Micaela Vicenta Sánchez Cruz
Expediente 357/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 357/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Micaela Vicenta Sánchez Cruz
Actuaciones
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a sus autos, el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; acúsese el recibo correspondiente. Tomando en consideración que el Tribunal de Alzada declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la quejosa Micaela Vicenta Sánchez Cruz, contra el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; hágase del conocimiento de la parte quejosa la resolución de mérito y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IA-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos, para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca,, mediante el cual acusa recibo del oficio Of. I-1824, con el que se remitió un legajo de copias certificadas del juicio de amparo número 357/2018 del índice de este Juzgado, con motivo del recurso de queja interpuesto por la quejosa Micaela Vicenta Sánchez Cruz, contra el acuerdo de treinta y uno de agosto del actual, e informa que admitió a trámite dicho recurso. Notifíquese. I-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Micaela Vicenta Sánchez Cruz, por el que interpone recurso de queja en términos de lo dispuesto en artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en su atención, con fundamento en los artículos 97, fracción I, 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase a la promovente interponiendo el recurso de queja de mérito. En consecuencia, envíese el original y copia del escrito de expresión de agravios, el informe sobre la materia de la queja y copia certificada de las constancias que solicita la quejosa que integran este expediente, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por conducto del Jefe de la Oficina de correspondencia de dicho Tribunal, para la substanciación del recurso de queja hecho valer. Se precisa que en el caso no es procedente notificar a la autoridad señalada como responsables la interposición de dicho recurso, a efecto de que dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa como se encuentra ordenado en proveído de treinta y uno de agosto del actual I-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Visto el escrito de demanda promovida por MICAELA VICENTA SANCHEZ CRUZ, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, que hace consistir literalmente en lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO: a).- LA FALTA DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA VALORACIÓN DE PRUEBAS del auto de formal prisión de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho dictado dentro de la causa penal 44/2011 del índice del juzgado primero mixto de primera instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, en contra de la quejosa, sin que el mismo reúna los elementos que la norma exige; debido a que lo resuelto está en disonancia con los artículos que cita en el acto reclamado. b).- LA OMISIÓN en que incurrió al dejar de analizar y cubrir las hipótesis que exige el artículo 19 del pacto federal en el acto reclamado consiste en: i.- Que el acto reclamado NO PRECISA con que pruebas demuestra el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho imputado al quejoso. c).- La omisión de pronunciarse y valorar el instrumento público 37´460 conforme lo ORDENAN los artículos 355 fracción I, 356 fracción II y 358 del código de procedimientos penales consistentes en: i.- Que NO expreso los motivos razones LEGALES por las cuales no le otorga valor probatorio pleno. ii.- CUANDO POR LEY, TIENE VALOR PROBATORIO PLENO, por tanto, no corresponde a la responsable restarle valor; SALVO que se haya redargüido de falsedad, hipótesis única prevista en el primero de los ordinales mencionados [y no es el caso]. La responsable SIN QUE LA LEY LO FACULTE de motu proprio y sin fundamento legal manifestó cualquier cosa, PERO FUERA DE NORMA, es decir, fuera del imperativo previsto en los ordinales antes mencionados; por tanto, al evadir su obligación violo el principio de legalidad previsto en los artículos 14 y 16 del pacto federal. e).- La omisión en cuanto a la aplicación del artículo 16 del código penal del estado de Oaxaca, consistente en: NO pronunciarse de oficio por el sobreseimiento del acto reclamado, al estar demostrado en forma plena la excluyente de responsabilidad del quejoso en los hechos imputados, cuando tiene el imperativo para hacerlo. f).- La orden de comparecencia de la quejosa cada día treinta de cada mes ante la responsable ordenada por ésta misma. g).- Violación a derechos fundamentales y humanos y artículo 1 del Pacto Federal consistente en: i.- La violación a mis derechos humanos al debido proceso, ii.- La OMISIÓN al acatamiento del principio PRO PERSONAE previsto en el artículo 1 del Pacto Federal, que trascienden a la infundada y excesiva OMISIÓN en que incurrió y, que trasciende a impedir mi libertad, omisión consistente en NO aplicar la norma que más beneficia a la persona.(sic). Como puede advertirse la quejosa, substancialmente, reclama el auto de formal prisión de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, así como la orden de comparecer ante el juez responsable los días treinta de cada mes, dentro de la causa penal 44/2011 de su índice. En el caso, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe desechar de plano, en virtud de que de su análisis se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como más adelante se precisará. