Michael Yoshio García Reyes

Expediente 584/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
584/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • Michael Yoshio García Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 584/2021-6A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el treinta y uno de mayo del año en curso en el que se desechó de plano la demanda de amparo origen de este juicio. 2. Se declara que ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho acuerdo. 3. Publicación de datos. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose del auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso b) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Relevancia documental. Se estima que este asunto no es de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 6. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, en términos de los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 7. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente consten las leyendas referidas en los apartados que anteceden (relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda). 8. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. 9. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y constate que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 584/2021-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo depositada el veintiocho de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida por el quejoso Michael Yoshio García Reyes, por propio derecho, contra actos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y de otra autoridad; por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 584/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que llevará el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tenga acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 3. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se procede a analizar la demanda de amparo, de la que se advierte la existencia de una causa que la hace notoriamente improcedente, prevista por los numerales 61, fracción XXIII, 1, fracción I, y 5, fracción II, de la legislación invocada, en relación con el numeral 103, fracción I, de la Constitución Federal, que dicen: Ley de Amparo "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Constitución Federal "Artículo 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I.- Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales". De conformidad con los preceptos citados se entiende por autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que se le reclama; en ese sentido, interpretados los citados preceptos a contrario sensu, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se promueva contra actos emitidos por quienes no cuenten con tales características. La acción de amparo procede única y exclusivamente contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, no es suficiente que se reclame una violación a los derechos humanos y a dichas garantías, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es menester que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad, o de los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de los numerales referidos. En relación con el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enumeró las notas distintivas de una autoridad para efectos del juicio de amparo: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. c) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, consultable en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Aunado a lo antes expuesto, ese Alto Tribunal también se ha pronunciado en el sentido de que por autoridad responsable debe considerarse a los funcionarios de organismos públicos descentralizados que con fundamento en una norma legal emitan actos de manera unilateral a través de los cuales crean, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; es decir, siempre que se sitúen en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados. Tiene aplicación al respecto la tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, cuyos rubro y texto dicen: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y del presidente de la Federación Mexicana de Futbol Asociación A.C., lo siguiente: (Imagen escaneada). Planteada así la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa no es un acto de autoridad para hacer procedente el juicio de amparo, pues el hecho que no hubiera podido comprar en la página oficial de "Ticketmaster" veinte boletos para ingresar a un evento deportivo, debido a que los mismos se agotaron, pues únicamente dieron acceso al 25% de la capacidad del estadio por orden de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y del presidente de la Federación Mexicana de Futbol Asociación A.C, deviene sólo de una relación comercial (proveedor-consumidor), que no vulnera derechos humanos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, debe decirse que la teoría general del derecho refiere que las relaciones de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. En ese sentido, toda vez que el referido reclamo deriva de un conflicto de naturaleza mercantil por la prestación de un servicio y no de un acto de autoridad, en el que las partes se encontraran en un plano de coordinación e igualdad procesal, se estima que, no es procedente reclamar el acto descrito en esta vía de amparo. Por otro lado, si bien es cierto que el artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad en los que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas, cuyas funciones estén determinadas por una norma general; también lo es que por lo que ve al presidente de la Federación Mexicana de Futbol Asociación A.C, al tratarse de una asociación civil, no puede considerarse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, aun cuando se reclamen violaciones de derechos fundamentales, pues actúa como ente particular y sus facultades derivan de la voluntad de sus contratantes, plasmada en sus estatutos, por lo que sus funciones no están determinadas en una norma general que le confiera atribuciones para actuar como una autoridad del Estado. Al respecto, es ilustrativa la tesis: I.11o.C.38 K (10a.), del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2747, Libro 84, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación., Marzo de 2021, Décima Época, Registro 2022873, del contenido siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA ASOCIACIÓN CIVIL NO TIENE ESE CARÁCTER, CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, EN PERJUICIO DE UN PARTICULAR. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad en los que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otro lado, los artículos 2670 al 2687 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que regulan las asociaciones civiles, las definen como un contrato constituido por varios individuos que convienen reunirse de manera no transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, el cual debe constar por escrito. Asimismo, se advierte que se rigen por sus estatutos y el poder reside en su asamblea general, lo que pone en evidencia que las partes contratantes celebran ese pacto de voluntades en un plano de igualdad, de manera voluntaria, y establecen los estatutos para su funcionamiento. Por ende, no se puede considerar a una asociación civil autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, cuando se reclama la violación de derechos fundamentales (impedirle el acceso a las instalaciones de la asociación) que produzca en perjuicio de un particular, lo pactado en un contrato celebrado en un plano de igualdad, pues actúa como ente particular y sus facultades derivan de la voluntad de sus contratantes, plasmada en sus estatutos, por lo que sus funciones no están determinadas en una norma general que le confiera atribuciones para actuar como una autoridad del Estado." En esas condiciones, al no tratarse de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ni tener ese carácter el presidente de la Federación Mexicana de Futbol Asociación A.C, con fundamento en los artículos 113, 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 103, fracción I, de la Constitución Federal, lo procedente es desechar, por improcedente, la demanda de amparo de que se trata. 4. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo; y, como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Germán Virgilio Hernández Hernández, por haberse encontrado registro de sus cédulas profesionales en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mediante el acceso informático a la página ciber.cjf.gob.mx/RegProf. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, con Registro 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." 5. Correo electrónico y número telefónico. En términos del artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se tiene a la parte quejosa proporcionando un correo electrónico y un número telefónico, como medios de comunicación que, de ser necesarios, podrán emplearse para establecer comunicación no procesal y atender a la pronta administración de justicia, con el único propósito de poder brindar atención mediante esas herramientas tecnológicas; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. 6. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Se exhorta a la parte quejosa, para que, preferentemente, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica,, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); ello, con fundamento en el artículos 28 y 29, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. En caso de no poder continuar con el trámite de este juicio de amparo en línea, conforme a lo establecido en el acuerdo general 21/2020, podrá promover físicamente ante la Oficialía de Partes Comunes (OPC), la cual está colocada en la parte exterior de este edificio, que opera en el turno matutino de las 9:00 a las 14:00 horas. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia en que se encuentra el país, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 10. Anotaciones. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico, siempre y cuando así proceda. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo depositada el veintiocho de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida por el quejoso Michael Yoshio García Reyes, por propio derecho, contra actos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y de otra autoridad; por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 584/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que llevará el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tenga acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 3. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se procede a analizar la demanda de amparo, de la que se advierte la existencia de una causa que la hace notoriamente improcedente, prevista por los numerales 61, fracción XXIII, 1, fracción I, y 5, fracción II, de la legislación invocada, en relación con el numeral 103, fracción I, de la Constitución Federal, que dicen: Ley de Amparo "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Constitución Federal "Artículo 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I.- Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales". De conformidad con los preceptos citados se entiende por autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que se le reclama; en ese sentido, interpretados los citados preceptos a contrario sensu, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se promueva contra actos emitidos por quienes no cuenten con tales características. La acción de amparo procede única y exclusivamente contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, no es suficiente que se reclame una violación a los derechos humanos y a dichas garantías, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es menester que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad, o de los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de los numerales referidos. En relación con el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enumeró las notas distintivas de una autoridad para efectos del juicio de amparo: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. c) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, consultable en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Aunado a lo antes expuesto, ese Alto Tribunal también se ha pronunciado en el sentido de que por autoridad responsable debe considerarse a los funcionarios de organismos públicos descentralizados que con fundamento en una norma legal emitan actos de manera unilateral a través de los cuales crean, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; es decir, siempre