Michel Gonzalez Ruiz

Expediente 2298/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2298/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Michel Gonzalez Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México; cinco de julio de dos mil veintidós. Por recibida la copia autorizada del acuerdo dictado en los autos del cuaderno de Varios 1/2022 de nuestra estadística, por el cual remite una promoción dirigida al presente sumario constitucional, con ella, provéase lo conducente. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, por medio del cual hace del conocimiento el contenido del acuerdo dictado el diecisiete de mayo pasado en su amparo en revisión 364/2017, en el que en esencia informa que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, levantó el aplazamiento decretado en ese asunto y ordenó dictar la sentencia que corresponda se ha levantado el plazo para el dictado de la sentencia, de conformidad con el Acuerdo General 4/2022 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Fundamento: artículos 61 y 221 del código federal adjetivo de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por otra parte, intégrese a los autos el oficio signado por la delegada autorizada de las entonces autoridades responsables denominadas Administración Local de Auditoría Fiscal, Administración Local de Recaudación y Administración Local de Servicios al Contribuyente, todas de Tijuana, ahora Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2", Administración Desconcentrada de Recaudación de Baja California "2" y Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Baja California "2", respectivamente; en atención a su contenido, infórmeseles que el presente asunto se encuentra en grado de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, registrado con el número de amparo en revisión 364/2017. En virtud de lo anterior, remítase a la delegada oficiante, copia de la sentencia dictada en autos, así como del acuerdo por el cual se dio trámite al recurso de revisión y los agravios respectivos. Finalmente, se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones el que indica y como medio de comunicación no procesal el correo electrónico que refiere. Fundamento: artículo 278 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, así como 3, párrafo quinto, 9, 12, párrafo segundo de la citada ley y Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México; treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la tercera certificación de cuenta, de conformidad con el inciso II, numeral 16 de la Circular SECNO 10/2021, en relación con los artículos 1 y 2, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de términos procesales a que aluden los acuerdos y circulares enumeradas en la primera certificación; a lo que se provee: Se forman cuadernos. En cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal del juicio de amparo indirecto 106/2021, se integra de manera electrónica y físicamente por duplicado este incidente de suspensión. Solicitud de informe previo. Se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que rindan su informe previo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir del que queden legalmente notificadas, mismo que deberá satisfacer los requisitos previstos en el artículo 140 de la ley de la materia, y en aras de una pronta impartición de justicia podrá ser remitido vía correo electrónico oficial 1jdoaux1cto@correo.cjf.gob.mx, correspondiente a este juzgado de distrito, con archivo anexo en .PDF o .JPG y que el documento contenga la firma electrónica del funcionario (firel o e.firma), debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente, con la precisión de que se requiere su envío por uno solo de los medios Fundamento: Acuerdos Generales Plenarios 1/2013 y 1/2015, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 3 de la Ley de Amparo; y artículo 3, fracción VI del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Al efecto, remítase copia del ocurso inicial. Apercíbase a las autoridades responsables que, en caso de no cumplir con lo antes señalado, además de presumir ciertos los actos reclamados, podrá imponérseles una multa de cien a mil veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización. Fundamento: Artículos 138, fracción III y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Representación del titular del Ejecutivo Federal. Gírese oficio a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a efecto de que en el término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, indique a este órgano jurisdiccional la Secretaría de Estado que representará al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los actos que se reclaman en el presente juicio. En igual término, dicha Consejería deberá remitir a este órgano jurisdiccional las constancias con las que acredite fehacientemente que notificó a la Secretaría de que se trate la representación otorgada, a efecto que esa dependencia esté en posibilidad de rendir su respectivo informe previo en los términos solicitados en el presente proveído. Apercibido que, de no dar cumplimiento al anterior requerimiento dentro del término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los numerales segundo y tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Fundamento: artículo 17 constitucional, así como 237, facción I y 259 de la Ley de Amparo, así como el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis y su actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. Señalamiento de fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Se señalan las NUEVE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS para la celebración de la audiencia incidental. Fundamento: Artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo. Adicionalmente, este