Micaela López Cabrera y Otros.
Expediente 726/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Micaela López Cabrera y Otros.
- Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Téngase al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, acusando recibo e informando el contenido del proveído del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, del que se advierte que admitió el recurso de revisión hecho valer en autos, el cual registró con el número 396/2023; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase a la quejosa **********, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia del once de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítansele las constancias que integran el original del juicio de amparo en que se actúa, el original y copia del escrito de expresión de agravios, para su substanciación. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito por el que se formulan agravios e intégrese el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio impugnatorio que se provee. Notifíquese; y mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de la quejosa **********, expídase a su costa la copia certificada que solicita y entréguese previa identificación y razón que por su recibo se asiente en autos como constancia legal. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 726/2023-I; y, R E S U L T A N D O: I. ************, por derecho propio y en representación de los menores de iniciales G.Z.L., E.Z.L. y E.Z.L., demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, y otras autoridades. II. Previo desahogo de prevención y su ratificación, en proveído del veintiuno de junio de dos mil veintitrés, este juzgado federal desechó por la autoridad ahí precisada y admitió a trámite la demanda de amparo por el resto de las responsables; la registró con el número 726/2023-I; solicitó los informes con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. III. Por auto del diecisiete de julio de dos mil veintitrés se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que se reclama un acto civil que tiene ejecución dentro de la competencia territorial asignada a este juzgado. Segundo. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La falta de emplazamiento al juicio 183/2021 del índice del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, y la orden de desalojo y lanzamiento de la casa ubicada en calle Zacatecas, número doscientos doce, lote once, manzana treinta y siete W poniente, fraccionamiento Valle Ceylán, Tlalnepantla, Estado de México. Tercero. La Juez y al Ejecutor adscritos al Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, al rendir sus informes de ley, aceptaron la existencia de los actos reclamados, por tanto se tienen presuntivamente ciertos. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitieron en apoyo a sus informes justificados. Cuarto. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, lo aleguen o no las partes, toda vez que son de orden público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". Precepto legal que tiene íntima relación con el diverso artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamada violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causa un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejoso en los términos de esta Ley". De lo anterior se advierte que el artículo 5o., fracción I, citado, amplía el principio de instancia de parte agraviada, para considerar como tal, a toda persona que aduce ser titular de un derecho o un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola sus derechos fundamentales y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa o de su especial situación frente al orden jurídico, esto es, reconoce la institución del interés legítimo para demandar el amparo. Empero, tal reconocimiento no opera tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya que en tales hipótesis legales el quejoso debe aducir y, por tanto, demostrar ser titular de un derecho subjetivo que le afecte de manera personal y directa; es decir, deberá acreditar contar con interés jurídico como lo dispone el propio precepto legal en estudio. En ese sentido, la procedencia de la acción de amparo respecto de los actos reclamados que derivan de un proceso seguido ante un tribunal judicial, como en la especie acontece, está supeditada a que el peticionario de amparo demuestre tener interés jurídico. Precisado lo anterior, se colige como postulado fundamental del juicio constitucional, que es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de amparo, que los peticionarios de amparo demuestren su interés jurídico, el cual, ha sido concebido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación, es decir, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías. En ese contexto, la quejosa basa su derecho de pedir en el agravio que dice le causan las actuaciones dictadas en el juicio ordinario civil (reivindicatorio) 183/2021, del índice del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, respecto de la casa ubicada en calle Zacatecas, número doscientos doce, lote once, manzana treinta