Micaellen Samora Damasio
Expediente 372/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/06/2023
Partes del expediente
- Micaellen Samora Damasio
- Kelly Cristina Bento Santos
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Feneció término legal. Vista la certificación de cuenta se advierte que trascurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio; sin que lo hubieran hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Certificación. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos Que de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Juicio de amparo. Se precisa que el presente expediente es susceptible de ser conservable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7, punto 7.4 "Tratamiento los expedientes con suspensión de plano", al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, por tanto, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, lo cual actualiza el supuesto antes citado. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de mayo de dos mil veintitrés. Se rinde informe justificado. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por la autoridad responsable, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Domicilio. De conformidad con lo dispuesto en el precepto 28 de la ley de la materia, se tiene señalando domicilio procesal. Delegados. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 9 de la Ley de Amparo, se tienen por designados a los delegados que menciona para tal efecto. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se procede a diferir la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta data, y en su lugar se fijan las once horas con cincuenta minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de abril de dos mil veintitrés. Acata suspensión de plano. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, por el cual informa que acató la suspensión de plano concedida a la parte quejosa, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo; con lo anterior, dese vista a las partes para los fines legales a que haya lugar. Domicilio. De conformidad con lo dispuesto en el precepto 28 de la ley de la materia, se tiene señalando domicilio procesal. Delegados. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 9 de la Ley de Amparo, se tienen por designados a los delegados que menciona para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Antecedentes. Previo a realizar la calificación del cumplimiento dado la ejecutoria de amparo, resulta pertinente establecer los antecedentes derivados de este asunto que se encuentran relacionados con el acatamiento al fallo protector, los cuales son: I. Mediante sentencia dictada el tres de junio de dos mil veintidós, se determinó sobreseer el presente juicio de amparo. II. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa por conducto de su autorizado, interpuso recurso de revisión en contra de la citada determinación, el que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito con sede en Mexicali, Baja California, quien por ejecutoria de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, modificó la sentencia recurrida, determinando por una parte, sobreseer y por otra, otorgar el amparo y la protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "QUINTO. Efectos del fallo protector. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción V, de la Ley de Amparo, en la sentencia de amparo deben fijarse los efectos y medidas en que se traduce la concesión del amparo. Al respecto, el artículo 77, fracción II, de la misma ley, señala que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, se obligará a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trate y a cumplir que el mismo exija. En adición a lo anterior, el numeral 1° constitucional, dispone que "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con eta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia". En el caso, es evidente que no es factible restituir en el hoce del derecho violado a la parte quejosa, en cuanto al pago retrasado del mes de octubre de dos mil veintiuno, ya que no se puede retrotraer el tiempo ni reparar los perjuicio que durante ese lapso sufrió la agraviada, al no recibir el pago oportuno. No obstante, la manera de restituir los derechos violados es evitando que se incurra en nuevas violaciones; para lo cual, es posible expandir los efectos de la protección constitucional, a fin de que se asegure que los pagos subsecuentes de prensiones a la agraviada, se realicen en tiempo, en virtud de que ésta manera, se asegura la protección más amplia a que hace referencia el artículo 1° constitucional. Por consiguientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada, tiene el alcance de obligar a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a dejar sin efecto cualquier acto que implique suspender, retener o retrasar el pago de la pensión de la parte quejosa, así como respecto de la prima vacacional, gratificación anual o aguinaldo, incluso cualquier otro bono o prestación que a ala impetrante del amparo le pudiera corresponder en su calidad de pensionada de dicho Instituto. Esto último es así, en tanto que si bien las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, exhibieron documentales tendentes a demostrar el pago a la parte quejosa de su pensión al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, así como el relativo a la prima vacacional y primera parte del aguinaldo, lo cierto es que también se reclamó el desfase futuro de esas prestaciones, así como cualquier otro bono o prestación que a la impetrante del amparo le pudiera corresponder en su calidad de pensionada de dicho Instituto, planteamiento que si bien fue realizado en la demanda de amparo, en el capítulo relativo a los actos reclamados, lo cierto es que ello obedeció a una simple intención de desglosar, las prestaciones que afirma debe recibir con esa calidad de pensionada del Instituto responsable, pero en términos generales, lo que lesionó su esfera jurídica, es el retraso en las prestaciones que recibe en su carácter de pensionada del Instituto responsable. Por ello, ya que se reclamó los subsecuentes retrasos en el pago de la pensión de la agraviada, es jurídicamente seguro que los efectos del fallo protector comprenda dichos desfases futuros por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que las autoridades del Instituto mencionado realicen los pagos de pensión futuros, de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, como