Michelle Fiorella Rosas Escamilla
Expediente 1609/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1609/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 06/12/2022
Partes del expediente
- Michelle Fiorella Rosas Escamilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de diciembre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Visto el estado procesal que guardan los autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, mediante la cual negó en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depurable el presente expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó negar el amparo en el presente juicio; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: (..) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del asunto. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de constancias. Finalmente, tomando en consideración que el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla remitió los legajos de pruebas I a IV a este órgano jurisdiccional, en consecuencia, se ordena su devolución. Integración y consulta del expediente electrónico. Hágase del conocimiento a las partes que, con motivo del Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020 que regula el expediente electrónico, para establecer, en esencia, que a partir del uno de diciembre del año en curso, únicamente existe obligación de integrar al expediente físico, los documentos recibidos de esa forma -previa digitalización-, por lo que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para su consulta, de ahí que las partes deberán solicitar dicha autorización; en la inteligencia que este juzgado dispondrá de un equipo de cómputo para que las partes que acudan presencialmente, puedan consultarlo en su versión electrónica. Notifíquese; y vía electrónica al representante del menor.
- Principal
SENTENCIA DEFINITIVA VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1609/2022-I, promovido por ********************, por derecho propio y en representación de su menor hija R.S.R., en contra del acto y respecto de la autoridad que se precisará más adelante, por considerarlo violatorio de los artículos 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ********************, por derecho propio y en representación de su menor hija R.S.R., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en el expediente 866/2018. Radicación y admisión. Por auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito radicó la demanda en el expediente 1609/2022 y previno a la quejosa para que acreditara la filiación de la menor, y una vez subsanado lo anterior, en el diverso auto de veintidós de septiembre siguiente, se determinó admitir el juicio, por lo que se ordenó solicitar a la autoridad responsable su informe justificado, dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención legal que le compete, emplazar a la parte tercera interesada, requerir la designación de un representante especial para el menor involucrado y, finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Representante especial del menor. En el auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo al asesor jurídico adscrito al instituto de Federal de Defensoría Pública, aceptando el cargo conferido como representante especial de la menor quejosa. Una vez sustanciado el procedimiento, la audiencia constitucional se llevó a cabo conforme al acta que antecede. COMPETENCIA El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla es competente para resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los Acuerdos Generales 3/2013, 32/2018, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero de ellos, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y el segundo, en lo que interesa, relativo a la creación de este Juzgado de Distrito, así como su competencia y especialización; ambos, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicados en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, y el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, respectivamente. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Del estudio integral de la demanda de amparo y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la litis constitucional en los siguientes términos: El auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en el juicio privilegiado de guarda y custodia, radicado en el expediente 866/2018. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Es cierto el acto reclamado al juez responsable dado que así lo manifestó al rendir su informe justificado, por lo que se tiene plenamente demostrada su existencia. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de las actuaciones del juicio de origen, que obran en cuatro tomos de pruebas, y específicamente en el anexo I, en el que se advierte el auto reclamado; documentales a las que se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Para una mejor comprensión del sentido de este fallo, se estima necesario realizar las consideraciones siguientes: El uno de junio de dos mil dieciocho, la quejosa promovió juicio privilegiado de guarda y custodia respecto de su menor hija R.S.R., en contra del tercero interesado Luis Eduardo Solares Solano; el cual se radicó por la autoridad responsable mediante auto de seis de junio siguiente. Sin embargo, mediante escrito presentado el catorce de junio de esa anualidad, la actora hizo del conocimiento a la juez que su menor hija había sido sustraída por su padre de la escuela, impidiéndole verla, ante lo cual, en el auto de diecinueve de junio siguiente se ordenó requerir al demandado para que presentara a la menor el día señalado para el desahogo de la junta de avenencia, sin que pudiera notificarse dicho requerimiento, tal como lo asentó el diligenciario adscrito a ese juzgado. Luego, el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, la actora hizo del conocimiento a la jueza, que su menor hija nuevamente se encontraba con ella, y solicitó que se entrevistara a dicha infante -vía electrónica- con la asistencia de profesionales en psicología, que se decretara a su favor la custodia provisional, y que se emplazara al demandado mediante edictos. Al respecto, en el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, requirió a la actora para que acreditara que la menor se