Michel Pérez Cortéz

Expediente 8/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
8/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
12/09/2017

Partes del expediente

  • Michel Pérez Cortéz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; doce de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, siendo las once horas con diez minutos del veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 8/2017, promovido por Michel Pérez Cortez, por su propio derecho, encontrándose en audiencia pública el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido del licenciado Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, el Juez la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. A continuación, el Secretario hace constar que se dio lectura de las constancias que obran en el expediente, sin necesidad de hacer mención expresa de cada una de ellas, en atención a las consideraciones contenidas en la tesis de la Octava Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, visible en la página 185, que se aplica por analogía y que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Acto seguido, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación circunstanciada que antecede. Abierto el periodo de pruebas: el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa con su escrito de demanda y las que acompaño a su informe justificado la autoridad responsable. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas las de referencia, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Al no haber pruebas pendientes por desahogar se cierra el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos: el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló pedimento alguno, por tanto, se concluye el periodo en que se actúa. Al no existir diligencia pendiente por desahogar, se da por terminada la presente audiencia, procediéndose a dictar la resolución correspondiente. VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo indirecto 8/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Michel Pérez Cortez, por su propio derecho, mediante escrito presentado el cinco de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día a este Juzgado Octavo de Distrito por razón de turno, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por el acto que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Director General de la Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Acapulco, ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "La omisión de efectuar el descuento por concepto de alimentos del cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe el C. David Genchi Barrera, en virtud de que este último es empleado de dicho organismo público, y es dicha paraestatal la encargada de realizar dicho descuento o de realizar los trámites tendientes para que el descuento se haga efectivo.". SEGUNDO. Por acuerdo de seis de enero de dos mil diecisiete, se desechó la demanda de amparo, la cual quedo registrada en el libro de gobierno respectivo bajo el número 8/2017, inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de queja, mediante ejecutoria de veinticinco de mayo del año en curso, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en el recurso de queja civil 39/2017, declaro fundado dicho medio de impugnación. En acatamiento a la ejecutoria del Tribunal de Alzada, por acuerdo de veinte de junio de dos mil diecisiete, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda; solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y forma parte de esta resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un acto omisivo en relación al cumplimiento al descuento de una pensión alimenticia decretada dentro de un juicio de divorcio que podrá ser de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto. Ante todo, debe destacarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio íntegro del escrito de demanda, se aprecia que los actos que por esta vía constitucional se reclaman, consisten en: 1. La omisión de dar cumplimiento al oficio 2265 de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, signado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en el cual ordenó al "Director General y/o representante legal de Promotora de Playas Acapulco", realizara el descuento del 40% del sueldo y demás percepciones ordinarias y extraordinarias que obtuviera David Genchi Barrera, con motivo de la pensión alimenticia decretada a favor de Michel Pérez Cortez, en representación del menor Jordán Guadalupe Genchi Pérez dentro del expediente 1367-2/2016, relativa al juicio de divorcio incausado. TERCERO. Oportunidad. Se considera oportuna la presentación de la demanda de amparo, porque el acto reclamado consistente en la omisión de realizar el descuento del 40% del sueldo y demás percepciones ordinarias y extraordinarias, con motivo de la pensión alimenticia decretada en el juicio de divorcio incausado, al tratarse de acto de trato sucesivo la interposición de la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo. CUARTO. Existencia del acto. Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de la Zona Federal Marítimo Terrestre, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado por conducto de su apoderado legal negó el acto que se le atribuye; sin embargo, de las manifestaciones que realiza se advierte su existencia, en virtud de que refiere que mediante oficio PASP/41/2017 de siete de febrero del año en curso, solicitó al Director de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, aplicará los descuentos en nóminas del 40% del sueldo y demás prestaciones que percibe David Genchi Barrera, en cumplimiento a lo solicitado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente 1367-2/2016; lo cual se robustece con el original del citado oficio, que allegó con dicho informe. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Improcedencia. Las causas de improcedencia son de orden público y se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional federal en el juicio de control constitucional, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso en estudio, se establece que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción I, de la propia ley; atento a lo siguiente: De la interpretación sistemática de los artículos 73, fracción XVIII, y 1, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada, se concluía que el juicio de amparo era improcedente cuando los actos reclamados no provenían de una autoridad; ya que dicha legislación, preveía que era autoridad responsable la que dictaba, promulgaba, publicaba, ordenaba, ejecutaba o trataba de ejecutar la ley o el acto reclamado. En diversas tesis y jurisprudencias, el Máximo Tribunal de la Nación construyó con el devenir histórico la definición del concepto de autoridad para los efectos del amparo, abandonándose la primigenia vinculación con las facultades sobre la fuerza pública para distinguir los actos de autoridad del de los particulares, y arribó a una nueva concepción definida acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Así, durante la vigencia de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realizara actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales creara, modificara o extinguiera situaciones jurídicas que afectaran la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Luego de que la indicada legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedó abrogada con motivo de la entrada en vigor de Ley de Amparo a partir del dos de abril de dos mil trece, en la última de las codificaciones en cita se retomó el criterio antes descrito para definir el concepto de autoridad para los efectos del juicio de garantías, ya que sobre el particular el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente prevé que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior quiere decir que a partir de la entrada en vigor de la llamada Nueva Ley de Amparo, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad con esa naturaleza formal, para los efectos del juicio de garantías, debe considerarse si al dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, el ente u organismo del Estado, viole los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente en su segundo párrafo dispone lo siguiente: "Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La anterior porción normativa revela entonces que en tratándose de actos provenientes de entidades estaduales o incluso provenientes de quienes carecen formalmente de tal naturaleza, concretamente para ser considerados como provenientes de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, no solamente debe verificarse si al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, violen los derechos fundamentales constitucional y convencionalmente protegidos, sino también habrá de confirmarse si las funciones que despliega al realizar tales conductas están determinadas por una norma general. En el presente caso, se advierte que el Director General de la Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Acapulco, sólo tiene el carácter de patrón del deudor alimentario dentro del juicio de divorcio incausado, y que por ende, la autoridad judicial le ordenó que procediera a hacer el descuento con motivo de la pensión alimenticia decretada a favor de Michel Pérez Cortez, en representación del menor Jordán Guadalupe Genchi Pérez; de ahí que, la falta de cumplimiento a lo anterior no puede ubicarse dentro de los parámetros a que se refieren los numerales invocados, habida cuenta que la omisión en que dicha dependencia incurre, no la asume en el ejercicio de facultades y atribuciones conferidas por las normas legales, ni mucho menos su incumplimiento crea, extingue o modifica situación jurídica alguna en forma unilateral u obligatoria en perjuicio de la solicitante del amparo, pues su actuar se encuentra vinculado a acatar un mandato judicial, inclusive, con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, lo cual corrobora que la observancia a la orden de descuento y pago está sometida a la jurisdicción de la autoridad judicial, quien le requirió en su carácter de empleador. En tales condiciones, es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, dada la actualización de la mencionada causal prevista en la fracción XVIII, del numeral 61, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 8/2017, promovido por Michel Pérez Cortez, en términos de lo expuesto en el último de considerando de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; nueve de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa, en proveído de veintinueve de junio del año en curso, a fin de que manifestara si era su voluntad ampliar la demanda, y señalar como nueva autoridad responsable al Director de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, con sede en esta Ciudad; sin que lo haya hecho así; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y al efecto se continúa el presente asunto, teniéndose únicamente como autoridades responsables a las señaladas originalmente en autos.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero, diecinueve de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días que se le otorgó a la parte quejosa mediante acuerdo de veintinueve de junio pasado, para que manifestara si desea ampliar su demanda respecto de la nueva autoridad Director de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, con sede en esta Ciudad; como se aprecia de la notificación por lista que obra en autos. Para dar margen a lo anterior, la audiencia programada para el día de hoy, según se advierte de la certificación de cuenta se difiere para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano