado por la parte quejosa. De lo anterior se colige que si bien a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado sí existía; empero, igual verídico es que dicho acto ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable acreditó que mediante oficio PNG/135/2021, dio respuesta a lo solicitado por la parte quejosa; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, al haber sido subsanado por la responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Por tal motivo, queda sin efectos la audiencia referida, la cual estaba señalada para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien actúa en representación de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; con su contenido, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala y, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que indica. De igual manera, de conformidad con el numeral 119, de la citada legislación, téngase como pruebas de su parte, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, mismas que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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