Micaela Vicenta Sánchez Cruz
Expediente 235/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 235/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Micaela Vicenta Sánchez Cruz
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de abril de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta, que suscribe el juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, con el que devuelve diligenciado en sus términos el despacho número 146/2018, del índice de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en relación a la devolución de la comunicación oficial de que se trata, en el libro respectivo. Ahora bien, advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el acuerdo que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías) interpusiera el recurso de revisión correspondiente; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2º, para los efectos legales correspondientes se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que transcurridos más de cinco años contados a partir del presente acuerdo proceda a su destrucción. En consecuencia, devuélvase al juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, la copia certificada de la causa penal 18/2011, que acompañó a su informe justificado Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales ofrecidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a nueve de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos se advierte, se concedió medida cautelar a la parte quejosa en este incidente; por tanto, con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido; este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria; En su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo y la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar y procédase a su digitalización. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos que les revista el carácter de originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la boleta de turno de cuenta y testimonio del juicio de amparo número 265/2017, del índice de este Juzgado, promovido por Micaela Vicenta Sánchez Cruz y Joaquín Ofir Salazar Sánchez, contra la orden de aprehensión librada en su contra dentro de la causa penal 18/2011, por el juez Primero Mixto de Primera Instancia con sede en Puerto Escondido, Oaxaca; y toda vez que en dicho juicio, mediante proveído de uno del actual, se determinó la separación de autos, ordenándose que el presente juicio se ocupe únicamente de los actos reclamados por los mencionados quejosos a la citada autoridad judicial y responsables ejecutoras, a efecto de que sea resuelto por cuerda separada al diverso expediente del que deriva el testimonio de cuenta; en consecuencia se provee. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 235/2018; con las constancias remitidas, fórmese por separado cuaderno de pruebas, el cual queda a disposición de las partes en la Secretaría de este Juzgado para su consulta. Asimismo, toda vez que en el incidente relativo al juicio de garantías que se anexa, ya se dictó la interlocutoria correspondiente, con las copias certificadas fórmese por separado el cuaderno respectivo. Ahora bien, la procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XI, de la ley de la materia, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior". Como se aprecia, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. En ese tenor, de las constancias remitidas por el juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, con pleno valor probatorio de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte la existencia de la orden de aprehensión librada contra los aquí quejosos, el trece de junio de dos mil doce, dentro de la causa penal 18/2011, la cual fue materia de estudio en el juicio de amparo 609/2015, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, tal como se demuestra en el cuadro siguiente: CAUSA PENAL FECHA DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN JUICIO DE AMPARO SENTIDO EJECUTORIA O ESTADO 18/2011 13/06/2012 609/2015 SOBRESEE F/A 18/01/16 15/02/16 Lo anterior evidencia que el juicio de amparo que se resuelve es improcedente en los términos precisados, porque los actos que reclaman los quejosos en la demanda de garantías fueron materia de una ejecutoria constitucional anterior. Es así, pues de los antecedentes del juicio de amparo relacionado, se colige que éste fue sobreseído fuera de audiencia por haber sido promovido después del plazo de quince días previsto en el numeral 17, primer párrafo, de la ley de la materia; de ahí que, no sea dable que se ejercite la misma acción constitucional contra los mismos actos reclamados, pues respecto de dicho pronunciamiento se actualiza la figura jurídica de la cosa juzgada. En tal virtud, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia en este juicio de garantías. Orienta lo decidido, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1532, Tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA; Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal". Cabe precisar que si bien una determinación de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto, también lo es que el Alto Tribunal de la Nación ha determinado que existen excepciones al respecto, como sucede por ejemplo cuando el acto ha sido consentido, pues dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional promovido contra el propio acto autoritario. Ello encuentra apoyo en la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página: 225, Tomo XII, Julio de 1993, Materia(s): Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción a virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". De conformidad con el numeral 13 de la ley de la materia, se nombra como representante común de los quejosos a Micaela Vicenta Sánchez Cruz, y toda vez que ésta se encuentra recluida en el Centro de Internamiento Femenil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados en forma supletoria a la Ley de Amparo vigente, atento a lo previsto por el diverso numeral 2º, de este último ordenamiento legal, gírese despacho al juez Primero de lo Penal de Tlacolula, Oaxaca, para que notifique a la citada agraviada, el auto inserto, con apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá multa de cien unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis), equivalente a ocho mil sesenta pesos ($8,060.00/100, moneda nacional), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($80.60) por cien (100), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259, de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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