Michael Gómez Cervantes
Expediente 52/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/02/2023
Partes del expediente
- Michael Gómez Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Téngase por recibido el escrito del tercero interesado --- por el cual solicita se levante reserva decretada en autos y se provea en sus términos el diverso ocurso mediante el cual solicitó se reconociera el carácter de terceros a las personas que señaló; lo anterior, en virtud de que tanto el Registro Agrario Nacional con sede en la ciudad de México y de la delegación de Jalisco, manifestaron la imposibilidad de remitir el Acta de Asamblea General de Ejidatarios del Ejido de "San Juan de Ocotán", municipio de Zapopan, Jalisco, celebrada el veinte de febrero de dos mil diecisiete. En esa tesitura, solicita que se llame en su calidad de terceros con interés a las personas que adquirieron la titularidad de diversas parcelas del bien inmueble materia de los reclamados, como se desprende que del Acta de Asamblea General del Ejido quejoso, celebradas el tres de julio de dos mil diecisiete, el nueve de abril de dos mil dieciocho y doce de julio de ese año. Asimismo, refiere que se llamen a todas las personas morales que precisa en su ocurso de cuenta, en virtud de que son causahabientes de inmuebles que el ejido quejoso, refiere ser de su propiedad. Al respecto, dígasele al promovente que de momento no ha lugar levantar la reserva decretada en autos, realizada en el auto de seis de diciembre del año dos mil veintidós, toda vez que de la revisión de las actuaciones que integran este asunto, se desprende que todavía no se cuenta con la totalidad de las constancias solicitadas, ya que se encuentra pendiente de que se remita copia certificada de todo lo actuado en el juicio agrario 296/2012, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, el cual fue allegado como prueba en el diverso juicio de amparo 873/2019, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, las cuales resultan necesarias para tener mayores elementos a efecto de determinar si las personas físicas y morales que menciona el promovente les reviste el carácter de terceros interesado y, por ende deben ser emplazados a este controvertido.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de ********************, autorizado en amplios términos de la parte quejosa, mediante el cual, solicita se regularice el procedimiento en relación a la notificación del auto de diez de enero de dos mil veintitrés, toda vez que la notificación debió realizarse al Oficial del Registro Civil de Teocaltiche, Jalisco, y de la etiqueta de rastreo de la guía correspondiente al oficio de que se trata remitido por la mensajería estafeta, se recibió en Tepatitlán, como se aprecia a continuación: En razón a lo anterior, reexpídase dicho comunicado, a efecto de que la mencionada autoridad responsable tenga conocimiento del contenido en auto de diez de enero del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto el telegrama que remite el Juez Segundo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial, con residencia en Puerto Vallarta, Jalisco, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual se le remitió copia del auto emitido el seis de diciembre de dos mil veintidós, por el que se le notificó que causó ejecutoria la sentencia pronunciada en autos; glósese a los autos para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
SENTENCIA C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57, 58, 60 y 61, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia laboral y reclamarse acto de autoridad residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Se fija la litis. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que el acto reclamado en esta vía consiste en: La omisión de emplazar a la parte demandada en el contradictorio laboral 2321/2020-A atribuido al Actuario adscrito a la Decimosexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Actuario Notificador de la Decimosexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. De ese modo, la confesión de la autoridad responsable surte prueba plena, como lo indica el arábigo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su numeral 2°, párrafo segundo, por tratarse de hechos propios de la parte que perjudica a quien la formula; por consiguiente, se tiene por acreditada su existencia. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, no se advierte causa de improcedencia del juicio constitucional, ni alguna invocada por las partes qué analizar, por lo que se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Son fundados los conceptos de violación a través del cual se reprocha que la responsable Actuario adscrito a la Decimosexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, vulneró el derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Al respecto, debe decirse que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece: "Artículo 17. [.]Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]". El análisis del precepto constitucional transcrito permite arribar al conocimiento de que es una obligación fundamental del Estado que los tribunales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Estos cuatro atributos del derecho concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 192/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI de octubre de dos mil siete, visible en la página doscientos nueve, registro Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De esos atributos, resulta útil para resolver el asunto el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Por su parte, los artículos 1°, 2°, 8° (1) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, establecen lo siguiente: "Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.". "Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades." "Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.". "Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.". Así, el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: I. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; II. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; III. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; IV. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, V. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Además, en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia en materia constitucional P./J. 113/2001, emitida por el aludido Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIV, de septiembre de dos mil uno, visible en la página cinco, registro 188804, de rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.". En esa tesitura, el artículo 17 constitucional decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidas al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes, a saber: La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto del derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Para ello, es menester acudir a la legislación secundaria, a efecto de dilucidar si la misma fija un plazo dentro del cual se deba desahogar la audiencia, de cuya fijación tardía se duele el peticionario. Así, se recuerda que el acto reclamado al Actuario adscrito a la Decimosexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, es el acto que hace consistir en la omisión de emplazar a la parte demandada en el contradictorio laboral 2321/2020-A. En ese tenor, el artículo 750 de la Ley Federal de Trabajo, dispone: "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones, o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario." Del anterior se advierte, que la notificación a que está obligado a realizar el actuario notificador de la junta, debe de realizarse dentro de los cinco días a su fecha, esto es cinco días después de la fecha del auto de avocamiento al conocimiento del conflicto laboral; sin embargo, del informe justificado rendido por la autoridad responsable se aprecia que no se ha emplazado a la parte demandada dentro del juicio de origen desde el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós; por tanto, si en el caso tenemos la fecha en que no fue posible la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y la fecha que la responsable rindió su informe justificado, de las que se advierte que no se ha llevado la notificación y emplazamiento en mención; resulta inconcuso que el actuar de este es contraria a lo previsto por la Ley, pues excede evidentemente el plazo de cinco días antes citado. En ese orden de ideas, el actuar del Actuario notificador responsable, resulta contrario a las obligaciones que prevé la legislación laboral, con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia. En consecuencia, al quedar evidenciada la violación de mérito, se concede el amparo solicitado contra dicha omisión, para los efectos que a continuación se precisan. SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado al quejoso, es para el efecto de que: - El Actuario adscrito a la Decimosexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, de inmediato emplace a la parte demandada en el contradictorio laboral 2321/2020-A. O manifieste la imposibilidad que tuvo para ello. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia, así como en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), registro 2005150, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, contra la omisión que reclamó del Actuario adscrito a la Decimosexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el considerando ultimo de esta sentencia
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