encuentra con ella, por lo que reservó su petición de custodia, y por cuanto hace a la diversa solicitud de emplazamiento del demandado, ordenó que previamente se realizara una búsqueda de su domicilio ante diversas dependencias. Previa exhibición de fotografías de la menor y la actora, y la ratificación de la petición formulada por esta última sobre la custodia de su hija, el seis de octubre de dos mil veintiuno se decretó la custodia provisional de la menor a favor de la actora. Inconforme con lo anterior, el demandado promovió el diverso juicio de amparo indirecto 1755/2021 de este juzgado, en el que, mediante sentencia emitida el once de enero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo. Sin embargo, el propio quejoso en ese juicio interpuso recurso de revisión, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en el toca 73/2022, que resolvió en sesión de catorce de junio de la presente anualidad, en el sentido de modificar los efectos de la concesión de amparo, en los términos siguientes: "-La Jueza Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla determine con libertad de jurisdicción si procede o no decretar un régimen de visitas y convivencias entre la menor R.S.R., con el progenitor no custodio. -Ordene que se corra traslado al demandado para que, en el término de tres días, conteste lo que a su interés convenga y ofrezca las pruebas conducentes al caso. -Deje sin efecto la parte relativa del acuerdo donde se reservó fijar fecha para la junta de avenencia y que fuera escuchado el menor. -Determine si es o no procedente fijar fecha para la celebración de una junta de avenencia y si es o no es necesario que la menor sea escuchada, con vista en los acuerdos del Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla y conforme a las reglas que al momento de dictar el acuerdo rijan ante la contingencia por el virus SARS-CoV2 (COVID 19)." Así, en cumplimiento de dicha ejecutoria, la juez responsable emitió el auto reclamado de dieciocho de agosto del año en curso, en el que decretó lo siguiente: Primero. Requirió a la actora y al demandado, para que dentro de los tres días siguientes a la notificación de dicho auto, comparecieran al Centro de Convivencia Familiar para que se les realice una entrevista psico-diagnostica, apercibidos con multa para el caso de no comparecer. Además, precisó que una vez que se lleven a cabo tales entrevistas, debería verificarse un régimen de convivencias entre la menor y su padre, de forma virtual -electrónica-, los días sábados, en un horario de once a doce horas, las cuales serían supervisadas por el personal del referido centro de convivencia. Por tanto, requirió a la actora para que facilite dicha convivencia, a fin de propiciar y contribuir al desarrollo emocional de la menor, y la apercibió que, de no hacerlo, se le impondría una multa como medida de apremio. Segundo. Precisó que no era procedente ordenar emplazar al demandado -aun cuando era un efecto del amparo-, debido a que ya había sido emplazado. Tercero. Dejó sin efectos el párrafo tercero del auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en el que reservó la entrevista de la menor involucrada, para quedar en los términos que se reseñan a continuación: Ordenó la presentación de la menor involucrada en el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla, a fin de escucharla, para lo cual ordenó que fuera acompañada por una persona de su confianza, diversa a los progenitores, y que dicha entrevista se registrara en audio y video, debiendo ser asistida por un profesional en psicología del propio centro de convivencia, y debiendo estar presente el agente del Ministerio Público adscrito a ese juzgado. Cuarto. Señaló el dos de septiembre del año en curso, para el desahogo de la junta de avenencia entre las partes. Finalmente, debe destacarse que el veintiuno de septiembre de dos mi veintidós, la actora quejosa presentó a su menor hija para su entrevista, tal como consta en el acta levantada en esa fecha. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. En el cao, se estima procedente el juicio de amparo, aun cuando el acto reclamado se emitió en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 1755/2021, cuyos efectos se modificaron por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 73/2022, lo que haría pensar que se actualiza la causa de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo; sin embargo, debe destacarse que en aquellas ejecutorias no se analizó el fondo del asunto por cuanto hace a la entrevista a la menor quejosa, ni al régimen de convivencias con su padre, sino que se concedió el amparo, otorgando a la autoridad responsable libertad de jurisdicción para resolver lo conducente, por lo que no es posible la actualización de dicho supuesto de improcedencia del juicio constitucional. Resulta ilustrativa al caso, la jurisprudencia 2a./J. 140/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE." No resulta obstáculo que dicho criterio hubiera analizado la Ley de Amparo abrogada, pues ese criterio fue reiterado por la propia Sala de nuestro Alto Tribunal, a la luz de la legislación vigente, en la tesis 2a. CVI/2017 (10a.), de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL JUZGADOR DE AMPARO DEJA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN APTITUD DE EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN." Por otra parte, también se estima procedente el juicio de amparo, aun cuando el veintiuno de septiembre del año en curso, la actora quejosa presentó a su menor hija para su entrevista, y que en la demanda se reclame de manera destacada dicha orden de presentación, lo que haría pensar que el juicio es improcedente por haberse consumado dicho acto de manera irreparable, como lo prevé el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo. Sin embargo, no debe perderse de vista que el mandamiento relativo a la entrevista de la menor, el cual se reclama de manera destacada, sólo constituye una parte del acuerdo que se reclama, por lo que no podría actualizarse dicha causa de improcedencia respecto de las diversas determinaciones contenidas en el mismo, como es la relativa al régimen de convivencias entre la menor involucrada y su padre, el que también se reclama de manera destacada por la parte quejosa, y por el cual resulta procedente el juicio de amparo a fin de verificar su constitucionalidad. Sin perjuicio de que los conceptos de violación vertidos contra la orden de entrevistar a la menor, puedan considerarse inoperantes, dada la improcedencia actualizada por esa parte del acuerdo que se reclama, lo que corrobora que el asunto deba analizarse en una sentencia que no considere procedente el sobreseimiento del juicio. