Micaela Salazar Mendez

Expediente 766/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
766/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/08/2023

Partes del expediente

  • Micaela Salazar Mendez

Actuaciones

  1. Principal

    Autoridad informa. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante los cuales informa que ha causado estado el acuerdo de dieciséis de agosto del año en curso, en el que se desechó el recurso de queja interpuesto en el presente asunto. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Autoridad remite escrito. Interposición y trámite de recurso de queja.

  3. Principal

    León, Guanajuato, a once de julio de dos mil veintitrés. I. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 766/2023-I y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Parte quejosa. Micaela Salazar Méndez. III. Fijación de la litis. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: a) La omisión de implementar de manera integral las tecnologías de la información, eficaces y suficientes, para la tramitación electrónica del expediente laboral de origen, a fin de abandonar gradualmente el sistema tradicional escrito. b) La omisión de practicar todas las notificaciones por estrados o por lista del Juzgado en su buzón electrónico, dentro del juicio laboral L0292/2022-I, del índice del Juzgado Tercero de Oralidad Laboral Regional del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, y no únicamente las que se ordenen notificar personalmente. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". IV. Se desecha demanda de amparo. Por su parte, el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese tenor, a juicio de este órgano jurisdiccional, respecto del acto reclamado identificado en el inciso a), consistente en la omisión de implementar de manera integral las tecnologías de la información, eficaces y suficientes, para la tramitación electrónica del expediente laboral de origen, a fin de abandonar gradualmente el sistema tradicional escrito, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Para demostrar esta conclusión, véanse los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De lo anterior se colige que son actos de imposible reparación aquellos que impliquen o afecten un derecho sustantivo del gobernado, previsto en el texto rector político de nuestro país, o en un instrumento internacional obligatorio para México. Esta conclusión es acorde con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Han sido interpretados o catalogados como de imposible reparación, aquellos actos por los que excepcionalmente procede el amparo casación o judicial, y que tienen origen en los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; también, se ha sostenido que la imposible reparación se traduce en consecuencias susceptibles de afectar de forma inmediata algún derecho fundamental, y sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por exclusión, los actos de ejecución reparable no tocan directamente los núcleos esenciales de los derechos fundamentales, sino que trasgreden normas secundarias de desarrollo normativo, como las del orden procesal que hacen efectivo el debido proceso bajo un segundo plano de desarrollo. Las afectaciones que producen el tipo de actos reparables son transitorios y desaparecen al resolverse la controversia judicial; y solo en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, y afecten en forma trascendente la defensa son susceptibles de control constitucional. Puede decirse entonces que la diferencia entre los actos de imposible reparación y los que no tienen esta cualidad, se reduce al tipo de implicación o afectación material respecto a los derechos fundamentales del gobernado (orden normativo primario) o bien, su afectación por infracción a normas reglamentarias procesales (orden normativo secundario o de desarrollo); sirviendo como guía para ubicar su categoría, en la reparabilidad al dictarse sentencia y su transitoriedad en el proceso donde se actualizan. En ese orden de ideas, el supuesto de los actos reparables se actualiza de manera esencial respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias (de los actos reclamados) se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Dentro del esquema general de derechos con rango fundamental, se encuentran el debido proceso, la seguridad jurídica y la legalidad; sin embargo, estos derechos de rango constitucional, solo pueden ser examinados inmediatamente en el juicio de amparo indirecto, cuando su violación es directa, y no por mera infracción a normas secundarias procesales, por lo que, cuando el legislador ocupa la categoría conceptual de derecho sustantivo, lo hace para diferenciarlo de las normas adjetivas o procesales, las cuales sin duda conforman esquemas jurídicos que hacen efectiva la tutela judicial efectiva, pero en un grado operativo casuístico, mientras que las normas sustantivas representan expresiones absolutas del derecho, que obligatoriamente debe cumplir el Estado, con independencia de la posición procesal de las partes y rigen su proceder en forma permanente, y por ello, su violación es ipso facto irreparable, procediendo el control constitucional ciudadano, a través del juicio de amparo. Sobre este tema, pueden consultarse los criterios del Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 189 y 175, localizables en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, de rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS."; y, "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." En el caso particular, se considera que la omisión de implementar de manera integral las tecnologías de la información, eficaces y suficientes, para la tramitación electrónica del expediente laboral de origen, a fin de abandonar gradualmente el sistema tradicional escrito, no son actos de imposible reparación, en virtud de que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino en todo caso derechos adjetivos que pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene una sentencia favorable a sus intereses. Lo expuesto encuentra sustento en la Jurisprudencia IV.3o. J/9, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en la página 333, del Tomo II, de octubre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE." Cabe resaltar, que se tiene en cuenta, la tesis jurisprudencial VI.1o.A. J/10 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 1570, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)". En este criterio, medularmente se sostiene que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las violaciones procesales relevantes, que son aquellas que afectan a las partes en grado predominante o superior, procediendo en su contra el juicio de amparo indirecto, bajo una interpretación amplia y más benéfica para los gobernados. Sin embargo, se comparte el diverso criterio contenido en la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." En este otro criterio, sustancialmente se sostuvo que la ley de la materia precisa cuáles son los actos de imposible reparación en la fracción V de su artículo 107, lo que implica que una violación adjetiva, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, en virtud de que esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Sin embargo, esta juzgadora atiende al último criterio señalado, en razón de que es acorde a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada el seis de junio de dos mil catorce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que emitió al resolver la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En