Michel Gilberto Flores Pegueros
Expediente 1292/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1292/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Michel Gilberto Flores Pegueros
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el que inserta el proveído de ocho de los actuales, con el que acusa recibo de la remisión del medio de impugnación e informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Michel Gilberto Flores... contra el auto dictado el cinco de octubre de la anualidad, mismo que quedó registrado con el número de queja 400/2023; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio suscrito por el Director de Garantías de la Tesorería de la Federación, por el cual acusa recibo del billete de depósito número ********************, que ampara la cantidad de $********************e informa que se hizo efectivo a favor del Erario Federal. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se registra la demanda con evidencia criptográfica de Michel Gilberto Flores Pegueros, por derecho propio, por derecho propio; fórmese el expediente relativo con el número 1292/2023-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTO RECLAMADO El dictamen de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, emitido por la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección XXXVII Estado de México Poniente, en su carácter de órgano sancionador en términos de lo dispuesto en los estatutos de dicho Sindicato, que le impone una sanción por setecientos treinta días de suspensión de derechos sindicales, así como la destitución del cargo sindical que ostentaba (Secretario General en la delegación sindical). DESECHAMIENTO Al respecto, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, concatenada con los diversos ordinal 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, en razón de que la señalada como autoridad responsable, no tiene tal carácter para efectos del juicio constitucional. El estudio de la causa de improcedencia invocada hace necesario traer a contexto la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", en la que definió que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el caso concreto, el requisito relativo a la existencia de una relación de supra a subordinación entre el gobernado y la autoridad no se colma, porque respecto al acto combatido, la relación jurídica entre el quejoso recurrente y los órganos sindicales involucra una relación de coordinación propia del vínculo que existe entre el Sindicato Nacional de Trabadores del Seguro Social y el inconforme, al ostentarse con el carácter de Secretario General electo como representante, es decir, como integrante sindical de la delegación a la que refiere pertenece, ya que en este caso la autoridad señalada como responsable no actúa, ni actuará, de ser el caso, con una potestad de imperio, puesto que los actos en que incurre o pudiera incurrir, son meramente particulares e internos del ejercicio sindical. Por lo tanto, tales controversias suscitadas por los derechos y obligaciones generadas como agremiados, no son susceptibles de control constitucional, sino que, dependiendo el tipo de acción, deben ventilarse, en su caso, en sede ordinaria, pues es evidente que el acto reclamado que la quejosa señala, deriva del consenso de voluntades pactado entre la parte quejosa y el Sindicato Nacional de Trabadores del Seguro Social, como lo refiere el contrato colectivo que al efecto anexó. Lo que se robustece con el hecho que el impetrante señaló bajo protesta de decir verdad que ".soy trabajador de base del Instituto Mexicano del Seguro Social. y, por lo tanto socio y agremiado al SINDICATO NACIONAL DE TRABADORES DE SEGURO SOCIAL."; lo que presupone la existencia de la relación agremiada entre el quejoso y el Sindicato Nacional de Trabadores del Seguro Social como responsable (del que deriva el acto reclamado); por lo que no es dable que pretenda combatir la suspensión de sus derechos sindicales y destitución del cargo en el sindicato, pues ello no constituye un acto de autoridad. Es así, dado que tales cuestionamientos relativos a la restricción que atribuye, de no encontrarse previsto contractualmente o en los estatutos sindicales y, de estimar que dicha Comisión actuó de manera unilateral para imponer la sanción que refiere, tiene expedito el derecho para acudir ante la potestad común para controvertir el accionar del Sindicato y el funcionamiento interno con respecto al servicio que presta; por lo que este órgano de control de la regularidad constitucional, se encuentra impedido para analizar en esta vía tal proceder, ya que en los numerales de los estatutos de ese sindicato para el año dos mil diecinueve que anexa, se advierte la facultad sancionatoria del Sindicato con sus agremiados. Lo anterior, porque el aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, es el que las funciones de éstos estén determinadas por una norma general; consecuentemente, las determinaciones adoptadas por los órganos de gobierno de los sindicatos -al derivar de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen su vida interna y provenir de la voluntad de sus integrantes-, no constituyen actos equivalentes a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debían sujetarse; de ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada. Toda vez que, se insiste, los órganos sindicales como el señalado por la parte quejosa, no tienen el carácter autoridades para efectos del juicio de amparo, en la medida que los conflictos que surgen entre los sindicatos, sus secciones y sus agremiados, deben resolverse por los tribunales ordinarios del trabajo, en razón de que el quejoso se inconforma con el referido dictamen; razonamiento el cual se precisa que no es con el ánimo de hacer alusión al principio de definitividad, sino que se expone con el fin de demostrar que el conflicto entre quejoso recurrente y los órganos sindicales no es un acto de autoridad para efectos del amparo, sino que compete a la jurisdicción laboral ordinaria, dado el plano de coordinación en que se encuentran los contendientes. Se invoca al efecto, la tesis XXVI.2 A (10a.), registro 