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Al no advertirse de oficio alguna causa de improcedencia, se procede a abordar los argumentos expuestos por la parte quejosa, los cuales serán estudiados bajo la prerrogativa procesal de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado podría vulnerar los derechos del menor involucrado. Entonces, teniendo en cuenta que tratándose de menores de edad la suplencia de la queja no se encuentra condicionada, ni siquiera a que tengan el carácter de parte dentro del juicio de amparo, pues basta que exista una afectación a su esfera jurídica, independientemente de la naturaleza de los derechos discutidos -si son familiares o de otra índole-, procede suplir la deficiencia de la queja en toda su amplitud, aun ante la ausencia de conceptos de violación e independientemente del carácter de quien promueva el juicio de mérito. Al respecto, es aplicable el siguiente criterio jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE." También resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "MENORES DE EDAD E INCAPACES. CUANDO EN CUALQUIER CLASE DE JUICIO DE AMPARO, Y PARTICULARMENTE EN MATERIA PENAL, PUEDA AFECTARSE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SU ESFERA JURÍDICA, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TIENEN EL DEBER INELUDIBLE DE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN TODA SU AMPLITUD." Ahora, conviene precisar que la parte quejosa únicamente reclama del acuerdo reclamado, lo relativo a la orden de entrevistar a la menor quejosa, así como el régimen provisional de convivencias decretado con su padre, de ahí que la presente sentencia sólo pueda abordar tales mandamientos. Expuesto lo anterior, la parte quejosa aduce que el acuerdo reclamado es ilegal, ya que no funda ni motiva la decisión de entrevistar a la menor involucrada, incluso, dejando de observar que ya se había ordenado su presentación, por lo que en ese sentido, también se torna ilegal el apercibimiento decretado en contra de la actora quejosa, para el caso de no presentarla. Lo anterior se torna inoperante, pues como quedó precisado en los antecedentes del acto reclamado, el veintiuno de septiembre del año en curso la actora quejosa presentó a su menor hija para su entrevista ante la juez responsable, con la asistencia del personal adscrito al Centro de Convivencias, por lo que es evidente que, por esa parte del auto reclamado, el juicio se tornaría improcedente y, como consecuencia, los conceptos de violación son inoperantes. Resulta ilustrativa al caso, la tesis P. LXXXI/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES SI RESPECTO DEL PRECEPTO U ORDENAMIENTO LEGAL QUE SE ESTIMA INCONSTITUCIONAL SE ACTUALIZA UNA HIPÓTESIS RESPECTO DE LA QUE SERÍA IMPROCEDENTE EL JUICIO SI SE TRATARA DE AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el amparo directo puede alegarse la inconstitucionalidad de algún precepto en los conceptos de violación; sin embargo, si respecto del precepto reclamado se actualiza alguna de las hipótesis que, si se tratare de un juicio de amparo indirecto, determinaría la improcedencia del juicio en su contra y el sobreseimiento respectivo, tratándose de un juicio de amparo directo, al no señalarse como acto reclamado tal norma general, el pronunciamiento del órgano que conozca del amparo debe hacerse únicamente en la parte considerativa de la sentencia, declarando la inoperancia de los conceptos de violación respectivos, pues ante la imposibilidad de examinar el precepto impugnado, resultarían ineficaces para conceder el amparo. Por aplicación de idéntico principio, deben declararse inoperantes los agravios expresados en el amparo directo en revisión cuando, respecto del precepto impugnado en los conceptos de violación, se actualizaría una causa de improcedencia si se tratara de un juicio de amparo indirecto." Por otra parte, la quejosa combate de manera destacada el mandamiento relativo a la convivencia decretada entre su menor hija y su padre, pues considera que no se funda ni motiva tal decisión, además de que deja de observar el contexto de pandemia generado por el virus covid-19, de ahí que se vulnera el derecho a la salud de la infante quejosa. Este juzgado considera que el concepto de violación resulta parcialmente fundado pero, a la postre, inoperante. Se afirma lo anterior, ya que el juez responsable efectivamente dejó de exponer los motivos por los que consideró procedente decretar un régimen de convivencia, lo que actualiza un vicio formal que genera incertidumbre jurídica en las partes. Sin embargo, dada la actualización de ese vicio de legalidad, ¿debe concederse la protección constitucional a la quejosa para el efecto de que la Jueza responsable valore nuevamente la procedencia del régimen provisional de convivencia decretado? Este juzgado estima que la respuesta es en sentido negativo, porque resultaría infructuoso conceder la protección constitucional a la parte quejosa, para que el Juez nuevamente se pronuncie sobre la medida provisional solicitada, debido a que, en el fondo, se estima que resulta adecuada para tutelar el interés superior del menor involucrado. Se afirma lo anterior, porque si bien la falta de una adecuada fundamentación y motivación arrojaría una fácil solución al juicio de amparo, al conceder la protección constitucional para que se emita un nuevo pronunciamiento fundado y motivado, ello sólo generaría detrimento al principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 Constitucional, en perjuicio de la propia parte quejosa, pues en nada beneficiaría tal concesión si en el fondo la medida decretada resulta adecuada. Al respecto, resulta pertinente señalar que el juicio de amparo constituye un medio de control de constitucionalidad que tiene por objeto proteger los