Miel y Cera de Campeche, Sociedad Solidaria Social

Expediente 1259/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1259/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
22/04/2021

Partes del expediente

  • Miel y Cera de Campeche, Sociedad Solidaria Social

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno, se declaró que el proveído mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo causó estado en el presente expediente y se ordenó el archivo definitivo del mismo. Ahora bien, como en este expediente obra documento original exhibido por la parte quejosa, se requiere a aquélla para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano de control constitucional a solicitar mediante escrito la devolución del mismo, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, será destruido junto con el expediente; ello, con fundamento en el segundo párrafo del referido artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    SE TIENE POR DEBIDAMENTE NOTIFICADA A L APARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE VEINTIDOS DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO QUE EN SINTESIS DICE:San Francisco de Campeche, Campeche, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno, se declaró que el proveído mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo causó estado en el presente expediente y se ordenó el archivo definitivo del mismo. Ahora bien, como en este expediente obra documento original exhibido por la parte quejosa, se requiere a aquélla para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano de control constitucional a solicitar mediante escrito la devolución del mismo, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, será destruido junto con el expediente; ello, con fundamento en el segundo párrafo del referido artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE TIENE POR DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN SINTESIS DICE: Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por **************, quien se ostenta apoderado legal de ****************, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, antes Sociedad de Solidaridad Social, quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto que atribuye al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta, con residencia en esta ciudad, que en lo medular consiste en: la negativa de reconocer al solicitante de amparo la personalidad de apoderado legal de ********, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad limitada, antes Sociedad de Solidaridad Social, dentro de los autos del expediente ******. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno como 1259/2020-VII-B. Con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito es competente para conocer de la misma. Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo, estatuye:"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo en mención señala que para desechar de plano una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Así las cosas, del análisis efectuado a la demanda de amparo, se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, los cuales disponen: La atenta lectura de la fracción XXIII del artículo 61, permite advertir que sus fracciones sólo enuncian algunas de las causas de improcedencia del juicio de amparo, lo cual, a su vez, permite afirmar que no son las únicas, sino que existen otras hipótesis de improcedencia contenidas en otros artículos de la propia Ley de Amparo o bien en la jurisprudencia. Por otro lado el artículo 107, fracción V, de la Ley de amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dentro de juicio cuando tengan una ejecución en las personas que sea de imposible reparación. Actualmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido como actos que tengan ejecución de imposible reparación, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de las que el Estado Mexicano forma parte. En la especie, de lo expresado en la demanda constitucional, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la negativa de reconocer a ******** la personalidad de apoderado legal de *********Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad limitada, antes Sociedad de Solidaridad Social, dentro de los autos del expediente ******. Dicha manifestación constituye una confesión expresa y se le asigna valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, misma que es apta para demostrar: 1. Que el acto reclamado, para efectos de la procedencia de la demanda de amparo, tiene la naturaleza jurídica de acto dictado dentro de juicio; y, 2. Que no se actualiza la hipótesis prevista en el criterio que ha adoptado el más alto tribunal del país, para definir cuáles son los actos dentro de juicio respecto de los que procede el amparo biinstancial. Lo anterior es así, pues la resolución reclamada no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues con su emisión no se coloca en riesgo la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuya afectación o sus efectos no podrían repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio de origen, por haberse consumado