Michel Anyelo Arroyo González

Expediente 1234/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1234/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
13/12/2016

Partes del expediente

  • Perla Cristel Arroyo González
  • Michel Anyelo Arroyo González
  • Michel Anyelo Arroyo González y Otros.
  • Viridiana González González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se negó el amparo, y carece de relevancia documental; y, destruible el original del incidente, pues se negó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, devuélvase a la responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, el anexo que remitió en autos, sin que sea necesario el acuse de recibo por ser copias certificadas. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido de la secretaria Jazmín Nallely Martínez Ramírez, que da fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1234/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y el mismo día turnado a este juzgado; Viridiana González Gonzálzez, por propio derecho y en representación de los menores Michel Anyelo y Perla Cristel, de apellidos Arroyo González, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, previas prevenciones, este juzgado admitió la demanda, solicitó informe justificado; dio intervención al Ministerio Público de la Federación; fijó día y hora para celebrar audiencia constitucional, la cual fue desahogada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado se atribuye a autoridad que tiene su residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial del juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridad responsable al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, a quien se le reclama: - La audiencia de once de agosto de dos mil dieciséis, desahogada en el expediente 313/2016, en la parte relativa en donde se desecha el recurso de revocación interpuesto por la parte actora, tendente a combatir la negativa de establecer un régimen de convivencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama. Aserto que se corrobora con las constancias remitidas por la citada autoridad responsable como complemento de su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente 313/2016, que merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 136, Tomo XIV, Septiembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS. TIENEN VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, AUNQUE NO SE CONTENGA EN LA CERTIFICACIÓN EL PROVEÍDO QUE ORDENÓ SU EXPEDICIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA, GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL). Las copias fotostáticas certificadas por los secretarios de acuerdos, tienen valor como documentos públicos, aun cuando carezcan de los datos de la resolución o decreto mediante el cual se ordenó su expedición, pues es facultad de los secretarios de Acuerdos de los juzgados de primera instancia expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de decreto o resolución judicial; de lo que se sigue que la expedición de dichas copias deriva de un mandato judicial, salvo prueba en contrario.". CUATRO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se adviertan actualizadas de oficio. En la especie, el tercero interesado en su escrito mediante el que se apersonó a juicio, manifestó de manera genérica, que previó a la promoción del juicio de amparo la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. Dicho argumento que infundado. El artículo 5.75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece los supuestos de procedencia del recurso de revocación, precisando además, que fuera de los supuestos señalados, los demás decretos y autos dictados en audiencia serán irrecurribles; por ende, como en contra del desechamiento del recurso no procede recurso alguno, la quejosa no tenía medio de defensa por agotar. Agotado el tema de la causa de improcedencia invocada, y dado que este juzgado no advierte la actualización de una diversa, procede realizar el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Los motivos de disenso que hace valer la parte quejosa se encuentran en el capítulo respectivo del escrito de demanda, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, lo anterior en virtud de que no existe precepto legal que obligue a transcribirlos. En apoyo de lo anterior, se invoca la Jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo 2010, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Novena Época, que en su rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Son infundados los motivos de disenso expresados, los que se estudian de manera conjunta por la estrecha relación que guardan entre sí, como se explica. Previo a constatar el aserto anterior, y para mejor comprensión del asunto, es necesario relacionar los siguientes antecedentes: 1.- Por escrito ingresado el uno de abril de dos mil dieciséis, Viridiana González González, por propio derecho y en representación de los menores Michel Anyelo y Perla Cristel, de apellidos Arroyo González, demandó de Miguel Ángel Arroyo Martínez, la guarda y custodia de los menores en cita, el pago de alimentos, y las costas judiciales. 2.- En auto de ocho de abril del año en curso, el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, admitió a trámite la demanda. 3.- Por escrito ingresado el veintidós de abril del año en curso, Miguel Ángel Arroyo Martínez contestó la demanda y en el mismo ocurso reconvino de su contraria la guarda y custodia de los infantes, así como el pago de alimentos en favor de éstos. 4.- En escrito presentado el nueve de mayo siguiente, Viridiana González González contestó la reconvención. 5.- En proveído de la misma data, se fijó fecha fecha para la audiencia inicial, en la que se determinó una pensión alimenticia en favor de los menores, a cargo de Viridiana González González; asimismo se fijó hora y día para la celebración de la audiencia principal. 6.