Michael Jackson Cano Montenegro
Expediente 1043/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1043/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 09/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Instituto Nacional de Migracion
- Michael Jackson Cano Montenegro
- Claudia Zapata
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
III- Como se determinó en el auto de esta fecha en el expediente principal de donde deriva este asunto que ordenó el archivo definitivo, y de conformidad con el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos de expediente impreso y del electrónico. Ahora, toda vez que en esta propia fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo principal de donde deriva el presente incidente, y se advierte que en los presentes autos se concedió la suspensión provisional y la suspensión definitiva solicitadas; en tal virtud, de conformidad con el artículo 20 del capítulo octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el cuaderno único de este incidente de suspensión es susceptible de depuración, por lo cual, deberá conservarse por el término de tres años, tal como lo establece el párrafo segundo, del referido acuerdo general, posteriormente, deberá realizarse su depuración. En cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente cuaderno incidental. Notifíquese por lista.
- Principal
III- Vista la certificación secretarial que antecede y el estado que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, promovida por Javier Emilio Benites, Ricardo toruño, Claudia Zapata, Luis Rodríguez y Anicsa López; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, carátula del presente cuaderno, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De igual manera, ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho lapso se hubiese interpuesto recurso de revisión alguno contra el auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por Michael Jackson Cano Montenegro, notificado por lista el veinte de diciembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En cumplimiento al artículo 18, inciso b) del Capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se concedió la suspensión de plano. Asimismo, como lo dispone el precepto legal invocado, en razón que se concedió la suspensión de plano en el presente juicio de amparo, es susceptible de depuración con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. De igual manera, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. Del mismo modo, de la certificación de cuenta se advierte que de conformidad con el artículo 35, párrafo tercero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos entre el expediente electrónico y el impreso. Finalmente, por lo que hace al cuaderno único incidental que deriva del presente juicio de amparo provéase a lo que corresponda, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General de que se trata. Notifíquese.
- Principal
III- Agréguese el escrito de cuenta, mediante el cual se tiene al promovente del amparo Gabriel Eduardo González Soto dando cumplimiento al requerimiento en proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que el quejoso Luis Rodríguez, tiene por nombre completo el de Luis Sebastián Rodríguez Zapata, señalando que se trata de la misma persona de nacionalidad nicaragüense. Asimismo, agréguese el oficio de cuenta, firmado por el encargado de Despacho de la Sub Dirección de Estación Migratoria en Chetumal, mediante el cual informa el estatus migratorio de los quejosos Javier Emilio Benites, Ricardo Toruño y Claudia Zapata, apoyando su informe en las constancias recibidas mediante acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintidós, en cumplimiento con lo requerido en el citado proveído. Es de puntualizarse que dichas documentales, cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo1. Respecto de lo cual, en cuanto a los quejosos Javier Emilio Benites, Ricardo Toruño, Claudia Zapata, Luis Rodríguez y Anicsa López, se estima actualizada la hipótesis prevista en la parte final del párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo2; esto es, que al no haberse cumplido con la exigencia legal para la prosecución del juicio de amparo - ratificación de los directos quejosos-, ésta debe tenerse por no presentada. Al respecto, el artículo 107, fracción I3, de la Constitución dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son parte agraviada las personas que han 1 Para arribar a esa conclusión es aplicable el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, consultable en la página 153, Primera Parte, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." 2 Artículo 15. [.] Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas.[.] 3 "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.????? sufrido un agravio y se refiere, en general, a la ofensa o perjuicio que se hace a alguno, en sus derechos o intereses. Sobre este punto, es aplicable la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "PARTE AGRAVIADA, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Las palabras "parte agraviada" se contraen a las personas que han sufrido un agravio y se refieren, en general, a la ofensa o perjuicio que se hace a alguno, en sus derechos o intereses."4 Ahora, el artículo 6° de la Ley de Amparo dispone, como regla general, que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; y, que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la propia Ley. Como excepción a esa regla general, el artículo 15 de la Ley de Amparo dispone que, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Precisa que, en esos casos, el órgano de amparo decretará la suspensión de los actos, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Empero, dispone