Micaela Vicenta Sánchez Cruz
Expediente 1250/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1250/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Juez Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca
- Micaela Vicenta Sánchez Cruz
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Recepción del asunto. Se tiene por recibido el oficio del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, al que anexa el juicio de amparo 916/2022, de su índice, promovido por ******; toda vez que en proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós, consideró ser legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, por tanto, no aceptó la competencia declinada, ya que estimó que al actualizarse la primera hipótesis prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que alude a que es competente el Juez de Distrito residente en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, esto es, en Huajuapan de León, Oaxaca. Ahora bien, este Juzgado Federal no comparte las razones expresadas por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz; por tanto, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional insiste en declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en mención. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del dispositivo transcrito se advierten tres supuestos básicos para que los jueces de Distrito conozcan de un juicio de amparo: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito de esas jurisdicciones que prevenga en el conocimiento del asunto, es decir, ante quien el gobernado presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. Por otra parte, también se pueden distinguir tres rubros principales de competencia: por materia, por territorio, por cuantía. En el caso, se analizará la competencia por territorio, la cual se considera aplicable en este asunto, por lo siguiente: La competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea la distribución territorial de la competencia entre diversos órganos de competencia; por lo que, se estima, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere dicho precepto es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Ahora bien, la demanda de amparo y escritos aclaratorios, deben ser interpretadas en su integridad para conocer la verdadera intención de la quejosa, con la finalidad que se resuelva efectivamente lo solicitado. En ese sentido, como se estableció en auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, la parte quejosa se duele de manera toral de la omisión de la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, de concluir -cese y terminación- la causa penal ******************** que se instruye en su contra; y como consecuencia de lo anterior, que siga sujeta a un procedimiento en el que tiene que cumplir con la obligación procesal impuesta el diez de diciembre de dos mil dieciocho, por el juez de la causa, para gozar del beneficio de su libertad, consistente en la firma mensual de procesados en libertad provisional ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Huajuapan de León, Oaxaca. A partir de ello, en su perspectiva, esa obligación procesal -firma mensual- así como la propia sustanciación de la referida causa penal se erigen en actos fuera de procedimiento, los cuales atribuyó tanto al Juez Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca -en la demanda inicial-, como al Juez Mixto de Primera Instancia en Huajuapan de León, Oaxaca, con motivo de la prevención realizada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Con base en lo anterior, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el auto de seis de octubre de dos mil veintidós, recibió la demanda de amparo y decretó la separación de juicios, generándose el presente con motivo de los actos siguientes: "5.- La presentación y firma mensual que realiza en los expedientes penales 12/2011, 14/2011, 18/2011, 20/2011, 35/2011, 44/2011, 64/2011, 66/2011 y ******************** al que se encuentra sujeta a partir de que se advirtió que la acción penal se extinguió a favor de los coinculpados y se decretó su libertad por diversos factores. 6.- Todos los requerimientos ordenados para la exhibición de cantidades de dinero por concepto de caución y pueda seguir gozando de libertad provisional. 7.- Requerimientos de presentación en fechas diversas para efectos de notificarle personalmente lo correspondiente. 8.- Toda orden tendiente a desahogar diligencia que implique el estar procesada. 9.- El cese y terminación de las causas penales 12/2011, 14/2011, 18/2011, 20/2011, 35/2011, 44/2011, 64/2011, 66/2011 y ******************** a partir de la fecha en que advirtieron que el acto reclamado se extinguió en favor de todos los inculpados por diversos factores. 10.- Los múltiples actos de molestia notificaciones, citaciones personales al juzgado responsable, así como requerimientos y apercibimientos propios de todo proceso penal ejecutado en su personal especialmente el de presentación mensual, que se encuentra realizando en el Juzgado Mixto de Huajuapan por haberse autorizado a recabar su forma dentro de los procesos penales 12/2011, 14/2011, 18/2011, 20/2011, 35/2011, 44/2011, 64/2011, 66/2011 y ******************** todos del índice del Juzgado Primero Mixto de puerto Escondido para seguir disfrutando de su libertad provisional. 11.- La omisión de las definitiva responsables de no decretar el cese y terminación e inmediata de los procesos penales materia de reclamo y no decretar la libertad absoluta e inmediata en cuanto a los actos de molestia y de oficio en cualquier estado del proceso resoluciones a partir de la fecha y existencia de todas las resoluciones judiciales que declararon concluidas todas las causas penales debido a judiciales que declaran la inexistencia del cuerpo del delito dentro de los procesos penales 64/2011, 66/2011 ******************** 12/2011, 14/2011, 18/2011, 20/2011, 35/2011, 44/2011 en favor diversos coinculpados. 12.