- La audiencia de referencia fue desahogada el once de agosto del año en curso, en la que, entre otras cosas, la parte actora por conducto de su abogado solicitó se fijara un régimen de convivencia entre Viridiana González González y sus menores hijos, petición que no fue acordada de conformidad. En desacuerdo con lo anterior, en el mismo acto la parte actora interpuso recurso de revocación, atento a lo cual, el juez responsable desechó de plano el recurso ante su notoria improcedencia. La Determinación anterior que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Ahora, a efecto de controvertir la decisión de la autoridad responsable, la parte quejosa señala en sus conceptos de violación que se infringen los derechos reconocidos en los numerales 1, 4, 14 y 16 Constitucionales, debido a que el juez responsable no acata lo establecido en el artículo 4.205 del Código Civil del Estado de México, pues de haberlo considerado hubiese fijado de manera inmediata un régimen de visitas y convivencias entre la quejosa y sus menores hijos. Indica que la decisión del juez de origen es ilegal porque lejos de concederle la guarda y custodia provisional, se la concede al padre de los menores quien es alcohólico, aunado a que soslaya el interés superior de los menores al impedirles que convivan con su progenitora, haciendo nugatorio el derecho de convivir de los menores y de su madre. Estima que el juez responsable al resolver sobre la procedencia del recurso de revocación soslaya el contenido del numeral 5.1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al no permitir la convivencia familiar; aunado a que soslaya que los menores manifestaron su intención de convivir con su progenitora. Sin embargo, como se adelantó, las inconformidades planteadas son infundadas. En efecto, la convivencia de los niños con sus padres constituye un verdadero derecho y no una carga u obligación, ya que sería contrario al interés superior de los infantes sujetarlos a convivir bajo un ambiente que lejos de propiciar su autoestima y fortalecer los lazos de afecto para el desarrollo de sus potencialidades intelectuales y físicas, los lleve a la aflicción o al menoscabo de su adecuado desarrollo psicológico y emocional; por ello, considerando que no se puede restringir o impedir el derecho a la convivencia con sus ascendientes, el interés superior de los niños exige que en la convivencia, por un lado, el progenitor dé cumplimiento a las obligaciones de crianza que señala el artículo 4.203 del Código Civil del Estado de México y, por otro, permita y exija los derechos de los niños y adolescentes que importan su interés superior, como el respeto hacia su persona, una adecuada autoestima y afectos para que desarrolle sanamente sus talentos y habilidades. El derecho de la convivencia de los niños con sus padres, no es otra cosa, sino la posibilidad de que estén en aptitud de vivir momentos juntos para que fortalezcan sus vínculos afectivos, con la espontaneidad, intensidad y privacidad que se desee y que por disposición del artículo 5.16 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el juez debe tener siempre en cuenta el interés superior de los niños y adolescentes, así como su derecho a ser escuchados, como principios rectores en la tramitación y resolución del asunto sometido a su conocimiento. Por ende, toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse sin desatender un principio básico: el interés superior del niño, conforme lo dispone la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Federal, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Por otra parte, es importante destacar que el derecho de visitas y convivencias es una institución fundamental del derecho familiar en México, que tiene como finalidad, regular, promover, evaluar, preservar y en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores fundamentalmente. En ese entorno convencional constitucional y legal, previo a establecer un régimen de convivencia a efecto de que el menor conviva con sus progenitores, se impone obligatorio el desahogo de los medios de prueba necesarios e indispensables que soporten una decisión en el juicio que privilegien el desarrollo psicológico y el bienestar del infante. Verbigracia, con el desahogo de una prueba en psicología, el juez está en condiciones de tomar mejores decisiones para que el ejercicio del derecho de convivencia le resulte lo más provechoso posible a los menores de edad, sobre todo en situaciones en donde la relación de sus progenitores se encuentre en crisis, pues se corre el riesgo de que la falta de comunicación o un inadecuado régimen de visitas y/o convivencias ocasione una mayor afectación a los menores. De ahí que se corrobore, que tanto la determinación de la guarda y custodia como el derecho de visitas y convivencias de los menores de edad, no deben analizarse a la luz de un sistema cerrado e inflexible en cuanto a la forma que deben operar, sino más bien, deben ser resueltos acorde con una labor de valoración cuidadosa, prudente y casuística para encontrar la mejor manera en la que deben llevarse a cabo, y de ese modo contribuir al más óptimo desarrollo de los menores. Ello, en atención a que, en las determinaciones relativas al régimen de visitas y convivencias, no se trata de encontrar soluciones simplistas de carácter pragmático que puedan ser endebles o contraproducentes, sino que se buscan respuestas de mayor peso, que en ciertos casos podrán estar apoyadas en conocimientos especializados, con los cuales se permita una mayor certeza al juzgador de que las decisiones que al respecto toma sean verdaderamente aprovechables, para colmar los fines del derecho de visitas y convivencias. En tal contexto, en el caso, debe precisarse en principio, que la decisión adoptada por el juez responsable no estuvo encaminada a la negativa como tal, de establecer un régimen de convivencia entre la quejosa y sus menores hijos, sino que dicha autoridad responsable precisó que previo a establecer dicha convivencia, era menester considerar la existencia de una denuncia por violencia en contra de la ahora quejosa, de ahí que previamente a la toma de decisión, era menester contar con el estudio en materia de psicología a que debía someterse las actuales parejas de los contendientes, y la propia progenitora, hoy quejosa, y hasta en tanto contara con datos "eficientes y suficientes" para sustentar dicha medida provisional, decidiría sobre la misma. De ese modo, se estima acertada la decisión del juez responsable, pues como se advierte de las constancias que integran el juicio de origen, con valor probatorio pleno, obra copias de la carpeta de investigación número 565320360070715, en la que el denunciante es Miguel Ángel