que, una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo; y, precisa que si la ratifica 4 Registro digital: 332297, Instancia: Segunda Sala, Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LIV, página 1580 por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias. En el presente caso, al haberse corroborado que los quejosos Javier Emilio Benites y Ricardo Toruño, la autoridad responsable en su informa manifestó que no encontró registro y por los diversos quejosos Claudia Zapata, Luis Rodríguez y Anicsa López, de las constancias remitidas por dicha autoridad se advierte que sí estuvieron en la estación migratoria, pero se les otorgó salida el 30 de noviembre de 2022; por tanto, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías promovida a su favor, para los efectos legales correspondientes. Quedan sin efectos las providencias dictadas en el presente expediente, debiendo hacerse del conocimiento de las autoridades responsables. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Estadístico relativo, para los efectos legales y administrativos correspondientes. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que por acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable encargado de Despacho de la Sub Dirección de Estación Migratoria en Chetumal, en alcance a su informe de suspensión de plano, exhibió copia certificada del procedimiento administrativo migratorio instaurado a nombre del quejoso Michael Jackson Cano Montenegro. Ahora, se procede a analizar oficiosamente las causales de improcedencia del juicio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo5. 5 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.???????????? Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del propio ordenamiento, que establece la improcedencia del juicio cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, tal y como se verá a continuación: La causa de improcedencia establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, que puede darse en dos hipótesis, a saber: por revocación y por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Resulta aplicable la Tesis: I.3o.C.92 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Registro: 165870. Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, Página: 1491, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En la especie, se estima actualizada la primera de las hipótesis. Así se concluye porque, en escrito inicial de demanda de amparo presentada el tres de diciembre de dos mil veintidós, electrónicamente vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, Gabriel Eduardo González Soto, en representación de Michael Jackson Cano Montenegro, reclama del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad, lo siguiente: "[.] 4.- ACTO RECLAMADO: De las autoridad responsable DETENCIÓN Y DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN E INCOMUNICACIÓN de los ahora quejosos. [.]". En tal virtud, de la constancias que remite la autoridad oficiante, se advierte que el cuatro de diciembre del año en curso, otorgó la salida del quejoso Michael Jackson Cano Montenegro de nacionalidad nicaragüense, con lo que se observa su egreso de la estación migratoria en que se encontraba alojado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, al ser puesto en libertad provisional y quedar sujeto a control de firmas semanales ante la autoridad responsable, a?????????? efecto de que continúen con el trámite de sus procedimiento administrativo migratorio; por lo que es evidente, que la privación de la libertad del quejoso, ha cesado. Lo expuesto hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos del acto que por esta vía se combate, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo el aquí quejoso egresó de la estación migratoria en la que se le había alojado y se le otorgó libertad, hasta en tanto emitiera la resolución correspondiente. Todo lo cual permite concluir que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la existencia de tal reclamación. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es aplicable en su parte conducente, la Jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 605 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Común, de la Novena Época, del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia respecto al quejoso Michael Jackson Cano Montenegro, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis. Lo anterior, porque el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado queda insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación Amparo indirecto 1043/2022 ????????????? constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que ya no agravia a la parte quejosa. Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, localizable con el número de registro 184572, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, página: 386, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia del presente sobreseimiento fuera de audiencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del seis de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a la autoridad correspondiente.
- Principal
III- Visto el estado que guarda el presente asunto y la razón actuarial de trece de diciembre del año en curso, levantada por la fedataria de la adscripción, en la que hizo constar que los quejosos ********************, no se encuentran alojados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Subdelegación Federal de Chetumal. Al respecto, se reserva proveer lo conducente, toda vez que, aún no transcurre el término concedido al promovente del amparo, en acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintidós, a efecto de proporcione la información que le fue requerida. Notifíquese.
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