2005284, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, página 3049, Décima Época, Materia común Administrativa, de rubro y texto siguiente: "DETERMINACIONES ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS SINDICATOS, A TRAVÉS DE LAS CUALES IMPONEN SANCIONES A SUS MIEMBROS. NO CONSTITUYEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor a partir del día siguiente, se amplió la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, en casos de excepción, de conformidad con sus artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, segundo párrafo, también lo es que de tales disposiciones se aprecia, como aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, el que las funciones de éstos estén determinadas por una norma general. Consecuentemente, las determinaciones adoptadas por los órganos de gobierno de los sindicatos, a través de las cuales imponen sanciones a sus miembros, al derivar de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen su vida interna y provenir de la voluntad de sus integrantes, no constituyen actos equivalentes a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debían sujetarse; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento, en relación con los numerales señalados inicialmente." Cabe señalar que la conclusión alcanzada no significa denegación de justicia, puesto que la presente determinación no obstaculiza el acceso a la jurisdicción ya que en nada impide que se ejercite debidamente la acción de amparo, pero siempre que se cumpla con los requisitos formales que establecen las diversas fracciones del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuyo cumplimiento facilita el ejercicio de la acción y garantiza la resolución pronta y expedita de los juicios como prescribe el artículo 17 Constitucional; se invoca en lo conducente por analogía, la tesis I.6o.T.434 L, registro 164899, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 3070, Novena Época, Materia Laboral, de rubro: "SINDICATOS BUROCRÁTICOS. LA ANULACIÓN DE LA TOMA DE NOTA DE SU DIRECTIVA, DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL." Por consiguiente, el juicio de amparo no es la vía idónea para combatir las irregularidades argumentadas, sino que de estimarlo conveniente, deben ser impugnadas a través del procedimiento laboral correspondiente ante la autoridad laboral respectiva; porque si bien, nuestro Máximo Tribunal ha establecido que el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales de procedencia en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, pues en todo procedimiento existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. No se soslaya el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 40/2023 (11a.), registro 2026927, de rubro siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO CONSTITUYE LA ORDEN DE SUSPENDER, RETENER O CANCELAR EL PAGO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA DERIVADA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE TELÉFONOS DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE Y EL SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA." Sin embargo, del propio rubro se desprende que no es aplicable al caso en concreto, dado que ésta resolvió lo atinente a la pensión que es retenida, suspendida o cancelada por entes sindicales, con respecto a la relación del propio trabajador con la fuente laboral derivada únicamente del contrato colectivo de trabajo en lo atinente a una prestación laboral -pensión-, lo que no se actualiza en este juicio de amparo, pues lo que se controvierte en el caso concreto es la suspensión y destitución del cargo sindical que ostentaba. Por lo anterior, tal circunstancia es determinante para corroborar que se está en presencia de una causal de improcedencia notoria y manifiesta; dado que continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión del promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 Constitucional. Sin que con ello se desatienda la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", en virtud de que no es un criterio genérico aplicable a cualquier juicio de amparo, sino que versa, específicamente, sobre aquellos en los que se reclamó el acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas; por ende, ello no impide determinar desde el auto que recae a la presentación de la demanda, si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Orienta a ello en lo conducente conforme al criterio que se comparte, la jurisprudencia XXIV.1o. J/1 L (11a.), registro 2026202, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Marzo de 2023, Tomo IV, página 3379, Undécima Época, Materia común Laboral, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO EN EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO PROVIENEN DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, POR DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN (CANCELACIÓN DE UNA LICENCIA SINDICAL A UN TRABAJADOR DE BASE AL SERVICIO DEL ESTADO) [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." En consecuencia, el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causa prevista en los artículos 61, fracción XXIII, concatenada con los diversos ordinal 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es desechar la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS No obstante que señala un domicilio, por así solicitarlo de manera expresa, en términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario "***"; en la inteligencia que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. En la inteligencia que la elección de esta modalidad electrónica, debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario; en términos de la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), registro 2026122, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Marzo de 2023, Tomo III, página 2405, Undécima Época, Materias(s): Común, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Asimismo, por autorizada a la persona que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintidós de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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