-La omisión de no pronunciarse sobre el cese definitivo del procedimiento y decretar su libertad de forma inmediata de los procesos instruidos en su contra conforme a lo previsto en los artículos 300 fracción lI, 303, 305, 307 del Código Penal de Procedimientos Penales del estado de Oaxaca y artículo 16 del Código Penal del Estado de Oaxaca, es decir omitieron decretar el sobreseimiento en las causas penales 12/2011, 14/2011, 18/2011, 20/2011, 35/2011, 44/2011, 64/201 66/2011 y ********************." De lo anterior se corrobora que la quejosa reclama omisiones y actos cuyos efectos se trasladan directamente a la causa penal, que se lleva ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, que conoce del proceso de primera instancia, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, ante la potestad del juez de la causa a la que está sometida la quejosa; por ende, tienen materialidad en la jurisdicción del Juzgado de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca, por ser quien ejerce competencia en el municipio de San Pedro Mixtepec. Sin que sea obstáculo que en la demanda de amparo se advierta que, la quejosa acude a firmar periódicamente ante el Juzgado Mixto de Huajuapan de León, Oaxaca, porque ello implica una medida para dar cumplimiento a las obligaciones procesales impuestas por el juez de la causa penal de origen para gozar del beneficio de libertad provisional; pues, se insiste, dicho efecto se traslada directamente al proceso y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión, en tanto, que dicha medida lo único que busca es garantizar la comparecencia y sujeción al proceso penal de la aquí quejosa, el cual se sustancia en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido. De modo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, carece de competencia, por cuestión de territorio, para conocer de este juicio de amparo. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2011, publicada en la página dos mil ciento ochenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, diciembre de 2011, Tomo 3, Décima Época, de rubro y texto: COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. Así como, por las razones jurídicas que informan, la jurisprudencia PC.XVI.P. J/6 P (10a.), sustentada por el Pleno En Materia Penal del Decimosexto Circuito, visible en la página 2451, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE DECRETA COMO MEDIDA CAUTELAR LA PRISIÓN PREVENTIVA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA CAUSA PENAL, AUNQUE NO COINCIDA CON LA DEL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL QUEJOSO. Cuando en un juicio de amparo se señale como acto reclamado la determinación del Juez de Control en la que decreta la medida cautelar de prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda es el que tiene jurisdicción sobre el tribunal que conoce de la causa penal, aun cuando la jurisdicción no coincida con la del lugar de reclusión del quejoso, pues los efectos de la medida se trasladan directamente al proceso, dado que la prisión preventiva busca garantizar la comparecencia del imputado al juicio, el desarrollo de la investigación y la protección a la víctima, a los testigos y a la comunidad; en tanto que la reclusión física es sólo una consecuencia. Esta interpretación, además, es acorde con el principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal y que busca conservar la unidad del proceso. En consecuencia, éste Juzgado de Distrito estima que resulta competente para conocer de este asunto, el Juez de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, por ser quien ejerce competencia en el Municipio de San Pedro Mixtepec, lugar de residencia del Juez Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, quien conoce del proceso penal instruido en contra de la aquí quejosa, donde tiene su principal impacto y repercusión, los efectos del acto reclamado. Lo anterior, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción XIII, relativo al Decimotercer Circuito, reformado mediante el diverso Acuerdo General 45/2016, que establece: "Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional plantea el conflicto competencial suscitado entre ambos Juzgados Federales; por consiguiente, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase de inmediato los autos del presente expediente, y copias de la demanda de amparo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, con sede en esta localidad, a fin de que resuelva a qué Juzgado de Distrito corresponde el conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido Oaxaca, y otras autoridades. Comuníquese lo anterior al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por medio del cual remite original de un escrito signado por la quejosa Micaela Vicenta Sánchez Cruz y copia certificada de la notificación del proveído de veinte de octubre del presente año, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, practicada a dicha quejosa; para los efectos legales procedentes. Declinación de competencia al Juzgado de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. En el caso, como la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente, se debe considerar si la demanda de amparo da motivo para que este Juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable. De no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Es aplicable la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Ahora, del estudio integral de la demanda y anexos, se advierte que la quejosa se duele de manera toral de la omisión de las responsables en decretar el sobreseimiento de la causa penal 67/2011, del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, por la extinción de la acción penal; y con ello, la falta de del dictado del auto de libertad, así como todos los requerimientos y apercibimientos propios de todo proceso penal ejecutado, lo que implica su presentación periódica que se encuentra realizando en el Juzgado Mixto de Huajuapan de León, Oaxaca, por haberse autorizado a recabar su firma dentro del proceso penal de trato. Actos que al haberse emitido dentro de la causa penal, que se lleva ante el Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, que conoce del proceso de primera instancia, tienen materialidad en la jurisdicción del Juzgado de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca, por ser quien ejerce competencia en el municipio de San Pedro Mixtepec. De modo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, carece de competencia, por cuestión de territorio, para conocer de este juicio de amparo. Sin que sea obstáculo que de la demanda de amparo se advierta que, en la especie, el quejoso acude firmar periódicamente ante el Juzgado Mixto de Huajuapan de León, Oaxaca, porque ello implica una medida para dar cumplimiento a unos de los requisitos para gozar del beneficio de libertad bajo caución dentro de la causa penal de origen; pues, lo cierto es que dicho efecto se traslada directamente al proceso y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión. De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del dispositivo transcrito se advierten tres supuestos básicos para que los jueces de Distrito conozcan de un juicio de amparo: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito de esas jurisdicciones que prevenga en el conocimiento del asunto, es decir, ante quien el gobernado presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. Por otra parte, también se pueden distinguir tres rubros principales de competencia: por materia, por territorio, por cuantía. En el caso, se analizará la competencia por territorio, la cual se considera aplicable en este asunto, por lo siguiente: La competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea la distribución territorial de la competencia entre diversos órganos de competencia; por lo que, se estima, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere dicho precepto es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 13/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 107, del tomo I, Junio de 1995, Materia Común, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." En ese sentido, éste Juzgado de Distrito estima que resulta competente para conocer de este asunto, el Juez de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, por ser quien ejerce competencia en el Municipio de San Pedro Mixtepec, lugar de residencia del Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, quien conoce del proceso penal instruido en contra del aquí quejoso, donde tiene su principal impacto y repercusión, los efectos del acto reclamado. Lo anterior, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción XIII, relativo al Decimotercer Circuito, reformado mediante el diverso Acuerdo General 45/2016, que establece: "Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." Esto, toda vez que el acto que se reclama en esta instancia constitucional, trae como consecuencia que el procesado continúe sujeto a proceso, y recluido en el centro de internamiento en el que actualmente se encuentra. De ahí que, al permanecer el procesado a disposición del juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, la ejecución material de los actos reclamados será en el lugar de residencia de éste y, en consecuencia, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra los actos reclamados en la causa penal 67/2011, del índice de la responsable Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido Oaxaca, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juzgado de Primera Instancia que conoce de los procesos penales, en este caso, el Juez de Distrito en turno, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2011, publicada en la página dos mil ciento ochenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, diciembre de 2011, Tomo 3, décima época, de rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO." Asimismo, por identidad de razones, la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 96/2005-PS, publicada en la página ciento setenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXIII, enero de 2006, novena época, de título: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN." Por tanto, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda promovida por Micaela Vicenta Sánchez Cruz, correspondiéndole el conocimiento al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca; en consecuencia, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin proveer sobre su admisión, por conducto de la Oficina de Correspondencia, remítase la referida demanda al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. Asimismo, se solicita de la manera más atenta, tenga a bien informar a este órgano jurisdiccional sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias correspondientes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Se tiene por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en esta localidad, al que anexa la demanda de amparo indirecto que promueve Micaela Vicenta Sánchez Cruz, contra actos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca; lo anterior, debido a que mediante acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, determinó declinar competencia a este juzgado por conocimiento previo, al considerar que previamente éste Órgano Jurisdiccional había conocido del juicio de amparo 529/2020, de este índice, promovido por Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista. En tales condiciones, una vez analizadas las constancias que integran el aludido juicio de amparo, este Juzgado de Distrito comparte el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional declinante; con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo, 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se acepta competencia y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo de estilo al referido juzgado. Fórmese expediente electrónico e impreso respectivo y regístrese en el libro de juicios de amparo bajo el número 1250/2022. Compensación. Hágase lo anterior del conocimiento de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta localidad, para su registro y compensación correspondiente. Se convalidan actuaciones. Comuníquese personalmente esta determinación a las partes, informándoles que se convalidan las actuaciones practicadas por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en esta localidad, de conformidad con el artículo 17, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2° y continúese con el trámite legal del juicio. Vinculación de expediente electrónico. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, se solicita atentamente al titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, de no tener inconveniente alguno, autorice la vinculación permanente del expediente 1167/2022 de su índice, al diverso 1250/2022 de este juzgado, a fin de integrar el expediente electrónico respectivo; asimismo, comunique a este juzgado dicha autorización. Ahora bien, visto el estado de autos, se reserva proveer respecto a la admisión del presente asunto; toda vez que en auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, se desprende tuvo por recibido el escrito signado por la quejosa Micaela Vicenta Sánchez Cruz, por medio del cual pretendía cumplir con la prevención formulada en proveído de diez de octubre del año en curso; sin embargo, incumplió con lo requerido, por lo que hizo del conocimiento que continuaba transcurriendo el término de cinco días a efecto que se cumpliera cabalmente con dicha prevención, subsistiendo el apercibimiento inicial, sin que de autos se desprenda la constancia de notificación personal a la quejosa. En tales condiciones, solicítese al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, a efecto que de no tener inconveniente, remita a este juzgado la constancia de notificación hecha a la quejosa Micaela Vicenta Sánchez Cruz, del proveído de veinte de octubre de la presente anualidad. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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