y siete W poniente, fraccionamiento Valle Ceylán, Tlalnepantla, Estado de México, sin haber sido oída y vencida conforme a las formalidades de ley. Ahora, a efecto de acreditar su interés jurídico, es decir, para demostrar que es titular del bien inmueble en cuestión, exhibió: a) Contrato privado de donación del veinticuatro de abril de dos mil quince celebrado entre Guillermo Zepeda Beltran en su carácter de "donante" y la hoy quejosa Micaela López Cabrera, por sí y en representación de los menores de iniciales G.Z.L., E.Z.L. y E.Z.L., en su carácter de "donatarios", y como testigos Arturo Beltrán Gómez y Diego Perales Galleguillos. b) Acta de defunción de Arturo Beltrán Gómez donde consta que su deceso ocurrió el quince de septiembre de dos mil dieciocho. c) Estado de cuenta bancario del seis de febrero de dos mil quince; copia simple de dos avisos recibos de la Comisión Federal de Electricidad; copia simple de la credencial para votar; dos carnets de citas; y una credencial de escuela primaria oficial "Diario de México". d) Testimonio de José Luis Rojas Escalante. Sobre dichos medios de convicción y, en específico, el precisado con el inciso a), si bien dicho contrato adquirió fecha cierta a partir del quince de septiembre de dos mil dieciocho, fecha en la que falleció Arturo Beltrán Gómez, tal y como lo señalo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto, se citan a continuación: Registro digital: 2012310 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 18/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 768 Tipo: Jurisprudencia "DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA. PARA EFECTOS DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN SE OSTENTA COMO PROPIETARIO DE UN INMUEBLE EN UN JUICIO DE AMPARO, ADQUIERE FECHA CIERTA CON EL FALLECIMIENTO DE CUALQUIERA DE SUS TESTIGOS FIRMANTES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/97, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 46/99, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.",¹ determinó que los documentos privados, no objetados, en los que constan actos traslativos de dominio de bienes inmuebles, surten plenos efectos probatorios cuando sean de fecha cierta, lo que ocurre: 1) a partir del día en que se celebran ante fedatario o funcionario público autorizado; 2) desde que se inscriban en el Registro Público de la Propiedad; y, 3) a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Ahora bien, esta última expresión no debe interpretarse en sentido restrictivo, esto es, como referente sólo a las partes que con su firma manifestaron su voluntad de transmitir y adquirir la propiedad de un bien raíz, sino que también abarca a quienes lo suscribieron exclusivamente en su calidad de testigos, pues el concepto de "fecha cierta" de un documento privado por fallecimiento de quien lo suscribió, deriva de la imposibilidad física de que puedan suscribirlo en fecha posterior a su deceso y anterior al acto de autoridad reclamado en amparo; por lo que dada la mayor certeza que ese aspecto aporta sobre la fecha de celebración del acto traslativo del inmueble que obre en un documento privado, este último es apto para acreditar el interés jurídico de quien se ostente como su propietario en un juicio de amparo". Lo cierto es que, con tal probanza, la peticionaria del amparo no satisface el requisito indispensable para la promoción del juicio constitucional relativo al interés jurídico, ya que no es insuficiente para acreditarlo. Lo anterior es así, dado que el contrato de donación con el que pretende acreditar su interés respecto del bien que defiende, no fue inscrito en la oficina registral respectiva, de ahí que sus alcances jurídicos, deban analizarse bajo la perspectiva de los principios registrales de legitimación y fe pública o buena fe registral. Dicha afirmación se realiza, dado que de las constancias remitidas por la responsable respecto del inmueble identificado como casa ubicada en calle Zacatecas, número doscientos doce, lote once, manzana treinta y siete W poniente, fraccionamiento Valle Ceylán, Tlalnepantla, Estado de México, no se advierte la inscripción de dicho contrato; el cual, fue materia del juicio ordinario civil (reivindicatorio) 183/2021. En ese sentido, debe señalarse que si bien puede surtir efectos jurídicos el contrato de donación exhibido por la quejosa, lo cierto es que dicho documento no resulta idóneo para justificar la procedencia de su pretensión, ya que aun y cuando sea de fecha cierta anterior al juicio del que derivan los actos reclamados, ese acuerdo de voluntades y el acto que contiene -carece de inscripción registral con anterioridad a la presentación de la demanda en el juicio ordinario civil (reivindicatorio) 183/2021, por lo que en tal caso- debe atenderse a la preferencia de lo ordenado en el referido juicio. Sirven de apoyo las tesis cuyos datos de localización, rubro y texto se citan a continuación: Registro digital: 177056 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: II.2o.C.496 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Octubre de 2005, página 2314 