Michel Armando Gonzalez Sosa
Expediente 1195/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1195/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 15/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Michel Armando Gonzalez Sosa
Actuaciones
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- Principal
...Cúmplase.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1195/2019-VI, promovido por MICHEL ARMANDO GONZÁLEZ SOSA, por propio derecho y en representación de su menor hija M. Y. G. L.; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día ante este juzgado, MICHEL ARMANDO GONZÁLEZ SOSA, por propio derecho y en representación de su menor hija M. Y. G. L., solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se radicó el juicio con el número de expediente 1195/2019-VI, se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados y previno al promovente para que aclarara la demanda. Mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve se admitió a trámite, se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado y se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se emplazó a la parte tercera interesada y se señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, dio inicio al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37, 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad responsable y se presentó la demanda. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama es: Del 1. Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, 2. Policía Primero designado para Supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo en el Estado de Morelos en el Municipio de Yautepec, en su denominación correcta de (Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos), 3. Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos, en su denominación correcta de (Coordinador de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos), 4. Director de la Policía de Investigación Criminal Zona Oriente, 5. Encargado de la Comandancia de la Policía de Investigación Criminal Grupo Cocoyoc, en su denominación correcta de (Comandante de la Policía de Investigación Criminal adscrito al Grupo de Yautepec, Morelos), 6. Comandante de la Policía de Investigación Criminal adscrito al Grupo Yautepec, Morelos y 7. Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. ? El acuerdo dictado en diligencia de desahogo de pruebas de tres de septiembre de dos mil diecinueve, respecto a la promoción presentada el dos de septiembre de dos mil diecinueve, concerniente a la guarda y custodia de la menor de edad M. Y. G. L., emitido en el expediente 132/2019-2 del índice el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el que a pesar de los supuestos actos que violentaban a dicha menor, se señalaron las diez horas del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, para que se realizara la entrega de la menor quejosa a fin de ponerla bajo la guarda y custodia de su progenitora, con apercibimiento que de no hacerlo así, el quejoso se haría acreedor a un arresto de hasta seis horas, así como la ejecución de dicho auto. TERCERO Inexistencia de actos. No es cierto el acto reclamado al 2. Policía Primero designado para Supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo en el Estado de Morelos en el Municipio de Yautepec, 3. Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos, 4. Director de la Policía de Investigación Criminal Zona Oriente, 5. Encargado de la Comandancia de la Policía de Investigación Criminal Grupo Cocoyoc, 6. Comandante de la Policía de Investigación Criminal adscrito al Grupo Yautepec, Morelos y 7. Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, toda vez que al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los mismos y la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Máxime que del informe justificado rendido por la autoridad responsable ordenadora, se advierte que no se encuentra vinculadas a ejecutar el acto reclamado. En ese orden de ideas, al no acreditarse el acto reclamado a las autoridades responsables citadas, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio respecto al acto que se les atribuye. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama a la 1. Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir el informe justificado. Lo cual se corrobora con el contenido del respectivo informe rendido por la referida responsable, así como con las documentales que anexó, consistentes en la copia certificada del expediente 132/2019-2 del índice del Juzgado responsable, de la que se advierte la existencia del acto reclamado; documentales que justipreciadas de conformidad con el artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, se les otorga eficacia probatoria plena para tener por demostrado el acto reclamado, por tratarse de documento público al haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, se analizarán las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este juzgador advierte de oficio, que en relación al acto reclamado existente se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. (.)" Lo anterior es así, porque los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretaron -ni se concretarán- en la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de la modificación del entorno en el que éste se emitió, por lo que sería jurídicamente imposible restituir a los peticionarios de amparo en el goce de sus derechos fundamentales que estiman violados, aun cuando del estudio de la actuación combatida se apreciara alguna afectación a sus derechos humanos. Ello, pues del examen de las constancias que remitió la autoridad 1. Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, si bien se advierte el acuerdo dictado en diligencia de desahogo de pruebas de tres de septiembre de dos mil diecinueve, respecto al escrito presentado por la parte quejosa el dos de septiembre del mismo año, concerniente a la guarda y custodia de la menor de edad M. Y. G. L., en el que pese a los supuestos actos que violentaban a dicha menor, se señalaron las diez horas del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, para que realizara la entrega de la menor quejosa ante la autoridad responsable, a fin de ponerla bajo la guarda y custodia de su progenitora, con apercibimiento que de no hacerlo así, el quejoso MICHEL ARMANDO GONZÁLEZ SOSA se haría acreedor a un arresto de hasta seis horas. Sin embargo, cabe precisar que en el caso, se advierte que al margen que no se materializaron los efectos del acto reclamado consistentes en la entrega de la menor quejosa por parte del padre quejoso a la progenitora para su guarda y custodia en la fecha indicada, ni afectación a la libertad de éste con motivo del apercibimiento decretado en el acuerdo combatido. Se encuentra demostrado que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado ya no surtirá efecto legal dentro de la esfera jurídica de la parte quejosa, toda vez que la autoridad responsable remitió a este Juzgado mediante oficio 2627 presentado el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, la transcripción del convenio provisional celebrado a las once horas del tres de diciembre de dos mil diecinueve entre MICHEL ARMANDO GONZÁLEZ SOSA y Diana Brenda Lucero Sotelo, madre de la menor quejosa y parte tercera interesada en el presente juicio de amparo, del que se desprende la modificación de las medidas provisionales decretadas el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, y la actualización en el otorgamiento de manera provisional de medidas provisionales que esencialmente consistieron en que la guarda y custodia provisional de la menor aquí quejosa, de común acuerdo, quedará en favor de MICHEL ARMANDO GONZÁLEZ SOSA, así como lo concerniente a las convivencias de la menor con su progenitora y lo referente a la pensión alimentaria. Precisando la juez natural que las partes debían pasar por lo ahí convenido en todo momento debiendo, debiendo respetarlo para lograr el fin primordial en decidir y mantener las decisiones de los padres en relación a las necesidades de su menor hija. Con base en lo anterior es válido concluir que ha quedado sin efectos las circunstancias que prevalecían al emitirse el acto de autoridad reclamado, puesto que fueron sustituidas las condiciones y requerimientos que originaron la emisión del acto reclamado mediante el convenio de tres de diciembre del año en curso, celebrado de común acuerdo entre las partes, concernientes esencialmente a la guarda y custodia de la menor aquí quejosa entre sus progenitores y sus correspondientes secuelas; lo que revela que la autoridad señalada como responsable, si bien continuará conociendo del asunto y actuará en ejercicio de sus atribuciones, dictando las providencias que estime pertinentes, lo hará bajo diversas condiciones respecto a las referidas medidas provisionales, de las que derivó el acto combatido; situación que resulta ajena a la presente litis constitucional. Ahora, no pasa inadvertido, que si bien dicha documental fue exhibida con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, empero que este juzgador se encuentra facultado para valorar dicha prueba, si de su contenido aparece probada o sobrevenga una causa de improcedencia, lo que ocurre en el presente asunto. Sirve de sustento a lo anterior, por las razones que la integran, la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2000902, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Décima Época, página 1279, de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA." La razón legal de la causa de improcedencia en estudio, estriba en que el efecto y finalidad del juicio de amparo conforme lo estipulado en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es conseguir la restitución en el goce del derecho individual violado, a favor de la parte quejosa, de tal suerte que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la transgresión constitucional alegada; por tanto, resulta lógico que si la materia sobre la cual recayó el acto reclamado deja de existir, no podrá restituirse al gobernado en el goce del derecho humano conculcado y, por ende, la sentencia que se dictara en esta instancia no podría cumplimentarse, haciendo el juicio de amparo ocioso. En esa tesitura, de resultar fundados los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, no podrían concretarse los efectos de la concesión de la protección constitucional. De ahí que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer el presente juicio en términos de lo expuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la citada legislación, por lo que hace al acuerdo combatido. Por lo antes expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por MICHEL ARMANDO GONZÁLEZ SOSA, por propio derecho y en representación de su menor hija M. Y. G. L., contra el acto reclamado a las autoridades precisadas en el tercero y en el último considerando, por los razonamientos ahí expuestos. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diez de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte tercero interesada, la resolución de diez de diciembre del dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1195/2019-VI, promovido por MICHEL ARMANDO GONZÁLEZ SOSA, por propio derecho y en representación de su menor hija M. Y. G. L.; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día ante este juzgado, MICHEL ARMANDO GONZÁLEZ SOSA, por propio derecho y en representación de su menor hija M. Y. G. L., solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se radicó el juicio con el número de expediente 1195/2019-VI, se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados y previno al promovente para que aclarara la demanda. Mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve se admitió a trámite, se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado y se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se emplazó a la parte tercera interesada y se señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, dio inicio al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37, 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad responsable y se presentó la demanda. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama es: Del 1. Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, 2. Policía Primero designado para Supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo en el Estado de Morelos en el Municipio de Yautepec, en su denominación correcta de (Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos), 3. Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos, en su denominación correcta de (Coordinador de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos), 4. Director de la Policía de Investigación Criminal Zona Oriente, 5. Encargado de la Comandancia de la Policía de Investigación Criminal Grupo Cocoyoc, en su denominación correcta de (Comandante de la Policía de Investigación Criminal adscrito al Grupo de Yautepec, Morelos), 6. Comandante de la Policía de Investigación Criminal adscrito al Grupo Yautepec, Morelos y 7. Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. ? El acuerdo dictado en diligencia de desahogo de pruebas de tres de septiembre de dos mil diecinueve, respecto a la promoción presentada el dos de septiembre de dos mil diecinueve, concerniente a la guarda y custodia de la menor de edad M. Y. G. L., emitido en el expediente 132/2019-2 del índice el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el que a pesar de los supuestos actos que violentaban a dicha menor, se señalaron las diez horas del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, para que se realizara la entrega de la menor quejosa a fin de ponerla bajo la guarda y custodia de su progenitora, con apercibimiento que de no hacerlo así, el quejoso se haría acreedor a un arresto de hasta seis horas, así como la ejecución de dicho auto. TERCERO Inexistencia de actos. No es cierto el acto reclamado al 2. Policía Primero designado para Supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo en el Estado de Morelos en el Municipio de Yautepec, 3. Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos, 4. Director de la Policía de Investigación Criminal Zona Oriente, 5. Encargado de la Comandancia de la Policía de Investigación Criminal Grupo Cocoyoc, 6. Comandante de la Policía de Investigación Criminal adscrito al Grupo Yautepec, Morelos y 7. Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, toda vez que al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los mismos y la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Máxime que del informe justificado rendido por la autoridad responsable ordenadora, se advierte que no se encuentra vinculadas a ejecutar el acto reclamado. En ese orden de ideas, al no acreditarse el acto reclamado a las autoridades responsables citadas, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio respecto al acto que se les atribuye. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama a la 1. Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir el informe justificado. Lo cual se corrobora con el contenido del respectivo informe rendido por la referida responsable, así como con las documentales que anexó, consistentes en la copia certificada del expediente 132/2019-2 del índice del Juzgado responsable, de la que se advierte la existencia del acto reclamado; documentales que justipreciadas de conformidad con el artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, se les otorga eficacia probatoria plena para tener por demostrado el acto reclamado, por tratarse de documento público al haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, se analizarán las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este juzgador advierte de oficio, que en relación al acto reclamado existente se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. (.)" Lo anterior es así, porque los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretaron -ni se concretarán- en la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de la modificación del entorno en el que éste se emitió, por lo que sería jurídicamente imposible restituir a los peticionarios de amparo en el goce de sus derechos fundamentales que estiman violados, aun cuando del estudio de la actuación combatida se apreciara alguna afectación a sus derechos humanos. Ello, pues del examen de las constancias que remitió la autoridad 1. Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, si bien se advierte el acuerdo dictado en diligencia de desahogo de pruebas de tres de septiembre de dos mil diecinueve, respecto al escrito presentado por la parte quejosa el dos de septiembre del mismo año, concerniente a la guarda y custodia de la menor de edad M. Y. G. L., en el que pese a los supuestos actos que violentaban a dicha menor, se señalaron las diez horas del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, para que realizara la entrega de la menor quejosa ante la autoridad responsable, a fin de ponerla bajo la guarda y custodia de su progenitora, con apercibimiento que de no hacerlo así, el quejoso MICHEL ARMANDO GONZÁLEZ SOSA se haría acreedor a un arresto de hasta seis horas. Sin embargo, cabe precisar que en el caso, se advierte que al margen que no se materializaron los efectos del acto reclamado consistentes en la entrega de la menor quejosa por parte del padre quejoso a la progenitora para su guarda y custodia en la fecha indicada, ni afectación a la libertad de éste con motivo del apercibimiento decretado en el acuerdo combatido. Se encuentra demostrado que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado ya no surtirá efecto legal dentro de la esfera jurídica de la parte quejosa, toda vez que la autoridad responsable remitió a este Juzgado mediante oficio 2627 presentado el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, la transcripción del convenio provisional celebrado a las once horas del tres de diciembre de dos mil diecinueve entre MICHEL ARMANDO GONZÁLEZ SOSA y Diana Brenda Lucero Sotelo, madre de la menor quejosa y parte tercera interesada en el presente juicio de amparo, del que se desprende la modificación de las medidas provisionales decretadas el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, y la actualización en el otorgamiento de manera provisional de medidas provisionales que esencialmente consistieron en que la guarda y custodia provisional de la menor aquí quejosa, de común acuerdo, quedará en favor de MICHEL ARMANDO GONZÁLEZ SOSA, así como lo concerniente a las convivencias de la menor con su progenitora y lo referente a la pensión alimentaria. Precisando la juez natural que las partes debían pasar por lo ahí convenido en todo momento debiendo, debiendo respetarlo para lograr el fin primordial en decidir y mantener las decisiones de los padres en relación a las necesidades de su menor hija. Con base en lo anterior es válido concluir que ha quedado sin efectos las circunstancias que prevalecían al emitirse el acto de autoridad reclamado, puesto que fueron sustituidas las condiciones y requerimientos que originaron la emisión del acto reclamado mediante el convenio de tres de diciembre del año en curso, celebrado de común acuerdo entre las partes, concernientes esencialmente a la guarda y custodia de la menor aquí quejosa entre sus progenitores y sus correspondientes secuelas; lo que revela que la autoridad señalada como responsable, si bien continuará conociendo del asunto y actuará en ejercicio de sus atribuciones, dictando las providencias que estime pertinentes, lo hará bajo diversas condiciones respecto a las referidas medidas provisionales, de las que derivó el acto combatido; situación que resulta ajena a la presente litis constitucional. Ahora, no pasa inadvertido, que si bien dicha documental fue exhibida con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, empero que este juzgador se encuentra facultado para valorar dicha prueba, si de su contenido aparece probada o sobrevenga una causa de improcedencia, lo que ocurre en el presente asunto. Sirve de sustento a lo anterior, por las razones que la integran, la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2000902, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Décima Época, página 1279, de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA." La razón legal de la causa de improcedencia en estudio, estriba en que el efecto y finalidad del juicio de amparo conforme lo estipulado en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es conseguir la restitución en el goce del derecho individual violado, a favor de la parte quejosa, de tal suerte que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la transgresión constitucional alegada; por tanto, resulta lógico que si la materia sobre la cual recayó el acto reclamado deja de existir, no podrá restituirse al gobernado en el goce del derecho humano conculcado y, por ende, la sentencia que se dictara en esta instancia no podría cumplimentarse, haciendo el juicio de amparo ocioso. En esa tesitura, de resultar fundados los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, no podrían concretarse los efectos de la concesión de la protección constitucional. De ahí que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer el presente juicio en términos de lo expuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la citada legislación, por lo que hace al acuerdo combatido. Por lo antes expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por MICHEL ARMANDO GONZÁLEZ SOSA, por propio derecho y en representación de su menor hija M. Y. G. L., contra el acto reclamado a las autoridades precisadas en el tercero y en el último considerando, por los razonamientos ahí expuestos. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diez de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos; en su atención, agréguese a los autos del cuaderno provisional que se ordena formar en este acto, toda vez que se celebró la audiencia constitucional el trece de noviembre de dos mil diecinueve. En ese tenor, se ordena tomar en consideración el informe que remite el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en relación al convenio entre el aquí quejoso Michel Armando González Sosa y Diana Brenda Lucero Sotelo, en el expediente 132/2019-2, para el pronunciamiento de la sentencia respectiva. Es aplicable la tesis 2ª./J. 25/2012 (10ª) de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, mayo de 2012, tomo II, pagina 1279, número de registro 2000902, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA." Finalmente, una vez emitida la sentencia, se ordena agregar el presente cuadernillo al expediente del presente juicio de amparo sin mayor acuerdo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
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