MICAELA RAMIREZ URIBE y Otros.
Expediente 643/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 643/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- MICAELA RAMIREZ URIBE y Otros.
Actuaciones
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la resolución de diecinueve de julio de dos mil diecinueve, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2, se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por ***, por medio del cual dan cumplimiento a la prevención formulada en auto de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en los siguientes términos: En lo que se refiere al requerimiento establecido como inciso a), se contesta lo siguiente: Referimos que es un imposible que nuestro hijo de nombre ***, pueda acudir en forma directa y personal ante este H. Tribunal, a interponer la presente demanda de amparo, toda vez, que el mismo se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de Guanajuato, Gto., toda vez que se le tiene en calidad de imputado dentro de la carpeta de investigación ***, seguida por el juzgado de Control, en la Ciudad de Guanajuato, Capital, por tal motivo le es imposible complementar en forma personal y directa con lo exigido en este requerimiento, solicitando desde este momento a este H. Juzgado proceda conforme lo establece el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo de la Ley de Amparo vigente. En lo que se refiere al requerimiento establecido como inciso b), se contesta lo siguiente: Se precisa que tanto los suscritos, como nuestro hijo *** les pedimos en forma verbal y directa tanto a la autoridad médica del Hospital general del Municipio de Villagrán, Gto., como a la autoridad aprensora (sic) integrada por elementos de la Corporación Policiaca denominada "FSPES", Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, para que el quejoso quedara resguardado en el Hospital General, en donde se encontraba recibiendo atención médica, mientras sanaba las graves heridas y lesiones que traía en su cuerpo, advirtiéndose a estas autoridades que era riesgoso trasladar al C. ***, al Centro de Readaptación Social, con residencia en la ciudad de Guanajuato, Gto., toda es que en este lugar no se cuenta con medio de higiene, salubridad, instrumentos médicos adecuados, ni mucho menos con médicos especialistas para atender la grave lesión que presenta el ahora quejoso, como consecuencia de los excesos, violencia y arbitrariedad de la autoridad aprensora (sic)." Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado como: a) La ilegal retención quien se hiciera a nuestro hijo **, aunado a la ilegal golpiza y/o tortura que le propiciaron los agentes aprehensores. De la transcripción anterior se advierte que el directo quejoso ***, se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social, con residencia en la ciudad de Guanajuato, Capital, a disposición del Juez de Control Federal, con sede en la referida ciudad, en la calidad de imputado dentro de la carpeta de investigación ***, de lo que se desprende que éste no se encuentra imposibilitado para acudir a este instancia judicial, ya que se tiene conocimiento en donde se encuentra y a disposición de que autoridad (situación que no se refiere a que comparezca personalmente ante este Juzgador, sino a que no tiene imposibilidad alguna para plasmar su voluntad en la demanda de amparo promovida, es decir, firmar o en su caso estampar su huella digital). Atento a lo anterior, se provee: El artículo 113 de la Ley de Amparo estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese contexto, se estima que con relación a los referidos actos reclamados, se surte de un modo manifiesto, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 5°, fracción I y 6° del mismo cuerpo de normas invocado, pues el acto combatido no genera en la esfera de derechos del promovente agravio personal y directo. En efecto, los dispositivos de mérito estatuyen lo siguiente: Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. En términos de las disposiciones legales transcritas, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. En este sentido, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, debiendo interpretarse perjuicio en el sentido de ofensa al derecho del quejoso, por lo que el mal debe ser real y efectivo para la procedencia del juicio constitucional, de modo que debe exigirse la comprobación por parte de éste, del derecho o interés que, en su concepto, ha sido afectado por el acto o actos que reclame de las autoridades responsables. Lo anterior significa que sólo el quejoso directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional es el que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso o por su representante legal, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, con la salvedad de las excepciones previstas por los artículos 8°, 15, y 16, de la Ley de Amparo, ya que, al ser la titularidad de la acción de amparo un derecho personalísimo, en principio, no es disponible para que la ejerzan personas distintas a los quejosos o diversas a quienes legalmente los representen. Así, el agravio en cuestión debe ser material y susceptible de apreciarse objetivamente, entendiéndose por dicha afectación toda lesión u ofensa que la persona física o moral recibe en sus intereses jurídicos en lo individual como resultado de la emisión o ejecución del acto reclamado. Entonces, cuando esa afectación no proviene del acto reclamado sino que pudiese tener su origen en una fuente diversa, el juicio de amparo es improcedente para combatir sus efectos, pues sería desacertado el pretender instaurarlo para nulificar un acto que no es el que lesiona la esfera jurídica del particular, y así, aquél debe sobreseerse por lo que ve a tal suceso, ante la ausencia de un agravio personal y directo ocasionado por la emisión o ejecución del acto reclamado. En el caso en estudio, *** promueve la demanda de amparo a favor de ***, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio (denominación correcta del que señala como Juez de Oralidad Penal Federal y/o Juez de Control) y Director del Centro de Reinserción Social, ambos con residencia en Guanajuato, Capital, contra el acto, entre otros, especificado como inciso a). Ahora, si bien es cierto que dichos actos reclamados encuadran dentro de las hipótesis que prevén y desarrollan los artículos 6 y 15 de la ley de la materia, puesto que el primero de dichos dispositivos legales establece la posibilidad de que la demanda de amparo la promueva alguna persona extraña, en los casos en que la propia Ley de Amparo expresamente lo permita o bien, por conducto del defensor cuando el acto derive de un procedimiento penal, mientras que el diverso numeral 15 del señalado ordenamiento legal establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Empero, en el presente caso no se configura ninguno de los supuestos que señalan tales numerales, ya que del escrito de cumplimiento de cuenta, se desprende que el directo quejoso fue privado de su libertad con motivo de la investigación derivada de la carpeta de investigación 531/2019, que ahora se encuentra a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio; dejándolo recluido en el interior del Centro Estatal de Reinserción Social de la ciudad de Guanajuato, Capital, de ahí que en la realidad la orden por la cual *** fue detenido no encuadra en el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo (privación de la libertad fuera de procedimiento), ni fue objeto de desaparición forzada o de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, consistentes en pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales. En consecuencia, se concluye que al momento de la presentación de la demanda ***, carecían de representación para acudir ante esta instancia constitucional a promover demanda de amparo en favor de ***, ya que en el caso no se configuraban los supuestos que establecen los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo, dado que al ser privado de su libertad con motivo de una orden de aprehensión y al no estar incomunicado, el directo quejoso tenía la posibilidad de promover la demanda de amparo directamente de estimar ilegal su detención, por ello los promoventes de la demanda de amparo no se encuentran legitimados para promover demanda de amparo a favor de su hijo. Por lo que respecta al acto reclamado como: b) La omisión de acordar las peticiones de los suscritos REALIZAMOS (sic) verbalmente, para que nuestro hijo permaneciera en un Hospital General y/o Centro Comunitario, antes de ser recluido en el CERESO. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente respecto de dicho acto reclamado; lo que actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, el cual es del tenor siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; Como se advierte, en términos de la fracción del dispositivo reproducido, la improcedencia del juicio de amparo deriva de que los actos reclamados han sido consumados irreparablemente; entendiéndose por actos consumados, aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Asimismo, en términos de la doctrina jurídica, atendiendo a su naturaleza y efectos, los actos consumados se clasifican en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que, a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, acorde a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas; de ahí que resulta necesario determinar, para efectos de establecer si el juicio de amparo resulta procedente, si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, lo que se hace atendiendo los efectos del acto y consecuencias de su ejecución. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la tesis número emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). Así como la jurisprudencia 135 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. OBJETO DE AMPARO. No tienen ese carácter los que pueden repararse por medio del juicio constitucional, cuyo objeto es precisamente volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada. Ahora bien, como se indicó, el acto reclamado que se analiza se hace consistir en la omisión de acordar las peticiones de los promoventes del amparo que realizaron verbalmente, para que su hijo permaneciera en el Hospital General con residencia en Villagrán, Guanajuato, y no ser recluido en el Centro de Readaptación Social, con sede en Guanajuato, Capital, lo que implica una afectación a su libertad personal. En ese sentido, se aprecia que *** fue detenido el pasado once de julio de dos mil diecinueve, y como consecuencia de ello, se trasladó al Centro de Readaptación Social, con residencia en Guanajuato, Capital, a lo cual los referidos promoventes manifestaron que no era su deseo que su ya multicitado hijo, fuera trasladado del Hospital de Villagrán, Guanajuato, al referido centro de reclusión. En ese contexto, se pone de manifiesto que las consecuencias y efectos del acto reclamado, ya fueron superados por el resultado jurídico obtenido con posterioridad a la materialización del mismo por parte de los quejosos, al haber sido trasladado Ángel David Mendoza Ramírez del Hospital General de Villagrán, Guanajuato, al Centro de Readaptación Social, con sede en Guanajuato, Capital; situación que deja a este órgano de control Constitucional en la imposibilidad jurídica de restituir a los aquí quejosos en el goce pleno de los derechos que estimaron violados con motivo de la realización de aquél. Ello, pues de nada serviría analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del referido acto, si ya ha sido agotado en su integridad; máxime que es evidente que en el caso concreto ya no hay materia en la que surta efectos, es decir, ya no hay consecuencias que detener; de ahí que en la ley de la materia se establezca la improcedencia del juicio Constitucional en tratándose de actos como el que ahora se analiza. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis jurisprudenciales 2a./J. 171/2007 y 174, ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros y textos siguientes: ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. En las relatadas condiciones, al haberse consumado de modo irreparable los efectos del acto reclamado por los aquí quejosos al resultar técnicamente imposible el restituirlos con relación a las garantías constitucionales que alegan se transgredieron en su contra. Aunado a que el quejoso directo ***, ya se encuentra a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, por lo que le corresponde a este último dilucidar sobre la libertad del referido ***. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con sus diversos numerales 61, fracción XXIII y XVI, 6 y 15, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por improcedente la demanda de amparo de que se trata.