Tipo: Aislada "COMPRAVENTA. SI NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EL DOCUMENTO DE FECHA CIERTA DONDE CONSTE DICHO CONTRATO, NO PUEDE SER OPONIBLE AL TITULAR DE UN DERECHO REAL QUE SÍ APAREZCA AHÍ MATRICULADO. Si tanto el convenio privado de compraventa exhibido por el promovente del amparo, como la escritura en la que consta el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria discutido en el juicio natural del cual emana el acto reclamado, adquieren fecha cierta en el mismo día por haber sido presentados ante un funcionario en razón de su oficio, sin poderse determinar cuál de los referidos consensos se celebró primero para establecer si el quejoso sabía o no sobre algún gravamen que pesare sobre dicho inmueble, pero uno de ellos fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y el otro no, debe prevalecer y ponderarse con mayor énfasis el que fue registrado, frente al no inscrito ahí, pues atendiéndose al principio legal que reza: "El primero en tiempo, es primero en derecho", es indiscutible que cualquier derecho inscrito debe preponderar, frente a cualquier otro, de conformidad con el alcance objetivo del numeral 803 del Código Civil para el Distrito Federal que ordena: "Todo poseedor debe ser mantenido o restituido en la posesión contra aquellos que no tengan mejor derecho para poseer.-Es mejor la posesión que se funda en título y cuando se trate de inmuebles, la que está inscrita. A falta de título o siendo iguales los títulos, la más antigua"." Registro digital: 2014858 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Civil Tesis: XX.2o.P.C.4 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, página 3175 Tipo: Aislada "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL DEL DOCUMENTO CON EL QUE UN TERCERISTA PRETENDA FUNDAR ESA ACCIÓN, CONLLEVA QUE NO PUEDA OPONERSE A UN TERCERO ADQUIRENTE DE BUENA FE, DE UN DERECHO REAL SOBRE ESE MISMO BIEN, POR ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo en la jurisprudencia 3a./J. 22/94, de rubro: "EMBARGO, ES ILEGAL EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE. (LEGISLACIÓN DE DURANGO SIMILAR A LA DEL DISTRITO FEDERAL).", que el acreedor quirografario no tiene un derecho real, ni poder directo e inmediato sobre la cosa embargada, porque el embargo realizado en un juicio ejecutivo mercantil aun cuando se encuentre registrado no puede ser oponible a quienes adquirieron con anterioridad la propiedad del bien. Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 333/2012, el dieciséis de enero de dos mil trece, sostuvo que el derecho real de propiedad del cónyuge que no fue oído en un juicio ejecutivo mercantil, respecto de un inmueble adquirido con motivo de la sociedad conyugal que no se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad, no es oponible mediante el juicio de amparo contra el derecho de quien adquirió por remate ese inmueble embargado, esto es, contra el adjudicatario de buena fe en el juicio ejecutivo mercantil pues, a partir de la venta, ésta constituye un acto traslativo de dominio que importa la concurrencia de un derecho real. Sin que obste el origen remoto del derecho de propiedad, consistente en el derecho personal que se ejerció judicialmente pues, una vez adjudicado el bien, el derecho real es totalmente independiente de su origen. Las anteriores consideraciones permiten afirmar, que mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación, derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario de buena fe que haya cubierto el precio fijado para la venta, adquiere un derecho de propiedad sobre el inmueble rematado en el procedimiento de venta judicial, lo que implica que adquiere coetáneamente un auténtico derecho real sobre ese bien raíz, en forma análoga a como sucedería en el caso de una compraventa privada. En esas condiciones, por identidad jurídica sustancial, la falta de inscripción registral del documento con el que un tercerista pretende fundar su acción de tercería excluyente de dominio, conlleva que no pueda oponerse a un tercero adquirente de buena fe, de un derecho real sobre ese mismo bien, por adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil, pues este último se encuentra inmune frente al derecho real que pretende hacer valer el tercerista, que carece de inscripción en el Registro Público de la Propiedad". Igual consideración debe hacerse respecto del estado de cuenta bancario del seis de febrero de dos mil quince; la copia simple de dos avisos recibos de la Comisión Federal de Electricidad; la copia simple de la credencial para votar; dos carnets de citas; y una credencial de escuela primaria oficial "Diario de México", toda vez que únicamente acreditan lo que en esos documentos se consignan pero no pueden tomarse como pruebas que justifique la posesión del inmueble. Sirven de apoyo las tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización se citan en seguida: Registro digital: 217786 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Civil Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo X, Diciembre de 1992, página 347 Tipo: Aislada "POSESION. NO SE JUSTIFICA CON LAS BOLETAS DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL. Las boletas de pago del impuesto predial, sólo acreditan un pago que se hizo por la cantidad que en los documentos se indica, pero dichos documentos no podrán tomarse como prueba que justifique la posesión del inmueble". Registro digital: 219234 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Civil Tesis: VI.2o. J/190 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 53, Mayo de 1992, página 63 Tipo: Jurisprudencia "POSESION. RECIBOS DE SERVICIOS QUE NO LA PRUEBAN. Los recibos de consumo de energía eléctrica, servicio de agua potable, y el contrato con la comisión municipal de agua potable y alcantarillado, únicamente justifican haber pagado tales servicios en los meses a que tales documentos se refieren; pero de ellos no se infiere que quien los presenta a juicio haya poseído el inmueble a que aquellos se refieren". Por lo que hace a la testimonial la misma carece de eficacia, tomando en consideración que aun cuando en ella se manifestó la posesión que ostenta la quejosa respecto del inmueble sujeto a controversia, la simple detentación no es susceptible de protección en el juicio de amparo, sino media una figura legal que justifique la posesión en carácter de propietario. Sirve de apoyo la jurisprudencia que a continuación se cita: No. Registro: 187,733 Jurisprudencia Materia(s): Civil Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Febrero de 2002 Tesis: P./J. 1/2002 Página: 5 "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En las relatadas condiciones, se infiere válidamente, que la quejosa carece de interés jurídico en el presente juicio de amparo, pues como quedó asentado, con las pruebas ofrecidas de su parte, no se acredita el derecho que lo legitime para acudir al juicio de amparo; por ende, al no haber demostrado el ejercicio de un derecho legítimamente tutelado sobre el bien inmueble materia de la controversia. Por tanto, en atención a que la quejosa no acreditó tener mejor derecho del inmueble que defiende, la cual, se insiste, debe acreditarse con un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Similar criterio sostuvo el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito al resolver el recurso de revisión 247/2021 el ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo la tesis de rubro y texto: Registro digital: 186402 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XVII.4o.4 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002, página 1418 Tipo: Aislada "TESIS AISLADAS DE TRIBUNALES COLEGIADOS. LOS JUECES DE DISTRITO NO ESTÁN IMPEDIDOS PARA APOYAR EN ELLAS SU CRITERIO. El Juez Federal no está obligado legalmente a sujetarse a los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito en tesis aisladas; sin embargo, sí puede apoyar su criterio en ellas por compartirlo y ser aplicable específicamente al caso que analice". Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese y por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables y al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien conoce de la queja 291/2023. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 726/2023-I; y, R E S U L T A N D O: I. Micaela López Cabrera, por derecho propio y en representación de los menores de iniciales G.Z.L., E.Z.L. y E.Z.L., demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, y otras autoridades. II. Previo desahogo de prevención y su ratificación, en proveído del veintiuno de junio de dos mil veintitrés, este juzgado federal desechó por la autoridad ahí precisada y admitió a trámite la demanda de amparo por el resto de las responsables; la registró con el número 726/2023-I; solicitó los informes con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. III. Por auto del diecisiete de julio de dos mil veintitrés se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que se reclama un acto civil que tiene ejecución dentro de la competencia territorial asignada a este juzgado. Segundo. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La falta de emplazamiento al juicio 183/2021 del índice del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, y la orden de desalojo y lanzamiento de la casa ubicada en calle Zacatecas, número doscientos doce, lote once, manzana treinta y siete W poniente, fraccionamiento Valle Ceylán, Tlalnepantla, Estado de México. Tercero. La Juez y al Ejecutor adscritos al Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, al rendir sus informes de ley, aceptaron la existencia de los actos reclamados, por tanto se tienen presuntivamente ciertos. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitieron en apoyo a sus informes justificados. Cuarto. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, lo aleguen o no las partes, toda vez que son de orden público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". Precepto legal que tiene íntima relación con el diverso artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamada violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causa un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejoso en los términos de esta Ley". De lo anterior se advierte que el artículo 5o., fracción I, citado, amplía el principio de instancia de parte agraviada, para considerar como tal, a toda persona que aduce ser titular de un derecho o un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola sus derechos fundamentales y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa o de su especial situación frente al orden jurídico, esto es, reconoce la institución del interés legítimo para demandar el amparo. Empero, tal reconocimiento no opera tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya que en tales hipótesis legales el quejoso debe aducir y, por tanto, demostrar ser titular de un derecho subjetivo que le afecte de manera personal y directa; es decir, deberá acreditar contar con interés jurídico como lo dispone el propio precepto legal en estudio. En ese sentido, la procedencia de la acción de amparo respecto de los actos reclamados que derivan de un proceso seguido ante un tribunal judicial, como en la especie acontece, está supeditada a que el peticionario de amparo demuestre tener interés jurídico. Precisado lo anterior, se colige como postulado fundamental del juicio constitucional, que es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de amparo, que los peticionarios de amparo demuestren su interés jurídico, el cual, ha sido concebido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación, es decir, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías. En ese contexto, la quejosa basa su derecho de pedir en el agravio que dice le causan las actuaciones dictadas en el juicio ordinario civil (reivindicatorio) 183/2021, del índice del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, respecto de la casa ubicada en calle Zacatecas, número doscientos doce, lote once, manzana treinta y siete W poniente, fraccionamiento Valle Ceylán, Tlalnepantla, Estado de México, sin haber sido oída y vencida conforme a las formalidades de ley. Ahora, a efecto de acreditar su interés jurídico, es decir, para demostrar que es titular del bien inmueble en cuestión, exhibió: a) Contrato privado de donación del veinticuatro de abril de dos mil quince celebrado entre Guillermo Zepeda Beltran en su carácter de "donante" y la hoy quejosa Micaela López Cabrera, por sí y en representación de los menores de iniciales G.Z.L., E.Z.L. y E.Z.L., en su carácter de "donatarios", y como testigos Arturo Beltrán Gómez y Diego Perales Galleguillos. b) Acta de defunción de Arturo Beltrán Gómez donde consta que su deceso ocurrió el quince de septiembre de dos mil dieciocho. c) Estado de cuenta bancario del seis de febrero de dos mil quince; copia simple de dos avisos recibos de la Comisión Federal de Electricidad; copia simple de la credencial para votar; dos carnets de citas; y una credencial de escuela primaria oficial "Diario de México". d) Testimonio de José Luis Rojas Escalante. Sobre dichos medios de convicción y, en específico, el precisado con el inciso a), si bien dicho contrato adquirió fecha cierta a partir del quince de septiembre de dos mil dieciocho, fecha en la que falleció Arturo Beltrán Gómez, tal y como lo señalo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto, se citan a continuación: Registro digital: 2012310 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 18/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 768 Tipo: Jurisprudencia "DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA. PARA EFECTOS DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN SE OSTENTA COMO PROPIETARIO DE UN INMUEBLE EN UN JUICIO DE AMPARO, ADQUIERE FECHA CIERTA CON EL FALLECIMIENTO DE CUALQUIERA DE SUS TESTIGOS FIRMANTES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/97, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 46/99, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.",¹ determinó que los documentos privados, no objetados, en los que constan actos traslativos de dominio de bienes inmuebles, surten plenos efectos probatorios cuando sean de fecha cierta, lo que ocurre: 1) a partir del día en que se celebran ante fedatario o funcionario público autorizado; 2) desde que se inscriban en el Registro Público de la Propiedad; y, 3) a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Ahora bien, esta última expresión no debe interpretarse en sentido restrictivo, esto es, como referente sólo a las partes que con su firma manifestaron su voluntad de transmitir y adquirir la propiedad de un bien raíz, sino que también abarca a quienes lo suscribieron exclusivamente en su calidad de testigos, pues el concepto de "fecha cierta" de un documento privado por fallecimiento de quien lo suscribió, deriva de la imposibilidad física de que puedan suscribirlo en fecha posterior a su deceso y anterior al acto de autoridad reclamado en amparo; por lo que dada la mayor certeza que ese aspecto aporta sobre la fecha de celebración del acto traslativo del inmueble que obre en un documento privado, este último es apto para acreditar el interés jurídico de quien se ostente como su propietario