Migeul Angel Arias Fernandez

Expediente 386/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 30 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
386/2019
Año
2019
Actuaciones
30
Última actuación
18/01/2021

Partes del expediente

  • Migeul Angel Arias Fernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que no ha emitido determinación alguna en este expediente, siendo que tal cuestión extraordinaria que obedeció a la suspensión de funciones jurisdiccionales que operó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la Circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el veinte de diciembre próximo pasado, de conformidad con las directrices indicadas en el Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Ahora, el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante la Circular SECNO/1/2021, el Consejo de la Judicatura Federal determinó, para este Circuito Federal, la reanudación de labores conforme al esquema indicado en el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinándose el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en dicho numeral, SE REANUDAN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS PROCESALES EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Haciéndose la precisión que este acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba paralizado por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que la suspensión y posterior reanudación se decretaron en Circulares que se publicaron en la página del Consejo de la Judicatura Federal y obedecieron a un problema de salud -pandemia- cuyo conocimiento es de dominio público nacional; por lo que su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del código procedimental citado y, por ende, permite a los justiciables tener plena certeza que a partir del doce de enero de este año, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior sin perjuicio de que, de constar en autos una vía de contacto remoto con alguna de las partes, pueda hacerse de su conocimiento el contenido de este auto, mediante esa vía; lo cual es acorde con lo establecido en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Además, por cuanto hace a las autoridades responsables, de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a ellas deberá notificarse por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable al que se le notificará de manera personal dicho acuerdo (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos; por lo que, si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia, se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo, con inclusión del diferimiento de la audiencia, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio, lo que en el caso no ocurre. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. Por otra parte, y visto lo anterior, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que señala la ley de la materia en su artículo 202, para que la parte quejosa se inconformara, con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, téngase a la parte promovente del amparo conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá transferirse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que ya obra el oficio suscrito por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, con el que informa acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; así como que mediante proveído de doce de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con el oficio remitido por la mencionada autoridad, para que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este juzgador determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva terminada de engrosar el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se sobreseyó por una parte en el presente juicio y, por otra, se otorgó el amparo a la parte quejosa contra el acto reclamado de la Jueza Segundo Civil y el Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado, así como del Secretario de Seguridad Pública del Estado, consistente en la orden de desalojo mediante el uso de la fuerza pública del inmueble marcado con el número de predio cuatrocientos ochenta y cuatro, de la calle veintidós, del fraccionamiento Juan Pablo Segundo, de esta ciudad; misma que en fecha veintiséis de septiembre de la citada anualidad, fue recurrida por la aquí parte quejosa. Siendo que mediante ejecutoria de doce de febrero de dos mil veinte, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el toca 316/2019, confirmó la sentencia recurrida y concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Miguel Ángel Arias Fernández, requiriéndose a la autoridad su debido cumplimiento. Al respecto, la autoridad responsable a través del oficio 604/2020, informó que el veintiséis de agosto de dos mil veinte, suspendió la tramitación del juicio de origen y previno al aquí quejoso a efecto de que acreditara ante ella su legitimación como propietario del inmueble. Al respecto, en auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de mérito, por lo que en esa misma fecha se requirió a la responsable para que, tomando en consideración los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, cumpla en sus términos con la ejecutoria de mérito. Prevención que en fecha doce de noviembre de la presente anualidad, se tuvo por desahogada y se puso a la vista de las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho convenga, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: .la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado continúe, en su caso, con la tramitación del procedimiento de ejecución instando ante su potestad, pero sin dictar o ejecutar actos que afecten el derecho de propiedad invocado por el tercero extraño, a quien no podrá llamársele a ese procedimiento, pues, en todo caso, deberá ser parte de uno promovido en su contra como parte formal a efecto de ejercer su derecho de audiencia. Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la autoridad responsable Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante oficio número 970/2020, comunicó la emisión del acuerdo de diez de noviembre del año en curso, en el cual regularizó parcialmente el diverso proveído de veintiséis de agosto anterior, para dejar firme la suspensión del procedimiento decretada en el juicio de origen y dejar insubsistente el requerimiento realizado en él a la parte quejosa. En ese sentido, debe decirse que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, pues de sus posteriores actuaciones se advierte que se abstuvo de afectar el derecho de propiedad de la parte quejosa y de llamarlo al controvertido de origen, dejando a salvo su derecho de audiencia, tal y como fue ordenado en la sentencia de amparo, por lo que se entiende que la responsable cumplió en su totalidad la sentencia concesoria de amparo. Lo que debe hacerse extensivo a los actos de ejecución reclamados del Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial y del Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado, pues su actuación queda supeditada a la abstención impuesta a la autoridad ordenadora respecto de cualquier afectación al derecho de propiedad de la parte quejosa derivada del juicio 807/2018 de su índice, relativo al procedimiento para la ejecución de un convenio transaccional.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que ya obra el oficio suscrito por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, con el que informa acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; así como que mediante proveído de doce de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con el oficio remitido por la mencionada autoridad, para que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este juzgador determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva terminada de engrosar el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se sobreseyó por una parte en el presente juicio y, por otra, se otorgó el amparo a la parte quejosa contra el acto reclamado de la Jueza Segundo Civil y el Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado, así como del Secretario de Seguridad Pública del Estado, consistente en la orden de desalojo mediante el uso de la fuerza pública del inmueble marcado con el número de predio cuatrocientos ochenta y cuatro, de la calle veintidós, del fraccionamiento Juan Pablo Segundo, de esta ciudad; misma que en fecha veintiséis de septiembre de la citada anualidad, fue recurrida por la aquí parte quejosa. Siendo que mediante ejecutoria de doce de febrero de dos mil veinte, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el toca 316/2019, confirmó la sentencia recurrida y concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Miguel Ángel Arias Fernández, requiriéndose a la autoridad su debido cumplimiento. Al respecto, la autoridad responsable a través del oficio 604/2020, informó que el veintiséis de agosto de dos mil veinte, suspendió la tramitación del juicio de origen y previno al aquí quejoso a efecto de que acreditara ante ella su legitimación como propietario del inmueble. Al respecto, en auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de mérito, por lo que en esa misma fecha se requirió a la responsable para que, tomando en consideración los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, cumpla en sus términos con la ejecutoria de mérito. Prevención que en fecha doce de noviembre de la presente anualidad, se tuvo por desahogada y se puso a la vista de las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho convenga, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: .la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado continúe, en su caso, con la tramitación del procedimiento de ejecución instando ante su potestad, pero sin dictar o ejecutar actos que afecten el derecho de propiedad invocado por el tercero extraño, a quien no podrá llamársele a ese procedimiento, pues, en todo caso, deberá ser parte de uno promovido en su contra como parte formal a efecto de ejercer su derecho de audiencia. Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la autoridad responsable Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante oficio número 970/2020, comunicó la emisión del acuerdo de diez de noviembre del año en curso, en el cual regularizó parcialmente el diverso proveído de veintiséis de agosto anterior, para dejar firme la suspensión del procedimiento decretada en el juicio de origen y dejar insubsistente el requerimiento realizado en él a la parte quejosa. En ese sentido, debe decirse que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, pues de sus posteriores actuaciones se advierte que se abstuvo de afectar el derecho de propiedad de la parte quejosa y de llamarlo al controvertido de origen, dejando a salvo su derecho de audiencia, tal y como fue ordenado en la sentencia de amparo, por lo que se entiende que la responsable cumplió en su totalidad la sentencia concesoria de amparo. Lo que debe hacerse extensivo a los actos de ejecución reclamados del Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial y del Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado, pues su actuación queda supeditada a la abstención impuesta a la autoridad ordenadora respecto de cualquier afectación al derecho de propiedad de la parte quejosa derivada del juicio 807/2018 de su índice, relativo al procedimiento para la ejecución de un convenio transaccional.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos, el oficio 970/2020, suscrito por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional, mediante resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, e informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio; por ende, dese vista a las partes con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, legalmente computados, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si está cumplida o no la sentencia de amparo.

Quedan 26 actuaciones en este expediente

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