este criterio, se determinó que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que los actos de imposible reparación son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual constituye una aclaración del legislador secundario que genera una mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, al establecer que esos actos, para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En consecuencia, se determina que los actos que reclama ante esta instancia constitucional la parte quejosa, de ninguna manera son reclamables a través del amparo indirecto, ya que no se trata de una omisión que traiga aparejado en sí un daño en contra de su persona o en su patrimonio, dado que para ser calificado como acto irreparable, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos y sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En efecto, toda vez que el juicio de amparo biinstancial, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que transgredan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución, los actos que se pretende reclamar en esta instancia constitucional por sí mismos, no lesionan los derechos sustantivos de la parte peticionaria del amparo de forma directa e inmediata, ni se encuentra en alguno de los supuestos considerados de ejecución imposible de reparar, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues los actos impugnados constituyen una omisión verificada dentro de la controversia laboral de origen, que puede ser reparada a través del dictado de una sentencia que le sea favorable, y que por lo mismo no se ha consumado irreparablemente la violación de que se trata, en el disfrute de algún derecho fundamental, lo que conlleva a que la demanda resulte improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, interpretado a contrario sensu. Así es, los actos reclamados no pueden considerarse como aquéllos que justifiquen la procedencia del amparo indirecto, en virtud de que no tienen una característica de ejecución irreparable en virtud de que no afectan de modo directo e inmediato un derecho sustantivo de la parte promovente, sino que se trata de una cuestión de carácter procedimental. Por los razonamientos que han sido expuestos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es desechar la demanda en estudio, por lo que respecta a los actos reclamados identificados en el inciso a). Por otra parte, por lo que hace al diverso acto que reclama la parte quejosa, identificado con el inciso b), consistente en la omisión de practicar todas las notificaciones por estrados o por lista del Juzgado en su buzón electrónico, dentro del juicio laboral L0292/2022-I, del índice del Juzgado Tercero de Oralidad Laboral Regional del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, y no únicamente las que se ordenen notificar personalmente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." El precepto reproducido se refiere a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo que es el de definitividad, en virtud del cual, por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto en la ley ordinaria y sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción en comento permite concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se prevea en el procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga en el procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Por su parte, en el presente asunto el promovente del amparo señaló como acto reclamado la omisión de practicar todas las notificaciones por estrados o por lista del Juzgado en su buzón electrónico, dentro del juicio laboral L0292/2022-I, del índice del Juzgado Tercero de Oralidad Laboral Regional del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, y no únicamente las que se ordenen notificar personalmente. Ahora bien, de la lectura de los antecedentes del acto reclamado se observa que el contradictorio laboral de origen se encuentra en la etapa de trámite, esto es, aun no se ha citado a las partes para oír sentencia, por ende, respecto de las notificaciones que se le realicen a la quejosa, en su carácter de parte actora dentro de dicho procedimiento y que considere que no se encuentran legalmente realizadas, está en aptitud de promover el incidente de nulidad de notificaciones, previo a acudir al presente juicio de amparo. Para justificar tal aserto se tiene en cuenta que los artículos 752, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, disponen lo siguiente: "Artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo. "Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas." "Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Lo establecido en los párrafos anteriores no aplica en lo que se refiere al juicio individual ordinario previsto en el capítulo XVII del presente Título. Al promoverse un incidente, se señalarán los motivos de este y acompañarse las pruebas en que lo funde; de no cumplir con dichos requisitos, el tribunal lo desechará de plano. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes." De los preceptos citados se obtiene que las notificaciones respecto de las cuales la quejosa considere que no se encuentran realizadas de manera legal dentro del contradictorio de origen, son impugnables a través del incidente de nulidad previsto en los numerales transcritos, de lo que se colige que la quejosa, al tener el carácter de parte actora dentro del procedimiento laboral de origen, debió agotar dicho medio ordinario de defensa en contra de las notificaciones reclamadas, antes de acudir al juicio de amparo. Por tanto, se materializa en motivo de improcedencia analizado, pues la quejosa previamente a la promoción del presente juicio de amparo, debió agotar los medios ordinarios de defensa en contra del acto reclamado analizado, lo que impone desechar la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. V. Domicilio, acceso al expediente electrónico y autorizados. Como lo solicita la parte quejosa, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario (jammojica) se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. De la misma forma, como solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio, al usuario (jammojica). Se comisiona a la Oficial Judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta y notificación electrónica del presente expediente, en los términos anteriormente apuntados. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Ascención Mojica Mendoza, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral a las diversas personas que indica, por así haberlo solicitado. Del mismo modo, se le tiene proporcionando cuenta de correo electrónico y números telefónicos, con la finalidad de establecer contacto, lo cuales serán tomados en consideración en caso de que se requiera entablar comunicación no procesal durante el trámite del presente asunto. Sin que pase inadvertido que la parte impetrante también señaló un domicilio físico para oír y recibir notificaciones; sin embargo, lo cierto es que deben priorizarse las notificaciones electrónicas, en términos de los acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Se exhorta a la parte quejosa. Se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VIII. Acuerdos generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). IX. Se ordena generación de versión pública. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, para que pueda ser consultable por el público en general. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, secretaria que autoriza y da fe.

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