Micaela Vicenta Sánchez Cruz
Expediente 270/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 270/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Micaela Vicenta Sánchez Cruz
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, doce de julio de dos mil dieciséis. Vistos los autos y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 97 en relación con el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de fecha veintisiete de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de garantías; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 83 fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en los términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Por tal razón, devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, con residencia en San Pedro Mixtepec, Oaxaca, el legajo de copia certificada deducido de la causa penal 14/2011, de su índice, que en su momento remitió como justificación a su informe. Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión, ni se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Se hace el conocimiento de las partes, que el presente juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, como el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Notifíquese. IB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Visto el oficio número OCC/C13/JDM/98/2016, remitido por el Jefe de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, por el que remite copia certificada de diversas constancias que obran en el Juicio de amparo número 572/2014, consistente en dos tomos, así como un anexo compuesto de copias certificadas deducidas de la causa penal 14/2011 del índice del Juzgado Primero Mixto en Puerto Escondido, Oaxaca. Para un mejor manejo del juicio, se ordena formar el anexo I de las copias certificadas de los autos que obran en la causa penal 14/2011, el que estará a disposición de las partes para su consulta. Ahora bien, tomando en consideración que por interlocutoria dictada el veintidós de abril de dos mil dieciséis, en el juicio número 572/2014, del índice de este Juzgado, que el Titular ordenó la separación de autos para conocer de la demanda de amparo promovida por los quejosos MICAELA VICENTA SÁNCHEZ CRUZ y JOAQUÍN OFIR SALAZAR SÁNCHEZ, por propio derecho, contra las diversas órdenes de aprehensión que existen libradas en su contra y ejecución. En acatamiento a lo ordenado en la interlocutoria de mérito, este juicio de amparo se ocupara únicamente respecto de la orden de aprehensión librada en contra de los quejosos MICAELA VICENTA SÁNCHEZ CRUZ y JOAQUÍN OFIR SALAZAR SÁNCHEZ, dentro de la causa penal 14/2011 del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 270/2016. DESECHAMIENTO. Ahora, del análisis del acto reclamado en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, se advierte que, en la especie, se actualiza, en forma manifiesta e indudable, una causal de improcedencia, por lo que, sin proveer sobre su admisión, se desecha de plano la referida demanda de garantías. En efecto, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" De dicho numeral se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando, como en el caso, el acto reclamado por los impetrantes del amparo haya sido materia de ejecutoria de otro juicio de amparo, en los términos de la fracción X, de dicho artículo; esto es, que haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es aplicable al caso, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página veintiocho, Tomo 39 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDÉNTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOS MISMOS ACTOS RECLAMADOS. Para que proceda la causal de improcedencia consistente en la existencia de ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo, a que se refiere la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Pues bien, es un hecho notorio para quien aquí resuelve que los ahora impetrantes del amparo MICAELA VICENTA SÁNCHEZ CRUZ y JOAQUÍN OFIR SALAZAR SÁNCHEZ, promovieron diverso juicio de amparo (340/2015), en el que reclamaron de las mismas autoridades (Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido Oaxaca, Jueces Primero y Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Comandante de Plaza y Regional de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, Comandante de Plaza de la Agencia Estatal de Investigación en Pochutla, Oaxaca y Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigación, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca) la orden de aprehensión librada en su contra (en el caso dentro de la causa penal 14/2011) y su ejecución. En efecto, lo anterior se advierte del Juicio de Amparo número 340/2015, del índice de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el que los aquí impetrantes del amparo MICAELA VICENTA SÁNCHEZ CRUZ y JOAQUÍN OFIR SALAZAR SÁNCHEZ, así como una diversa persona (Lucia Cordero Guevara), promovieron un juicio de amparo en el que reclamaban