Michael Emmanuel Medina Alcocer

Expediente 1108/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1108/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
09/10/2019

Partes del expediente

  • Michael Emmanuel Medina Alcocer
  • Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y de Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 368 suscrito por la Magistrada Primera y Presidenta de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y de Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio con el que se le devolvió el cuaderno auxiliar formado con motivo de las constancias que en su oportunidad remitió como complemento a su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, tres de octubre de dos mil diecinueve. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo Vigésimo y la fracción III del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente incidente de suspensión en original y duplicado es susceptible de destrucción, toda vez que por acuerdo de quince de agosto de dos mil diecinueve y por resolución de veintidós de agosto del mismo año, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de octubre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra del auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquél auto ha causado estado para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido auto se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Devuélvase al Magistrado Tercero de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cuaderno auxiliar formado con motivo de las constancias que remitió como complemento a su informe con justificación, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Magistrado Tercero de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en funciones de la Magistrada Presidenta de la misma, por ausencia accidental de la titular. De conformidad con los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, se ordena formar un cuaderno auxiliar con las constancias exhibidas por la citada autoridad responsable, en virtud de que no resulta indispensable su glosa a este expediente, en el entendido que el mismo queda formalmente vinculado al presente juicio de amparo y a disposición de las partes para su consulta. Ahora bien, de la lectura del referido informe y constancias anexas al mismo, así como del diverso informe justificado rendido por el Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Departamento Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, el cual ya obra agregado en autos, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el artículo 77, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, en mérito de las razones que se exponen a continuación: En efecto, los mencionados artículos señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;.". Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita obedece a la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que aun cuando subsiste, ya no está surtiendo sus efectos y que por consecuencia haría ociosa la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. En efecto, en el presente asunto, el quejoso reclama la resolución de cinco de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca formado con motivo del recurso de apelación 68/2019 de su índice, en la que revocó la resolución de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Segundo de Control del Primer Departamento Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en la carpeta administrativa 180/2017, en la que se canceló la medida cautelar consistente en la imposición de un localizador electrónico al aquí quejoso; decretando dicha Sala, que corresponde al Juez de Control efectuar una nueva audiencia en la que se proceda a la imposición de la medida cautelar de mérito. Sin embargo, de las constancias y discos versátiles digitales (DVD) remitidas por el Magistrado Tercero de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en funciones de la Magistrada Presidenta de la misma, por ausencia accidental de la titular y el Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Departamento Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sus informes justificados, a las que este órgano de control constitucional le confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se advierte que el Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Departamento Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, mediante audiencia celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil diecinueve, en la Sala de Oralidad Número Dos del Centro de Justicia Oral de Mérida, previo debate entre las partes, determinó cancelar la medida cautelar prevista en la fracción V del artículo 146 del Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán, consistente en la colocación de localizador electrónico al aquí quejoso Michael Emmanuel Medina Alcocer, continuando vigentes las demás medidas cautelares personales impuestas al citado quejoso. En esa tesitura, es inconcuso que este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se ha actualizado una causal notoria y manifiesta de improcedencia pues el objeto o materia del acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos. Se afirma lo anterior en la medida de que la autoridad responsable Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Departamento Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, mediante audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil diecinueve, canceló la medida cautelar prevista en la fracción V del artículo 146 del Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán, consistente en la colocación de localizador electrónico, actualizándose la improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo aplicable, pues aun cuando subsiste el acto reclamado que fue la resolución de segunda instancia que ordenó la imposición de dicha medida cautelar, lo cierto es que ya no puede surtir efecto legal alguno, por no poderse concretar ni en perjuicio del quejoso, ni del tercero interesado. Al caso, por similitud de razón, resulta conveniente citar la tesis 2ª XLVIII/98, sustentada por el Segunda Sala de nuestro Más alto Tribunal, publicada en la página 241, Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En efecto, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías o derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo del goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegara a emitirse pudiera concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por lo tanto, se reitera, si la materia de este juicio de amparo consiste en la resolución de cinco de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca formado con motivo del recurso de apelación 68/2019 de su índice, en la que revocó la resolución de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Segundo de Control del Primer Departamento Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en la carpeta administrativa 180/2017, en la que se canceló la medida cautelar consistente en la imposición de un localizador electrónico al aquí quejoso; decretando dicha Sala, que corresponde al Juez de Control efectuar una nueva audiencia en la que se proceda a la imposición de la medida cautelar de mérito; entonces, es incuestionable que al haber informado las responsables que mediante audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil diecinueve, se canceló la medida cautelar prevista en la fracción V del artículo 146 del Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán, consistente en la colocación de un localizador electrónico, que constituye el objeto material del acto reclamado y sus consecuencias que en este caso era la imposición como medida cautelar de un localizador electrónico al referido quejoso, han dejado de existir. Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Lo anterior, impide analizar el fondo del asunto, según lo dispone la tesis jurisprudencial 509, aplicada por similitud de razón, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la página 335 del Tomo VI. Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

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