- Principal
Visto el escrito de demanda promovida por ***, por propio derecho y en representación de ***, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Oralidad Penal Federal, con residencia en Guanajuato, Capital y otra autoridad. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 643/2019-III.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, de los Acuerdos Generales Conjuntos números 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, los promoventes del amparo aducen acudir al amparo en representación de su hijo Ángel David Mendoza Ramírez (que del acta de nacimiento que agregan a su demanda de cuenta, se advierte que el mismo ya cuenta con la mayoría de edad) ya que manifiestan que éste ha sido torturado por parte de las autoridades responsables, para ello es preciso establecer el contenido del artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación al diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, que a la letra dice: Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. De la transcripción anterior, se advierte que puede acudir a esta instancia constitucional cualquier persona en nombre del quejoso directo, siempre y cuando éste se encuentre imposibilitado para ello, lo que en el presente asunto no se advierte dicha circunstancia, por ende, a fin de acordar lo procedente sobre su admisión o desechamiento, tomando en cuenta que el ARTÍCULO 261, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, señala que se impondrá una sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso, autorizado, o bien a ambos, que en el juicio constitucional con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo; y con apoyo además en los artículos 108, fracción I, 110, 112 y 114, fracción I, de la Ley en cita, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído: a) Si el quejoso directo se encuentra imposibilitado para acudir por propio derecho a esta instancia Constitucional y diga con base en qué. Ya que en los antecedentes de la demanda de cuenta, anotan bajo protesta de decir verdad, manifiesto que este estuvo incomunicado, y que el motivo de que este no se había comunicado con los hoy quejoso, lo era porque se lo habían prohibido; es decir, de dicha transcripción se infiere que ya no se encuentra imposibilitado, se insiste para efecto de acudir al referido juico de amparo, ya que se pudo entablar comunicación con los referidos promoventes; por ende, se trataría ya de actos consumados. Por otra parte, del apartado del acto reclamado se advierte lo siguiente: Se reclama así mismo, la omisión de acordar las peticiones de los suscritos REALIZAMOS verbalmente, para que nuestro hijo permaneciera en un Hospital General y/o Centro Comunitario, antes de ser recluido en el CERESO, y ser atendido por Médico especialistas ya que este tiene un golpe muy fuerte en el pie derecho y en el lugar donde se encuentra corre el riego (sic) de ser infectado y se ampute su pie, por las lesiones que se le propiciaron los Agentes Aprehensores y no se le hizo caso alguno" De dicha transcripción se advierte que los aquí promoventes del amparo, realizaron una petición a efecto de que su hijo Ángel David Mendoza Ramírez no fuera trasladado del Hospital General o Centro Comunitario, a un Centro de Reclusión; sin embargo, del capítulo de autoridades responsables, señala al Juez de Oralidad penal Federal y Director del Centro de Reinserción Social, ambos con residencia en Guanajuato, Capital, por lo que no se advierte la participación de estas, ya que hace parecer que su referido hijo se encontraba internado en un centro de salud, por lo que en su caso debió de realizar dicha petición a la autoridad hospitalaria, precisamente para que no lo trasladaron ante la autoridad responsable, por ende deberá de aclarar: b) A qué autoridad realizaron la petición de que su hijo no fuera trasladado del hospital General al Centro de reclusión en la ciudad de Guanajuato, Capital. Debiendo exhibir cinco copias de su escrito aclaratorio y documento anexo para correr traslado a las partes, esto es, dos para las autoridades responsables, dos para los cuadernos de suspensión y otra para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Apercibida que de no hacerlo así en el lapso indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en Términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte promovente del amparo, los estrados de este Juzgado Federal, y como autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ***, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en la base de datos de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior de conformidad con el decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en restringidos conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, por no tener registrada su cédula profesional en la base de datos referida. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
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