juzgador considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID 19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia incidental deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado la audiencia incidental, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia incidental no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 144 de la Ley de Amparo las partes, se insiste, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) la cual no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Glose y compulsa de copias. Por otra parte, agréguense a los autos las pruebas que se acompañan a la copia autorizada de cuenta y relaciónense en el momento procesal oportuno. Invitación al trámite del Juicio en Línea. Por otro lado, se invita a las partes a transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados o delegados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brinda el siguiente correo institucional: oscar.duarte.rosas@correo.cjf.gob.mx Requisitos de la suspensión. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario de garantías debe reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado. Apuntado lo anterior, es de señalar que, conforme a la fracción X del artículo 107 de la Constitución General, en el juicio de amparo es posible suspender los actos que se reclaman y sus efectos, mediante una institución de naturaleza procesal comprendida en las medidas cautelares, y que, acorde con su carácter, tiene por objeto mantener viva la materia del amparo, es decir, trata de impedir que se consumen irreparablemente el acto o los actos reclamados, y de esa manera no llegue a resultar inútil para la quejosa la protección de la Justicia Federal que pretende. Sin embargo, la procedencia de dicha medida cautelar no es ilimitada, pues la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé determinadas restricciones. En efecto, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario que: a. La solicite el quejoso; b. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva (interés suspensional). Asimismo, el juzgador de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; entendiendo lo primero, como el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social, cabe señalar que la apreciación de su existencia depende del caso concreto, el cual debe ser analizado por el juzgador al otorgar o no la suspensión de los actos reclamados. Precisión del acto reclamado. Ahora, de la lectura integral del escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa señala como actos reclamados, esencialmente, los que se indican a continuación: La Iniciativa, Promulgación y Orden de Publicación del "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación", publicado el ocho de diciembre de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, en particular, la reforma al artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 17-H, fracción XI y XII, del Código Fiscal de la Federación. La discusión y aprobación del "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación", publicado el ocho de diciembre de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, en particular, la reforma al artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 17-H, fracción XI y XII, del Código Fiscal de la Federación. Efectos. La parte quejosa manifestó que solicita la suspensión del acto reclamado para los efectos siguientes: ".para que se ordene a las autoridades responsables y a aquellas vinculadas con el cumplimiento de los actos reclamados a no aplicar los artículos 5-A del Código Fiscal de la Federación en contra de mi representada y, por tanto, en caso de que se ejerzan facultada de comprobación (sic), que no se concluya ningún procedimiento que tenga como propósito la determinación de que los actos jurídicos llevados a cabo por mi representada carezcan de una razón de negocios y, en consecuencia se desconozcan los efectos fiscales de los actos jurídicos referidos; además, que en caso de que la autoridad realice la valoración de los actos jurídicos llevados a cabo por mi mandante, tal valoración no puede ser el sustente de ninguna investigación o sanción penal, sino hasta que se decida en definitiva sobre su constitucionalidad. Que se ordene a las autoridades responsables y a aquellas vinculadas con el cumplimiento de los actos reclamados, a no aplicar el 17-H, fracciones XII y XII (sic) del Código Fiscal de la Federación en contra de mi representada y, por tanto, que no se dé inicio a algún procedimiento que tenga como propósito el dejar sin efectos los certificados de sellos digitales en los términos previstos en tales normas, hasta que se decida en definitiva sobre su constitucionalidad..." Asimismo, señaló que bajo protesta de decir verdad que las normas destacadas se reclamaron como normas autoaplicativas, ya que desde la entrada en vigor inciden en la esfera jurídica de la quejosa. Al respecto, el Juzgado de Distrito está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, esto conforme a la jurisprudencia 4/2019 de la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Por lo que solicita la presente medida cautelar en términos del numeral 148 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente señala lo siguiente: "Artículo 148. En los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. En el caso en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación." Porción normativa que dispone que en los juicios de amparo en que se reclame una norma autoaplicativa, la suspensión se debe otorgar para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica de la parte quejosa; sin embargo, dicho dispositivo legal no debe interpretarse de manera aislada, sino sistemáticamente con el resto de los preceptos aplicables del propio ordenamiento