Miguel Abundio Acuña

Expediente 415/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
415/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
18/06/2021

Partes del expediente

  • Miguel Abundio Acuña

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que tanto en el expediente físico como en el electrónico, no obra constancia de notificación a la parte promovente respecto del proveído de veintidós de abril de este año, por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. En tales circunstancias, se instruye al Actuario encargado de realizar las notificaciones en el presente asunto, para que a la brevedad realice la notificación a la parte promovente respecto del proveído de veintidós de abril de este año, en su defecto, asiente la razón correspondiente. CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda Con la demanda de amparo de cuenta promovida por Miguel Abundio Acuña contra actos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 415/2021. Integración expediente electrónico. Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Desechamiento. Ahora, de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala en esencia el siguiente acto reclamado: "La negativa de acordar mi escrito que presente ante la responsable, el día cuatro de febrero de dos mil veintiuno, las cuales me son indispensables para presentarlas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, atendiendo a los antecedentes expuestos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o y 6o de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. " "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los anteriores preceptos se desprende que el juicio de amparo sólo puede promoverlo quien sufre una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por lo que, en sentido contrario, carece de legitimación quien promueva el juicio de amparo contra actos que no le produzcan una afectación de esa naturaleza. Luego, como en el caso, se advierte que el quejoso reclama violaciones al artículo 8° Constitucional, de la responsable, con motivo de la falta de contestación a su escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, por el que solicitó cierta información a la hoy responsable. Sobre este aspecto, debe hacerse notar que según aduce el quejoso la promoción se presentó el cuatro de febrero de dos mil veintiuno y a la fecha de la presentación de la demanda (veintiuno de abril de dos mil veintiuno), sólo han mediado cuarenta y nueve días hábiles, esto es del ocho de febrero al veintiuno del mes actual; lo anterior, tomando en consideración que fueron inhábiles los días cinco, seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de febrero, seis, siete, trece, catorce, quince, veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho y treinta y uno de marzo, uno, dos, tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de abril actual, lo que se estima que se encuentra transcurriendo el tiempo para que la responsable emita su respuesta, conforme al artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que dispone: "Artículo 17. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario." Como se puede advertir, dicho precepto establece que la autoridad a quien se dirija una petición tiene tres meses para contestarla; por tanto, la omisión reclamada por la parte quejosa no le causa agravio real o actual en su esfera jurídica. Máxime que es un hecho notorio, y por ende, de conocimiento público, que sigue latente, para las autoridades, la suspensión de labores ordinarias, operando la tramitación de asuntos mediante guardias o turnos, a razón de la emergencia sanitaria vigente que atraviesa la población mundial, derivado del virus SARS-Cov-2 que provoca la enfermedad del COVID-19, lo cual ha suspendido el desarrollo ordinario de los procedimientos jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Ciertamente, el hecho notorio por razón de salud pública, excusa a las autoridad(es) responsable(s) a reanudar sus actividades hasta en tanto, las diversas competentes a ésta, consideren viable el retorno de labores regulares en ciertas instituciones. Así al resultar que la demanda de amparo presentada por Miguel Abundio Acuña, contra actos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, es improcedente, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Domicilio para oír notificaciones. Como lo solicita la parte promovente, notifíquese el presente proveído en los estrados de este juzgado. Autorizado para oír notificaciones. Asimismo, en atención a la certificación realizada por la Secretaria de este Juzgado, se tiene por autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Herminio Hernández Vargas, ya que no se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco. Correos electrónicos y teléfono. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 y 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene señalando a la parte quejosa el número telefónico y la cuenta de correo electrónico que proporciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Exhortación a las partes para continuar el juicio en línea. En otro aspecto, se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Datos personales. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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