de manera irreversible la violación de la garantía individual, sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, pues sólo se trata de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales, cuya afectación a la parte quejosa podría ser borrada si la sentencia definitiva que se llegara a emitir en el juicio natural fuere favorable a la moral agraviada. De tal manera que cuando los actos o el acto reclamado no son de aquellos que causen un daño predominante o exorbitante que no tenga reparación alguna para los gobernados, no procede el juicio de amparo indirecto. Para la procedencia del juicio constitucional es necesario, pues, que el acto reclamado afecte de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la moral quejosa consagrados en la Constitución y no sólo los derechos adjetivos o procesales que pueden ser reparados con una resolución favorable. En el caso, el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, pues la resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta, con residencia en esta ciudad, relativa a no reconocer a ************ la personalidad de apoderado legal de ****************, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad limitada, antes Sociedad de Solidaridad Social, dentro de los autos del expediente *****, iniciado por una persona moral con razón social similar, no coloca en riesgo los derechos sustantivos de la parte quejosa, cuya afectación o sus efectos estén siendo efectiva y actualmente afectados en la controversia agraria de origen, menos que impliquen por sí la emisión de un fallo en su contra. Luego, se concluye que el acto reclamado no puede ser calificado como de imposible reparación para el solicitante del amparo, con el fin de reconocer la procedencia del amparo indirecto, pues no se surte ninguno de los supuestos determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para atribuirle dicho calificativo, puesto que se trata de una transgresión a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales. En este sentido, se estima inadmisible la demanda de amparo formulada por ***********, en su carácter de apoderado legal de ************Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, antes Sociedad de Solidaridad Social, ante la actualización de la causal de improcedencia, que prevé el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del citado ordenamiento jurídico. Por tanto, se DESECHA DE PLANO la demanda, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, en contra del acto consistente en la negativa de reconocer a *********** la personalidad de apoderado legal de *************, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad limitada, antes Sociedad de Solidaridad Social, dentro de los autos del expediente ******. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, que en esencia radica en la circunstancia que la determinación reclamada pese a que es un acto dentro de juicio no transgrede de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa, ni afecta a las partes en grado predominante o superior, aparece de lo expresado en la demanda constitucional. También, es indudable tal improcedencia si se toma en cuenta, que el hecho de considerar al acto reclamado como una violación adjetiva que no impacta de manera tal que amerite su pronto estudio, de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Se tiene como domicilio del peticionario de amparo para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda y como autorizados con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su ocurso de cuenta, hasta en tanto acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, si no proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión de veintinueve de junio de dos mil cinco, que establece el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se exhorta a todas las partes, que de estimarlo pertinente, transiten o se mantengan en el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo para que propongan formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales, tales como: correo electrónico y servicios de mensajería instantánea (Messenger, whatsApp, etc), tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Ahora bien, atento a lo dispuesto por la citada circular CAP/3/2020, que establece el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del aludido Consejo, a partir del veintiuno de diciembre de esta anualidad, se reserva hacer del conocimiento de la parte quejosa, la presente determinación en tanto, se modifique el esquema de trabajo que rige a este órgano jurisdiccional. Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, una vez restablecidas las labores de este Juzgado, para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal respectiva. Con fundamento en el artículo sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal. Lo anterior, a efecto de cumplir con la obligación impuesta por el mencionado precepto, en lo relativo a vigilancia de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. De conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. Notifíquese personalmente al reanudarse labores

