Micaela Ruiz Rocha

Expediente 569/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
569/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • Micaela Ruiz Rocha

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    cúmplase

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe sobre la suspensión de plano otorgada en autos, rendido por: 1. la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, en contestación al oficio 11546/2021.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos la constancia actuarial de nueve de junio del año en curso, suscrita por la Fedataria adscrita a este Juzgado Federal en la que hace constar que en cumplimiento a lo ordenado en proveído de esa propia data, se constituyó con las formalidades de ley en las instalaciones que ocupa el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, localizando a las quejosas: ******* A quienes les informó el motivo de su presencia e hizo de su conocimiento el contenido íntegro del mencionado auto; además, dio fe que las personas en comento manifestaron encontrarse en buen estado físico y de salud, aunado a que el lugar en el que se encuentran tiene las condiciones básicas para sus necesidades fisiológicas. Asimismo, de la diligencia de notificación que nos ocupa, se advierte que al requerir a las directas solicitantes de amparo para que manifestaran si era su deseo ratificar la demanda de derechos fundamentales promovida a su favor respondieron que desistían y no ratificaban la demanda de amparo, renunciando al término para recurrir el desistimiento. Con base en lo antes expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el diverso acuerdo de nueve de junio de dos mil veintiuno, y con fundamento en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 15 de la ley de amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO dejandose sin efectos las providencias dictadas al respecto, incluida la suspensión de plano decretada en el citado auto respecto de las quejosas: *** SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Por tanto, para fines estadísticos se deja sin efecto la audiencia constitucional que se encontraba fijada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. CAUSA ESTADO Finalmente, toda vez que las directas quejosas desistieron expresamente en la diligencia de cuenta del término para recurrir la determinación que antecede; en consecuencia, se declara que aquella ha CAUSADO ESTADO de conformidad con lo previsto en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación en suplencia a la Ley de Amparo. ?????????????? ANOTACIONES Al tratarse de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se establece: El expediente es DEPURABLE una vez concluido el plazo de tres años, dado que si bien se tuvo por no presentada la demanda de amparo, lo cierto es que se concedió la suspensión de plano respecto de uno de los actos reclamados. En la carátula del expediente anótese la circunstancia de que el cuaderno principal es depurable, así como la fecha en que se ordena su archivo. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    Se tienen por recibidas las demandas de amparo promovidas por Fórmese expediente físico y electrónico, regístrense su llegada en el libro de gobierno bajo los índices 569/2021-VII y 570/2021-VIII. Ahora bien, de la imposición integral que se efectúa de las demandas de amparo y de la comparación entre éstas, se advierte que las quejosas reclaman actos idénticos, a saber: a) La orden de traslado de centro penitenciario b) malos tratos e incomunicación. Por lo que en las narradas circunstancias, este Juzgador advierte que es procedente la acumulación de los juicios de derechos fundamentales precisados, por los motivos que se exponen enseguida. En principio, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. Por tanto, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo. Figura jurídica que guarda su origen en el numeral 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, mismo que textualmente dice: "ARTICULO 72.- Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero." Ahora, en el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. De esa guisa, se obtiene que para decretar la acumulación de juicio deben verificarse las siguientes exigencias: a) Que el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades; o b) Que diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado. Por tanto, en el caso se colman los requisitos establecidos en el inciso b), debido a que los juicios de amparo que se pretenden acumular, si bien son promovidos a favor de distintas quejosas, lo cierto es que se duelen de los mismos actos reclamados. De ahí, que al existir identidad entre los actos reclamados y autoridades responsables, sea procedente la acumulación de los mencionados juicios de amparo; máxime si se considera que la finalidad perseguida por esta figura jurídica, obedece al principio de economía procesal, dado que en un solo juicio se resuelven las pretensiones de éstos, con lo que además, se evita dictar sentencias contradictorias en asuntos similares. Así las cosas, dado que en este Juzgado están radicados los juicios constitucionales, no es necesario que la acumulación se tramite a petición de parte, pues conforme a la interpretación del artículo 66 de la ley de Amparo, al estar radicados en este órgano jurisdiccional, puede decretarse oficiosamente. En tal virtud, con apoyo en el numeral 66 de la Ley de la Materia, SE DECRETA DE OFICIO LA ACUMULACIÓN de la demanda de amparo registrada con el índice 570/2021-VIII, al diverso 569/2021-VII, por ser éste el más antiguo; lo anterior, con la finalidad de velar por la economía procesal y celeridad, así como la de evitar sentencias contradictorias. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LAS DEMANDAS RESPECTO A LA ORDEN DE TRASLADO RECLAMADA, Ahora bien, conforme con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así las cosas, este Juzgado Federal procede a realizar el análisis del acto reclamado, consistente en la orden de traslado de las que se duelen las quejosas; respecto del cual se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]." Sobre el particular es necesario puntualizar, que el principio de definitividad atiende a la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario y, básicamente consiste en que previamente a instar la acción de amparo, la parte quejosa debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. El principio de definitividad implica el agotamiento previo del medio de defensa ordinario procedente, respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la parte quejosa de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. Asimismo, vía jurisprudencia se ha sustentado que para los efectos de juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. Así, en contra de la orden de traslado que aquí se reclama, debe agotarse el medio de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional, esto es, la denominada controversia judicial a que se refieren los artículos 52 y 117 fracción III del mencionado ordenamiento legal. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), undécima época del Semanario Judicial de la Federación, materia penal, registro digital 2023190, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." Corrobora lo anterior, que el diecisiete de octubre del dos mil dieciocho, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 57/2018, de la que derivó la jurisprudencia 79/2018 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2018545, que a la letra dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positiva necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Así es, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura1. b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario2. c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes3. En el caso, la parte promovente de amparo señala como acto reclamado la orden de traslado del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, a diverso centro penitenciario; por lo tanto, su estudio se limita al procedimiento identificado bajo el inciso "c)", respecto del que la Ley Nacional de Ejecución Penal distingue tres tipos de traslados: Sistema de Traslados: c) Traslados voluntarios, son los que solicita el propio interno ante el Juez y éste lo autoriza; d) Traslados involuntarios, los que impone la autoridad con previa autorización judicial; y, e) Traslados urgentes (o excepcionales), impuestos u ordenados por la autoridad penitenciaria, a través de una resolución administrativa, sin consentimiento del interno, pero con autorización judicial posterior. Se explica: 1. Los traslados voluntarios previstos por el numeral 504 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrar una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país, operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. 2. El traslado involuntario tanto de procesados como de sentenciados, conforme al artículo 515 de la ley nacional especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. 3) Los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 526 de la Ley de Ejecución, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado Ahora bien, en contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso y otro, a petición de parte: ? La Ley de Ejecución en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. ? Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley de Ejecución Penal. Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Ello, por considerar la Primera Sala del Máximo Tribunal del País que en función de la regulación que actualmente establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, la orden de traslado emitida por autoridad administrativa sin autorización judicial previa, constituye un acto dictado dentro del procedimiento; y por tanto, ya no se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo, que precisa que la suspensión se concederá de oficio y de plano, cuando el acto reclamado importe un ataque a la libertad personal fuera del procedimiento. En esta tesitura, se colige que con la entrada en vigor se la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las situaciones relacionadas con la reclusión del ahora quejoso; como lo es, lo relativo a su traslado; adicionalmente cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, por lo que es inconcuso que dichos procedimientos deber ser agotados previo a la presentación del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad. Atento a lo expuesto, resulta improcedente el amparo indirecto promovido contra la orden de traslado, al tratarse de un acto ocurrido dentro de un procedimiento, el cual no deja sin defensa a la parte quejosa ni puede verse de forma autónoma, más bien constituye una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de que el Juez de instancia analice si dicho acto reclamado está o no apegado a derecho. Atento a lo anterior, si las internas aquí quejosas promueven la acción constitucional contra una orden de traslado a otro centro de reclusión sin que previamente hubiera agotado los citados medios de impugnación, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad; en consecuencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo respecto al acto reclamado en el inciso a) relativo a la orden de traslado aquí reclamada, por notoriamente improcedente. ADMISIÓN DE DEMANDA. Con apoyo en los artículos 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se admite a trámite respecto de los diversos actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, consistentes en los malos tratos e incomunicación que aduce el promovente, se encuentran sufriendo las directas quejosas. SE DECRETA SUSPENSIÓN DE PLANO. Así, el promovente ******, manifiesta que las directas quejosas Micaela Ruíz Rocha e Irene Rivera Hernández son víctimas de malos tratos e incomunicación; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO a fin de que a las directas quejosas ******, les sea respetada su vida e integridad física y en su caso, cese la incomunicación y golpes a que se encuentran sujetos; así como, cualquiera de los actos prohibidos a que se refiere el artículo 22 Constitucional. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15 y 26 de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, a efecto de que se traslade al domicilio de las autoridades responsables o en algún otro lugar donde tenga conocimiento que se encuentren, con el fin de notificar a las responsables y a las directas quejosas *****, el contenido del presente acuerdo; en el entendido que una vez que haga comparecer a los directas amparistas deberán requerirlas para el efecto de que manifieste en ese acto, si ratifican las demandas de amparo promovidas en su favor, o dentro del plazo de tres días hábiles; apercibiéndoles que de no hacerlo se tendrá por no presentadas las mismas y se dejarán sin efectos las providencias decretadas en este proveído, incluida su admisión y suspensión de plano. Debiendo el actuario adscrito, dar fe del estado físico que guarda la integridad de las agraviadas, así como el lugar y condiciones en que se encuentran, levantando el acta correspondiente. Se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para el desahogo de la audiencia constitucional. Con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles, posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, acompañando en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que se tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco · 9,614 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano