Michelle González Bautista

Expediente 28/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
28/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Michelle González Bautista

Actuaciones

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por la quejosa.

  3. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ de plano la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, así como la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible.

  4. Principal

    NOTIFÍQUES PERSONALMENTE. Vista la demanda de cuenta, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 28/2021-IV y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere de mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Tomo XVI, Julio de 2002, página 448, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En este caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 5 fracción I, 6 y 15 de la Ley de Amparo, éstos en sentido contrario. En efecto, de conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 5 fracción I y 6, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de instancia de parte agraviada exige que la acción de amparo sea ejercida por el quejoso por sí, su representante legal o apoderado; en tanto que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que el último ordenamiento legal lo permita. Por su parte, el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Ahora bien, de la demanda en estudio se desprende que Michelle González Bautista pretende promover demanda de amparo a favor de Marco Antonio Sánchez Cruz, en contra de los actos que se atribuyen al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, consistentes en: [.] La negativa de permitirme el ingreso al Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS Guanajuato", donde actualmente se encuentra recluido mi concubino MARCO ANTONIO SÁNCHEZ CRUZ, teniéndose así en estado de incomunicación con al ahora quejoso, dándose en consecuencia la violación de Derechos Humanos en su perjuicio al no poder convivir libremente con sus familiares y en este caso con la suscrita en su carácter de concubina. [.] En el punto "CUARTO" del capítulo de antecedentes del acto reclamado, se expresó: [.] CUARTO: Cabe precisar que la causa que genera el acto reclamado es porque en fecha dieciocho de enero de la presente anualidad, la suscrita acudí al Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS-Guanajuato", donde actualmente se encuentra recluido mi concubino MARCO ANTONIO SÁNCHEZ CRUZ, para realizar la visita que por derecho le corresponde, sin embargo al presentarme en dichas instalaciones los guardias de seguridad me manifestaron que no podían permitirme el acceso al mismo, sin darme explicación alguna, de igual manera he de referir que la suscrita en varias ocasiones durante el mes de enero del presente año, he acudido al Centro preventivo, en donde únicamente me dejaron permanecer dentro del mismo veinte minutos, siendo esto el día primero de diciembre del año próximo pasado, tiempo que debería de ser más prolongado, siendo por lo menos de dos horas, toda vez que mi concubino me ha comentado que es el tiempo que se le da a los demás internos para que puedan convivir con sus familiares, por tales motivos es que me veo en la necesidad de presentar el presente amparo, a efecto de que se me permita el acceso a dicho centro y poder realizar las visitas que me sean necesarias y con un mayor tiempo de convivencia, atendiendo al Derecho fundamental adquirido y protegido por el numeral 18, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ante la negativa de la responsable de permitirme el acceso en mi carácter de concubina del quejoso, naturalmente que se violenta el Derecho a la Libre Convivencia. Así, cuando la Constitución señala TODA PERSONA, se refiere sin duda a TODOS sin distinción ni discriminación, independientemente su estado o condición frente al sistema de enjuiciamiento penal, por lo que la suscrita, es sin duda titular de ese derecho [.] De lo anterior se desprende que en la especie, no se reclamó ninguno de los actos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, es decir, alguno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ello es así, porque del escrito en comento se advierte que se reclama la negativa de la autoridad de permitirle a la firmante el acceso al reclusorio en su carácter de concubina y tener una libre convivencia con su pareja que forma parte de la población de internos de esa penitenciaria. Lo anterior revela que los actos señalados como reclamados en la demanda de amparo no son de los que afectan la libertad fuera de procedimiento, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; y, tampoco, se cumple el diverso requisito que dicho dispositivo legal exige, consistente en que el directamente agraviado Marco Antonio Sánchez Cruz, se encuentre imposibilitado para promover el amparo, porque en el escrito de demanda se expresó "que la suscrita en varias ocasiones durante el mes de enero del presente año, he acudido al Centro preventivo, en donde únicamente me dejaron permanecer dentro del mismo veinte minutos.". De lo que se desprende que el hecho de que Marco Antonio Sánchez Cruz, estuviera en prisión o existiera la contingencia generada por el coronavirus, no son circunstancias suficientes que revelen que estaba imposibilitado para suscribir la demanda, mucho menos se expresó ahí que existiera alguna medida, disposición o decisión al interior de ese centro de reclusión que así lo impidiera; incluso, ni si quiera mencionó que aquél estuviera sufriendo alguno de los actos a que aluden los ordinales 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Federal, pues la incomunicación que refiere la sustenta en el hecho de que a la firmante no se le permite el acceso al centro penitenciario. Por otro lado, no pasa inadvertido que de los artículos 11 y 14 de la Ley de Amparo, se desprende que quien comparezca a juicio en nombre del quejoso o del tercero interesado afirmando tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será reconocida dicha representación, siempre que lo acredite con las constancias respectivas; salvo en materia penal que bastará con la afirmación en ese sentido; y que para el trámite de la demanda de amparo indirecto en dicha materia bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. Lo que no acontece en el presente asunto, pues la promovente no afirmó ser representante o defensora de Marco Antonio Sánchez Cruz, dentro de algún procedimiento o causa penal, ni tampoco se desprende del análisis integral de la demanda. En ese contexto, Michelle González Bautista (promovente de la demanda), carece de legitimación para promover la demanda de amparo en representación de Marco Antonio Sánchez Cruz. Al respecto, es aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Tomo VII, Enero de 1991, página 272, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del texto y rubro siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales." Además, no se está en el supuesto del artículo 109 de la Ley de Amparo, ni es procedente prevenir a la promovente para que regularice su demanda a fin de que acredite su personalidad, dado que la demanda se tramitó en favor de Marco Antonio Sánchez Cruz, y no se advierte su firma electrónica, ni tampoco se ubica en alguno de los supuestos a que alude el ordinal 15 de la Ley de Amparo. Es así porque el artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, la cual dispone: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En congruencia con lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda que da origen al presente expediente. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 26 fracción IV, se tiene a la quejosa señalando como dirección para oír y recibir notificaciones la cuenta electrónica correspondiente al usuario "ireyes12", a quien desde este momento se le autoriza para que realice la consulta del expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el Juicio de Amparo Electrónico. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Israel Reyes Martínez y Frank Suriel Osorio Hernández, quienes tienen registradas sus cédulas profesionales 6693976 y 5467895 en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Víctor Alberto Ramírez Rodríguez, María Fernanda Córdova y Jaqueline Contreras Leyva, por no contar con registro de sus cédulas profesionales en el referido sistema. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que la actuaria judicial de la adscripción realice la notificación personal del presente auto y de los subsecuentes proveídos que así se ordenen. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO MEDIANTE DEL USO DE SU FIREL O e.firma (ANTES FIEL). Se requiere a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En su caso, podrán solicitar la autorización para el acceso al expediente electrónico, señalar el nombre su usuario y podrán autorizar de igual forma que las notificaciones subsecuentes se realicen de forma electrónica. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: Medio de Contacto Horario Procedimiento Celular 4775538393 Correo Electrónico 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. 8:30 a 14:30 hrs. de Lunes a Viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, autorizado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Del mismo modo, se requiere a las autoridades para que se incorporen al Directorio de Correos Electrónicos Institucionales o, en su caso, actualicen su registro. Para tal efecto, está disponible el siguiente correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx, para que puedan hacer la solicitud correspondiente. Hecho lo anterior, se les solicita autorizar dicho correo electrónico para recibir las subsecuentes notificaciones mediante la promoción respectiva. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las notificaciones que se ordenen de manera personal durante la substanciación del procedimiento, deberán desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

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