que prevén diversas reglas para resolver la medida de que se trata. En consecuencia, cuando se reclamen disposiciones de carácter general por considerar que por su sola entrada en vigor causan perjuicio al gobernado, para resolver sobre la concesión de la medida cautelar solicitada, el juzgador debe analizar si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 128 de la propia ley, ya que de advertir que no se satisface alguno de ellos, aquélla resultará improcedente. Presunción de certeza de los actos reclamados. Para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez de Distrito debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, así como con la documental consistente en constancia de situación fiscal, elemento con que se cuenta para resolver sobre la medida cautelar. Medio probatorio que por un lado, constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera y, en relación con las documentales en cita adquieren valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199, 200, 202, 203 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. Interés suspensional. En la especie, la quejosa aduce ser una sociedad mercantil, que realiza actividades empresariales en términos del Título II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta referente al régimen general las Personas Morales, y que la entrada en vigor de las normas que reclama afecta en forma importante su esfera de derechos, ya que la sujeta a una nueva mecánica de tributación donde limita deducciones y aumenta e impone tasas de retención de impuestos. Asimismo, señala que se otorgan nuevas facultades a la autoridad fiscal, como la de practicar revisiones en donde podrá de manera arbitraria recaracterizar operaciones, así como solicitar la relación de información relativa a sus estrategias fiscales y violenta el derecho de audiencia al adicionar nuevos supuestos de cancelación de sello digital y de responsabilidad solidaria a los accionistas y directivos de una sociedad. Luego, con base en lo anteriormente expuesto, y atendiendo a las manifestaciones de la quejosa formulada en la demanda, bajo protesta de decir verdad, así como con los documentos ponderados con anterioridad, se estima que se acredita el interés suspensional, al resultar, en apariencia, afectadas por las disposiciones cuya inconstitucionalidad reclama. Negativa de la suspensión provisional. Con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada por Alejandro José Salas García, apoderado legal de la moral quejosa Pet Zoo Express Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los efectos para los cuales se solicita la medida, atento a las siguientes consideraciones: El citado artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." De la anterior trascripción se desprende que, para conceder la suspensión a petición de parte, deben satisfacerse previamente ciertos requisitos como son: La solicitud formulada por el quejoso en ese sentido. Que los actos no contravengan disposiciones de orden público ni afecten el interés social. Ahora bien, el primero requisito es que la suspensión provisional sea solicitada por la quejosa, situación que en la demanda y en el escrito aclaratorio que nos ocupa acontece. Luego, en segundo término, contempla que no se deberá seguir perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; requisito de procedibilidad que, en el caso a estudio, no se actualiza, toda vez que de concederse la medida cautelar solicitada para que no se aplique en la esfera jurídica de la parte agraviada el contenido de los artículos: * 5-A y 17-H, fracción XI y XII, ambos del Código Fiscal de la Federación. Y las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, este juzgador se contrapondría con el interés social, ya que el objeto de dichos preceptos es evitar la posible comisión del algún delito fiscal; objetivo que las autoridades responsables pretenden alcanzar en beneficio del interés público. En efecto, en relación con el orden público y el interés social, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instituyó en la contradicción de tesis número 266/2007-SS, que dichos conceptos son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese tenor, el Tribunal Supremo del país sostiene que por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, definió que se considera que el orden público y el interés social, se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se infiere un daño que de otra manera no resentiría; perjuicio que sería mayor que el ocasionado a la parte quejosa, a la que se niega la medida cautelar. Aún más, el numeral 129 del citado ordenamiento legal, dispone diversos supuestos en los que se considera que se siguen esos perjuicios y se realizan las citadas contravenciones al interés social; sin embargo, el hecho de que el legislador haya indicado algunos supuestos de cuando considera que se vulnera el orden público y el interés social, no quiere decir que haya sido limitativo respecto a los supuestos en los que debe estipularse contravención a la citada porción normativa, sino que únicamente fijó criterios para que el intérprete de la ley delinee cuándo, en el caso concreto, se satisface o no el requisito citado en el artículo 128, fracción II. En efecto, ha sido criterio reiterado que el orden público y el interés social, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al órgano jurisdiccional examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. Así, el orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido solo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución; en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Lo anterior, se apoya en la tesis I.3o.A. J/16, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 383 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, y