Michel Lira Robles
Expediente 458/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 458/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Michel Lira Robles
- Coordinadorde la Unidad Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución dictada en este asunto; con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia, causó ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que respecto de las responsables no se haya realizado cómputo del plazo que establece el ordinal 86 de la ley de la materia, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la ciada ley, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que se les haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído y negado el amparo. De conformidad con el artículo 196, párrafo cuarto y 214, en relación con el tercero transitorio de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, sin necesidad de pronunciarse respecto del destino de los incidentes de suspensión, toda vez que en la audiencia incidental se hizo la valoración respectiva de los mismos. Por otra parte, con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en sus artículos 1, 3, fracción VII, 6 fracción I, 8, fracciones I y II, 15 y 18, fracción I, inciso b), que textualmente disponen lo siguiente Artículo 1. Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto regular la valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Artículo 3. Glosario. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por VII. Asuntos concluidos: Los expedientes relativos a un proceso jurisdiccional en los cuales, en términos de lo dispuesto en la legislación aplicable, se ha dictado su última resolución, bien sea por acuerdo que haya causado estado o porque la sentencia correspondiente causó ejecutoria y no requiere ejecución alguna; o porque requiriéndola, existe proveído en el cual se determinó que quedó enteramente cumplida o que ya no hay motivo para la ejecución; Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: I. Realizar la valoración de su archivo judicial y coordinar la destrucción, depuración y transferencia, en términos de lo dispuesto en este Acuerdo; Artículo 8. Criterios del resguardo de expedientes. Para efectos de resguardo documental, el archivo judicial tiene la siguiente clasificación: I. Expedientes de Trámite: Son los expedientes desde su apertura y hasta por tres años posteriores a haberse acordado su archivo como asunto concluido; II. Expediente en el Archivo de Concentración: Son aquellos expedientes que transferidos del archivo de trámite, quedan en resguardo en los depósitos del Consejo de la Judicatura Federal. Los expedientes valorados como de relevancia documental serán resguardados hasta que se cumplan setenta años con posterioridad de haberse acordado su archivo como asunto concluido. Los expedientes valorados como conservables o depurables serán resguardados hasta que se cumplan diez años, contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido; y Artículo 9. Resguardo de Archivo de Trámite. Los archivos de trámite serán resguardados en el órgano jurisdiccional. Cumplida la temporalidad de tres años contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido, los expedientes que sean objeto de transferencia, serán remitidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Artículo 10. Resguardo de Archivo de Concentración. El archivo de concentración se resguardará en los depósitos documentales dependientes de la Dirección de Archivo y Documentación. Los expedientes valorados como de relevancia documental serán resguardados hasta que se cumplan setenta años, contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido. Los expedientes valorados como conservables y depurables serán resguardados hasta que se cumplan diez años, contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido. El acceso a los expedientes que se encuentren resguardados en el archivo de concentración será restringido, en acatamiento a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido estos expedientes. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por ende, a efecto de acatar el referido acuerdo, envíese el mismo al Archivo de Trámite, que se lleva en este órgano jurisdiccional. Esto, en virtud de que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del referido Acuerdo General, por ende, el presente asunto no es de relevancia documental; a más de que se negó el amparo constitucional solicitado, es por lo que, una vez que cuente con más de tres años de haberse ordenado el archivo a que hace referencia el acuerdo en mención y transcurrido el plazo de noventa días, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración. Luego, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados partir del presente auto y depurado el expediente en los términos ordenados por el penúltimo párrafo del artículo 18, del mencionado Acuerdo, remítase al Archivo de Concentración del Consejo de la Judicatura Federal, para que lo resguarde en los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 61, 62 y 219, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el escrito presentado por el licenciado *********, autorizado de la parte quejosa, en el cual, en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, solicita se requiera a la autoridad responsable a efecto de que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, en el presente asunto, se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que: "de que se le cobre únicamente el cinco por ciento (5%) de la tarifa total, es decir, la cantidad de $ 750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por el servicio que recibió, única y exclusivamente respecto del pago correspondiente al certificado de pago con número de operación ******** y se le reintegre la parte que cubrió en exceso por tales conceptos. En tales condiciones, tomando en cuenta que es a la autoridad exactora a la que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su carácter de ente estatal encargado de la recaudación, tan pronto como el presente fallo cause ejecutoria, deberá requerirse a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para que devuelva la cantidad descrita." Por tanto, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, requiérase nuevamente a la autoridad responsable en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, o bien, los actos que haya realizado para ese efecto, con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, dentro del plazo que se le señala, se impondrá a su titular una multa de cien a mil días equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido que sigue subsistente el apercibimiento decretado en el auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en el cual se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo.
- Principal
Visto el estado actual, se advierte que mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veinte, se ordenó reanudar el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, para su resolución y se reservó enviar los cuadernillos original y duplicado de la citada incidencia al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, hasta en tanto se emitiera tal determinación. En ese mismo orden de ideas, por proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se reservó enviar el informe justificado recibido en este juzgado, mismo que fue registrado bajo el número de promoción 4987, hasta en tanto se resolviera en definitivo sobre la suspensión en el incidente de mérito. Sentado lo anterior, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la materia según lo dispuesto por el diverso 2º de la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio que el cinco de abril de la presente anualidad, se resolvió en definitiva el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 372/2020 en el que se actual; por tanto, en obvio de mayores dilaciones, remítanse al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, los cuadernillos original y duplicado de la citada incidencia, así como el informe recibido en este órgano jurisdiccional y registrado bajo el número de folio *****; para los efectos legales conducentes. Solicitándole, tenga a bien informar lo correspondiente.
- Incidental
Agréguese lo de cuenta; con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido del informe justificado que rinde la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial Jiménez, para que en el uso de sus derechos manifiesten lo que a su interés convenga.
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