Micaela Ríos Valdez

Expediente 127/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
127/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
28/11/2019

Partes del expediente

  • Sandra Clementina Castro Galindo
  • Micaela Ríos Valdez
  • Francisco Javier Peinado Valdez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Queja

    ARCHÍVESE.

  2. Queja

    SIN MATERIA.

  3. Amparo en revisión

    Para los efectos legales correspondientes, agréguese el oficio 7966 que remite la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, recibido a través de la Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a través del cual acusa recibo del diverso 6392, con el que se le informó que este tribunal colegiado se declaró legalmente incompetente, por razón de la materia, para conocer del presente asunto y le remitió los antecedentes que sirvieron para dictar el fallo respectivo; además, del oficio de cuenta también se desprende que el referido tribunal colegiado aceptó a la competencia declinada y se avocó al conocimiento del asunto. En consecuencia, previa anotación en el libro de registro correspondiente, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

  4. Amparo en revisión

    Del examen de las constancias recibidas se advierte que este tribunal colegiado carece de competencia legal, por razón de la materia, para conocer y resolver acerca del recurso de revisión interpuesto por la quejosa ******, así como por la autoridad responsable, *******, que hace consistir en la sentencia de quince de mayo de dos mil diecinueve, autorizada el veinticuatro de junio del mismo año, por el Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en los autos del amparo indirecto ******. En efecto, en la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los que a continuación se transcriben: (SE TRANSCRIBEN).- El artículo 46 de la Ley de Amparo, dispone: (SE TRANSCRIBE).- Previo a las consideraciones por las cuales se estima incompetente este tribunal, es preciso destacar que la competencia es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios o conflictos. Así, un tribunal es competente para conocer de un asunto cuando hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento con preferencia a los demás órganos. En cuanto a la competencia por materia, debe precisarse que es aquélla que determina que en el juzgado o tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo que permite que los juzgadores que lo integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento a efecto de cumplir con la garantía de justicia pronta, completa e imparcial establecida en el artículo 17 de la Carta Magna. Por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos, civiles, penales y de trabajo, entre otros y, a cada uno de ellos, les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, como lo prevé el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En el caso, conviene reproducir los artículos 52 y 55 de la ley acabada de citar, que contienen los lineamientos que el legislador consideró para estimar la competencia en materia administrativa y de trabajo, cuyo contenido es el siguiente: (SE TRANSCRIBEN).- De los preceptos citados se advierte que para fijar la competencia por materia el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Los numerales señalados determinan la especialidad por materia, la cual permite aprovechar el conocimiento y la experiencia de quienes se dedican en forma preferente y permanente a una determinada rama del derecho, a efecto de cumplir con la garantía de justicia pronta, completa e imparcial prevista en el artículo 17 ya citado. Aun cuando los criterios señalados se refieran a la competencia por materia de los juzgados de Distrito, son también aplicables a la competencia por materia de los tribunales de Circuito, conforme al principio jurídico que establece que donde existe la misma razón debe regir igual disposición. Los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen: (SE TRANSCRIBEN).- De la lectura de los preceptos transcritos, se advierte con claridad que en éstos se prevé cuáles son los asuntos que serán competencia de los tribunales colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación y, que cuando dichos tribunales se encuentren especializados, conocerán de los juicios que traten sobre la materia de su especialidad. El punto cuarto del Acuerdo General 41/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la fecha de inicio de Especialización, Nueva Denominación y Competencia de los Tribunales Colegiados del Quinto Circuito con residencia en esta ciudad; a las reglas del turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los mencionados órganos colegiados, dispone lo siguiente: "Los Tribunales colegiados especializados en las materias civil y de trabajo del quinto Circuito conocerán de los asuntos a que se refiere el artículo 37, fracciones I, incisos c) y d); II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en las materias de su especialidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 38, del propio ordenamiento legal invocado." De manera que, en el juicio de amparo donde se emitió la sentencia recurrida, no versa sobre las materias a que se refieren los artículos 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que sí son de la competencia de este Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, de conformidad con el punto cuarto del Acuerdo General 41/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal anteriormente mencionado, pues en cuyo caso no se trata de un asunto de los que este tribunal colegiado está legalmente facultado para conocer y resolver, en términos de las aludidas disposiciones y del punto y Acuerdo General descritos. Lo anterior resulta así, tomando en consideración que, de conformidad con el citado punto cuarto del referido Acuerdo, este tribunal colegiado especializado en materias civil y laboral, conocerá de los asuntos que señala el artículo 37, fracciones I, incisos c) y d); II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, más no así de los diversos señalados en la fracción I, inciso b) de dicho numeral. Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial 2a./J.24/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 412, del tomo XXIX, marzo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado". También, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 2a./J. 145/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1689 del Tomo II, octubre de 2015, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA. SE DETERMINA ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 79/2015, en sesión de 10 de junio de 2015, por mayoría de 3 votos interrumpió el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 4/2013 (10a.) (*). Así, actualmente, para establecer la competencia por materia de un Tribunal Colegiado de Circuito especializado para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia, debe atenderse tanto a la naturaleza del acto reclamado como a la de la autoridad señalada como responsable, sin considerar la materia en la que el Juez de Distrito con competencia mixta haya fijado su competencia". Así, debe decirse que, si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y el patrón para el cual haya laborado; también lo es que la surgida entre aquél y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, es una nueva relación, ya no de naturaleza laboral, pues es evidente que la relación laboral respectiva no se extiende después de concedida la pensión solicitada, pues no hay que soslayar que en ocasiones la pensión se otorga cuando la relación laboral culminó, como las pensiones por causa de muerte o por cesantía en edad avanzada. Así se razonó en la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que dio origen a la Jurisprudencia 2ª./J.153/2009-, al resolver la Contradicción de tesis 176/2009, en la que se analiza la naturaleza material de las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado: ".1. Se trata de prestaciones en dinero que pertenecen a la categoría de la seguridad social.--- 2. Las otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a los trabajadores al servicio de las dependencias públicas.--- 3. Se proporcionan a los trabajadores (jubilación, invalidez, etcétera) o a sus derechohabientes (muerte o vida, viudez, orfandad).--- 4. Pueden ser de diversos tipos: jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, invalidez, muerte o vida, etcétera.--- 5. Para su otorgamiento, deben cumplirse los requisitos que la ley establece.--- Atendiendo a las características mencionadas también se puede arribar a la conclusión de que las pensiones pertenecen a la materia administrativa, porque si bien es cierto que se enmarcan dentro de las prestaciones de seguridad social y que derivan de la antigüedad en una relación de trabajo, también lo es que por regla general, la relación laboral respectiva no se extiende después de concedida la pensión solicitada, porque precisamente la pensión tiene su justificación en el otorgamiento de prestaciones en dinero otorgadas por el cumplimiento de determinados requisitos de antigüedad, edad y otros diversos, para permitir la subsistencia del trabajador o de sus derechohabientes, después de concluida la relación de trabajo.--- Asimismo, la pensión no constituye una prestación de tipo laboral como el salario, las vacaciones, el aguinaldo, los vales de despensa, la habitación, los bonos de productividad, los premios por puntualidad, por asistencia, el pago de becas, etcétera, que se otorgan durante la vigencia de la relación de trabajo, sino que se proporcionan después de ella, por los motivos especificados en la ley, y bajo el cumplimiento estricto de los requisitos legales. Asimismo, el obligado al pago de las pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado derivado del pago de las cuotas de seguridad social realizadas por las dependencias públicas a favor de sus trabajadores, por lo cual surge una nueva relación de naturaleza administrativa entre dicho instituto y los trabajadores o sus derechohabientes. De lo expuesto se colige que el acto reclamado consistente en la indebida cuantificación de la pensión. sin lugar a dudas pertenece a la materia administrativa, porque además, por las razones expuestas, no se está cuestionando el derecho a obtener la pensión, ni está en juego su revocación, sino que esa prestación económica está otorgada a favor del trabajador o de su derechohabiente, y solamente se cuestiona su determinación líquida por no contener la cantidad correspondiente.". En este contexto, si lo que se reclama en el juicio de origen no es en sí el otorgamiento de la pensión -pues ni éste, ni el derecho a ella se encuentra cuestionado- sino la forma en que se le da destino al numerario respectivo que al final implica la forma integral de calcularse, debe decirse que la relación que surge entre el instituto y el derechohabiente, con motivo de ese acto, es de naturaleza eminentemente administrativa, pues se insiste, no se está cuestionando el derecho a obtener la pensión, ni está en juego su revocación, sino que esa prestación económica ya está concedida a favor de la trabajadora y solamente se impugna una deducción en su pago, con motivo de la aplicación del artículo 25 de la Ley número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, tildado de inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia clave 2ª./J.153/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 94, del tomo XXX, octubre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y, en medios electrónicos, bajo número de registro 166110, cuyos rubro y texto son: "PENSIONES DEL ISSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa la competencia por materia de los Juzgados de Distrito en sus artículos 51, 52, 54 y 55, de los que se advierte que para fijar la competencia por materia en los juicios de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Ahora, si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, en la que éste actúa con el carácter de autoridad, pues puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado. En este tenor, el acto reclamado consistente en la indebida cuantificación de una pensión a cargo del Instituto pertenece a la materia administrativa, porque no se cuestiona el derecho a obtenerla, ni está en juego su revocación, sino que esa prestación económica está otorgada a favor del trabajador o de su derechohabiente, y solamente se impugna su determinación líquida por no contener la cantidad correspondiente a los incrementos que le corresponden de acuerdo con la norma aplicable; de ahí que la competencia por materia para conocer del juicio de garantías instaurado en su contra se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa en los lugares en que exista esa competencia especial, sin perjuicio de que los órganos jurisdiccionales con competencia mixta conozcan de dichos juicios donde no exista la competencia especializada". Asimismo, diversa la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 282 del tomo XXXI, enero de 2010, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PENSIONES DEL ISSSTELEÓN. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN. Si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, en la que éste actúa con el carácter de autoridad, pues puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado. En este tenor, el acto reclamado consistente en la indebida cuantificación de una pensión a cargo del Instituto pertenece a la materia administrativa, porque no se cuestiona el derecho a obtenerla, ni está en juego su revocación, sino que esa prestación económica se otorga a favor del trabajador o de su derechohabiente y solamente se impugna su determinación líquida por no contener la cantidad correspondiente a los incrementos que le corresponden acorde con la norma aplicable; de ahí que la competencia para conocer del juicio en que se reclama su indebida cuantificación se surte a favor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León". En virtud de las consideraciones que se expresan, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, tercer párrafo de la Ley de Amparo, este tribunal colegiado se declara legalmente incompetente, por razón de la materia, para conocer del presente recurso de revisión; en consecuencia, se ordena la remisión del asunto con sus anexos, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito a quien por razón de turno corresponda, por conducto de la sección respectiva de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados del mismo Circuito con residencia en esta ciudad, a efecto de que en caso de aceptar la competencia declinada por este tribunal colegiado, se avoque a su conocimiento. Fórmese cuaderno de antecedentes para el archivo de este órgano jurisdiccional.

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