que ilustra: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Para entender el contenido de la noción de orden público, es menester ponderar las situaciones que se producirían con la suspensión del acto reclamado, esto es, si con la medida se privará a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le inferirá un daño que de otra manera no resentiría. Asimismo, para determinar si existe tal afectación, no basta que la ley en que se funda el acto sea de orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y consecución, son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, y en consecuencia, capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados; por tanto, es necesario confrontar el perjuicio real y efectivo que podría sufrir la colectividad, con el que podría afectar a la quejosa con la ejecución del acto reclamado. Tienen aplicación en lo conducente la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/56, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 986, Tomo XXV, junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR SI SE AFECTAN EL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, DEBE SOPESARSE EL PERJUICIO REAL Y EFECTIVO QUE PODRÍA SUFRIR LA COLECTIVIDAD, CON EL QUE PODRÍA AFECTAR A LA PARTE QUEJOSA CON LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EL MONTO DE LA AFECTACIÓN DE SUS DERECHOS EN DISPUTA. El artículo 124 de la Ley de Amparo condiciona la concesión de la suspensión, además de la solicitud del quejoso, en primer lugar, a que no se afecte el orden público y el interés social, y en segundo, a que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se le causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado. Ahora bien, para determinar si existe esa afectación no basta que la ley en que se fundamente el acto sea de orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y consecución son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados, o si son realmente significativos para afectar el interés social. Efectivamente, las leyes, en mayor o menor medida, responden a ese interés público, sin embargo, esto no puede ser una habilitación absoluta, capaz de afectar derechos fundamentales de modo irreversible, ya que también es deseable por la sociedad que las autoridades no afecten irremediablemente derechos sustanciales de los particulares, especialmente cuando tienen el carácter de indisponibles o irreductibles como la libertad, igualdad, dignidad y los demás consagrados en el artículo 16 constitucional, por ser sus consecuencias de difícil o de imposible reparación. Así las cosas, para aplicar el criterio de orden público e interés social debe sopesarse el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con los actos concretos de aplicación, con el perjuicio que podría afectar a la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado y el monto de la afectación de sus derechos en disputa." Así, una vez analizadas las premisas atinentes al orden público e interés social, a la luz de los efectos para los cuales se peticiona la medida cautelar, se considera que no se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues de otorgarse se contravienen disposiciones de orden público y se sigue perjuicio al interés social. Pues de un análisis integral a la exposición de motivos del Decreto impugnado, se advierte que las reformas de mérito tienen como finalidad primordial, en síntesis y de manera enunciativa lo siguiente: Lograr una mayor transparencia eficacia en el ejercicio de los recursos públicos, mayor control y vigilancia por parte de las instancias competentes para prevenir, investigar, denunciar e imponer sanciones para obtener resultados diferentes que permitan ir en contra de los evasores fiscales, pues se generaron de forma excesiva comprobantes fiscales apócrifos por parte de las empresas facturadoras de operaciones simuladas sobre operaciones, compras o servicios no realizados, con el fin de simular aumentos de gastos de operación para pagar menos impuestos; de ahí que se consideró necesaria la implementación de las disposiciones reclamadas. Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios; con el objeto de lograr una eficiencia presupuestaria. Combatir las estrategias de planificación fiscal utilizadas para cambiar de manera artificial los beneficios económicos a lugares de escasa o nula tributación, lo que permite eludir casi por completo el pago del Impuesto Sobre la Renta en México. Evitar el uso de estrategias de elusión fiscal. Que la autoridad fiscal se encuentre en posibilidad de realizar los actos necesarios para revisar si las operaciones que se hacen constar en los comprobantes fiscales en realidad se efectuaron y, de concluir en sentido negativo, en consecuencia, se declare la inexistencia de tales operaciones, desconociendo valor alguno a los mencionados comprobantes. Combatir a las empresas que facturan operaciones inexistentes, así como aquellas que dan efectos fiscales a las mismas. Se inhiba que los contribuyentes continúen simulando la realización de operaciones en perjuicio del Fisco Federal. Evitar que las empresas facturadoras de operaciones inexistentes, al momento de realizar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionen datos incorrectos, dentro de los que destaca el referente al domicilio, pues señalan domicilios inexistentes o de difícil localización, que evidentemente no constituyen el asiento o administración principal del negocio del contribuyente, o bien, el lugar en el que desempeñan sus actividades. Que las autoridades correspondientes aún sin ejercer sus facultades de verificación puedan comprobar que los datos proporcionados por el contribuyente como medios de contacto son incorrectos o falsos, situación