que se sitúen en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados. Tiene aplicación al respecto la tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, cuyos rubro y texto dicen: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y del presidente de la Federación Mexicana de Futbol Asociación A.C., lo siguiente: (Imagen escaneada). Planteada así la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa no es un acto de autoridad para hacer procedente el juicio de amparo, pues el hecho que no hubiera podido comprar en la página oficial de "Ticketmaster" veinte boletos para ingresar a un evento deportivo, debido a que los mismos se agotaron, pues únicamente dieron acceso al 25% de la capacidad del estadio por orden de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y del presidente de la Federación Mexicana de Futbol Asociación A.C, deviene sólo de una relación comercial (proveedor-consumidor), que no vulnera derechos humanos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, debe decirse que la teoría general del derecho refiere que las relaciones de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. En ese sentido, toda vez que el referido reclamo deriva de un conflicto de naturaleza mercantil por la prestación de un servicio y no de un acto de autoridad, en el que las partes se encontraran en un plano de coordinación e igualdad procesal, se estima que, no es procedente reclamar el acto descrito en esta vía de amparo. Por otro lado, si bien es cierto que el artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad en los que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas, cuyas funciones estén determinadas por una norma general; también lo es que por lo que ve al presidente de la Federación Mexicana de Futbol Asociación A.C, al tratarse de una asociación civil, no puede considerarse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, aun cuando se reclamen violaciones de derechos fundamentales, pues actúa como ente particular y sus facultades derivan de la voluntad de sus contratantes, plasmada en sus estatutos, por lo que sus funciones no están determinadas en una norma general que le confiera atribuciones para actuar como una autoridad del Estado. Al respecto, es ilustrativa la tesis: I.11o.C.38 K (10a.), del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2747, Libro 84, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación., Marzo de 2021, Décima Época, Registro 2022873, del contenido siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA ASOCIACIÓN CIVIL NO TIENE ESE CARÁCTER, CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, EN PERJUICIO DE UN PARTICULAR. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad en los que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otro lado, los artículos 2670 al 2687 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que regulan las asociaciones civiles, las definen como un contrato constituido por varios individuos que convienen reunirse de manera no transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, el cual debe constar por escrito. Asimismo, se advierte que se rigen por sus estatutos y el poder reside en su asamblea general, lo que pone en evidencia que las partes contratantes celebran ese pacto de voluntades en un plano de igualdad, de manera voluntaria, y establecen los estatutos para su funcionamiento. Por ende, no se puede considerar a una asociación civil autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, cuando se reclama la violación de derechos fundamentales (impedirle el acceso a las instalaciones de la asociación) que produzca en perjuicio de un particular, lo pactado en un contrato celebrado en un plano de igualdad, pues actúa como ente particular y sus facultades derivan de la voluntad de sus contratantes, plasmada en sus estatutos, por lo que sus funciones no están determinadas en una norma general que le confiera atribuciones para actuar como una autoridad del Estado." En esas condiciones, al no tratarse de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ni tener ese carácter el presidente de la Federación Mexicana de Futbol Asociación A.C, con fundamento en los artículos 113, 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 103, fracción I, de la Constitución Federal, lo procedente es desechar, por improcedente, la demanda de amparo de que se trata. 4. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo; y, como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Germán Virgilio Hernández Hernández, por haberse encontrado registro de sus cédulas profesionales en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mediante el acceso informático a la página ciber.cjf.gob.mx/RegProf. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, con Registro 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." 5. Correo electrónico y número telefónico. En términos del artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se tiene a la parte quejosa proporcionando un correo electrónico y un número telefónico, como medios de comunicación que, de ser necesarios, podrán emplearse para establecer comunicación no procesal y atender a la pronta administración de justicia, con el único propósito de poder brindar atención mediante esas herramientas tecnológicas; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. 6. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Se exhorta a la parte quejosa, para que, preferentemente, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica,, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); ello, con fundamento en el artículos 28 y 29, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. En caso de no poder continuar con el trámite de este juicio de amparo en línea, conforme a lo establecido en el acuerdo general 21/2020, podrá promover físicamente ante la Oficialía de Partes Comunes (OPC), la cual está colocada en la parte exterior de este edificio, que opera en el turno matutino de las 9:00 a las 14:00 horas. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia en que se encuentra el país, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 10. Anotaciones. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico, siempre y cuando así proceda. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

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