Michelle Zaldívar Valdemar

Expediente 908/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
908/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
21/10/2021

Partes del expediente

  • Michelle Zaldívar Valdemar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Secretario adscrito al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; en atención a su contenido, hágasele del conocimiento al juzgado oficiante que éste órgano jurisdiccional no cuenta con constancias originales, toda vez que mediante acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintiuno, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes con las constancias mínimas indispensables, además que, de la certificación que antecede, se advierte que la quejosa no exhibió documentos originales. Ahora bien, de la lectura integral al ocurso que nos ocupa, se desprende que el Juzgado de mérito realizó manifestaciones de las que se puede concluir que se avocó al conocimiento del presente asunto, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, quince de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual, remite testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial C.C.A. 31/2021, de su índice; acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes que el órgano colegiado revisor resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Es legalmente competente para conocer del asunto el Juez Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. SEGUNDO. Hágase del conocimiento está resolución al Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, tomando en consideración que se ha resuelto en definitiva el conflicto competencial señalado en párrafos que anteceden, se instruye a la Analista Jurídico SISE a efecto de que deshabilite los permisos otorgados para la consulta de las constancias electrónicas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que en su caso, se hayan realizado. En consecuencia, al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de asuntos total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito y su acumulado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial decretado en el presente asunto, registrándolo con el número de toca C.C.A. 31/2021; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Eliana Damián Gaspar, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, diez de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual informa que el órgano jurisdiccional de su adscripción no aceptó la competencia declinada para conocer del juicio de amparo 908/2021 del índice de este Juzgado de Distrito, por los motivos que expone, y al efecto devuelve los autos originales del juicio de amparo de mérito; al respecto, acúsese recibo vía electrónica. Ahora bien, del análisis integral de actuaciones se aprecia que en proveído veintidós de julio del año en curso, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la presente demanda en relación al acto reclamado, por razón de terriorio. Posteriormente, la demanda de amparo fue turnada para su conocimiento al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, cuyo Titular dictó el proveído de treinta de julio del año en curso, en el cual determinó no aceptar la competencia planteada por este juzgado federal, bajo el argumento de que la litis corresponde a actos que no requieren de una ejecución 1 material, motivo por el cual devolvió a este juzgado las actuaciones del juicio de amparo que nos ocupa. Pues bien, al margen de que este órgano jurisdiccional comparta o no la respetable opinión del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, insiste en considerar que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, por los mismo motivos expuestos en el aludido acuerdo de veintidós de julio pasado. En efecto, como se dijo en tal actuación, atendiendo a la naturaleza de la que deriva el acto reclamado que por esta vía se impugna, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, pues en principio, la parte quejosa señaló como actos reclamados: "I. La omisión de otorgarnos alimentos básicos y leche para poder sobrevivir al aislamiento general derivado de la propagación epidemia generada por el virus SARS- CoV2, COVID-19.--- II. La omisión de suministrar los materiales y herramientas de reparación y construcción para poder construir un cuarto de baño y efectuar diversas adecuaciones necesarias ante la severa inundación pluvial que se presentó en Atizapán en días pasados.--- III. La omisión de declarar el estado de desastre natural.--- IV. La omisión de darme acceso al Fondo de Desastres Naturales.--- V. La omisión de reconocer la actividad irregular del Estado.". Cabe destacar, que las omisiones reclamadas constituyen actos negativos con efectos positivos, pues producen una afectación que trasciende a la materialidad, ante la posible alteración o agravamiento de esfera jurídica, por lo que poseen el atributo de ser ejecutables materialmente. Entonces, es factible observar que la regla de competencia aplicable en el caso concreto, es aquélla que se alude en el arábigo uno, toda vez que, como se ha dicho, el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, siendo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda, es aquél en donde se deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado la afectación a los derechos de los quejosos, toda vez que el impetrante de amparo, en el escrito de cuenta manifestó bajo protesta de decir verdad que se encuentra en su domicilio ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Así, debe considerarse que para determinar la competencia del Juez de Distrito por territorio, como primera premisa debe precisarse si tiene o no ejecución material, a efecto de determinar en qué supuesto del artículo 37 de la Ley de Amparo se ubica el acto reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia PC.XVI.P J/3P, emitida por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, visible en la página 2124 Libro 64, Marzo 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décimo Época, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido - en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario." Por tanto, en el caso concreto el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda, es aquél en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado la afectación a los derechos de la parte quejosa con motivo del acto reclamado, esto es, en el lugar en donde la justiciable tiene su domicilio y debe recibir, en su caso, los apoyos del gobierno que solicita. Por tanto, resulta evidente que los actos reclamados tienen ejecución en Atizapán, Estado de México, de lo que se sigue que el Juzgado competente para conocer del presente juicio de amparo es el que ejerce jurisdicción en dicha entidad federativa. Sirve de apoyo a la anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 97, Tomo Informe 1972, Parte II, Séptima Época, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía 5 individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". En lo conducente sirve de apoyo, por analogía, la tesis I.1o.P.35 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2350 de rubro: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. De igual manera, en lo que interesa, es aplicable la tesis II.2o.P.16 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2093 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Décima Época, de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO." Finalmente, sirve de sustento, por analogía, la Jurisprudencia 1a./J. 48/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, Novena Época, que señala: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN." Asimismo, el hecho de que la quejosa en los antecedentes de los actos reclamados, haga alusión a que la casa en donde habita, esta domiciliada en la localidad de Atizapán de Zaragoza, Estado de México no es suficiente para sostener que el referido órgano declinado carece de competencia para conocer de juicio de amparo en cuestión. Lo anterior, debido a que las omisiones que reclama se las atribuye a una autoridad federal con presencia en el Estado de México, por lo que se estima respetuosamente que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo, es aquél del lugar en que se ejecute, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, deba tener ejecución o se haya ejecutado el acto reclamado. En efecto, si las autoridades responsables señaladas como responsables deben actuar dentro de esta jurisdicción territorial del Estado de México, resulta evidente que las omisiones reclamadas constituyen actos negativos con efectos positivos, por tanto, se insiste, resulta competente para conocer del acto reclamado que nos ocupa el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia PC.XVI.P J/3P, emitida por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, visible en la página 2124 Libro 64, Marzo 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décimo Época, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario." Así las cosas, toda vez que este órgano jurisdiccional, insiste en declinar la competencia en su favor, con base en los motivos y argumentos precisados en el acuerdo de veintidós de julio del año en curso y reiterados en este acuerdo, por tanto, remítanse los presente autos, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a efecto de que se sirva resolver el conflicto de competencia aquí suscitado. Lo anterior, hágase del conocimiento al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, con la finalidad de que, de estimarlo procedente, realice las manifestaciones que considere pertinentes ante la Superioridad que conozca del conflicto competencial de mérito. Sin que haya lugar a dictar mayor proveído en relación con el cuaderno de antecedentes, en virtud de que con anterioridad se acordó lo conducente respecto del mismo. Asimismo, se informa Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, que se ponen a su disposición las constancias que integran el expediente en que se actúa a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de estar en posibilidad de consultarlas y emitir la resolución correspondiente. En virtud de lo anterior, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que una vez que se tenga conocimiento del órgano colegiado que conocerá del recurso en cuestión lo habilite para los efectos antes indicados. Oficio 5410 Por otra parte, glósese a los autos el restante oficio de cuenta, signado por el Secretario del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual, remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja Q.A. 145/2021. Acúsese recibo. Infórmese a las partes, que el órgano colegiado revisor resolvió lo siguiente: "Único. Es Infundado el recurso de queja a que este toca refiere." De lo anterior, se toma conocimiento. Notifíquese. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de la secretaria Eliana Damián Gaspar, que autoriza y da fe.

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