Michael Ellsworth Hatchinson
Expediente 862/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 862/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Michael Ellsworth Hatchinson
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL PROVEÍDO DE 24 DE ENERO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. De la certificación que antecede y del estado procesal de los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que José Trinidad Flores Anguiano, en su carácter de apoderado del directo quejos Michael Ellsworth Hatchinson, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda que promovió, la cual dio origen al expediente en que se actúa; en tales condiciones, se declara que dicho auto ha causado estado. Toda vez que en el presente no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, en su oportunidad, archívese como asunto concluido. Se hace la precisión que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12 y 21 inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa; así como en los supuestos previstos en el capítulo ocho, apartado 8.1.2. número 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se desechó la demanda, es decir, se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal se dio por concluido, aunado a que al prudente arbitrio del suscrito no tienen relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 13 DE DICIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: Visto el escrito de cuenta, presentado por José Trinidad Flores Anguiano, en su carácter de apoderado del directo quejoso Michael Ellsworth Hatchinson, personalidad que se le reconoce atento a lo dispuesto en el artículo 10, de la Ley de Amparo, por acreditarlo con las copias certificadas del expediente 190/2021 del índice de la responsable, en donde se aprecia el poder y mandato general para pleitos y cobranzas, de once de enero de dos mil veintiuno, pasado ante la fe del Notario Público Número Uno, Distrito Guerrero, en donde se aprecian las facultades con que cuenta para instar, mediante el cual, solicita el amparo y protección de la justicia federal en contra del Juez Mixto de Primera Instancia Mixto en Materia Civil y Familiar del Sistema Tradicional y Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 862/2021-IV. Ahora bien, de lo manifestado bajo protesta de decir verdad, en la demanda de derechos fundamentales, se advierte que el acto reclamado en esencia lo constituye el auto dictado en el juicio ordinario oral civil 190/2021, del índice de la responsable, el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno en el que el Juez natural, se negó a ordenar la anotación en el Registro Público de la Propiedad de la existencia de la demanda instaurada en contra de Miguel Isaac Lugo, que como providencia precautoria se solicitó en sustitución de la medida cautelar de embargo de bienes inmuebles propiedad del demandado. Expuesto lo anterior, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; así se aprecia de su contenido, del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo transcrito en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que exista una causa de improcedencia; además, que ésta sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Expuesto lo anterior, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I a XVII (.); XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de derechos fundamentales, el cual ordena que antes de promoverlo, se deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que se estime ilegal y que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo, ya que de lo contrario, surgirá la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que a esta vía deberá acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse ante las propias autoridades de instancia. Ahora bien, en el caso, según lo expuesto por el quejoso bajo protesta de decir verdad, el acto que se reclama deriva de un juicio Ordinario Oral Civil instaurado por éste en contra de Miguel Isaac Lugo, siendo aplicable para el debido trámite de dicho juicio el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, legislación que respecto a los autos de trámite en el juicio en cita concede como medio ordinario para recurrir el auto de diecisiete de noviembre de la presente anualidad, la revocación, tal y como se dispone en el artículos 115, del ordenamiento legal en cita, el cual establece: "Artículo. 115. Los autos que no sean apelables podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia. En la segunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo". "Artículo 116. Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en la sentencia. Las resoluciones judiciales firmes dictadas en jurisdicción voluntaria y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan al ejercicio de la acción que se dedujo en el procedimiento correspondiente". "Artículo 620. El recurso de revocación a que hace referencia el artículo 115 de éste código, deberá interponerse por escrito a más tardar dentro del siguiente día en que se hizo la notificación del auto que se va a recurrir, o surtió sus efectos la hecha por medio de lista". "Artículo 621. Interpuesto en tiempo el recurso, con excepción de los casos a que se refiere el artículo siguiente, el tribunal, de considerarlo necesario, correrá traslado del escrito a la parte contraria por el término de tres días y, evacuado que sea o una vez concluido dicho plazo para hacerlo, sin más trámite dictará resolución". "Artículo 622. Cuando en una audiencia el tribunal dictare alguna resolución que fuere recurrible por revocación, se interpondrá el recurso verbalmente con vista a la contraria, y el juzgado o sala resolverá inmediatamente". "Artículo 623. Contra la resolución que conceda o niegue la revocación no cabrá recurso alguno". De los preceptos transcritos, se observa que el auto que se controvierte mediante el juicio biinstancial puede ser recurrido a través de la revocación, misma que tendrá un trámite inmediato, y por virtud del cual, dicha determinación puede ser confirmada, modificada o revocada, por lo que sería hasta la resolución del citado medio de impugnación contra la cual, pueda promoverse el juicio de amparo. Máxime, que en el caso según lo expuesto por el amparista, bajo protesta de decir verdad, el acto que se combate se trata de un auto dictado en donde se niega ordenar la anotación en el Registro Público de la Propiedad de la existencia de la demanda instaurada, al solicitar la modificación de la providencia precautoria solicitada; por lo que éste acuerdo no produce una afectación en grado predominante y superior, en contra de la parte actora, aquí quejosa, porque en este caso, subsiste la posibilidad de que recurra la citada actuación, como se dijo a través de la revocación, y si ello no resulta próspero a sus intereses, podrá combatir lo determinado al momento en que se pronuncie la autoridad respecto de la providencia definitiva para garantizar el monto adeudado y que se reclama por esa vía en el juicio natural; es decir, cuando la responsable realice el último pronunciamiento sobre ésta, por lo que por el momento, tampoco tiene una afectación de manera directa un derecho sustantivo del promovente. Cabe mencionar que lo anteriormente considerado, no implica desequilibrio en el acceso a la tutela constitucional del acto de autoridad que se reclama, pues para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe tomar en cuenta el momento en que se encuentra el asunto del que deriva el acto reclamado, y si éste le produce una afectación que no tenga recurso, mediante el cual pueda ser, modificado, revocado o confirmado. Así las cosas, como se dijo, en el presente asunto se reclama el auto mediante el cual la responsable le niega al promovente su solicitud de ordenar la anotación en el Registro Público de la Propiedad de la existencia de la demanda instaurada en contra del demandado, que dio origen al juicio ordinario oral civil 190/2021 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia Mixto en Materia Civil y Familiar del Sistema Tradicional y civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, contra la cual, previo al juicio de amparo, se puede promover el recurso de revocación a que se refieren los citados artículos 115, 620, 621, 622 y 623, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, mismo que en el caso no se hizo valer. Y sin que, el auto combatido de momento, le depare un perjuicio irreparable al quejoso, por no ser la última resolución dictada en el trámite del juicio natural. De ahí que, previo a acudir al juicio biinstancial, en términos de lo que dispone el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, debió recurrir la determinación combatida, por lo que procede DESECHAR DE PLANO la demanda en estudio por encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia al que se ha hecho alusión, con apoyo en el artículo 113 de la citada ley. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese al promovente que se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren el presente expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción que documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Montana 8505, Residencial Campestre las Palmas, en esta ciudad, así como en la dirección electrónica que refiere en su escrito y como su autorizado para los mismos efectos al licenciado Uriel Rico García, por no tener cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.
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