Arroyo Martínez, aquí tercero interesado, quien presentó a sus menores hijos, a quienes les fue practicado un examen médico psicofísico, de lesiones y edad clínica, de cuyo contenido destaca lo siguiente: Menor de edad de iniciales M. A. A. G.: ".A la revisión como lesiones recientes al exterior presenta: EQUIMOSIS POR FLAGELACIÓN coloración verde violácea de bordes regulares localizados en pierna derecha cara posterior tercio medio que mide tres por dos centímetros, pierna izquierda cara lateral tercio proximal y medio que mide cinco por un centímetros (2)" Sobre esa base, se reitera, en las determinaciones relativas al régimen de visitas y convivencias, no se trata de encontrar soluciones simplistas de carácter pragmático que puedan ser endebles o contraproducentes, sino que se buscan respuestas de mayor peso, que en ciertos casos podrán estar apoyadas en conocimientos especializados, con los cuales se permita una mayor certeza al juzgador de que las decisiones que al respecto toma sean verdaderamente aprovechables. De ahí que si el juez responsable, previo a establecer una régimen de convivencia entre los menores y la hoy quejosa, estimó prudente emitir su decisión una vez que contara con la ampliación del estudio psicológico, con el estado procesal que guarda la carpeta de investigación 565320360070715, y con el informe del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (por sus siglas DIF), del Municipio de San Mateo Atenco; por ende, una vez que tenga los medios de convicción en cita, y desde luego, pondere además las manifestaciones de los niños en la audiencia donde fueron escuchados por el a quo, será hasta en tanto que la autoridad de instancia emita una decisión sobre el régimen de visitas y convivencia que deberá prevalecer entre la hoy quejosa y sus menores hijos. Asimismo, es dable destacar que no puede considerarse que no exista controversia en cuanto al régimen de convivencia entre los menores y sus progenitores, pues del análisis de la videograbación de audiencia de once de agosto del año en curso, se advierte que la parte demandada, por conducto de su abogada, solicitó que fuese tomado en consideración la existencia de la carpeta de investigación que se sigue en contra de la quejosa, por la violencia ejercida sobre los menores, y que en caso de fijarse dicha convivencia, se llevara a cabo en el Centro de Convivencias. Además, si el tercero interesado presenta o no las conductas que le atribuye la aquí quejosa dentro de sus pretensiones (alcoholismo), y si ello implica algún riesgo para los menores, a fin de estar en condiciones de definir el régimen de visitas y convivencias, en todo caso la impetrante cuenta con los medios para demostrar la eventual existencia de actos que afecten el interés superior de sus hijos. Ahora, si bien existen normas supranacionales que ante la suscripción del Estado Mexicano deben ser adoptadas por el derecho interno que rige en cada entidad federativa, ello no implica que en su aplicación, se incurra en una generalidad que provoque imprecisión al resolver, en tanto que corresponde al juzgador su interpretación así como su adecuada aplicación al caso en concreto, al momento de resolver en forma fundada y motivada la controversia de origen. Por estas razones, se considera que los derechos humanos contenidos en los artículos 1º y 4º constitucionales no se vulneran con la decisión reclamada, en tanto que la misma se fundó y se motivó conforme al interés superior de los niños. Cabe señalar que en el caso, no se actualiza el supuesto para suplir la deficiencia de la queja a favor de los niños, en tanto no se desprende razón alguna para considerar que ha habido en contra de ellos una evidente violación de la ley que los hubiese dejado sin defensa y que afectase su interés superior previsto en el artículo 4° de la Constitución Federal. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación propuestos, procede negar el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, ambos de la Carta Magna, 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión No ampara Ni Protege a Viridiana González González, por propio derecho, y en representación de los menores Michel Anyelo y Perla Cristel, de apellidos Arroyo González, contra el acto que reclamó del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido del Secretario José Jiménez Sarmiento, que da fe; hasta el día de hoy veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de noviembre de dos mil dieciséis.Vista la certificación de cuenta, se advierte que los autos originales del presente asunto se encuentran turnados para dictar la sentencia correspondiente; por tanto, fórmese el cuadernillo respectivo; y una vez que se emita la sentencia correspondiente glósese al principal, sin necesidad de ulterior acuerdo.Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por oficio SEADS/1277/2016, que suscribe el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, acordó la adscripción a este Juzgado Federal al suscrito Juez Alberto Roldán Olvera, quien a partir del uno de noviembre de dos mil dieciséis, es Titular del mismo; por lo que, con fundamento en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dése vista a las partes para los efectos legales procedentes.Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente:"SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." (9ª Época, S.J.F. y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, página 312).Notifíquese; personalmente como legalmente corresponda.Así lo proveyó y firma el licenciado Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional, sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal no otorgó autorización formal y expresa al secretario encargado del despacho para resolver en definitiva. En consecuencia, a efecto de no vulnerar las reglas que rigen el juicio de amparo, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que es del rubro siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CARECE DE VALIDEZ LA SENTENCIA EMITIDA EN LA, SI FUE DICTADA POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO SIN LA AUTORIZACIÓN FORMAL Y EXPRESA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. (S.J.F., 9ª Época, Tomo V, página 433). Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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