derechos fundamentales de los gobernados, reparando las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, de tal forma que la sentencia protectora tiene como único propósito reparar la violación cometida, restituyendo al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de que se cometiera dicha violación. En ese contexto, en aquellos supuestos en los que aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, sea jurídicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que estime violado, o bien, que ningún efecto jurídico tenga la respectiva sentencia que concede la protección constitucional, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encuentre incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la parte quejosa, los argumentos que se formulen deben declararse fundados pero inoperantes, pues a nada práctico llevaría la concesión de la protección constitucional. Además, debe tenerse en consideración que en términos del artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Federal, en su redacción actual, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos, se deberá privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, lo que implica adoptar las acciones o interpretaciones que permitan solucionar la cuestión debatida evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten la resolución de fondo. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/2021 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017). Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en el cual alegó que los artículos 91 y 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que prevén la resolución del recurso de revisión en sede administrativa, son contrarios al mandato previsto en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no contemplan que se privilegie la resolución de fondo del asunto sobre los formalismos procedimentales. La Jueza de Distrito que conoció del asunto consideró que la disposición constitucional de referencia contiene una regla que confiere poder a la autoridad legislativa, mas no un derecho subjetivo público a favor de la persona, lo cual implica que hasta en tanto no se ejerza esa atribución por parte del Congreso de la Unión, a fin de adecuar las normas legales al texto del artículo 17 de la propia Constitución, las situaciones jurídicas imperantes en materia de resolución de recurso de revisión en sede administrativa no debían cambiar. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que a la entrada en vigor de la adición al artículo 17, tercer párrafo, contenida en el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, todas las autoridades judiciales y aquellas con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país deben privilegiar la resolución de fondo de los conflictos sometidos a su potestad sobre los formalismos procedimentales, siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes. Lo anterior, con independencia de que las normas que rigen sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestión. Justificación: Del análisis de la reforma constitucional mencionada, se advierte que el Constituyente Permanente consideró que, para hacer frente a la problemática consistente en la "cultura procesalista", la cual genera que en el desahogo de una parte importante de asuntos se atiendan cuestiones formales y se deje de lado el fondo y, por tanto, sin resolver la controversia efectivamente planteada, debía adicionarse al artículo 17 constitucional, el deber de las autoridades de privilegiar, por encima de aspectos formales, la resolución de fondo del asunto. Se dijo, que este deber exige también un cambio en la mentalidad de las autoridades para que en el despacho de los asuntos no se opte por la resolución más sencilla o rápida, sino por el estudio que clausure efectivamente la controversia y la aplicación del derecho sustancial. Además, se precisó que la incorporación explícita de tal principio en la Constitución General pretende que éste permee el sistema de justicia a nivel nacional, es decir, que todas las autoridades judiciales y con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país se vean sometidas a su imperio, pero más allá de su obligatoriedad, reconozcan la razón y principio moral que subyacen a la adición al artículo 17 constitucional. Por lo anterior, esta Sala concluye que a la entrada en vigor de la referida adición, todas las autoridades jurisdiccionales deben privilegiar la resolución de los conflictos sometidos a su potestad, con independencia de que las normas que rigen sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestión, puesto que del análisis teleológico de la reforma constitucional, se desprende la intención relativa a que este principio adicionado apoyara todo el sistema de justicia nacional para que las autoridades privilegiaran una resolución de fondo sobre la forma, evitando así reenvíos de jurisdicción innecesarios y dilatorios de la impartición de justicia." Expuesto lo anterior, se precisa que la problemática a resolver en el presente juicio consiste en determinar si puede considerarse acertado que se haya decretado un régimen provisional de convivencias que deberá desahogarse en las instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, lo que implica que se desarrolle de manera presencial. Ahora, en principio, debe precisarse que en el fondo resultan ineficaces los conceptos de violación vertidos por la quejosa, ya que considera que la convivencia decretada pudiera afectar la salud de su menor hija, dada la situación de contingencia sanitaria. Sin embargo, deben desestimarse dicho argumentos, ya que debe recordarse que en el auto reclamado se ordenó que el régimen de convivencia decretado, se realice los días sábados, en un horario de once a doce horas, de manera virtual, esto es, a través de medios electrónicos, y que debería ser supervisado por el personal del Centro de Convivencia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Por tal motivo, no puede considerarse que el régimen de convivencias decretado, pudiera poner en riesgo la salud de la menor quejosa, con motivo de la situación de contingencia sanitaria derivada de la propagación del virus covid-19, la que además ha disminuido radicalmente, al grado que se dejaron