de las autoridades responsables, Juez Primero Mixto de Primera Instancia, Juez Segundo Mixto de Primera Instancia y Comandante General de la Agencia Estatal de Investigaciones Región Costa, residentes en Puerto Escondido, Oaxaca; Agente Estatal de Investigaciones encargado de la Comandancia, con sede en San Pedro Pochutla, Oaxaca; y Juez Quinto de lo Penal, con residencia en Santa Lucía del Camino Ixcotel, Oaxaca, los actos que hicieron consistir esencialmente en la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución. En el citado juicio de amparo 340/2015, la autoridad responsable ordenadora, Juez Primero Mixto de Primera Instancia, Puerto Escondido, Oaxaca, al rendir su informe justificado admitió el acto reclamado, en los siguientes términos: Juzgado Primero Mixto de Primera Instancias del Distrito Judicial, de Puerto Escondido, Oaxaca. QUEJOSO INFORME JUSTIFICADO Micaela Vicenta Sánchez Cruz o Micaela Vicente Sánchez Admitió en cuanto a las siguientes causas penales: 12/2011, 14/2011, 18/2011, 20/2011, 35/2011, 44/2011, 64/2011, 66/2011 y 67/2011, Joaquín Ofir Salazar Sánchez Admitió en cuanto a las siguientes causas penales: 12/2011, 14/2011, 18/2011, 20/2011, 35/2011, 44/2011, 64/2011, 66/2011 y 67/2011, Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados en sentido contrario, y supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, párrafo segundo, se procedió a decretar la separación de autos en el juicio de amparo 340/2015. En atención a dicho proveído, con copia certificada de todo lo actuado, se dio número a los juicios surgidos de dicha separación de autos, y en el juicio de amparo 610/2015, se precisó que conocería del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión de fecha tres de julio de dos mil doce, librada dentro de la causa penal 14/2011, del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca y su ejecución, esto es, de la misma que se ocupa el presente juicio de amparo. Seguida la secuela procesal en el citado sumario constitucional 610/2015, por sentencia de treinta de marzo de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el juicio, respecto de la orden de aprehensión librada en contra de los aquí quejosos MICAELA VICENTA SÁNCHEZ CRUZ y JOAQUÍN OFIR SALAZAR SÁNCHEZ, de fecha tres de julio de dos mil doce, dictada en la causa penal 14/2011, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico, cometido en perjuicio de Alonso Pacheco Cortes, al considerarse que el juicio de amparo resultó extemporáneo, por no haberse promovido dentro del término legal; determinación que causó ejecutoria el veinticinco de abril del año en curso, al no haberse combatido. Determinaciones que al tratarse de un hecho notorio, por tener a la vista dicho juicio de amparo y ser del índice de este mismo juzgado, sirven de prueba fehaciente de que el acto reclamado en el presente juicio de amparo ya fue motivo de otra ejecutoria. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Materia Común, Página 285, de la siguiente literalidad. "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Bajo esta tesitura, es inconcuso que en la especie se surte la hipótesis normativa contenida en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado en el presente juicio constitucional al Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, consistente en la orden de aprehensión librada en contra de MICAELA VICENTA SÁNCHEZ CRUZ y JOAQUÍN OFIR SALAZAR SÁNCHEZ, ya fue motivo de resolución ejecutoriada, resultando por tanto improcedente el presente juicio de amparo. No es óbice a lo anterior, que no se entró al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada, toda vez que la causa de improcedencia en estudio también se surte cuando en la resolución primigenia se haya determinado la inatacabilidad del acto reclamado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, como lo fue en el juicio de amparo 610/2015, pues se determinó sobreseer en el juicio, atendiendo a que los quejosos consintieron de manera tacita el acto reclamado. Sustenta lo anterior la jurisprudencia con número de registro 237445, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Tercera Parte, Materia Común, Página 91, del rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." En merito a lo anterior, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la referida demanda de garantías. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Como los quejosos no señalaron domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, las mismas se practicarán por medio de lista que se fija en lugar visible del Juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto señalen domicilio para tal efecto. Ténganse como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que citan en su escrito de demanda. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese, a los quejosos mediante lista, tal y como esta ordenado en este acuerdo. IB
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