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 17, del propio ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Ello es así, en virtud de que en la foja siete de la demanda, la quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó que tuvo pleno conocimiento de la existencia de los actos reclamados, desde el UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, precisando que la resolución impugnada se le notificó a su defensor el veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Manifestación, a la que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2, pues constituye una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo. Al respecto, conviene mencionar que el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo 95, señala las diversas formas mediante las cuales surge la confesión, entendida ésta como la prueba que se constituye mediante el reconocimiento, expreso o tácito, de una parte, formal o material, de un hecho que le perjudica. En numeral 95, a que se hizo referencia a la letra dispone: (.) Artículo 95.- La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley. (.) El texto del precepto transcrito permite distinguir los distintos modos que dan nacimiento a la confesión de un hecho que produce efectos jurídicos en el proceso, entre las que se encuentra la expresa cuando deriva de la absolución de posiciones, y a la que se refiere exclusivamente la prohibición consignada en el artículo 119, de la ley de la materia. En cambio, la confesión expresa que se hace al formular la demanda sí es admisible en el juicio de amparo y debe valorarse en los términos fijados por el código adjetivo civil federal, por ser aplicable supletoriamente, en ese aspecto, a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales. Así, a esa confesión expresa se reconoce valor de prueba plena, al disponer los artículos 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles lo siguiente: (.) Artículo 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I.- Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II.- Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III.- Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio. Artículo 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba. (.) Es aplicable a lo expuesto, la tesis de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 294, Primera Parte, del Tomo LXXXIX, de la Quinta Época, con registro 321664, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario dice: AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúa. Así como la tesis de la Octava Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Diciembre de 1993, con registro 214035, visible a página 857, cuyo rubro y texto versan: DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa. Por tanto, si la demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIEICOCHO, es evidente que entre esa fecha y en la que se realizó la notificación al defensor de la quejosa del auto de formal prisión reclamado, que fue el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, transcurrió en exceso el término de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación oportuna de la demanda. Cabe precisar que los actos impugnados no encuadran en ninguno de los supuestos de excepción establecidos en el artículo 17, de la Ley de Amparo, pues se refiere al auto de formal prisión, así como la orden de comparecencia ante la responsable de los días treinta de cada mes. Con base en lo anterior, es evidente que la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa resulta extemporánea, actualizándose de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contra los que no se promueva el juicio dentro de los términos que se señala el numeral 17 de esa ley. En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo con fundamento en los artículos 112 y 113, por su manifiesta e indudable improcedencia. No es óbice a lo anterior, el hecho de que la quejosa alegue que como los hechos imputados sucedieron en el año dos mil diez, debe aplicarse la anterior Ley de Amparo, en el sentido de que no existía termino para interponer su demanda; sin embargo, contrario a lo que sostiene la ley aplicable no es cuando sucedieron los hechos sino cuando se emitió el acto reclamado, que lo fue el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, por tanto, la quejosa debió haber promovido su demanda de amparo dentro del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, esto es, dentro del término de quince días. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones a Brianda Salazar Sanchez, Patricia Morales Juarez y/o Herminio Ramirez Romero, Marco Antonio Cruz Ramirez y/o Hilda Ferrer Mendoza y/o Paola Salazar Sanchez y/o Virididana Salazar Sanchez y/o Romina Cruz Arzola, por así haberlo solicitado la parte quejosa. En otro aspecto, por el momento no ha lugar acordar de conformidad su petición, en el sentido de que sus notificaciones se realicen al correo electrónico que proporciona, toda vez que el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé la notificación vía electrónica, siempre y cuando haya obtenido su firma, sin que refiera que ya la tramitó; sin perjuicio de que una vez que la obtenga, previa petición, se ordene realizar sus notificaciones en dicho correo electrónico, por lo que con apoyo en el artículo 26, fracción III, en relación con el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en el presente asunto, hágansele mediante lista de acuerdos. Por otra parte, se autoriza al usuario Brianda0101, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; por lista a la parte quejosa. I-A
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