  4. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veinticuatro de diciembre de dos mil veinte. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por **************, quien se ostenta apoderado legal de ****************, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, antes Sociedad de Solidaridad Social, quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto que atribuye al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta, con residencia en esta ciudad, que en lo medular consiste en: la negativa de reconocer al solicitante de amparo la personalidad de apoderado legal de ********, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad limitada, antes Sociedad de Solidaridad Social, dentro de los autos del expediente ******. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno como 1259/2020-VII-B. Con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito es competente para conocer de la misma. Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo, estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo en mención señala que para desechar de plano una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Así las cosas, del análisis efectuado a la demanda de amparo, se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, los cuales disponen: La atenta lectura de la fracción XXIII del artículo 61, permite advertir que sus fracciones sólo enuncian algunas de las causas de improcedencia del juicio de amparo, lo cual, a su vez, permite afirmar que no son las únicas, sino que existen otras hipótesis de improcedencia contenidas en otros artículos de la propia Ley de Amparo o bien en la jurisprudencia. Por otro lado el artículo 107, fracción V, de la Ley de amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dentro de juicio cuando tengan una ejecución en las personas que sea de imposible reparación. Actualmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido como actos que tengan ejecución de imposible reparación, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de las que el Estado Mexicano forma parte. En la especie, de lo expresado en la demanda constitucional, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la negativa de reconocer a ******** la personalidad de apoderado legal de *********Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad limitada, antes Sociedad de Solidaridad Social, dentro de los autos del expediente ******. Dicha manifestación constituye una confesión expresa y se le asigna valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, misma que es apta para demostrar: 1. Que el acto reclamado, para efectos de la procedencia de la demanda de amparo, tiene la naturaleza jurídica de acto dictado dentro de juicio; y, 2. Que no se actualiza la hipótesis prevista en el criterio que ha adoptado el más alto tribunal del país, para definir cuáles son los actos dentro de juicio respecto de los que procede el amparo biinstancial. Lo anterior es así, pues la resolución reclamada no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues con su emisión no se coloca en riesgo la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuya afectación o sus efectos no podrían repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio de origen, por haberse consumado de manera irreversible la violación de la garantía individual, sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, pues sólo se trata de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales, cuya afectación a la parte quejosa podría ser borrada si la sentencia definitiva que se llegara a emitir en el juicio natural fuere favorable a la moral agraviada. De tal manera que cuando los actos o el acto reclamado no son de aquellos que causen un daño predominante o exorbitante que no tenga reparación alguna para los gobernados, no procede el juicio de amparo indirecto. Para la procedencia del juicio constitucional es necesario, pues, que el acto reclamado afecte de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la moral quejosa consagrados en la Constitución y no sólo los derechos adjetivos o procesales que pueden ser reparados con una resolución favorable. En el caso, el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, pues la resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta, con residencia en esta ciudad, relativa a no reconocer a ************ la personalidad de apoderado legal de ****************, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad limitada, antes Sociedad de Solidaridad Social, dentro de los autos del expediente *****, iniciado por una persona moral con razón social similar, no coloca en riesgo los derechos sustantivos de la parte quejosa, cuya afectación o sus efectos estén siendo efectiva y actualmente afectados en la controversia agraria de origen, menos que impliquen por sí la emisión de un fallo en su contra. Luego, se concluye que el acto reclamado no puede ser calificado como de imposible reparación para el solicitante del amparo, con el fin de reconocer la procedencia del amparo indirecto, pues no se surte ninguno de los supuestos determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para atribuirle dicho calificativo, puesto que se trata de una transgresión a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales. En este sentido, se estima inadmisible la demanda de amparo formulada por ***********, en su carácter de apoderado legal de ************Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, antes Sociedad de Solidaridad Social, ante la actualización de la causal de improcedencia, que prevé el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del citado ordenamiento jurídico. Por tanto, se DESECHA DE PLANO la demanda, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, en contra del acto consistente en la negativa de reconocer a *********** la personalidad de apoderado legal de *************, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad limitada, antes Sociedad de Solidaridad Social, dentro de los autos del expediente ******. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, que en esencia radica en la circunstancia que la determinación reclamada pese a que es un acto dentro de juicio no transgrede de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa, ni afecta a las partes en grado predominante o superior, aparece de lo expresado en la demanda constitucional. También, es indudable tal improcedencia si se toma en cuenta, que el hecho de considerar al acto reclamado como una violación adjetiva que no impacta de manera tal que amerite su pronto estudio, de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Se tiene como domicilio del peticionario de amparo para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda y como autorizados con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su ocurso de cuenta, hasta en tanto acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, si no proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión de veintinueve de junio de dos mil cinco, que establece el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se exhorta a todas las partes, que de estimarlo pertinente, transiten o se mantengan en el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo para que propongan formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales, tales como: correo electrónico y servicios de mensajería instantánea (Messenger, whatsApp, etc), tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Ahora bien, atento a lo dispuesto por la citada circular CAP/3/2020, que establece el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del aludido Consejo, a partir del veintiuno de diciembre de esta anualidad, se reserva hacer del conocimiento de la parte quejosa, la presente determinación en tanto, se modifique el esquema de trabajo que rige a este órgano jurisdiccional. Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, una vez restablecidas las labores de este Juzgado, para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal respectiva. Con fundamento en el artículo sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal. Lo anterior, a efecto de cumplir con la obligación impuesta por el mencionado precepto, en lo relativo a vigilancia de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. De conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. 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