sin efectos las medidas de prevención decretadas para evitar su propagación. Sin perjuicio de lo anterior, de la revisión a las constancias que integran el juicio de origen, este juzgado no encuentra algún motivo para impedir dicho régimen de convivencias. Para corroborar lo anterior, se estima conveniente realizar una breve exposición de los aspectos más destacados en torno a los siguientes temas: [1] interés superior del menor, [2] derecho de los menores de convivir con sus padres, y [3] La directriz del riesgo como parámetro adecuado en las contiendas que involucran los derechos de los menores de edad. [1] Interés superior del menor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado una doctrina consolidada en torno a que el interés superior del menor debe prevalecer en cualquier contienda judicial donde se vean involucrados los derechos de los niños. En este sentido, cabe recordar que el interés superior del niño encuentra su fundamento en la Constitución Federal, así como en diversos instrumentos internacionales. En efecto, en la reforma constitucional del doce de octubre del dos mil once, se incorporó expresamente el interés superior de la niñez en el artículo 4 de la Constitución Federal, para quedar como sigue: "Artículo 4. [.] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. [.]" Asimismo, el interés superior es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño. No sólo es mencionado expresamente en varios instrumentos, sino que es constantemente invocado por los órganos internacionales encargados de aplicar esas normas. En este sentido, el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Por su parte, el Comité para los Derechos del Niño ha señalado que el principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño". En el ámbito nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enfatizado en diversas ejecutorias la importancia del interés superior del menor en la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los derechos del niño. Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en la tesis 1a. CCCLXXIX/2015 (10a.) también se ha señalado que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) Como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; b) Como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades a la luz del interés superior del menor; y, c) Como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. En consecuencia, en los juicios en los que directa o indirectamente se ven involucrados los derechos de los menores, el interés superior del niño impone a los juzgadores la obligación de resolver la controversia atendiendo a lo que es mejor para el infante. En esta línea, el interés superior del menor ordena la suplencia de la deficiencia de la queja en todas aquellas decisiones que puedan afectar los derechos e intereses de los menores, aunque con ello se llegue a modificar cuestiones que no figuran en los conceptos de violación o agravios de las partes, ofreciendo así una ventana procesal para garantizar los intereses de los menores en un contexto en el que las pretensiones de las partes resulten insuficientes para ello. [2] Derecho a la convivencia de los menores con sus padres. Al respecto, conviene destacar las consideraciones que sobre estos temas, sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 583/2013, en la sesión del once de septiembre de dos mil trece. En dicha ejecutoria se sostuvo que en el ámbito jurisdiccional, el interés superior del menor de edad es un principio orientador en la interpretación que debe realizarse para dar sentido a la norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor, tomando en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos. También se afirmó que si bien el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor, para cada supuesto de hecho planteado, lo cierto es que de manera genérica se pueden precisar los criterios siguientes: a) se debe proveer, por el medio más idóneo, a las necesidades materiales básicas o vitales del menor y a las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Además, se precisó que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el Juez tendrá que examinar, minuciosamente, las circunstancias específicas de cada caso, por lo que todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptarse, sino exclusivamente el bien de los hijos. Finalmente, se estableció que tratándose de la determinación del régimen de convivencia, el juez de lo familiar deberá tener en consideración diversos elementos tales como: a) la edad, necesidades y costumbres de los menores de edad involucrados; b) el tipo de relación que mantienen con la madre o padre no custodio, así como los orígenes del conflicto familiar; c) la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; d) la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores de edad y la del padre no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de edad involucrados. Las consideraciones transcritas dieron origen, entre otras, a las tesis CCCVIII/2013 (10a.) y CCCVI/2013 (10a.), que prevén lo siguiente: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. Al momento de determinar el contenido del régimen de convivencia, el juez de lo familiar deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores de edad involucrados; el tipo de relación que mantienen con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores de edad y la del padre no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de edad involucrados. Así las cosas, tomando como base los anteriores elementos, el juez de lo familiar deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor de edad en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. En este sentido, el juzgador podrá establecer que la convivencia entre los menores de edad y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio; que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona; y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. Por otra parte, si del análisis de dichas constancias el juzgador advierte la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial." "GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD Y RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. SON INSTITUCIONES PARALELAS