lo establece el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California, y el Manual de Procedimiento Específico para la Elaboración y Pago de la Nómina de Pensionados y Jubilados del mencionado Instituto, al igual que respecto de la prima vacacional, bobo anual o aguinaldo, incluso cualquier otro bono o prestación que la impetrante de amparo pudiera tener derecho a recibir, en su calidad de pensionada de dicho Instituto, e incluso en los aumentos que pudiera tener por esos conceptos, y en su caso el pago retroactivo derivado de esto último. Para lo cual, deberán girar los oficios necesarios a las autoridades correspondientes, a fin de que se asegure el pago oportuno de la pensión, incluso podrá vincularse al cumplimiento de la presente ejecutoria, a cualquier autoridad que con motivo de sus atribuciones tenga intervención en dicho pago. Sobre este aspecto, es aplicable por analogía, la tesis 2a./J.139/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PENSIONES. PROCEDE OTORGAR EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS DESCUENTOS FUTUROS E INMINENTES EN APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEÑALADO COMO ACTOS RECLAMADOS." Ahora bien, de conformidad con el numeral 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone que el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plano de cumplimiento, tomando en cuenta su complejidad o dificultad, de manera razonable y estrictamente determinado, se procede a delimitar los efectos de la protección constitucional otorgada, con la finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de la presente ejecutoria. Para ello, debe tomarse en consideración, que de no limitarse el periodo de vigilancia del cumplimiento del amparo, imposibilitaría a la jueza de distrito para que pudiera tener por cumplida la ejecutoria de amparo, quedando el expediente en trámite de ejecución por tiempo indefinido. Por lo que a fin de evitarlo, este Tribunal Colegiado, estima que el plazo de cuatro meses, es razonablemente correcto, para que la a quo vigile que las autoridades responsables den cumplimiento puntual a la presente ejecutoria, y luego de agotado ese lapso, podrá emitir pronunciamiento sobre si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. En la inteligencia que, de declararse el fallo protector, e incurrir las autoridades nuevamente en el retraso de pago de la pensión, la agraviada tendrá expedito su derecho para agotar los recurso previstos en la ley de amparo, para lograr el cumplimiento en el mismo amparo, sin necesidad de que instar uno nuevo. Apoya las consideraciones anteriores, por identidad jurídica, ya que se trata de un amparo indirecto, la jurisprudencia 2a./J.33/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN FACULTADOS PARA AMPLIAR EL PLAZO OTORGADO PARA TAL FIN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En similares términos se pronunció este tribunal al resolver sobre el tema aquí abordado, en los amparos e revisión 309/2019, 619/2019, 141/2020, 182/2020, 201/2020, 181/2021 y 214/2022 de sesiones de veintiocho de noviembre de dos mi diecinueve, veinte de febrero, diez de septiembre, veintidós de octubre y doce de noviembre de dos mil veinte, así como trece de enero de dos mil veintidós y dieciocho de agosto de dos mil veintidós, respectivamente. [.]" III. Por lo que, en proveído de tres de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida dicha ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento al fallo protector. IV. El veintidós de marzo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días a fin que manifestara lo que a su interés conviniera con el mismo; esto es, con los oficios y anexos registrados con los números de folio ******************** y ******************** remitidos por la delegada de las pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, con los cuales estimaron dar cumplimiento al fallo protector. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del examen de las citadas constancias se estima que las autoridades responsables cumplieron con el fallo protector, ya que realizaron lo siguiente: I.- El veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se recibió el oficio registrado con el número de folio ******************** que remitió la delegada de las responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante el cual anexó copia certificada de las constancias de la relación de firmas correspondiente a la nómina de burocracia de los meses de noviembre y diciembre de dos mil veintidós, de la quejosa ********************; así como, de la constancia de transferencia bancaria a la cuenta de la parte quejosa relativa al pago de nómina del mes de diciembre de dos mil veintidós. II.- El diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, la delgada de las responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante oficio registrado con folio ******************** remitió la copia certificada de las constancias de la relación de firmas correspondientes a la nómina de burocracia de los meses de noviembre y diciembre de dos mil veintidós; y, enero y febrero de dos mil veintitrés, de la parte quejosa. En atención a lo expuesto, se colige que las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, cumplieron con el fallo protector, pues como se evidencia han realizado los pagos correspondientes de pensión, de manera mensual por el término de cuatro meses, tiempo que estableció el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, en la resolución emitida el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el recurso de revisión administrativo ********************, sin que se aprecie que exista algún retraso en el pago de la misma. Ello es así pues como ha quedado evidenciado la quejosa recibió el pago de pensión de los meses de noviembre y diciembre de dos mil veintidós, enero y febrero de dos mil veintitrés; por lo que de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos. Certificación. Por otra parte, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse concedido la protección respecto de los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis del inciso a) de la fracción I artículo 18 del mismo acuerdo; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo procédase a su depuración, toda vez que la suspensión definitiva por una parte fue concedida. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
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