en un juicio de amparo". Lo cierto es que, con tal probanza, la peticionaria del amparo no satisface el requisito indispensable para la promoción del juicio constitucional relativo al interés jurídico, ya que no es insuficiente para acreditarlo. Lo anterior es así, dado que el contrato de donación con el que pretende acreditar su interés respecto del bien que defiende, no fue inscrito en la oficina registral respectiva, de ahí que sus alcances jurídicos, deban analizarse bajo la perspectiva de los principios registrales de legitimación y fe pública o buena fe registral. Dicha afirmación se realiza, dado que de las constancias remitidas por la responsable respecto del inmueble identificado como casa ubicada en calle Zacatecas, número doscientos doce, lote once, manzana treinta y siete W poniente, fraccionamiento Valle Ceylán, Tlalnepantla, Estado de México, no se advierte la inscripción de dicho contrato; el cual, fue materia del juicio ordinario civil (reivindicatorio) 183/2021. En ese sentido, debe señalarse que si bien puede surtir efectos jurídicos el contrato de donación exhibido por la quejosa, lo cierto es que dicho documento no resulta idóneo para justificar la procedencia de su pretensión, ya que aun y cuando sea de fecha cierta anterior al juicio del que derivan los actos reclamados, ese acuerdo de voluntades y el acto que contiene -carece de inscripción registral con anterioridad a la presentación de la demanda en el juicio ordinario civil (reivindicatorio) 183/2021, por lo que en tal caso- debe atenderse a la preferencia de lo ordenado en el referido juicio. Sirven de apoyo las tesis cuyos datos de localización, rubro y texto se citan a continuación: Registro digital: 177056 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: II.2o.C.496 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Octubre de 2005, página 2314 Tipo: Aislada "COMPRAVENTA. SI NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EL DOCUMENTO DE FECHA CIERTA DONDE CONSTE DICHO CONTRATO, NO PUEDE SER OPONIBLE AL TITULAR DE UN DERECHO REAL QUE SÍ APAREZCA AHÍ MATRICULADO. Si tanto el convenio privado de compraventa exhibido por el promovente del amparo, como la escritura en la que consta el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria discutido en el juicio natural del cual emana el acto reclamado, adquieren fecha cierta en el mismo día por haber sido presentados ante un funcionario en razón de su oficio, sin poderse determinar cuál de los referidos consensos se celebró primero para establecer si el quejoso sabía o no sobre algún gravamen que pesare sobre dicho inmueble, pero uno de ellos fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y el otro no, debe prevalecer y ponderarse con mayor énfasis el que fue registrado, frente al no inscrito ahí, pues atendiéndose al principio legal que reza: "El primero en tiempo, es primero en derecho", es indiscutible que cualquier derecho inscrito debe preponderar, frente a cualquier otro, de conformidad con el alcance objetivo del numeral 803 del Código Civil para el Distrito Federal que ordena: "Todo poseedor debe ser mantenido o restituido en la posesión contra aquellos que no tengan mejor derecho para poseer.-Es mejor la posesión que se funda en título y cuando se trate de inmuebles, la que está inscrita. A falta de título o siendo iguales los títulos, la más antigua"." Registro digital: 2014858 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Civil Tesis: XX.2o.P.C.4 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, página 3175 Tipo: Aislada "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL DEL DOCUMENTO CON EL QUE UN TERCERISTA PRETENDA FUNDAR ESA ACCIÓN, CONLLEVA QUE NO PUEDA OPONERSE A UN TERCERO ADQUIRENTE DE BUENA FE, DE UN DERECHO REAL SOBRE ESE MISMO BIEN, POR ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo en la jurisprudencia 3a./J. 22/94, de rubro: "EMBARGO, ES ILEGAL EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE. (LEGISLACIÓN DE DURANGO SIMILAR A LA DEL DISTRITO FEDERAL).", que el acreedor quirografario no tiene un derecho real, ni poder directo e inmediato sobre la cosa embargada, porque el embargo realizado en un juicio ejecutivo mercantil aun cuando se encuentre registrado no puede ser oponible a quienes adquirieron con anterioridad la propiedad del bien. Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 333/2012, el dieciséis de enero de dos mil trece, sostuvo que el derecho real de propiedad del cónyuge que no fue oído en un juicio ejecutivo mercantil, respecto de un inmueble adquirido con motivo de la sociedad conyugal que no se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad, no es oponible mediante el juicio de amparo contra el derecho de quien adquirió por remate ese inmueble embargado, esto es, contra el adjudicatario de buena fe en el juicio ejecutivo mercantil pues, a partir de la venta, ésta constituye un acto traslativo de dominio que importa la concurrencia de un derecho real. Sin que obste el origen remoto del derecho de propiedad, consistente en el derecho personal que se ejerció judicialmente pues, una vez adjudicado el bien, el derecho real es totalmente independiente de su origen. Las anteriores consideraciones permiten afirmar, que mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación, derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario de buena fe que haya cubierto el precio fijado para la venta, adquiere un derecho de propiedad sobre el inmueble rematado en el procedimiento de venta judicial, lo que implica que adquiere coetáneamente un auténtico derecho real sobre ese bien raíz, en forma análoga a como sucedería en el caso de una compraventa privada. En esas condiciones, por identidad jurídica sustancial, la falta de inscripción registral del documento con el que un tercerista pretende fundar su acción de tercería excluyente de dominio, conlleva que no pueda oponerse a un tercero adquirente de buena fe, de un derecho real sobre ese mismo bien, por adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil, pues este último se encuentra inmune frente al derecho real que pretende hacer valer el tercerista, que carece de inscripción en el Registro Público de la Propiedad". Igual consideración debe hacerse respecto del estado de cuenta bancario del seis de febrero de dos mil quince; la copia simple de dos avisos recibos de la Comisión Federal de Electricidad; la copia simple de la credencial para votar; dos carnets de citas; y una credencial de escuela primaria oficial "Diario de México", toda vez que únicamente acreditan lo que en esos documentos se consignan pero no pueden tomarse como pruebas que justifique la posesión del inmueble. Sirven de apoyo las tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización se citan en seguida: Registro digital: 217786 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Civil Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo X, Diciembre de 1992, página 347 Tipo: Aislada "POSESION. NO SE JUSTIFICA CON LAS BOLETAS DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL. Las boletas de pago del impuesto predial, sólo acreditan un pago que se hizo por la cantidad que en los documentos se indica, pero dichos documentos no podrán tomarse como prueba que justifique la posesión del inmueble". Registro digital: 219234 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Civil Tesis: VI.2o. J/190 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 53, Mayo de 1992, página 63 Tipo: Jurisprudencia "POSESION. RECIBOS DE SERVICIOS QUE NO LA PRUEBAN. Los recibos de consumo de energía eléctrica, servicio de agua potable, y el contrato con la comisión municipal de agua potable y alcantarillado, únicamente justifican haber pagado tales servicios en los meses a que tales documentos se refieren; pero de ellos no se infiere que quien los presenta a juicio haya poseído el inmueble a que aquellos se refieren". Por lo que hace a la testimonial la misma carece de eficacia, tomando en consideración que aun cuando en ella se manifestó la posesión que ostenta la quejosa respecto del inmueble sujeto a controversia, la simple detentación no es susceptible de protección en el juicio de amparo, sino media una figura legal que justifique la posesión en carácter de propietario. Sirve de apoyo la jurisprudencia que a continuación se cita: No. Registro: 187,733 Jurisprudencia Materia(s): Civil Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Febrero de 2002 Tesis: P./J. 1/2002 Página: 5 "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En las relatadas condiciones, se infiere válidamente, que la quejosa carece de interés jurídico en el presente juicio de amparo, pues como quedó asentado, con las pruebas ofrecidas de su parte, no se acredita el derecho que lo legitime para acudir al juicio de amparo; por ende, al no haber demostrado el ejercicio de un derecho legítimamente tutelado sobre el bien inmueble materia de la controversia. Por tanto, en atención a que la quejosa no acreditó tener mejor derecho del inmueble que defiende, la cual, se insiste, debe acreditarse con un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Similar criterio sostuvo el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito al resolver el recurso de revisión 247/2021 el ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo la tesis de rubro y texto: Registro digital: 186402 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XVII.4o.4 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002, página 1418 Tipo: Aislada "TESIS AISLADAS DE TRIBUNALES COLEGIADOS. LOS JUECES DE DISTRITO NO ESTÁN IMPEDIDOS PARA APOYAR EN ELLAS SU CRITERIO. El Juez Federal no está obligado legalmente a sujetarse a los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito en tesis aisladas; sin embargo, sí puede apoyar su criterio en ellas por compartirlo y ser aplicable específicamente al caso que analice". Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese y por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables y al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien conoce de la queja 291/2023. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.
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