Y COMPLEMENTARIAS DIRIGIDAS A SALVAGUARDAR EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN CONTEXTOS DE CRISIS INTRAFAMILIAR. Ante la existencia de situaciones en donde los desacuerdos personales hacen imposible la convivencia entre los padres, el Estado se encuentra obligado a encontrar mecanismos que garanticen el derecho de los menores de edad a mantener relaciones personales y de trato directo con cada uno de sus padres de forma regular, asegurando así la continuación de la convivencia familiar. El legislador, teniendo en consideración lo anterior, ha establecido diversas instituciones jurídicas tendientes a salvaguardar el derecho-deber de los progenitores a participar activamente en la crianza y educación de sus hijos menores de edad y, particularmente, asegurar la convivencia regular del menor con ambos progenitores en contextos de crisis intrafamiliar. Dentro de estas instituciones se encuentran la fijación de la guarda y custodia a cargo de uno de los padres y, paralelamente, el derecho de visitas o régimen de convivencia a favor del otro. Estas figuras son complementarias entre sí y garantizan, bajo estas situaciones extenuantes, el derecho del menor a vivir en familia y convivir con ambos padres, asegurando así el sano desarrollo de su personalidad." [3] La directriz del riesgo como parámetro adecuado en las contiendas que involucran los derechos de los menores de edad. La doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en definir que para tomar decisiones en torno a la guarda y custodia de los menores y lo relativo al régimen de convivencias debe utilizarse un estándar de riesgo, según el cual debe tomarse la decisión que genere la menor probabilidad de que los menores sufran daños. En efecto, de conformidad con el interés superior del niño, basta que el juzgador verifique un potencial riesgo en su esfera sin que sea necesario que se actualice un daño. Es decir, no se requiere que la circunstancia a ponderar genere un daño, sino que basta con que la misma aumente el riesgo de que los bienes o derechos del menor se vean afectados o aumente las posibilidades de que ocurra el evento. En concordancia con lo anterior, en el amparo directo en revisión 4122/2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la directriz del riesgo se ha estimado adecuada en la mayoría de las contiendas que involucran los derechos de los menores de edad, tales como en los juicios de guarda y custodia y régimen de visitas y convivencia, entre otros; sin embargo, acotó que dicha evaluación no debe estar basada en prejuicios, estigmatizaciones o consideraciones generalizadas sobre las características de los padres. Ese ejercicio de ponderación judicial deberá partir de la base de las constancias de autos y, en especial, de las consideraciones que sustenten el acto reclamado cuya ejecución se pide suspender. En la inteligencia que siempre se ponderará el interés superior del niño a fin de afianzar los derechos que tutela el artículo 4o. de la Constitución Federal, con la intención de asegurar su desarrollo integral como sujeto. En ese orden, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que basta con que se coloquen en una situación de riesgo los derechos de los niños para que se vean afectados. Al respecto, resultan ilustrativos los siguientes criterios que ha sustentado la Primera Sala del Alto Tribunal: "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO]. Como ya lo ha establecido esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores pues, en principio, tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos. Así las cosas, el intérprete, al momento de aplicar el inciso a), de la fracción II, del artículo 4.228 del Código Civil del Estado de México, que dispone que si no se llega a ningún acuerdo respecto a la guarda y custodia, "los menores de diez años quedarán al cuidado de la madre, salvo que sea perjudicial para el menor", deberá atender, en todo momento, al interés superior del menor. Lo anterior significa que la decisión judicial al respecto no sólo deberá atender a aquel escenario que resulte menos perjudicial para el menor, sino, por el contrario, deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para éste. La dificultad estriba en determinar y delimitar el contenido del interés superior del menor, ya que no puede ser establecido con carácter general y de forma abstracta; la dinámica de las relaciones familiares es extraordinariamente compleja y variada y es dicha dinámica, así como las consecuencias y efectos que la ruptura haya ocasionado en los integrantes de la familia, la que determinará cuál es el sistema de custodia más beneficioso para los menores. Así las cosas, el juez habrá de valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo cual se puede dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. En conclusión, la tutela del interés preferente de los hijos exige, siempre y en cualquier caso, que se otorgue la guarda y custodia en aquella forma (exclusiva o compartida, a favor del padre o de la madre), que se revele como la más benéfica para el menor." "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS. El principio de interés superior implica que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, sino que basta con que éstos se coloquen en una situación de riesgo. Aquí conviene hacer una precisión sobre el concepto de riesgo. Si éste se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Cualquier menor está en riesgo de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Sin embargo, ésta no es una interpretación muy razonable del concepto de riesgo. Así, debe entenderse que el aumento del riesgo se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero. Aplicando tal comprensión a las contiendas donde estén involucrados los derechos de los menores de edad, y reiterando que el interés superior de la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más beneficioso para el niño, la situación de riesgo se actualizará cuando no se adopte aquella medida que resultará más beneficiosa para el niño, y no sólo cuando se evite una situación perjudicial." Sobre el tema, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en el caso O.C.I. y otros vs Rumania determinó que basta el riesgo potencial de maltrato para decretar medidas de protección a los menores: "43. El Tribunal debe reiterar que el interés superior de los niños, que incluye sin duda el respeto por sus derechos y su dignidad, es la piedra angular de la protección que se les otorga contra los castigos corporales. El castigo corporal contra los niños no puede ser tolerado y los Estados deben esforzarse por prohibirlo expresamente y de manera integral en la ley y en la práctica. En ese contexto, el riesgo de violencia doméstica contra los niños no puede pasar como un simple inconveniente necesariamente vinculado a la experiencia de retorno, sino que se refiere a una situación que va más allá de lo que un niño podría razonablemente soportar. 