que en el caso de las empresas facturadoras de operaciones inexistentes es recurrente para evitar que la autoridad les informe que tienen una notificación o mensaje en su buzón tributario, lo que impide que éstos sean notificados por dicho medio. Establecer como supuesto para dejar sin efectos los certificados de sellos digitales, cuando los contribuyentes facturen ingresos o retenciones y éstos no correspondan con la información proporcionada en sus declaraciones, así como de aquella que se encuentre en poder de la autoridad fiscal o a la que tengan acceso, ello aun cuando no se ejerzan las facultades de comprobación por parte de la autoridad, lo cual permitirá evitar la generación de facturas por posibles empresas facturadoras de operaciones inexistentes. Por esas circunstancias, es claro que se le causaría un perjuicio mayor a la sociedad, que los que podrían resentir las quejosas con la aplicación de dichos numerales, pues como se analizó, con las reformas normativas de referencia, se busca fortalecer los mecanismos de vigilancia y control, para erradicar la evasión de los impuestos y combatir la compraventa de facturas falsas, salvaguardando los ingresos públicos del país, su estabilidad y el bienestar de la población. En ese contexto, resulta improcedente la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, en virtud de que el legislador ha considerado relevantes las medidas decretadas, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y, en su caso, impedir la evasión fiscal, pues a través de garantizar el ejercicio de las facultades de las autoridades y los mecanismos y sanciones propuestas, se pretende hacer frente a los retos que representa para el país, la creciente evasión y elusión fiscal, además de que se respetan los instrumentos de verificación, los cuales evidentemente constituyen fines que contribuyen al interés de la sociedad, en tanto que es a través del sistema recaudatorio que el Estado se hace de los recursos esenciales para su sostenimiento; de ahí que de otorgarse la medida cautelar solicitada, se permitiría que la finalidad pretendida a través de la modificación legislativa reclamada no fuera satisfecha y podría dar lugar a la realización de las actividades que precisamente se pretenden erradicar. En este aspecto debe resaltarse también que la sociedad y el Estado en general están interesados en evitar prácticas fraudulentas como el incumplimiento de obligaciones fiscales o la obtención de beneficios en forma indebida por parte de los contribuyentes, pues conforme a lo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es deber de todo mexicano contribuir al gasto público de forma proporcional y equitativa, lo cual se cumple mediante el pago de impuestos (obligación tributaria). Pruebas Téngase a la quejosa exhibiendo como pruebas de su parte las documentales que anexó a su demanda de amparo, que en cumplimiento a lo acordado en el cuaderno principal obran en este incidente. Medios de convicción que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 143 y 144 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia incidental. Expedición de copias Finalmente, expídase a la parte quejosa, a través de sus autorizados, para el caso de que así lo requieran, copia certificada de esta resolución, previa razón que obre en autos para debida constancia legal. Con motivo de lo anterior, y a efecto de cumplimentar las bases establecidas por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo 21/2020, Capítulo II, denominado "Atención al Público en general", en el supuesto de la fracción II del artículo 6, que establece: II. Las partes o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes adjetivas aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes o para desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. En este último supuesto, es importante destacar que, cuando sea necesaria su comparecencia ante el órgano jurisdiccional, será la o el titular quien genere la cita el día en que concluya el término, de modo que la opción prevista en esta fracción resulta aplicable cuando las partes pretendan acudir en una fecha anterior a la de la cita generada por el propio órgano jurisdiccional, hipótesis en la que estarán sujetas a la disponibilidad que arroje el sistema. Al respecto, dígase a las partes, que se pone a su disposición como medio de contacto la dirección de correo electrónico siguiente: oscar.duarte.rosas@correo.cjf.gob.mx, así como el teléfono 5551338100 ext. 1006 y 1030, a efecto de que se comuniquen a este juzgado de distrito y soliciten el día y hora en que desea comparecer a las instalaciones de este juzgado a la consulta del presente expediente, informándoles que dicho horario es el comprendido de lunes a viernes de ocho de la mañana a una de la tarde. Atento a lo anterior, una vez agendada dicha cita se generará un Código QR para permitirle el acceso a las instalaciones de este juzgado, mismo que estará disponible en el módulo de vigilancia y se dará aviso a la administración del mismo con la fecha y horarios de su cita, de modo que quienes acudan a la cita puedan ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código. Una vez en el órgano jurisdiccional se verificará que quienes asistan cuenten con la capacidad procesal necesaria para participar en la diligencia. Igualmente, dígase a las partes que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Invitación al trámite del juicio en línea Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., el cual es un sitio web a través del cual por sí, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brinda el siguiente correo institucional: oscar.duarte.rosas@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese.

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