Michelle Barcenas Hernández
Expediente 512/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Michelle Barcenas Hernández
Actuaciones
- Principal
Visto; el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veintitrés de mayo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto de los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, con fundamento en los preceptos 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado.... Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Vigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, y otras autoridades. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 512/2023 que le corresponde, para lo cual se forman expedientes, tanto físico como electrónico, acorde a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el invocado dispositivo legal, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, y en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Consideraciones previas. En acatamiento a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar la demanda, a fin de determinar su procedencia o improcedencia. "ARTÍCULO 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los preceptos legales transcritos se advierte la posibilidad de desechar una demanda de amparo indirecto, cuando del análisis de su contenido, incluyendo los anexos, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable; entendiéndose por lo primero, lo que no requiere de mayor demostración, y por lo segundo, de lo que se tiene certeza y plena convicción. Así es, de acuerdo con el artículo 113 invocado, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, lo anterior atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para prevenir crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente en un sobreseimiento. Sobre este aspecto, la Jurisprudencia V.2o. J/75, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 68, agosto de 1993, Registro digital: 215188, página 77, cuyo rubro a la letra establece: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"; explica que el desechamiento de plano de una demanda debe satisfacer los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, se insiste, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes un juicio que, desde su promoción, se aprecia infructuoso, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causales previstas en el artículo 61 de la propia Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Precisión del acto reclamado: En términos de lo dispuesto en el precepto 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia constitucional es: La orden de desalojo y lanzamiento emitida en los autos del juicio especial de desahucio 130/2008, por el Juez Vigésimo Séptimo de los Civil de la Ciudad de México, respecto del inmueble identificado como Villa 1 Clouster Verona (Verona Villa 1), ubicado en los lotes de terreno 1 y 13, Granja 68 del fraccionamiento Granjas de la Marqués, en esta ciudad y puerto, del cual mantiene la posesión, la que se ordenó ejecutar mediante exhorto que al efecto se libró al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, al que le asigno el número 24/2023-3. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra del ocurso constitucional, pues este Juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos ahí contenidos, en un sentido congruente con todos sus elementos, así corno la totalidad de la información del expediente del presente juicio, lo que incluye la intencionalidad de la parte quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo dé esta manera se logra congruencia entrelo pretendido y lo resuelto.... Este Juzgado considera que en el caso sometido a estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, que establece:..... La acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse en primer término, a la existencia de un derecho subjetivo (interés jurídico); y en segundo, que éste se vea real y directamente afectado con la actuación de la autoridad (agravio)... En el caso, la quejosa se ostenta tercera extraña auténtica al juicio especial de desahucio 130/2008, del índice del Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México; y reclama la orden de desalojo y lanzamiento respecto del inmueble identificado como Villa 1 Clouster Verona (Verona Villa 1), ubicado en los lotes de terreno 1 y 13, Granja 68 del fraccionamiento Granjas de la Marqués, en esta ciudad y puerto, que afirma poseer en calidad de arrendadora. Por tanto, debió demostrar fehacientemente ser titular del derecho de propiedad que afirma fue infringido con el acto reclamado. Para solventar esa carga procesal, manifestó que posee el inmueble materia del litigio, lo cual puede ser materia de protección constitucional siempre y cuando derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que genere ese derecho de posesión. Debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de ese derecho. En efecto, quien ejercita la acción de amparo debe ser titular de un interés necesario para justificar esa afectación o perjuicio que se demuestre que el derecho del inmueble que defiende deriva de un título de posesión objetivo, como lo es una escritura pública o un contrato... Ahora bien, la parte peticionaria exhibió en conjunción con su demanda, el original del contrato de arrendamiento de fecha diez de enero de dos mil diecinueve, que celebró con María Eugenia Gargari Cárdenas; sin embargo, los documentos provenientes de terceros que consignan contratos, para que tengan eficacia plena, deben tener fecha cierta anterior al inicio del proceso y ello acontece: a) A partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; b) A partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y, c) Desde la muerte de los que firmaron. De manera que, si no se actualiza alguno de estos supuestos, al documento no se le puede dar ningún valor jurídico ante terceros, por carecer de certeza de la fecha en que se celebró. Así, se debe tener como fecha cierta de un documento privado aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, dado que dicho Registro es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. Asimismo, presentar un documento privado ante un fedatario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y cuenta con facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce así a garantizar la certeza de la fecha de su realización, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado. Finalmente, el fallecimiento de alguno de los contratantes también genera certidumbre en la fecha del documento, pues al ocurrir el deceso no existiría posibilidad de prefabricar un pacto de voluntades por no poder contrariarse el orden cronológico y natural de los eventos.... La exhibición de un contrato privado de arrendamiento original que carece de fecha cierta, es insuficiente para acreditar el interés de la parte quejosa cuando ostenta la calidad de tercera extraña al juicio, pues ello imposibilita determinar con certeza jurídica si el contrato es anterior o posterior al reclamo de que se duele; además de que con ese documento sólo acreditaría la existencia de un acuerdo de voluntades entre dos particulares respecto de un inmueble, pero no así la fecha cierta, lo cual garantiza la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evita que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales... Igualmente, en el supuesto no concedido de que efectivamente la parte quejosa tuviera la posesión material del inmueble, este sólo hecho no es suficiente para considerar procedente el estudio de la constitucionalidad de los actos de autoridad, pues tratándose de casos en que el agraviado se ostenta como tercera extraña a juicio, aduciendo tener la posesión de un bien por virtud de un contrato, es indispensable la plena comprobación de que dicho título tiene fecha cierta anterior al inicio del proceso; ello es así, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación y, por tanto, no protegida a través del juicio constitucional.... Por tanto, se reitera, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó la desposesión de un inmueble, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico que reúna los requisitos legales para tal efecto, es decir, que por sus características sea oponible a terceros, ya que sólo así, se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio; lo que en la especie no ocurre, pues como se precisó, la documental ofrecida por la parte quejosa es insuficiente para demostrar la posesión que defiende.... Con base en lo expuesto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XII; por ende, con fundamento en el precepto 113 de la invocada ley, se desecha por notoria improcedencia la demanda de amparo promovida por .... Notifíquese personalmente.
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