44. Además, no hay nada en las decisiones de los tribunales nacionales que lleve a este Tribunal a creer que consideraron que los niños ya no corrían el riesgo de ser violentamente disciplinados por su padre si eran devueltos a su cuidado. De hecho, del razonamiento del Tribunal de Apelación de Bucarest se puede inferir que aceptó que si tal riesgo se presentaba nuevamente, las autoridades italianas podrían reaccionar y proteger a los niños de cualquier abuso de sus derechos, pero sólo si "el riesgo se respaldaba con evidencia". [.] 46. Tomando en cuenta que la devolución de un niño no puede ser ordenada de manera automática o mecánicamente cuando se aplica el Convenio de La Haya, el Tribunal considera que los tribunales nacionales deberían haber tenido más presente el riesgo potencial de maltrato a los niños si fueran devueltos a Italia. Debieron al menos asegurarse de que se implementaran medidas específicas para salvaguardar a los niños." Las consideraciones vertidas ponen de manifiesto que, de conformidad con el interés superior del niño, basta la sola noticia de que puedan ubicarse en una situación de potencial riesgo, para que los operadores jurídicos se encuentren obligados a adoptar las medidas necesarias a fin de descartar dicha condición, sin que sea necesario que se actualice un daño, o se encuentre demostrado fehacientemente. Es decir, la directriz del riesgo consiste, en la mayoría de los casos, en un elemento orientador a fin de resolver provisionalmente las contiendas que involucran los derechos de los menores de edad, tales como su custodia legal, o lo relativo al régimen de convivencia; en la inteligencia que dicha valoración no debe estar basada en prejuicios, estigmatizaciones o consideraciones generalizadas sobre las características de los padres. Además, conviene destacar que la directriz de riesgo no se encuentra acotada sólo a los casos de violencia intrafamiliar, sino que debe entenderse de una manera amplia y, por ende, aplicable a todos los casos en que los menores se puedan ver afectados. Aplicación al caso. Como ya se dijo, el acto reclamado consiste en el auto que decretó un régimen provisional de convivencias a desahogarse un día a la semana -sábados-, de manera virtual, y supervisado por el Centro de Convivencias del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Por tanto, la primera interrogante que surge en este caso, se formula en los términos siguientes: ¿resulta adecuado que se haya decretado un régimen de convivencias entre la menor quejosa y su padre? La respuesta es en sentido afirmativo, pues debe tomarse en cuenta que el derecho de convivencia constituye un derecho fundamental inherente a los infantes; de ahí que cuando existe una separación con alguno de sus padres debe prevalecer su interés superior, lo que se traduce en que las autoridades tomen las medidas necesarias que les permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, el cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el progenitor no custodio. Resulta ilustrativo al caso el criterio contenido en la tesis CCCLXVIII/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD. El derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de éstos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor, principio que sí está contemplado expresamente en el citado precepto constitucional. En este sentido, es evidente que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio." En este sentido, la obligación de las autoridades de proteger a la familia y a vivir en ella, no solo implica disponer y ejecutar medidas de protección de las niñas y los niños, sino también decretar medidas tendentes a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar, como es la convivencia con el progenitor que no ostente su custodia. Lo anterior cobra relevancia si se pondera que la convivencia deberá decretarse siempre que no implique una afectación hacia los menores. Tal decisión se sustenta a partir de lo dispuesto en los artículos 4o. de la Constitución Federal, 3, numeral 2, 8, numeral 1, 9, numerales 1, 2 y 3, 12, numeral 1, 18, numerales 1 y 2, y 19, numerales 1 y 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño, los cuales establecen que un derecho primordial de los menores radica en no ser separados de sus padres, a menos que ello sea necesario en aras de proteger su interés superior, de modo que cuando dicha separación ocurre necesariamente debe establecerse un régimen de visitas y convivencia con el progenitor no custodio, en tanto que éste tiene derecho a mantener relaciones personales y contacto directo de un modo regular con el padre que no lo tiene bajo su cuidado, el cual solo debe restringirse o suspenderse cuando su interés superior así lo requiera. De ahí que si no hay evidencia de que con el desarrollo del régimen provisional de visita y convivencia se pudiera suscitar alguna forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido, trato negligente, malos tratos o explotación hacia el menor, entonces la convivencia debe otorgarse a fin de restablecer, lo más pronto posible, el acercamiento entre el niño y el padre no custodio; medida que, en todo caso, debe fijarse con las restricciones adecuadas al caso, pero no suprimirse de manera tajante, pues ello atenta contra su interés superior, que al final del día es lo que siempre debe prevalecer. Sustenta lo anterior, el siguiente criterio sustentado por la Primera Sala del Alto Tribunal: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De forma paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia, el derecho de familia ha previsto una figura conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Al implementar este régimen de convivencia, la autoridad judicial debe considerar el principio de interés superior del menor, al tratarse de un derecho a favor de los menores de edad, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. En este sentido, el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, para asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados." En ese contexto, este juzgado estima que de los autos que integran el expediente de origen, no se aprecia alguna constancia que denote algún abuso físico o mental, descuido, trato negligente, malos tratos o explotación hacia el menor por parte de su padre, por lo que, hasta ahora, no podría considerarse que exista algún impedimento para decretar las convivencias con dicho infante. No se soslaya que la demandada quejosa refirió que en dos mil dieciocho el demandado sustrajo a su menor hija de su escuela, impidiendo la convivencia con su madre, así como al existencia de violencia hacía la propia madre custodia. Sin embargo, se estima que la convivencia virtual decretada, no expone a la menor a alguna situación de riego a la menor, ya que las conductas agresivas no se desplegaron hacía dicha infante, en tanto que la referida convivencia virtual no la expone a que el padre la sustraiga. Además, dada la supervisión que se realizará por parte de la psicóloga asignada por el Centro de Convivencias del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, permitirá evaluar si dicha convivencia efectivamente representa algún beneficio a la menor, o si por el contrario, pudiera generar alguna situación de riesgo psicológica o emocional. Máxime que, en ese sentido, este juzgado estima que resulta acertado que el régimen de convivencia se desarrolle con la supervisión del personal adscrito al Centro de Convivencias del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Se afirma lo anterior, ya que a través del referido régimen de convivencias supervisada, podrá lograrse un seguimiento en la conducta y desarrollo de la menor, pues dicho centro cuenta con trabajadores sociales, psicólogos, abogados, personal de seguridad y personal administrativo capacitados para preservar y, en su caso, facilitar la convivencia de la menor con el padre no custodio. Las consideraciones vertidas se corroboran con lo expuesto por la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver el amparo directo en revisión 3799/2014, de la cual emanó la tesis 1a. CI/2016 (10a.), que por las razones jurídicas vertidas, se estima aplicable al presente caso, y dice lo siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA CONVIVENCIA PATERNO-FILIAL SUPERVISADA EN UN CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, CONSTITUYE UNA MEDIDA ACORDE CON ESTE PRINCIPIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aun cuando sólo se manifieste como una posibilidad; así, en atención al interés superior del menor, es inadmisible esperar a que un menor sufra un perjuicio o un maltrato para aplicar esas medidas, no obstante, cuando deba hacerse a la luz de una controversia, éstas han de establecerse en función de cada caso concreto, según lo que resulte acorde con dicho interés. Una de estas medidas consiste en ordenar que la convivencia del menor con el progenitor -que no tiene la guarda y custodia- se realice en un Centro de Convivencia Familiar Supervisada, pues de esta forma se preserva su derecho a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, preservando las relaciones familiares; además, se satisface la obligación de protegerlo de manera preventiva contra toda forma de perjuicio o maltrato, pues de los artículos 1, 2, fracciones VI y XVII; 14, fracciones IV y VI; 22, 24, 25, 26, 27 y 29 del Reglamento que fija las bases de organización y funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Federal, deriva que entre las actividades sustantivas del Centro se encuentra la relativa a facilitar las convivencias paterno-filiales dentro de sus instalaciones, debiendo minimizar los riesgos de daños físicos o psicológicos de los miembros involucrados en las controversias familiares, coadyuvando al sano desarrollo emocional de los integrantes de la familia. Asimismo, se advierte que la convivencia familiar debe desarrollarse ante la presencia de una tercera persona independiente y neutra, así como realizar reportes de manera fidedigna e imparcial, además de que existe un sistema de circuito cerrado de televisión y se respeta la voluntad del menor." En esas condiciones, y dado que no se advierte algún diverso vicio que motive suplir la queja deficiente a favor de la menor involucrada, se impone negar el amparo solicitado. DECISIÓN Ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación vertidos contra el auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en el juicio privilegiado de guarda y custodia, radicado en el expediente 866/2018, y sin que se advierta en suplencia de la queja, alguna afectación en los derechos fundamentales de la parte quejosa, especialmente, de la menor involucrada, se impone negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por derecho propio y en representación de su menor hija, respecto del acto atribuido a la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, de acuerdo con las consideraciones vertidas en el punto considerativo VII de esta sentencia. Notifíquese; por lista a la parte quejosa y tercero interesado y vía electrónica al representante especial del menor.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Efectivo apercibimiento de lista. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la parte tercera interesada ***, ha sido omiso en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este juzgado de distrito o en la zona conurbada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de once de octubre de dos mil veintidós y téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 27 fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en la residencia de este juzgado de distrito o en la zona conurbada. Notifíquese; y electrónicamente al asesor jurídico.
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